domingo, 14 de septiembre de 2008

La “agenda positiva”, nueva arma de injerencia de Estados Unidos

Los términos “agenda positiva” han venido siendo empleados por la diplomacia norteamericana como una manifestación en apariencia de buena voluntad para insertar a otros países en la “modernidad” del libre comercio y la apertura económica... según la visión de los intereses hegemónicos.
Salvador del Río* / ALAI

En medio de los anuncios de retiro de los embajadores de Estados Unidos en Bolivia y Venezuela, y la respuesta recíproca del Departamento de Estado Norteamericano, surge un concepto expresado en dos palabras, “agenda positiva”, en cuyo significado, hasta ahora poco difundido, poco se ha reflexionado: éste es intervencionismo.
El vocero del Departamento de Estado, Sean McCorman, expresó en Washington su extrañeza por la expulsión de sus embajadores por los gobiernos de Evo Morales y Hugo Chávez. Estados Unidos, dijo, mantiene en la región una agenda positiva para ayudar a sus poblaciones, mientras que los gobiernos de Bolivia y Venezuela “no ayudan a su gente” y sus decisiones “sólo contribuyen a hundirlos más en el aislamiento”.
Los términos “agenda positiva” han venido siendo empleados por la diplomacia norteamericana como una manifestación en apariencia de buena voluntad para insertar a otros países en la “modernidad” del libre comercio y la apertura económica. La secretaria de Estado, Condolezza Rice, los usó en septiembre de 1997 al referirse a las intenciones de su gobierno de mantener una relación de cooperación con otros gobiernos, pero al citar al de Hugo Chávez lo calificó como una “mala influencia” para América Latina.
La “agenda positiva” quiere ser aplicada por la administración norteamericana de grado o por la fuerza. La ayuda que los programas de cooperación implican está condicionada a su aceptación por parte de los gobiernos que la reciben. Son los casos de México, que en voz de su presidente Felipe Calderón no sólo admitió, sino que demandó la instrumentación de la llamada iniciativa Mérida, con la cual espera recibir unos cuatrocientos millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada; también, los de países como Colombia en el combate a las guerrillas o Perú, además de algunos otros que se mantienen como fieles discípulos de la globalización entendida como la hegemonía norteamericana en la economía y en la política.
Bolivia y Venezuela han rechazado en la práctica esa “agenda positiva” y han preferido seguir sus propios caminos para la solución de sus problemas; entre estas vías está el rechazo a la rectoría de los organismos financieros internacionales, la creación de organismos propios o regionales para su desarrollo y, cuando ha sido necesario, el rescate por nacionalización o expropiación de bienes estratégicos, en pleno uso de su soberanía. La respuesta imperialista de la Unión Americana ante esas decisiones es una serie de acciones de presión que van desde los intentos separatistas hasta el financiamiento para movimientos desestabilizadores en busca de una percepción sobre una supuesta debilidad de esos gobiernos.
En mayor o menor grado, otros países del área latinoamericana se muestran dispuestos a sacudirse el control de las grandes corporaciones internacionales y a mantener una política interna e internacional al margen de esos lineamientos. Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay o Nicaragua se alejan por etapas de esa órbita. Es el problema que Estados Unidos advierte e intenta contrarrestar con el apoyo de otros gobiernos apegados a su política.
La “agenda positiva” aparece así como un instrumento de injerencia cuyos resultados, sin embargo, no han sido hasta ahora los esperados por Washington. En México la llamada iniciativa Mérida, pendiente aún de ser puesta plenamente en práctica, no ha logrado reducir el problema de la delincuencia, que va en aumento pese a los programas anunciados para contenerla; la situación económica empeora no sólo como consecuen-cia de la crisis que se vive en Estados Unidos y con efectos en muchos otros países, sino por la imposibilidad de la actual administración para canalizar las inversiones hacia la creación de nuevos empleos. La desocupación, la abierta y la disfrazada, se incrementan.
La “agenda positiva” de la que comienza a hablar la administración norteamericana se mantiene, así, como una herramienta de control, aceptado cuando esto le es posible, y cuando no, por la intervención directa que puede llegar a límites insospechados.
*Salvador del Río es periodista y escritor mexicano.

La renovada esperanza del Sur

Las probabilidades de que Sudamérica se configure como región provista de peso propio en el escenario internacional crecen en la medida en que Argentina y Brasil se aproximen a configurarse en una ecuación propia... El imperialismo, a su vez, no se va a quedar quieto.
Enrique Lacolla / Noticias del Sur
El viaje de la presidenta Cristina Fernández a Brasilia con ocasión de los festejos del Día de la Independencia del país hermano, suministró la ocasión de airear una serie de acuerdos muy importantes y asimismo para revelar, de parte del presidente brasileño, que el Senado de su país está listo para aprobar la incorporación de Venezuela como socio pleno al Mercosur, una medida a la que la cámara alta de Brasilia se resistía empeñosamente desde hace ya varios años.
El establecimiento de un eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires puede ser un formidable punto de partida para la consecución de una gran Sudamérica capaz de establecerse como un factor de peso en el escenario internacional. No tanto para litigar dentro de él, como para poder escapar a los torbellinos día a día más peligrosos que lo recorren, optando por el desarrollo dentro de sus propios límites, que le permita mejor defenderse y mejor interactuar en la corriente de una globalización que, hasta aquí, discurre de acuerdo al interés y el dictado de las grandes potencias.

