En el Paraguay actual se constituye una vez más el dilema sabiamente detectado por Maquiavelo: quien quiera introducir cambios en el orden social sólo podrá hacerlo si se apoya en el pueblo, nunca en los ricos y poderosos... Lugo y sus partidarios tienen por delante una labor titánica: concientizar, organizar y movilizar al campo popular.Atilio Borón / Página12
(En la fotografía, una manifestación del Movimiento de los Sin Tierra de Paraguay).
Ni siquiera el más distraído visitante del Paraguay puede dejar de advertir el carácter sistemático y malicioso de los ataques que la “prensa libre” le prodiga día a día al nuevo presidente de ese país, el ex obispo Fernando Lugo. Transcurridos escasos cuatro meses de su mandato esa prensa -que había hecho gala de servilismo y venalidad, aparte de cobardía, durante el largo reinado del dictador Alfredo Stroessner- ahora se ensaña con el primer presidente genuinamente democrático de esa sufrida nación mediterránea.
¿Cuál es la razón de esta infamia? Muy simple: Lugo está dando los primeros pasos en dirección a un cambio social que beneficie a los excluidos y oprimidos por el régimen dictatorial y sus herederos. Pese a las durísimas restricciones financieras y administrativas dejadas por sus predecesores Lugo se las ingenió para restituir la gratuidad del hospital público, que había sido privatizado mañosamente por los herederos del stroessnismo; lanzó una campaña integral de vacunación infantil poniendo fin a décadas de criminal abandono y garantizó a los pacientes la gratuidad de los análisis clínicos. Aparte de eso lanzó una lucha frontal contra la corrupción enquistada en las más altas esferas del estado por Stroessner y sus secuaces con la complicidad –necesaria, permanente, ineludible- de las grandes empresas y grupos económicos que de ese modo pudieron saquear al país sin sobresaltos.
Conviene recordar, sobre todo en la desmemoriada Argentina, que no hay estado corrupto sin contraparte corruptora. No son los pobres y los desamparados quienes corrompen a gobiernos y al alto funcionariado estatal; quienes sí lo hacen son las “fuerzas del mercado” que idealizan los publicistas del liberalismo viejo y nuevo. Por si había alguna duda el reciente caso de Siemens, empresa símbolo de la pulcra y transparente Alemania, lo comprueba irrefutablemente. Otro que debe haber sobornado a funcionarios públicos y gobernantes estadounidenses a diestra y siniestra es Bernard L. Madoff, CEO de la Madoff Investment Securities, que organizó la más colosal estafa en la historia mundial del capitalismo pese a estar sometido a la atenta vigilancia de la Securities Exchange Commission y a obtener de parte de otros bandidos como él, las llamadas “calificadoras de riesgo”, el más alto puntaje concedido a una compañía inversora. Todavía no aparecieron los nombres de los corruptos que, desde las agencias del estado norteamericano, hicieron posible tan fenomenal estafa. Pero seguramente van a aparecer. En fin, toda esta historia de corrupción no es nada nuevo bajo el sol del capitalismo.
Pero Lugo se propuso algo más: fortalecer la integración del Paraguay a la región y reconquistar para su país la soberanía de los recursos naturales, y especialmente su inmensa riqueza hidroeléctrica. De ahí sus escabrosas y difíciles negociaciones con el Brasil en torno al precio de la electricidad generada por la represa de Itaipú y las conversaciones en ciernes para lograr lo mismo de la Argentina en relación a la de Yacyretá.
