domingo, 14 de diciembre de 2008

Un 76,5% de los costarricenses avala renegociación de TLC

Un 76,5% de los costarricenses considera que el tratado de libre comercio (TLC) debería ser renegociado con el gobierno del presidente electo Barack Obama, según un sondeo de opinión realizado por la Universidad de Costa Rica (UCR).
Arturo Gudiño / www.informa-tico.com
El sondeo, con un margen de error del 2,93% y un nivel de confianza del 95%, fue realizado a 1.118 ciudadanos por el Centro de Investigación y Estudios Políticos José María Castro Madriz, a cargo de los investigadores Marco Fournier Facio y Alberto Cortés Ramos.
El tema de la renegociación fue puesto sobre el tapete hace tres semanas por el senador del Partido Demócrata, Michael Michaud, durante un foro político realizado en Washington, en el que además participó el líder del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, quien también ha levantado la bandera de la revisión del tratado.
Michaud presentó en junio un proyecto de ley ante el Congreso, con el apoyo de 74 congresistas norteamericanos para revisar los TLCs, pues consideran que no benefician a los ciudadanos y consumidores de ambas regiones, sino solo a las transnacionales y a sus socios locales.
Cifra crecienteAnte la pregunta de si una renegociación del tratado de libre comercio le convendría a Costa Rica un 76,5% de los consultados respondió positivamente, mientras que un 23,5% estimó que no sería conveniente.
Cortés dijo a Informa-tico.com que el gran porcentaje que favorece la renegociación del tratado podría estar siendo alentado por la percepción que tienen los costarricenses de que el gobierno de Obama, que asume en enero próximo, mejorará la relación entre Washington y Costa Rica.
"Una amplia mayoría (62,5%) considera que la llegada de Obama a la presidencia es mejor que la situación actual con el gobierno del presidente (George) Bush, mientras que un 32,3% considera que seguirá igual, y un 5,1% estima que el nuevo gobierno será peor para Costa Rica", señaló el estudio de la UCR.
Cortés dijo que durante la campaña del referéndum que se realizó el 7 de octubre del 2007, los que favorecían la renegociación eran aproximamente un 40%, de los ciudadanos, mientras que alrededor de un 30% rechazaba el TLC de plano y el otro 30% lo apoyaba.
"El tema de la renegociación se está posicionado en la opinión pública. Fue parte del TLC y ha vuelto a ser tema entre los ciudadanos a partir del triunfo de Obama", dijo Cortés.
Rumbo del país va de "regular a malo"
La encuesta también midió la percepción de la ciudadanía sobre el rumbo que lleva el país y el impacto de la crisis económica mundial, y la mayoría estimó que la situación va de "regular a mala".
"La gran mayoría de las personas considera que el rumbo del país es regular (52,9%). Además un 31,5% estima que el rumbo del país es malo (18,2%) o muy malo (13,3%)", frente a un 13% que estima que el rumbo es "bueno" o "muy bueno" (2,6%). "En este caso, la personas entrevistadas con visión negativa prácticamente duplican a las que tiene una visión positiva", advirtió el estudio.
En relación a la gestión del gobierno de Oscar Arias, el sondeo señala que un 53% la considera como regular, en tanto que un 13, 8% dijo que es mala y un 9% que muy mala, frente a un 21% que aseguró que es buena y un 3,2% muy buena.
"Vale la pena resaltar que en Costa Rica el término regular tiene una visión negativa", dijo la catedrática Juani Guzmán, también integrante del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR.
No a la minería
La encuesta, que fue corrida entre el 2 y el 7 de diciembre, también reveló que la mayoría de los costarricenses se opone a la minería a cielo a abierto y concretamente al proyecto Crucitas, en Cutris de San Carlos, que devastaría cientos de hectáreas de bosques, arrasando con su biodiversidad.
Un 58% de los ciudadanos estimaron que la mina sería "mala" o "muy mala", un 16,4% dijo que su impacto sería "más o menos" y un 24% avaló el proyecto de la transnacional canadiense Industrias Infinito S.A.
La empresa comenzó a arrasar decenas de hectáreas de bosque en octubre pasado, gracias a un decreto emitido por el gobierno de Oscar Arias, pero tres días después la Sala Constitucional ordenó detener el talado, ante un recurso interpuesto por grupos ecologistas.

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