Funes el desmemoriado

El diario argentino Página/12 publica una polémica entrevista, en la que cuestiona las posiciones políticas del candidato presidencial salvadoreño Mauricio Funes, del FMLN, especialmente por su priorización de las relaciones diplomáticas y tratados comerciales con los Estados Unidos; por lo que el político define como la "imposibilidad de pensar en el socialismo a corto o mediano plazo"; y por su negativa a derogar la ley de inmunidad para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra civil.
María Laura Carpineta / Página12
Mauricio Funes nunca empuñó un arma ni luchó por el socialismo durante los años ochenta, pero el próximo 15 de marzo podría plantar por primera vez en El Salvador la bandera roja del frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en el despacho presidencial. Es una oportunidad histórica y Funes lo sabe. Jura que no se embarcará en ninguna “aventura loca”. Promete retirar las tropas de Irak y terminar con la corrupción y la mano dura de los últimos 15 años de gobiernos de derecha.
El candidato de la ex guerrilla salvadoreña parece más un analista que un líder de masas. Anteojos sin marco, afeitada impecable y cuello almidonado, el nuevo hombre de la izquierda salvadoreña es un periodista sin ninguna experiencia en la militancia política. No se emociona fácilmente cuando habla de su “futuro gobierno”, excepto para defender sus diferencias con los principios históricos del FMLN. “Mi discurso no es el de la izquierda tradicional, porque no la represento”, explicó, enojado. Las banderas de la lucha socialista del FMLN son un tema sensible para el candidato.
Cuida sus palabras para no repetir el clima de miedo de las elecciones presidenciales pasadas, cuando el gobierno de Estados Unidos amenazó con cortar las remesas y los empresarios con retirar las inversiones si el ex comandante guerrillero del FMLN Schafik Handal asumía el poder. “No voy a hacer nada que ponga en peligro la relación de El Salvador con Estados Unidos”, aseguró en una entrevista con PáginaI12.
No es sumisión, aclaró, sino realismo. “Yo no puedo desconocer que cerca de un tercio del pueblo salvadoreño vive en Estados Unidos, que el 80 por ciento de nuestras exportaciones están dirigidas a ese país y que las remesas que llegan de allá representan el 20 por ciento de nuestro PBI.”
Quiere mirar para adelante y reconciliar un país en el que 75 mil personas fueron asesinadas y nadie castigado. Confía en la ayuda de los organismos internacionales de crédito y apuesta a desideologizar las relaciones entre los países.
No es muy difícil creerle. Funes no se parece en nada al anterior candidato presidencial del FMLN. Por su pasado como comandante guerrillero y su coherencia ideológica, Schafik Handal se convirtió en el líder natural e indiscutido de la izquierda salvadoreña después de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992. Su aspecto casual y desprolijo lo separaba de la típica casta de políticos de traje y corbata. Le gustaba vestirse de rojo y blanco, haciendo honor a la bandera partidaria, y como buen dirigente de la vieja guardia estaba convencido de que la política se hace en la calle. A principio de 2006, Handal murió súbitamente de un infarto, después de participar de la asunción de Evo Morales en Bolivia.
Sin candidato a la vista, el FMLN dio un golpe de timón y eligió a un sucesor un tanto diferente. Esta semana Funes estuvo en Buenos Aires por poco más de un día. Tenía planeados encuentros con dirigentes sociales y de izquierda, pero uno a uno fue cancelándolos todos. Finalmente, sólo se reunió con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Hablé sobre la urgente situación alimentaria en mi país y sobre los temores de un fraude en las próximas elecciones. Le pedí que envíe observadores”, contó.
Pero Funes también le adelantó una propuesta. El ex periodista quiere acercar a los países centroamericanos al Cono Sur. “Creo que Argentina, Brasil y Chile pueden contrabalancear mejor la influencia de Estados Unidos en la región que el gobierno venezolano de Hugo Chávez. Sus discursos no son tan confrontativos.”
–Su discurso difiere mucho de los postulados históricos del FMLN. Usted prometió no tocar la dolarización, el TLC con Estados Unidos ni la ley de inmunidad que protege a los criminales de la guerra civil.
–Mi discurso no es el mismo de la izquierda tradicional, porque no la represento. Yo no vengo de allí ni me afilié a un partido que sigue esa línea de pensamiento. El FMLN evolucionó y la prueba es mi candidatura. Los jefes históricos del FMLN han pedido disculpas públicamente por cualquier exceso o dolor que le haya causado al pueblo salvadoreño. También reconocieron que el centro de monitoreo que tiene Estados Unidos en el país no es necesariamente malo, si es bien regulado y controlado. El FMLN fue uno de los opositores más duros al Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, el partido entendió que no se puede romper un acuerdo que el país firmó. Las inversiones se irían en un minuto.
–¿Tampoco va a intentar construir un modelo socialista, como plantea el programa del FMLN?
–En los hechos el Frente renunció a construir un El Salvador socialista a corto o mediano plazo. Es imposible. El Salvador no puede convertirse en una nación socialista, porque ni siquiera es capitalista. Es casi una sociedad feudal. Tenemos que empezar a construir y después, mucho después, podemos empezar a imaginar un país socialista.
–¿Eso significa que no se inclinará por el ALBA, como lo hicieron Nicaragua y Honduras?
–Yo no puedo sumarme a un acuerdo comercial o a un bloque regional que ponga en peligro la relación con Estados Unidos. Simplemente no es realista. No puedo adelantar una posición sobre el ALBA, será un tema que analizaré, pero ya garantizo que no firmaré nada que contradiga los acuerdos económicos ya firmados por El Salvador ni que ponga en peligro la estabilidad económica y política del país.
–¿Qué se puede hacer, entonces?
–Yo no voy a perseguir ninguna aventura loca. Voy a respetar la propiedad privada y todos los compromisos comerciales previos. El país necesita pequeños cambios, que se empiecen a hacer las cosas bien. Necesitamos que los hospitales públicos tengan insumos, medicinas, camas. Hoy los hospitales están entre un 40 y un 60 por ciento desabastecidos. Incluso los salvadoreños tienen que pagar un vale solidario para poder atenderse. Los salvadoreños necesitan una buena educación, buenos trabajos, alimentos baratos. Yo miro los ejemplos de los gobiernos de izquierda de la región que funcionaron y lo hicieron de forma responsable. Veo al gobierno de Lula.
–¿Es irresponsable plantear la derogación de la ley de inmunidad para juzgar a los que cometieron decenas de miles de asesinatos y torturas durante la guerra civil?
–Después de los acuerdos de paz, el FMLN siempre denunció la ley de inmunidad porque consideraba que había sido una inmunidad autoimpuesta por aquellos que habían cometido crímenes desde las fuerzas armadas o la policía. Pero creo que la situación hoy es otra. Yo no voy a promocionar ni pedir la derogación de la ley de inmunidad porque apunto a que logremos una verdadera reconciliación. El país no necesita polarizarse más. Hay que mirar para adelante y eso no sería posible si se abriera la puerta a procesos legales contra todos los que cometieron crímenes durante la guerra interna. Porque no serían sólo los jefes militares y policiales, sino también antiguos comandantes del FMLN.
–¿Pero la Justicia no es necesaria para poder alcanzar una verdadera reconciliación?
–Creo que la reconciliación no se alcanza solamente mandando a la cárcel a los responsables. También se puede alcanzar conociendo la verdad, compensando a las víctimas y asegurándose de que no vuelva a pasar. Nunca hubo voluntad política para hacer esto. Si gano en marzo, el Estado salvadoreño pedirá disculpas y se hará cargo finalmente de todo el dolor que provocó; buscará la verdad, que es en definitiva lo que quieren las víctimas.

Olvidadas por el tren de la historia.

Los relatos se dan desde la óptica de los vencedores y deja de lado la visión de los oprimidos, en su mayoría negros e indígenas; y sobre todo, mujeres. Silencios y ausencias construyen un relato masculino.
María Victoria Romero / APM
La llegada al poder de mujeres en América Latina sumado a una mayor participación en los espacios del debate político, significó un avance en la presencia e injerencia de género en América Latina. No obstante, aún se perciben diferencias de género que desdibujan el lugar femenino y que tienen su raíz en una herencia histórica que minimizó hasta silenciar a la mujer.
La historia de la civilización está escrita desde esa óptica. Dios creó primero al hombre y luego de su costilla salió la mujer, el pecado original salió de una mujer y no de un hombre, y hasta la humanidad perdió el paraíso por culpa de una mujer. Hasta Dios es hombre. Paradojas de la humanidad, que la historia haya sido escrita por el género que mantuvo (y mantiene) la hegemonía de los relatos.

Droga y capitales: el creciente poder del narcotráfico en Latinoamérica

El poder del narcotráfico está desestabilizando a uno de los países más ricos del continente, está infiltrado y controla parte del aparato del Estado en otro, y llega a jaquear la presidencia de un tercero. El tráfico de drogas maneja miles de millones de dólares anuales e impacta en las economías locales, en el poder político y en los aparatos represivos que deberían combatirlo.

Ricardo Daher / ADITAL
La pasada semana el ex jefe paramilitar y narcotraficante colombiano, Salvatore Mancuso fue doblemente protagonista de los medios noticiosos. En una entrevista a la revista Semana concedió el primer cálculo de los ingresos al país por el narcotráfico al estimarlo en 7.000 millones de dólares al año (equivalente a un 25% de las exportaciones de toda Colombia el pasado año), y poco después como corresponsable de la detención del ex general Rito Alejo del Río al que vinculó con sus actividades criminales.
Casi al mismo tiempo, el presidente de Guatemala, Alvaro Colom, denunciaba el descubrimiento de micrófonos ocultos en la sede presidencial y un vasto operativo de espionaje a autoridades y políticos, en una maniobra que se le atribuyó al creciente poderío de los narcotraficantes en ese país.
Simultáneamente, el gobierno mexicano reveló que los carteles locales de la droga mueven alrededor de 10.000 millones anuales en el país, una cifra ridícula comparada con las estimaciones de los organismos internacionales, que sostienen que los carteles mexicanos obtienen ganancias superiores a los 70.000 millones de dólares anuales, de los cuáles el 30 por ciento es invertido en el país en la compra de funcionarios públicos y en mantener su infraestructura.

Huracanes, capitalismo y revolución.

Si en las elites de Europa y Estados Unidos quedara residuo de amor al prójimo, iniciarían hoy por el Caribe la reparación sin condicionamientos políticos del saqueo al Tercer Mundo, a que deben su opulencia.

