El Perú como botín

Los recursos naturales y energéticos deben manejarse en función de nuestros intereses, nuestro desarrollo y nuestro bienestar, en primer lugar. Son propiedad de la Nación, de todos los peruanos, no de concesionarios extranjeros que solo ven y piensan en sus negocios, sin importarles el país ni la gente.

Javier Diez Canseco / La República

¿Está el Perú condenado a ser pasto de las aves de rapiña? ¿Nos habrá marcado la conquista, que no la novelada acción de aventureros liderados por un criador de cerdos sino una operación de una compañía española montada con los aportes de Pizarro, Almagro y Luque (testaferro de poderosos capitales comprometidos en el lucrativo negocio de colonizar y expoliar otros pueblos)? Luego de independencia, los criollos –con una “república soberana”– excluyeron a los pueblos originarios y mantuvieron la oprobiosa esclavitud.

Sintiendo al país como su chacra, perpetuaron la herencia colonial del patrimonialismo (usar el puesto público como instrumento para fines privados) y se convirtieron en testaferros y aliados de los poderes coloniales y sus intereses económicos y políticos. Desde entonces, hemos sido botín de extranjeros, sus “socios” internos y autoridades serviles a sus intereses. Por ello mismo, nuestra historia está marcada por negociados y entreguismos, así como por la resistencia popular y nacional, por expresiones de rebelión e indignación social, tenaces luchas por el cambio y por frustrados esfuerzos por lograrlo.

La batalla contra la Internacional Petroleum Company, consecuencia del infame laudo Brea y Pariñas, que motivó la campana de Petróleo para el Perú, fue uno de los casos de entreguismo y corrupción que convocó a la lucha por la soberanía nacional. Se convirtió en bandera de diversas fuerzas políticas como Belaunde, que la abandonó en el camino, hasta que Velasco que la recuperó, fundando Petroperú.

Hoy enfrentamos una nueva trama de corrupción y entreguismo, bajo la alianza del APRA, el fujimontesinismo y la derecha, que compromete los recursos naturales energéticos fundamentales. El gas de Camisea –entregado en vergonzosas condiciones por Toledo y Kuczynski– y lo poco que queda de Petroperú –tasajeada y malbaratada por el fujimorismo a favor del capital extranjero– vuelven a plantearnos una sórdida trama que reclama de una reacción nacional.

Acabamos de saber que han vendido Petro Tech, empresa involucrada e investigada en el escándalo de los petroaudios que maneja lotes petroleros (desde Fujimori) con ignominiosas granjerías y ha evadido el pago de tributos. La vendieron en US$ 900 millones (cuando la ofertaban en US$ 1,500) y ni siquiera han pagado los impuestos por las ganancias de capital en el Perú. Una empresa que tendría que responder por un juicio en el que se le involucra en serios delitos se vende. Lo peor: previa consulta de los compradores con Alan García. Sí, antes de comprar, la colombiana Ecopetrol, el ministro de Energía de Colombia y los coreanos se aseguraron de que podrían comprar a precio de oferta con garantía del mismísimo García que en enero había estado por suspender la entrega de lotes petroleros a Petro Tech y la acusaba de chuponeo. Negocios son negocios, ¿no? ¿Acusa de ratas a Quimper y León Alegría, pero avala transferencias de empresas metidas en notorios enjuagues?

Paralelamente, el diario Folha de Sao Paulo anuncia que Petrobras compraría 30% de Petroperú. Es decir, continúan intentando rematar las joyas de la familia peruana (aunque hayan pretendido desmentirlo) y, a la vez, el Estado tiene paralizada la modernización de la refinería de Talara para que no pueda producir combustibles comercializables en el mercado nacional y se creen las condiciones para privatizarla. ¡En lugar de fortalecer Petroperú, la debilitan y la venden por partes! Para manejar el negocio ponen al impresentable Pedro Sánchez en el Ministerio de Energía y Minas, el superman de las privatizaciones eléctricas amañadas en el gobierno de Fujimori.

Para cerrar el círculo, el gas de Camisea –concesionado por Toledo, en condiciones lesivas al interés nacional, al consorcio que lidera Hunt Oil, la empleadora de PPK– anuncia que pretende exportar nuestro gas a precios ridículos y se niega a abastecer gas a las empresas eléctricas y productivas en el país, que lo demandan. Así, no solo se paralizarían cerca de US$ 200 millones de inversiones, sino que nos encarecen la electricidad a todos los peruanos y agotan más rápidamente nuestros escasos recursos energéticos, poniéndonos en condición de dependencia en pocos años. ¿Vamos a tolerarlo, a mirar pasivamente, cómo malbaratan lo nuestro y nos someten a nuevas dependencias? ¡Vamos, hay que reaccionar! ¡Unamos fuerzas como lo han planteado el Colegio de Ingenieros y todas fuerzas progresistas del país!

Los recursos naturales y energéticos deben manejarse en función de nuestros intereses, nuestro desarrollo y nuestro bienestar, en primer lugar. Son propiedad de la Nación, de todos los peruanos, no de concesionarios extranjeros que solo ven y piensan en sus negocios, sin importarles el país ni la gente. No podemos permitir que, con la complicidad de gobiernos entreguistas, una Constitución trafa como la fujimorista y una normativa generada por funcionarios y tecnócratas serviles, se destruya el futuro del país y se pierdan nuestras oportunidades de crecimiento y progreso. ¡La banda del caballo loco debe ser frenada! ¡El país debe responder con firmeza!

La República, 09 de febrero de 2009