Por elemental que pueda parecer este programa de recuperación de la soberanía y posicionamiento en el proyecto del MERCOSUR no esta exento de dificultades. Mientras el Presidente Lula declara la necesidad de que Brasil colabore con el Paraguay, el establishment de Itamaraty hace caso omiso de sus bellas palabras y actúa como un sórdido e intransigente delegado al servicio de las clases dominantes brasileñas y de lo que ellas consideran el “interés nacional” de ese país: perpetuar la expoliación de la energía paraguaya. Esta duplicidad es favorecida, entre otras razones, por algunas desafortunadas expresiones del Presidente Lula en el sentido de que el leonino Tratado de Itaipú (firmado por los dictadores Stroessner y Garrastazú Médici en 1973) no debía ser revisado, lo que prorrogaría indefinidamente el saqueo energético del Paraguay a manos de lo que un brillante sociólogo y economista del Brasil, Ruy Mauro Marini, acertadamente definiera como “el sub-imperialismo brasileño”. La inflexibilidad y el autoritarismo de estos negociadores contradicen flagrantemente la solidaridad internacional necesaria para efectivizar la proclamada intención de Lula de integrar a las naciones sudamericanas en una nueva organización regional. En más de una ocasión sus representantes amenazaron con suspender las negociaciones y postergar toda discusión sobre el tratado hasta el momento de su expiración, en el año 2023, algo que ni siquiera lo hizo la Casa Blanca con Omar Torrijos en su disputa sobre el Canal de Panamá. Obviamente que conductas de este tipo no son demasiado propensas a favorecer la consolidación del bloque de naciones reunidas en el UNASUR. Los funcionarios paraguayos confían, en función de ciertas declaraciones de la Presidenta Cristina Fernández, que la inminente discusión en torno a Yaciretá transite por un sendero definido a partir de premisas marcadas por otros valores.
Por eso el caso de Itaipú se ha constituido en un verdadero escándalo. Paraguay es propietario del 50% de la central hidroeléctrica y por tal motivo es dueño de la mitad de los 90.000 millones GWh que allí se generan. Pero en la práctica utiliza sólo 7.000 millones de GWh, lo que logra satisfacer el 95% de un consumo muy escaso, producto precisamente de un atraso económico y social que es imprescindible revertir y que Lugo no podrá hacerlo sin la activa colaboración y solidaridad de los gobiernos de Argentina y Brasil. Los restantes 37.000 GWh generados por la represa son cedidos a Brasil, que paga la ridícula suma de 2,80 dólares el kilowat por la cesión de esa “energía sobrante” que luego la empresa estatal Electrobrás vende a un precio superior a 60 dólares en el mercado brasileño, excepción hecha de los grandes consumidores industriales del fluido eléctrico que se benefician con generosos subsidios. Los paraguayos, con toda razón, quieren renegociar tan ridículo precio, apenas unos centavos superior al fijado en 1973 cuando el dólar valía mucho más que lo que vale hoy.
Dadas todas estas circunstancias: nueva política social, lucha contra la corrupción, integración regional y recuperación de la soberanía, no sorprende que la Cámara de Diputados del Paraguay –reducto de la partidocracia tradicional y en el cual el oficialismo cuenta apenas con dos representantes de los ochenta que la constituyen- esté contemplando la posibilidad de iniciar un juicio político contra Lugo. Lamentablemente el actual presidente no pudo hacer lo que sí hizo Rafael Correa en el Ecuador: decir abiertamente que clausuraría el Congreso y convocaría a una asamblea constituyente. No pudo hacerlo no por falta de coraje sino porque su propuesta renovadora fue recibida con incredulidad por gran parte de la dirigencia política de izquierda que no creía se pudiera derrotar al coloradismo, y ahora se ven las consecuencias. Para la derecha paraguaya y sus socios fuera del país Lugo está atacando demasiados intereses fuertemente arraigados en las clases dominantes y sus representantes políticos y burocráticos en el aparato estatal, todo esto convenientemente aceitado con altas dosis de corrupción. En los pasillos del Congreso se comenta que se necesitan apenas ocho votos más para lograr el número suficiente para aprobar el juicio político contra Lugo, lo que abriría una caja de Pandora cuyas consecuencias son difíciles de imaginar. La semana pasada, sin ir más lejos, este “órgano de la democracia” rechazó una iniciativa del Ejecutivo que se proponía establecer un impuesto a la renta personal, cosa que al día de hoy no existe en Paraguay.