Ángel Guerra / LA JORNADA
Los huracanes fueron, hasta hace unas décadas, alteraciones climáticas regidas por las leyes de la naturaleza, que aún no daba señales de agotamiento. Los campesinos en las zonas tropicales ciclónicas sabían que “después de la tempestad viene la calma” y que a periodos de sequía sucedían copiosas precipitaciones acarreadas por el mal tiempo, que si castigaba cosechas, viviendas, instalaciones y mataba personas y animales también recargaba el acuífero haciendo que la tierra diera luego frutos más generosos.
Esta no es más la realidad desde mediados del siglo XX cuando se advirtió una tendencia al alza en la frecuencia e intensidad de los ciclones. Estudios científicos concluyen que, como otros cambios alarmantes del clima, su causa está en los gases de efecto invernadero que alimentan el calentamiento global. La tragedia reciente en parte del Caribe, es, por eso, un aviso de otras mayores a escala regional y mundial a consecuencia del irracional y suicida patrón capitalista de producción y consumismo desenfrenado.
A una semana del azote a Cuba del poderoso huracán Gustav, Ike barrió todo el oriente, salió al mar por el sur y embistió de nuevo la occidental provincia de Pinar del Río, ya arrasada por el primero al igual que el municipio Isla de la Juventud. Con las lluvias, vientos y marejadas de Hanna, tres de estos organismos batieron la mayor de las Antillas de este a oeste en nueve días, un hecho sin precedente. En la ruta de Gustav y Ike la agricultura, la vivienda, la infraestructura vial, eléctrica, portuaria, de comunicaciones y parte de la industria, están en ruinas. Pueblitos enteros han casi desaparecido.
Gracias a su singular cultura solidaria, organización y sólidos vínculos pueblo-gobierno, Cuba ha podido atenuar relativamente una destrucción material inédita y, lo más importante, reducir al mínimo la pérdida de vidas, que en otros parajes del Caribe suma cientos cuando faltan casi tres meses para el fin de la temporada ciclónica y queda octubre por delante, el mes más crítico. Pero los daños son de proporciones bíblicas y resarcirlos exigirá un esfuerzo sobrehumano, aumentado exponencialmente por los elevados precios internacionales de alimentos, combustibles, máquinas y materiales de construcción que el bloqueo vuelve más onerosos.
El nuevo patrón de comportamiento de las tormentas tropicales ha hecho que en los últimos años el Caribe viva en estado de emergencia. La región de la que un puñado de potencias capitalistas extrajo gran parte de los recursos que le permitieron, junto al tráfico negrero, concentrar la riqueza del mundo, ahora sufre año tras año el arrasamiento de sus economías y el agravamiento del drama social si no fuera bastante con el instaurado por las políticas neoliberales sobre las secuelas de siglos de subdesarrollo y dependencia.
Haití, la colonia más rendidora de Europa en el siglo XVIII, vio desaparecer sus bosques, erosionar sus tierras, arruinada su agricultura, que hasta no hace tanto, aunque precariamente, alimentaba su población. Hoy es una de las naciones más pobres y de las más vulnerables a la más leve perturbación climática. Sólo un gran programa de cooperación internacional podría salvarla del apocalipsis, que la tele saca a relucir ahora de Gonaives bajo el agua, pero que es su realidad cotidiana. ¿Hasta cuándo Occidente le va a cobrar la osadía de sacudirse la esclavitud y encabezar la independencia latinoamericana? La gesta inmortal de Bolívar debe mucho a Petion. Es una afrenta que calles de América Latina evoquen a Thiers cuando debieran honrar a Louverture.
Si en las elites de Europa y Estados Unidos quedara residuo de amor al prójimo, iniciarían hoy por el Caribe la reparación sin condicionamientos políticos del saqueo al Tercer Mundo, a que deben su opulencia. A Cuba le bastaría el levantamiento del bloqueo, más dañino que 100 huracanes, pero Washington afirma que no sería “inteligente” ni siquiera de modo parcial y transitorio.
Conmueven gestos como el del diminuto y sufrido Timor Leste, que no demoró un instante en tender la mano a Cuba, al igual que lo hicieron Venezuela, Rusia y China.
Luchar muy duro por el imperio universal de la equidad, la solidaridad y la reconciliación con la naturaleza es lo único que queda a los pueblos. Esos que hoy se juntan y organizan para entregar algo de lo poco que tienen a Cuba, Haití, a sus hermanos del Caribe.

domingo, 7 de septiembre de 2008

Domesticando ciclones

Se puede devolver la luz al alma, la beldad perdida, la quietud del tiempo amén de tempestades. Se puede llevar vida, humanidad, en manos y pechos, con la dicha alentadora, practicando el don de los abrazos, gestando sonrisas, obrando con la utilidad de la virtud.
Esto lo saben muy bien los creadores cubanos integrantes de siete Brigadas Artísticas que, conmocionadas tras el paso del huracán Gustav por el occidente de Cuba, se unieron para marchar hasta los más devastados lugares de la provincia de Pinar del Río y convertir los nuevos techos y paredes humanas interiores en inderrumbables fortalezas de esperanza.
R. A. Hernández • La Habana

Lea más sobre esta experiencia de solidaridad, cultura y humanidad en:

ALBA, tiempos de cambios en Latinoamérica

Con la entrada de Honduras a este proyecto integrador, país que durante largos años ha girado en la órbita de Estados Unidos, se puede afirmar sin equívocos que los tiempos en América Latina están cambiando en forma radical.
Hedelberto López Blanch / Rebelion
Pese a que la República de Honduras ha sido durante décadas un fiel aliado de Estados Unidos en la región, su población se encuentra entre las de menores ingresos de América Latina y el Caribe, con un índice de pobreza de 69.5 % y los programas económicos y sociales completamente deprimidos.
Esta situación ha sido la razón fundamentales para que el gobierno del presidente Manuel Zelaya haya tomado la decisión de integrase a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), porque al decir del mandatario “es un acuerdo social latinoamericano y una asociación entre los Estados”.
En diciembre de 2001 durante la III Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe efectuada en Caracas, el presidente venezolana Hugo Chávez presentó el proyecto para crear el ALBA, el cual vio la luz en diciembre de 2004 en La Habana.
En esa ocasión, Chávez y el presidente cubano Fidel Castro suscribieron los protocolos de su fundación cuya premisa fundamental sería la integración de la región en busca de un desarrollo independiente mediante el respeto, la colaboración y la solidaridad.
Al gran proyecto de unión regional se integraron más tarde los gobiernos de Bolivia y Nicaragua tras la llegada al poder de sus presidentes Evo Morales y Daniel Ortega, respectivamente. En enero de 2008, la pequeña isla caribeña de Dominica se suscribió como quinto miembro permanente.
Con la entrada de Honduras a este proyecto integrador, país que durante largos años ha girado en la órbita de Estados Unidos, se puede afirmar sin equívocos que los tiempos en América Latina están cambiando en forma radical.
Los pueblos del área, que han sufrido las consecuencias de las políticas neoliberales en detrimento de las grandes mayorías, instauradas por Washington a través de organizaciones financieras poderosas como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), han optado por integraciones y alianzas que les permitan disminuir el hambre y la miseria a las que han sido sometidos.
Honduras, que en las década de 1980 sirvió de base permanente para las tropas norteamericanas y las bandas contrarrevolucionarias que impusieron una guerra total al primer gobierno Sandinista, aparece como uno de los países más pobres de América Latina. Es decir, su vinculación ancestral con Estados Unidos no le ha representado ningún beneficio para su pueblo.
En esa nación centroamericana, la pobreza se acentúa en el área rural donde son prácticamente inexistentes los servicios sociales.
Con 7,5 millones de habitantes, la población rural representa el 55 % del total, pero sus niveles de pobreza se sitúan en más del 85 %, o sea, más del 20 % que la zona urbana. El Producto Interno Bruto Nacional es de solo 12 330 millones de dólares.
Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que las personas que viven en las zonas de las laderas constituyen el modelo de pobreza rural más generalizado en el país, caracterizado por ambientes frágiles y de poca productividad que limitan las oportunidades de desarrollo. Como resultado predomina una economía de subsistencia, principalmente agrícola y una reducida interacción con los mercados.
Honduras firmó en 2004 un acuerdo con el FMI en el que se comprometía al fortalecimiento de las finanzas públicas y del sistema financiero; promoción de la inversión privada; consolidación de la gobernabilidad y transparencia y facilitación del acceso a recursos concesionales para apoyar la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP).
Al corroborar el FMI que el país había cumplido con los lineamientos impuestos, le fue condonada en 2005 una deuda por 1 200 millones de dólares, pero eso no fue óbice para que la pobreza extrema continuara ensanchándose por toda la nación.
Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (TLC-CAFTA), firmado en diciembre de 2003 obligan a estos países a abrir sus mercados, fábricas y servicios a las empresas transnacionales y al capital privado, con el consiguiente perjuicio para las mayorías urbanas y campesinas.
En contraposición, el ALBA se ha concebido y trabaja por la integración regional donde la solidaridad y la colaboración impulsan la construcción de espacios económicos y productivos de nuevo tipo que produzcan mayores beneficios a sus pueblos, mediante la utilización racional de los recursos y activos de estos países
Se han conformado las llamadas empresas Grannacionales en las áreas de educación, salud, energía, minería, comunicación, transporte, vivienda, vialidad, alimentación, y se promueve la ampliación del Tratado de Comercio de los Pueblos con intercambios justos y equilibrados.
Asimismo, el ALBA ha puesto en ejecución planes para resolver la atención médica y la alimentación de sus habitantes, y eliminar con esfuerzos propios, el hambre y la miseria acumulada durante años por el saqueo y la explotación de los capitalistas extranjeros y nacionales
Como era de espera, sectores políticos y económicos pudientes de Honduras han criticado la decisión del presidente Zelaya quien en declaraciones a los medios de comunicación expresó que “son los cabezas calientes que están acostumbrados a limpiar las botas a otras sociedades los que se oponen a Alba... y nosotros no debemos tener amos, debemos tener dignidad para ser libres”.
Desde hace años, Honduras se ha venido beneficiando con las ayudas que en el campo de la salud y la educación le han brindado a su pueblo Cuba y Venezuela, programas que se profundizarán y extenderán a otras ramas económicas y sociales tras su efectiva integración al ALBA.

