Vamos entonces, con la dignidad en alto y la convicción desde el corazón de la justeza de nuestras luchas y el compromiso de continuar tejiendo la palabra, hasta que ésta se vuelva mandato en un país que reconozca y respete la diversidad de la naturaleza, los pueblos y los pensamientos.Bakatá, 1º de Diciembre de 2008.
Señor: Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
Bogotá – Colombia.
Con la dignidad en alto y la convicción desde el corazón, la Minga regresa a las regiones de Colombia y sigue viajando por el mundo.
Ante la falta de respuestas, y las reiteradas mentiras y pronunciamientos irresponsables de funcionarios del gobierno central, los voceros de La Minga de Resistencia Social y Comunitaria regresamos a nuestras regiones, avanzando por el país y el mundo con el caminar de la palabra.
Más de 30 mil personas que recorrimos en Minga las carreteras de Colombia, con una entrada apoteósica a la Capital del país, después de haber sido víctimas de varios asesinatos, 180 heridos, actuaciones como ejércitos de ocupación por parte de la fuerza pública, desplazamiento interno de 9 familias en La María, prohibición de ingreso a las ciudades y universidades, agresión permanente a los territorios, detenciones arbitrarias, amenazas, señalamientos y judicializaciones a líderes y comunidades, como expresión de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe; no fueron suficientes para que el Estado respondiera y cumpliera los acuerdos que tiene con los diferentes sectores sociales, como es su deber constitucional y que el presidente prometió en el debate realizado en La María, Piendamó, el 2 noviembre de 2008.
Nuestro proceso aceptó tratar, en un inicio, con el gobierno, de los tres puntos de la agenda del debate público, el tema de los acuerdos, mediante una metodología de interlocución que incluyó para el primer momento una reunión de los voceros sociales con los Ministerios y jornadas de trabajo con los viceministros, en donde se demostró y comprobó la incapacidad institucional, la carencia de presupuestos y la terquedad del presidente para tomar decisiones que permitan atender los compromisos adquiridos en los procesos de movilización de los sectores sociales del país y en las nuevas demandas identificadas en el recorrido de la Minga.
En un segundo momento, los ministros entregarían informe de la revisión de acuerdos e identificarían mecanismos de cumplimiento y seguimiento, en actividad programada para el día 1 de diciembre.
Se consideró imprescindible, por parte de la Minga, la presencia permanente de observadores nacionales e internacionales, como garantes del proceso, sin embargo el gobierno no mostró voluntad política para hacer de ello una realidad. Resaltando que se ha contado con la presencia permanente de delegados de naciones Unidas, como comisión de facilitación aceptada por las partes.
Hoy, ante la noticia institucional del aplazamiento de lo programado, los Mingueros consideramos que hay un nuevo irrespeto a las demandas sociales, que el gobierno no cumple su palabra, continúa mintiendo al país y al mundo y dilata su compromiso de garantía de los derechos fundamentales para los colombianos.
Lamentamos la ausencia de la mayoría de los medios de comunicación comercial, los cuales se han silenciado y ocultado esta realidad evidente para los capitalinos y el país, pues en más de 10 días de permanencia y relacionamiento con la ciudadanía no se ha difundido este importante esfuerzo social por la convivencia y la paz de Colombia.
En nuestra partida recordamos al presidente Uribe su compromiso de informar sobre la fecha de la actividad para la continuación del Debate, el cual debe hacerse en La María, en un corto plazo, con una convocatoria amplia que garantice la presencia de todos los sectores y comunidades de la Minga, los observadores y garantes nacionales e internacionales, así como de los medios de comunicación de orden institucional y privado. La Minga persiste en la agenda planteada para el pueblo colombiano por el país que queremos:
1. Defensa de los derechos humanos: rectificación y respeto al buen nombre y quehacer de las organizaciones que reclaman sus derechos; reparación integral a las víctimas de los abusos cometidos por la fuerza pública en las movilizaciones; igualmente para los afectados por el conflicto, retorno de los desplazados con garantías de vida digna, derecho al trabajo eliminando las formas de esclavitud representadas en la intermediación del empleo, adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, respeto y reconocimiento legal de sus territorios, política agraria integral, vivienda digna evitando la especulación del sector financiero, salud, educación y agua como derechos fundamentales.
2. Territorio y leyes del despojo: ante la crisis causada por la avaricia del modelo que viene generando tragedias ambientales y miles de damnificados, los integrantes de la Minga mantenemos nuestra exigencia de una política que aplique la consulta para los tratados de comercio y responda a la integralidad de los territorios como garantía de vida, derogando y suspendiendo el trámite de normas que los parcelan y los mercantilizan, entre ellas el estatuto de desarrollo rural, la ley y los planes departamentales de aguas, el Código Minero y normas sanitarias para productos de la economía rural, la ley de plantaciones comerciales, todo ello respetando el mandato constitucional de prevalencia del interés común frente al interés particular y de consulta previa a comunidades.
3. Acuerdos: el gobierno debe entregar a la opinión pública nacional e internacional informe sobre el compromiso de cumplimento de los acuerdos y convenios que el Estado colombiano mantiene con sectores sociales, comunidades, organizaciones y pueblos desde hace más de 25 años, en donde explique los mecanismos de cumplimiento, tiempos y recursos. Igualmente atender las reivindicaciones de los sectores integrados al proceso de Minga, entre ellos, los corteros de la caña, los vivienditas y afectados por el sector financiero, los estudiantes universitarios, los trabajadores de la salud y las víctimas y desplazados por el conflicto.
4. Una situación de denuncia y exigibilidad urgente son las tragedias ocasionadas por la omisión del Estado para realizar acciones preventivas frente al riesgo producto de desastres naturales, como en el caso de Tierradentro donde, a pesar de los informes sobre la actuación institucional, ya se han reportado 12 muertos en Páez y 12 en Miranda, así como miles de damnificados que están amenazados en su integridad física y cultural, en especial niños y adultos mayores que sufren hambruna y epidemias producto de los gases y cenizas que emite el volcán nevado del Huila. Se requiere actuación inmediata en términos de acción humanitaria y reubicación concertada.
Vamos entonces, con la dignidad en alto y la convicción desde el corazón de la justeza de nuestras luchas y el compromiso de continuar tejiendo la palabra hasta que ésta se vuelva mandato en un país que reconozca y respete la diversidad de la naturaleza, los pueblos y los pensamientos.
MINGA DE LA RESISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
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