Lugo está siendo asfixiado financieramente y el Congreso no le da respiro. También rechazó una ley que prohibía la utilización de agrotóxicos en un país cuya “sojización” avanza descontroladamente arrasando cuanto se opone a su paso. Empresarios argentinos y sobre todo brasileños son los adalides de este proceso, y las fuerzas armadas de Brasil, en otro gesto que pinta de cuerpo entero las intenciones de Brasilia, fueron movilizadas a la frontera para defender la propiedad privada de los empresarios sojeros brasileños amenazados por el creciente protagonismo de los campesinos sin tierra de Paraguay. En síntesis, el Congreso con la complicidad de los medios busca aplicar lo que en su tiempo Richard Nixon recomendara para destruir al gobierno de Salvador Allende en Chile: desangrar a la economía y debilitar las bases materiales del nuevo gobierno para impedirle financiar sus políticas reformistas y, de paso, propinarle un ejemplar escarmiento por su osadía. Esta escalada de agresiones no inmuta a la “prensa libre”, preocupada por criticar implacablemente al gobierno.
En este cuadro Lugo no tiene otro camino que apelar a la voluntad popular, explicando incansablemente su programa de gobierno; promoviendo activamente la concientización y la organización de las clases y capas populares para resistir la ofensiva destituyente lanzada por la derecha paraguaya y sus amigos extramuros, y movilizando a sus partidarios para derrotar en las calles lo que los viciados y viciosos mecanismos institucionales están a punto de concretar en el Congreso. En el flanco externo, el presidente paraguayo tendrá que exigir de sus socios regionales, y muy especialmente de Brasil y Argentina, que actúen en concordancia con sus dichos y que sus propuestas integracionistas y regionalistas se traduzcan en ayudas concretas y materiales al proceso de construcción democrática en curso en el Paraguay. En ese sentido Brasilia y Buenos Aires debían tomar sin dilaciones, ya mismo, la iniciativa de redefinir adecuadamente los tratados y las normativas vigentes para Itaipú y Yaciretá de suerte tal que permita acrecentar considerablemente, en un pie de igualdad, los recursos financieros que producen esos dos enormes emprendimientos hidroeléctricos. Si tal cosa se lograra la viabilidad económica del proyecto de Lugo estaría asegurada. El tiempo dirá si la solidaridad internacional tantas veces aludida por los gobiernos de Argentina y Brasil asume rasgos concretos y efectivos. Sería deplorable corroborar que aquella quedó reducida a un vano palabrerío para consumo exclusivo de las buenas almas del progresismo.
En el Paraguay actual se constituye una vez más el dilema sabiamente detectado por Maquiavelo: quien quiera introducir cambios en el orden social sólo podrá hacerlo si se apoya en el pueblo, nunca en los ricos y poderosos cuyas instituciones fueron precisamente diseñadas para impedir que tal cambio se produzca. Lugo y sus partidarios tienen por delante una labor titánica: concientizar, organizar y movilizar al campo popular. Si desisten de esta tarea las tensiones sociales acumuladas seguramente se desatarán al margen de la voluntad presidencial dando lugar a una movilización anómica -sin estrategia, ni táctica, ni conducción coherente- que terminará facilitando los planes de la derecha y de los intereses que mantuvieron postrado al Paraguay por tan largo tiempo. La habilidad del gobierno y la madurez de las fuerzas de izquierda y progresistas de ese país son quienes tendrán la última palabra. Es de desear que actúen no sólo con valentía, como lo han hecho hasta ahora, sino también con sensatez y perspicacia, condiciones estas necesarias para derrotar a enemigos tan poderosos como los que se han entronizado en su patria.
Versión abreviada del artículo enviado para su publicación en Página/12, de Buenos Aires
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