Tiempos interesantes

México vive una situación políticamente inédita. Las tres movilizaciones nacionales son expresión de ello. No se vivía una coyuntura tan compleja desde marzo de 1994... Son, sin lugar a dudas, tiempos interesantes.
Luis Hernández / LA JORNADA
Tres grandes movilizaciones sociales se efectuaron en tres días seguidos. El sábado 30 de agosto se realizó la manifestación de Iluminemos México contra la inseguridad pública. El domingo 31 se concentró el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo para comenzar la tercera fase de la lucha en contra de la privatización del oro negro. El lunes primero de septiembre tuvo lugar el Paro Cívico Nacional al que convocaron organizaciones obreras, campesinas, populares y magisteriales contra la austeridad y la carestía.
En las tres protestas participaron, por razones diferentes, miles de personas. En cada una se mostró el profundo descontento existente en prácticamente todos los estratos de la sociedad mexicana con la situación actual. Tanto los sectores más ricos del país como los más pobres coincidieron en expresar su enojo. En las tres movilizaciones sopló un fuerte viento contra la política institucional y los políticos profesionales.
La expresión organizada del enfado social se desenvuelve en un clima particularmente adverso para el gobierno federal. La economía mexicana casi no crece, a pesar de los altos precios del petróleo. Según la CEPAL, México fue el país de América Latina con el producto interno bruto (PIB) más bajo. La inflación ha aumentado, al igual que el desempleo. La inversión extranjera directa ha caído dramáticamente, al tiempo que el monto de las remesas de los mexicanos desde Estados Unidos disminuyen. El futuro inmediato será aún peor.
La violencia ha alcanzado niveles inauditos. Los asesinatos y descabezados crecen vertiginosamente por todo el país. La versión oficial de que estas muertes son la respuesta de los narcotraficantes al éxito gubernamental en su combate contra el crimen organizado carece de toda credibilidad. En cambio, las narcomantas acusan al presidente Calderón de ser el responsable de la desestabilización al haberse aliado con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada en contra de los otros cárteles de la droga.
La ola de secuestros crece en toda la república. Los funcionarios responsables de combatirlos se pelean entre sí. El “si no pueden, renuncien”, enarbolado por el movimiento contra la inseguridad pública, dirigido a los políticos de todos los partidos, ha calado hondo en el conjunto de la población.
A la inconformidad magisterial contra la Ley del ISSSTE se ha sumado ahora el enojo con la Alianza por la Educación y la decisión de Elba Esther Gordillo de acabar con el normalismo. Los maestros de Morelos se encuentran en paro indefinido y estallidos de disgusto han surgido por todo el país. El hartazgo con la maestra es cada día mayor.
Día a día la situación de los derechos humanos se deteriora más y más, según consignan los distintos informes realizados por organismos no gubernamentales internacionales. La tendencia a criminalizar la protesta social se mantiene, como muestra la aberrante sentencia contra Ignacio del Valle, dirigente de los pobladores de Atenco.
La alianza del Partido Acción Nacional (PAN) con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había permitido gobernar a un debilitado Felipe Calderón, se ha hundido. A su manera, el tricolor le lleva las contras al mandatario con miras a las elecciones federales del año entrante.
La iniciativa presidencial para privatizar Pemex se ha topado con múltiples obstáculos. La convergencia política y social a favor de la soberanía petrolera ganó el debate contra la privatización del sector, sumó a una parte muy importante de la intelectualidad a su causa, y mostró una muy importante capacidad de movilización. El gran negocio del sexenio no avanza. La reforma energética corre el peligro, a los ojos de sus beneficiarios, de convertirse en el parto de los montes.
Importantes aliados del Presidente de la República, los poderes fácticos que lo llevaron a Los Pinos, están molestos con él. Las televisoras siguen disgustadas por la aprobación de una ley que limita sus negocios y les amarra las manos en coyunturas electorales. Con la ratificación de la validez de la legislación que despenaliza el aborto en la ciudad de México por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la alta jerarquía católica respira por la herida.
El desgaste político de Felipe Calderón es notable. El margen de maniobra presidencial es cada día más estrecho. La ingobernabilidad crece de la mano del descontento social. Su pretensión de adquirir legitimidad sobre la base de iniciativas audaces ha fracasado. Su intención de rebasar a López Obrador por la izquierda se ahogó antes de nacer. Su política de combate al narcotráfico, que tantos beneficios mediáticos le atrajo en un primer momento, comienza a revertírsele.
México vive una situación políticamente inédita. Las tres movilizaciones nacionales son expresión de ello. No se vivía una coyuntura tan compleja desde marzo de 1994... Son, sin lugar a dudas, tiempos interesantes.

Lugo, el insoportable

La espantada memoria de los más de trescientos golpes de Estado del siglo XX latinoamericano, nos hace revivir la frase reveladora según la cual la historia no soporta el vacío: o se avanza o se retrocede.

Modesto Emilio Guerrero* / Página12
La temprana denuncia hecha por el presidente paraguayo, Fernando Lugo, sobre una comprobada reunión conspirativa, pone en crudo una novedad de los tiempos que corren. Los dueños del poder están apurados, ya no soportan más tanto gobierno independiente en el hemisferio.
Para conspirar contra el presidente Hugo Chávez tardaron tres años. Su mandato se había iniciado el 2 de marzo de 1999. Luego lo intentaron contra Evo Morales, cuyo gobierno comenzó el 26 de enero de 2006, pero aguantaron diez meses. El ecuatoriano Rafael Correa, que inició su mandato el 15 de marzo de 2007, tuvo que esperar nueve meses para enterarse del primer intento de conspiración contra su gobierno.
Tres años, diez meses, nueves meses. Al sacerdote tercermundista Fernando Lugo, presidente popular de Paraguay, apenas le dieron tres semanas en el soportómetro de sus enemigos.
No significa inevitables conspiraciones militares y nada más. Eso es muy simple. Se trata de un complejo dinámico y calculado donde ellas son parte de un menú que incluye sinuosos manoseos diplomáticos, presiones financieras, ofertas de inversiones, pactos semisecretos de TLC y todo aquello que pueda conducir a un reordenamiento de su poder hemisférico. En ese propósito caben la capitulación del tipo Lucio Gutiérrez, los debilitamientos gubernamentales como el provocado en Argentina e intentado en Nicaragua o las derrotas electorales al estilo nicaragüense de 1989. Henry Kissinger, que sabe de conspiraciones, lo define como “una estrategia de múltiples efectos adaptada a la globalización” (Tribuna Media Service, 11-12-07)
Lo de Paraguay devela el grado de fragilidad como Estado-Nación capitalista, el prototipo del protagonista mafioso sembrado en las estructuras políticas, militares y sociales del país y el tamaño de la impunidad, que les da valor para desafiar al nuevo gobierno desde el primer día. Están aprovechando la ausencia de un poderoso movimiento social y político organizado que defienda a Lugo. En 1995, cuando entrevisté a Lino Oviedo en Montevideo, entendí esa condición con esta respuesta: “Es que en nuestro país las cosas están hechas de tal manera que nada se mueve sin que lo sepamos”. Reveladora frase, que de todas maneras no pudo evitar el cambio que acaba de iniciar Fernando Lugo. Entonces la tarea es desestabilizarlo.
En Venezuela tuvieron que esperar hasta que Chávez habló de las “leyes de profundización de la revolución”, en septiembre de 2001, que avanzaban en el derecho social a la tierra, la recuperación del petróleo y Pdvsa y otras cosas muy feas para ellos. En esos tres años previos la tarea fue comprarlo, corromperlo y adocenarlo. Recuerdo la reveladora declaración de Pedro Carmona en una entrevista que le hice en junio de 1999, antes de ser Pedro el Breve. “Este hombre que haga lo que quiera con su Constitución bolivariana y sus discursos incendiarios, siempre que no quiera tocar el petróleo y embochinchar este país.” Ese sentido de poder de clase frente esos dos miedos condujo al golpe del 11 de abril de 2002.
Con Evo la situación que llevó a la primera conspiración de noviembre de 2006 comenzó seis meses antes, el mismísimo día 1º de mayo en que nacionalizó los hidrocarburos. No sólo fue la respuesta de las multinacionales afectadas, comenzando por Petrobras, sino el susto que se pegaron los jefes de Santa Cruz y las otras provincias gasíferas del sur: entendieron que estaban a punto de perder su control sobre esos recursos. Cinco meses después, ya andaban reuniéndose con agentes de la embajada de EE.UU., buscando aliados en las FF.AA, la Iglesia, y apoyo técnico en la Usaid, la NED y la CIA.
A Correa, el berrinche se lo comenzó el Parlamento opositor que casi le hace echar a cuatro ministros el primer año. Creció con la resolución presidencial de sacar la base de Manta en 2009 y por su voluntad de ser “socialista del siglo XXI” como Chávez. Tras la agresión territorial de Uribe se develó que su aparato de inteligencia estaba “infestado por la CIA, suministraron información secreta a oficiales colombianos y esto condujo a un ataque militar...” (Jacob Hornberger, Aporrea, 24/04/08)
La espantada memoria de los más de trescientos golpes del siglo XX latinoamericano nos hace revivir la frase reveladora según la cual la historia no soporta el vacío, o se avanza o se retrocede.
* Escritor y periodista venezolano, autor de varios libros, el último la biografía ¿Quién inventó a Chávez?

La otra cara de la violencia racista y clasista en Santa Cruz

El impacto del radical cambio en Bolivia ha sobrepasado al más pesimista y ha sacado de su juicio a los sectores más conservadores de las clases dominantes, que han apelado al discurso regionalista y racista, además de una violencia creciente, para responder a la insurgencia indígena-popular que se abre paso a pesar de sus contradicciones y limitaciones.

Hugo Moldiz / La Época (reproducido por Rebelion)

La violencia desplegada por grupos paramilitares el viernes 29 de agosto contra sectores humildes en el departamento boliviano de Santa Cruz, en su mayor porcentaje migrantes del occidente, tiene una triple significación: muestra el racismo con el que la ultraderecha busca recuperar el espacio perdido, es una señal de que las clases subalternas le van perdiendo miedo al dominio de la oligarquía y sus grupos paramilitares y, para finalizar, que las batallas definitivas de las que depende el curso de la revolución boliviana serán libradas en los departamentos de la Media Luna.
La afirmación no es una exageración. Es el resultado del cuadro política de fuerzas en el territorio boliviano: un occidente que se ha teñido de azul con un apoyo electoral cuyo promedio no es menor al 70 por ciento y un oriente en el cual el proyecto de cambio ha conquistado a la mayor parte de las provincias de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija.
Esto explica el por qué la ultraderecha boliviana, que el lunes 25 de agosto recibió el respaldo del embajador estadounidense, Philip Golberg, en una reunión reservada en Santa Cruz, esté perdiendo la poca calma que le queda desde que un indio, contra todo pronóstico y actuando contra el “orden natural” de la democracia boliviana de las últimas dos décadas, triunfó en las elecciones de diciembre de 2005 con un 54 por ciento y dos años y medio después vuelve a obtener una histórica victoria con el 67.41 por ciento en el referéndum revocatorio del pasado 10 de agosto.
Demasiado dosis para tan poco tiempo. El impacto de este radical cambio en Bolivia ha sobrepasado al más pesimista y ha sacado de su juicio a los sectores más conservadores de las clases dominantes, la mayor parte de origen extranjero, que encubriendo sus intereses de clase han apelado al discurso regionalista y racista, además de un violencia creciente, para responder a la insurgencia indígena-popular que se abre paso a pesar de sus contradicciones y limitaciones.
“Qué podemos esperar de un indio maldito, y lo digo de corazón, porque no le tengo miedo, un cocalero, un sindicalista, qué podemos esperar de un tipo que no sabe nada”, gritaba eufórica Ruth Lozada, una dirigente del comité cívico femenino en la Plaza 24 de septiembre en la noche del jueves, minutos después de que el gobierno convocara por decreto a dos referéndum –constitucional y dirimitorio- para el 7 de diciembre.
Pero las palabras soeces de la “culta aristrocracia cruceña” de la noche del jueves 28 se suma a las decenas de insultos, como la de “macaco menor”, que sus autoridades no se cansan de lanzar contra Morales y los “kollas” (indios aymaras y quechuas) rebeldes en tiempos de posmodernismo.
Sin embargo, el racismo como mecanismo de disciplinamiento social practicado por las clases subalternas y como instrumento para garantizar la reproducción simbólica y real del capital, ha dejado de formar parte del sistema de creencias predominante en Bolivia y ahora está profundamente cuestionado.
La llegada de Morales y los movimientos sociales al gobierno ha elevado la autoestima individual y colectiva de la mayor parte de los bolivianos, que en más de un 60 por ciento se reconocen como indígenas, y ahora ni los insultos ni la violencia física rinden los frutos que desde la conquista emplearon las clases dominantes.
Es por eso que las acciones ejecutadas por el paramilitarismo de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que solo acata las órdenes del presidente del comité Cívico, Branko Marinkovic y el prefectos Rubén Costas, constituyen una expresión de debilidad antes que de fortaleza. No se trata de subestimar la situación de la burguesía boliviana, cuya opción por la violencia irá aumentando en la medida que vaya perdiendo más territorio político, pero un proceso de expansión progresiva de las ideas transformadoras parece ser la tendencia en el oriente boliviano.
Un segundo dato significativo de los hechos de violencia registrados en Santa Cruz, que con seguridad continuarán y se ampliarán a otros departamentos de la Media Luna conforme vaya avanzando el proceso de cambio, es que los pobres, en su doble condición, de clase e idrntidad, le han perdido el miedo a las múltiples formas de violencia que la ultraderecha utilizó frecuentemente contra ellos.
La prueba más contundente de que a la oligarquía se le está perdiendo el miedo ha sido la marcha del viernes pasado. Los afiliados a la Central Obrera Departamental (COD) se dirigieron hacia la plaza principal de la ciudad de Santa Cruz, en una muestra de satisfacción por la convocatoria presidencial a los dos referéndum, a pesar de que estaban seguros de que los unionistas iban a caerles con todo.
Los palos, las patadas y las palabras cargas de odio y racismo, que chocaron violentamente contra los rostros de mujeres y hombres humildes, dejando incluso en estado de coma a un discapacitado, no ha doblegado la insurgencia popular en ese departamento que ha anticipado en redoblarse.
Si bien en estos dos años y medio el proceso de ascenso de la protesta contra toda forma de exclusión ha ido creciendo en el oriente boliviano, considerada una región políticamente atrasada, a partir de las elecciones generales de 2005 y sobre todo en las elecciones para la Asamblea Constituyente, la rebelión social pasó a un nivel superior en mayo y junio pasados, cuando las oligarquías encontraron resistencia a sus estatutos autonómicos en amplias zonas rurales y en las propias ciudades de esos departamentos.
Ese nivel de respuesta al carácter ilegal e ilegítimo de los estatutos autonómicos, que encontraron un promedio del 40 por ciento de rechazo por la vía de la abstención, fue la manifestación más contundente de una rebelión social en el corazón de los territorios de la burguesía agroexportadora y latifundista.
Y un alto porcentaje de los habitantes de los cuatro departamentos quiere volver a hablar en diciembre a través del voto. Pero, antes que llegue el 7 de diciembre, las clases subalternas en el oriente enfrentarán batallas más decisivas y de las que dependerá mucho el triunfo en el referéndum constitucional y el inicio de la transición a una Bolivia no capitalista.
En definitiva, entre agosto y diciembre próximos, las batallas estratégicas entre el insurgente bloque nacional-popular-indígena y el bloque imperial-burgués-colonial tendrán por escenarios principales a los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija.

Integración con el Tren del Sur

Argentina y Venezuela impulsan la idea de un ferrocarril con la ruta Buenos Aires-Caracas. El 40 por ciento de la traza ya existe y se extiende hasta Santa Cruz de la Sierra. Con una inversión de unos 9000 millones de dólares continuaría al pie de la Cordillera de los Andes.

Cledis Candelaresi / Página12

Aunque muchos proyectos anunciados hoy están apenas en estado germinal, las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Chávez siguen abrazando nuevas alternativas bastante ambiciosas. Esta vez es el proyecto del Tren del Sur, emprendimiento de 9000 millones de dólares que podría conectar Buenos Aires con Caracas.
Hermanada con esta idea, hay otra que parece avanzar con más celeridad: ya se firmó una carta de intención para integrar una firma binacional –Inferlasa– que trataría de aprovechar las millonarias oportunidades de negocios alrededor del ferrocarril que proliferan en el continente. En esa iniciativa, como socio minoritario, Argentina aportaría la experiencia y el conocimiento en la materia, mientras que Venezuela sumará las esenciales petrodólares.
Este sueño ferroviario se presenta en un marco más concreto que el faraónico del Gasoducto del Sur, evalúan especialistas del sector. Esto lo sostienen porque el 40 por ciento de la traza madre ya está tendida. Se trata de las vías del Belgrano que unen Buenos Aires con la boliviana Santa Cruz de la Sierra. Desde allí, la opción sugerida por la empresa local de ingeniería ferroviaria, Ferromat SA (núcleo de profesionales que trabajaron para Fiat Materfer hasta principios de los noventa), es continuar el tendido a los pies de los Andes, para permitir el desplazamiento de un tren carguero y de pasajeros que corra a 110 kilómetros por hora.
Hace pocos días, el ministro de Infraestructura venezolano, teniente coronel Rondón, terminó de aprobar la idea en una prolongada reunión que tuvo en la capital caribeña junto al subsecretario de Integración Latinoamericana, Eduardo Sigal, y a la embajadora argentina en Venezuela, Alicia Castro. Finalmente, ese país necesita desarrollar no sólo sus servicios ferroviarios, sino una industria local, y para esto cuenta con acero en cantidad suficiente. Algo que bien lo sabe la local Techint, en pleno proceso de retirada de Sidor a partir de la nacionalización dispuesta por el gobierno de Chávez.
Para avanzar concretamente en el Tren del Sur es necesario en principio que todos los parlamentos de los doce países involucrados en la Unión del Sur (Unasur) aprueben esa declaración conjunta, de la que se derivan iniciativas como la de integrar la infraestructura regional. El Congreso argentino, por estos días hiperdemandado, aún no se abocó a discutir ese documento, asignatura que tienen pendiente el resto de las legislaturas de la región. Luego habrá que financiar el tendido de la obra, meta en la que estarán comprometidas todas las naciones involucradas en la traza. En qué proporción y las futuras condiciones operativas es una incógnita a develar del proyecto del Tren del Sur.
Esta megainiciativa, en la que están trabajando la Cancillería y la Secretaría de Transporte de cada país, está asociada a otra más modesta, aunque igualmente ambiciosa desde la perspectiva de los negocios a desarrollar. A principios de junio, los dos países firmaron una carta de intención para la formación de Inferlasa, entre el Instituto de Ferrocarriles del Estado de Venezuela y Ferromat, que provee servicios de ingeniería ferroviaria a la reestatizada Tandanor. “Esto no es una fantasía adolescente”, argumenta Juan Cristóbal Rautenstrauch, titular de Ferromat, antes de enumerar las oportunidades de negocio que se abren para la proyectada empresa binacional. Venezuela necesita 500 vagones para trenes urbanos y otros 270 para el subte. En Argentina hay una demanda insatisfecha de 800 unidades para los cargueros, que no dan abasto con los cereales a transportar.
En un futuro, Inferlasa tendría su propia planta en territorio venezolano. Pero la promesa, esbozada en Buenos Aires por los funcionarios ligados al tema, es que los proveedores locales también tengan alguna preferencia. Las locales que sí fabrican, como las firmas de las familias Romero (Emepa), Cirigliano (Emfer) y Taselli podrían ser beneficiadas por esa empresa binacional.

Constituciones

De Bolivia, Ecuador y Venezuela, a México y Colombia: la suerte de las constituciones no es diferente al devenir del orden social en que están insertas.
Juan Diego García / Argenpress.info
Las constituciones en Latinoamérica han sido fruto de procesos muy diversos y casi siempre extraños al ideal liberal benévolo que las entiende como el resultado de pactos y convenios destinados a la convivencia de la comunidad, a la consecución del contrato social. En realidad estas constituciones han estado desde los comienzos de la vida republicana más inspiradas en la idea autoritaria que las asume como imposiciones, eso sí, en el entendido de que se trata del bien de la colectividad.
En la América Latina del siglo XIX hasta los teóricos clásicos del socialismo verían confirmadas sus ideas sobre el asunto al constatar cómo las Cartas Magnas fueron siempre fruto de la imposición de quien logró establecer su hegemonía, por lo común luego de cruentas guerras civiles o intervenciones extrajeras. La constitución, en tales condiciones, reflejaba intereses puramente elitistas por más que se engalanara con la retórica al uso, abundante en referencias a la libertad, la democracia, la igualdad y los valores cristianos.
No será muy distinto en el siglo XX. La constitución será de nuevo una imposición (no exenta de cruda e inevitable violencia) como resultado de las grandes revoluciones del nacional-desarrollismo, solo que ahora, un sector de la burguesía criolla encabeza victoriosa amplios movimientos populares (el más destacado, sin duda, la Revolución Mexicana) contra una minoría retardataria y extranjerizante. El nuevo marco jurídico será entonces nacionalista, promotor del desarrollo y heredero de las viejas banderas liberales del radicalismo laico del siglo anterior no menos que de evocaciones románticas de un socialismo igualmente decimonónico.
Pero la suerte de las constituciones no es diferente al devenir del orden social en que están insertas. De esta forma, durante el siglo XIX la retórica humanista y republicana (copiada de las constituciones europeas y del texto estadounidense) no pasó de las formulaciones felices que hacían las delicias de juristas y letrados. Y no podía ser de otra manera en sociedades marcadas por el latifundio, la esclavitud, las nuevas formas del colonialismo, el atraso cultural, el poder alienante de la Iglesia Católica y Estados raquíticos que se hacían y deshacían a calor de interminables guerras civiles o directamente por la intervención extranjera que redactaba e imponía los textos constitucionales (caso de la Enmienda Platt en Cuba, el sometimiento de Puerto Rico o las leyes promovidas por el ocupante gringo en Centroamérica).
Tampoco fue mejor el destino de las constituciones burguesas del llamado “desarrollismo” o “populismo” a pesar de tener un contenido social mucho más claro y una impronta nacionalista destacable. Todo el discurso en pro de un capitalismo nacional, con fuerte contenido social para hacer del concepto de ciudadanía algo más que un término hueco (como había sido hasta entonces) y convertir la democracia en otra cosa que elecciones regulares y amañadas, derechos civiles restringidos y la violencia como el método reiterado para “mantener el orden”, todo esto, encontró sus limitaciones en la debilidad del grupo burgués hegemónico que terminó pactando con los sectores retardatarios del agro, los especuladores de la banca y el comercio y sobre todo, claudicando frente a los nuevos amos de la región, los Estados Unidos.
No debe entonces extrañar que casi sin introducir cambios significativos esas constituciones hayan servido luego para instalar en la región las políticas neoliberales. Las mismas políticas del llamado “Consenso de Washington” que han provocado no solo la pobreza generalizada de las mayorías (y fantásticas ganancias a la elite y a las empresas multinacionales) sino un movimiento de rechazo social de grandes proporciones que ha permitido triunfos electorales a la izquierda en casi todos los países del área, lo mismo que el resurgir del nacionalismo, el impulso de políticas de corte social y hasta propuestas de un nuevo socialismo de perfiles aún poco precisos. Tres países son su mayor expresión: Venezuela, Bolivia y Ecuador.
No es entonces por azar que en esos tres países el debate sobre la constitución tenga tanta relevancia. En Venezuela rige ya una nueva Carta Magna que como en el populismo tradicional encarna amplias reivindicaciones populares, solo que en esta ocasión no es una fracción de la burguesía local la fuerza hegemónica sino una alianza de clases y grupos populares. Como ocurrió anteriormente, a este populismo de nuevo tipo se enfrenta la misma clase rancia y estéril de siempre, los defensores de privilegios groseros, los beneficiarios de la corrupción, los adalides del extranjerismo y la dependencia nacional, que son por contraste los defensores encendidos de un patriotismo de cartón piedra.
En Bolivia la derecha intenta por todos los medios, legales e ilegales, poner trabas al desarrollo del proceso constituyente y a estas alturas aún es incierta la realización del referendo que valide el nuevo marco legal. No es incierta sin embargo la decisión de los movimientos populares que acaban de dar en las urnas un fuerte respaldo a Morales y su gobierno y que a gritos piden que las autoridades impongan el orden, controlen a las bandas fascistas, pongan límites a la grosera intervención del embajador gringo en los asuntos internos del país y que se permita entonces a la ciudadanía expresarse a favor de una constitución nueva que asegura el disfrute de los ricos recursos naturales a toda la población y no a minorías locales, que reivindique la dignidad de los indígenas (más del 60% de la población), excluya la presencia de bases militares extranjeras y reordene los sistemas de toma de decisiones en favor de las mayorías sociales.
Muy semejantes son los aires que corren por Ecuador, presto a someter el texto de una nueva Carta Magna a la voluntad soberana del pueblo. Como en Venezuela y Bolivia, en Ecuador se han respetado escrupulosamente todos los trámites establecidos tanto para designar a los constituyentes como para asegurar que la población puede ejercer con libertad su derecho de expresarse en las urnas. En los tres casos los deudos resultan ser los mismos: los banqueros, los grandes comerciantes, los industriales ligados a la economía externa, los terratenientes y latifundistas y los llamados “sectores medios” de altos ingresos o vinculados como clientela a la burguesía criolla.
Pero no solo la izquierda cambia constituciones. En México, Felipe Calderón intenta desconocer la Constitución que establece claramente el carácter público de la explotación del petróleo e impide la presencia de intereses extranjeros. La repercusión social de la intentona gubernamental ha sido inmensa y Calderón ha tenido que ceder (temporalmente) ante el clamor ciudadano. No menos anticonstitucional es la intervención directa en México de personal de la DEA y otras agencias gringas que actúan impunemente en el país; un peligroso precedente que lleva a algunos a hablar de un proceso intencionado de “colombianización” del país.
Y como el colombiano Álvaro Uribe no podía ser menos, ha violentado reiteradamente la legalidad constitucional para satisfacer sus propósitos. Primero convocó un referendo para introducir cambios sustanciales en el texto constitucional pero fracasó estruendosamente (voto menos del 25% del censo electoral y fueron rechazadas todas las propuestas del gobierno). Luego consiguió cambiar la norma constitucional que prohibía la reelección comprando el voto de los dos senadores que le dieron el triunfo, un delito de enorme gravedad por el cual ya ha sido condenada una parlamentaria, el otro está siendo juzgado y hacen cola ante los jueces los funcionarios uribistas comprometidos en el “arreglo”. Ahora, el belicoso mandatario adelanta una reforma de la justicia para evitar que algún juez se le atraviese en el camino, y confía en una reforma política que blinde a su bancada parlamentaria seriamente comprometida en el proceso contra el paramilitarismo. Si lo consigue, el presidente colombiano espera entonces poder aspirar a un tercer mandato, si es que un milagro, en forma de avalancha popular e indignación ciudadana no lo impiden a tiempo.

El surgimiento de un nuevo sistema neocolonial

El colonialismo tradicional consistía en la conquista de un territorio para extraer sus materias primas y venderles después los productos manufacturados. Este nuevo colonialismo arrienda las tierras para producir alimentos y extraerlos, dejando a la población local fuera de su consumo o imponiéndoles precios internacionales lejos de su alcance.
Ricardo Daher / Barómetro Internacional
La Organización para la Agricultura y los Alimentos (FAO) advirtió esta semana sobre un nuevo fenómeno que ha denominado "un sistema neocolonial" y que perjudica a productores y países en desarrollo, o subdesarrollados como se definían antes.
Según la FAO, impulsados por la suba de los precios de los alimentos, en una tendencia que no se revertirá en muchos años, empresas internacionales arriendan tierras en países pobres para producir alimentos y exportarlos a los países ricos.
En el último año los precios de los alimentos han subido entre el 30 y el 80 por ciento, incluyendo arroz, trigo, soja, leche, carne, es decir, los productos básicos.
Aunque el fenómeno descrito por la FAO menciona sólo a China y Arabia Saudita como países que arriendan tierras en otras naciones para producir alimentos para sus habitantes, el fenómeno existe desde mucho antes de la advertencia de ese organismo internacional.
En el reciente conflicto por las retenciones a las exportaciones de soja en Argentina, se conoció que gran parte de la producción de soja pertenecía a empresas que arrendaban los campos.
El Director General de la FAO, Jacques Diouf, sostuvo que "el riesgo es el de crear un pacto neo-colonial de provisión de materias primas sin valor agregado y de condiciones de trabajo inaceptables para los agricultores".
Diouf advirtió que algunas negociaciones de arriendo de tierras, "han llevado a relaciones internacionales desiguales y a una agricultura mercantilista de corto plazo".
Curiosamente, fue el propio director de la FAO que en junio de este año, en plena crisis de los alimentos, promovió el ingreso de inversiones extranjeras en países con una agricultura poco desarrollada.
Entonces Diouf estimuló los joint ventures entre países con dinero disponible para la inversión y países con menores recursos financieros pero con terreno cultivable y agua. "La solución estructural al problema de la seguridad alimentaria en el mundo estriba en incrementar la producción y la productividad en los países de bajos ingresos y déficit alimentario", aseguró el 2 de junio. Ello requiere "soluciones innovadoras e imaginativas", que incluyen "acuerdos de asociación entre países que tienen recursos financieros, capacidad de gestión y tecnología y países que tienen tierra, agua y recursos humanos" subrayó.
Ahora advierte que es una peligrosa combinación y estos proyectos de inversión se están transformando en una nueva forma de colonialismo.
El colonialismo tradicional consistía en la conquista de un territorio para extraer sus materias primas y venderles después los productos manufacturados.
Este nuevo colonialismo arrienda las tierras para producir alimentos y extraerlos, dejando a la población local fuera de su consumo o imponiéndoles precios internacionales lejos de su alcance. En una síntesis somera, es igual a robarle el pan de la boca para que sólo puedan comer quienes pueden pagar. Es la lógica del capitalismo y por eso mismo, sus más conspicuos representantes, protestan cuando algunos gobiernos quieren asegurar el abastecimiento de alimento para sus ciudadanos.
El presidente del Banco Mundial, el norteamericano Robert Zoellick, cuestionó a los países que han limitado las exportaciones de alimentos para abastecer el consumo interno, y reclamó libertad de mercado.
En una línea similar, otro representante del Banco Mundial, Lars Thunell, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional que depende de ese organismo, reclamó en la reciente cumbre sobre el agua en Estocolmo, la privatización de ese recurso.
No es por casualidad que las empresas que producen, almacenan y comercializan alimentos, ingresen a controlar el mercado del agua.
Apenas iniciado el siglo XXI, la humanidad está repitiendo luchas que ya se daban a comienzos del siglo pasado. Ahora contra un colonialismo que a fuerza de dinero y bajo la bandera del libre mercado y la globalización, se apodera de recursos naturales fundamentales, agua y alimentos, para transformarlos en simple mercancías al alcance del mejor postor.
- Ricardo Daher, periodista uruguayo, es analista e investigador.

Neoliberalismo y cultura

Frei Betto* / Adital
El neoliberalismo no sólo intenta destruir las instancias comunitarias creadas por la modernidad, como la familia, el sindicato, los movimientos sociales y el Estado democrático. Su proyecto de atomización de la sociedad reduce a la persona a la condición de individuo desconectado de la coyuntura sociopolíticoeconómica en la cual se inserta, y lo considera como mero consumidor. También se extiende, por tanto, a la esfera cultural.
Uno de los avances de la modernidad fue, con la llegada de la democracia, reconocer a la persona como sujeto político. Éste pasó a tener, además de deberes, derechos. Dotado de conciencia crítica, se libró de la condición de siervo ciego y dócil a las órdenes de su señor, consciente de que autoridad no es sinónimo de verdad, ni poder sinónimo de razón.
Ahora se busca quitarle a la persona su condición de sujeto. El prototipo de ciudadano liberal es el que se abstiene de cualquier pensamiento crítico y, sobre todo, de participar en instancias comunitarias. Y a esa cultura de abstención voluntaria contribuye de modo especial la televisión.
En sí misma la televisión es un poderoso instrumento de formación e información. Pero puede ser convertido fácilmente en mecanismo de deformación y desinformación, sobre todo si se engancha a la maquinaria publicitaria que rige el mercado. Así, la misma televisión se vuelve un producto para ser consumido y por tanto centrado en el aumento de los índices de audiencia.
Para ello se recurre a todo tipo de estrategias, con tal de los telespectadores se sientan atraídos por las imágenes. El problema es que la ventana electrónica está abierta hacia dentro del núcleo familiar. Es ahí donde ella descarga la profusión de imágenes y alcanza indistintamente a niños y adultos, sin el menor escrúpulo en lo referente al universo de valores de la familia.
Si la televisión transmitiese cultura -todo cuanto mejora nuestra conciencia y nuestro espíritu- sería el más poderoso vehículo de educación. Es verdad que no deja de hacerlo, pero la regla general no son los programas de densidad cultural sino el mero entretenimiento: distrae, divierte y, sobre todo, abre la caja de Pandora de nuestros deseos inconfesables. La imagen que "dice" lo que no nos atrevemos a pronunciar.
Al superar el diálogo entre padres e hijos e imponerse como interlocutora hegemónica dentro del núcleo familiar, la televisión altera las referencias simbólicas fundamentales del siquismo infantil. Es mediante el habla como una generación transmite a otra creencias, valores, nombres propios, megarrelatos, genealogías, ritos, relaciones sociales, etc. Transmite incluso la misma aptitud humana del uso de la palabra, a través del cual se teje nuestra subjetividad y nuestra identidad. Es esa interacción, propiciada por el diálogo oral, cara a cara, como nos educa las relaciones de alteridad, nos hace reconocer el yo delante del Otro, así como las múltiples conexiones que unen a uno con otro, tales como emociones, imágenes provocadas por gestos, expresiones faciales cargadas de sentimientos, etc.
El habla o el diálogo demarcan las referencias fundamentales a nuestro equilibrio síquico, como la identificación del tiempo (ahora) y del espacio (aquí), y de los límites de mi ser en relación a los demás. Si el habla se reduce a una catarata de imágenes que tratan de exacerbar los sentidos, las referencias simbólicas del niño corren peligro. El niño siente la dificultad de construir su universo simbólico, no adquiriendo sentidos de temporalidad e historicidad. Todo se reduce al "aquí y ahora", a la simultaneidad. La misma tecnología que reduce distancias en tiempo real -internet, teléfono celular, etc.- favorece una sensación de ubicuidad: "yo no estoy en ningún lugar porque estoy en todos".
Muchos profesores se quejan de que los alumnos ya no están tan atentos en las clases. Claro, el sueño de ellos sería poder cambiar al profesor de canal… Muchos niños y jóvenes muestran dificultad para expresarse porque no saben oír. Poseen un raciocinio confuso, en el que la lógica resbala frecuentemente en el aluvión de sentimientos contradictorios. Creen, sobre todo, que son inventores de la rueda y por tanto poco les interesa el patrimonio cultural de las generaciones anteriores (el financiero sí, sin duda).
De ese modo la cultura pierde refinamiento y profundidad, se confina a los simulacros de talk-show, donde cada uno opina según su reacción inmediata, sin reconocer la competencia del Otro. En el caso de la escuela, este Otro es el profesor, visto no sólo como despojado de autoridad sino, sobre todo, como quien abusa de su poder y no admite que los alumnos le traten de igual a igual… Ahora bien, ya que el profesor no "escucha", entonces sólo hay un medio de hacerle oír: la violencia. Pues fueron educados por la televisión, en la cual no se da el ejercicio de la argumentación paciente, de la construcción esclarecedora, del perfeccionamiento del sentido crítico. Es el incesante toma y daca, y casi siempre a base de coacción.
Por eso se cae en una educación calificada por Jean Claude Michéa de "disolución de la lógica". Se deja de distinguir entre lo principal de lo secundario, de percibir el texto en su contexto, de incluir lo particular en el telón de fondo de lo general, para acatar pasivamente las presiones de consumo que intentan transformar los valores éticos en meros valores pecuniarios, o sea todo es mercadotecnia, y es su precio el que le imprime, a quien lo posee, determinado valor social, aunque no tenga carácter.
Se prescinde del acto de pensar, reflexionar, criticar y especialmente de participar en el proyecto de transformar la realidad. Todo pasa a ser cuna cuestión de conveniencia, gusto personal, simpatía. También son considerados comerciables la biodiversidad, la defensa del medio ambiente, la responsabilidad social de las empresas, el genoma, los órganos extraídos a los niños, etc.
Es el apogeo del capitalismo total, capaz de mercantilizar hasta nuestro mismo imaginario.