En el enredo colombiano, sólo las organizaciones de los de abajo parecen una alternativa a la guerra que se está librando para apropiarse de los bienes comunes de la humanidad. Que en esa guerra todos los actores desprecien a los indios y a los demás sectores populares, ya no es novedad. El silencio de muchos intelectuales es tan doloroso como significativo.Raúl Zibechi / LA JORNADA
El 11 de febrero la columna Mariscal Sucre de las FARC, que opera en el departamento de Nariño, emitió un comunicado en el que informa de la ejecución de ocho indígenas awá por colaborar con el ejército colombiano. Según los gobernadores awá los asesinados serían 17, aunque otras fuentes elevan la cifra a 25. Los indígenas, desarmados, fueron pasados a cuchillo por la guerrilla.
El ministro de Defensa del gobierno militarista de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, aprovechó la masacre para pedir a los indígenas que suministren información y aseguró que sólo las fuerzas armadas pueden garantizar la seguridad de los awá. Mintió de forma desvergonzada para ocultar que la presencia del ejército en Nariño y la extensión del Plan Colombia a ese departamento son las razones de fondo de la violencia que sufre el pueblo awá. Ello no exime a las FARC de su responsabilidad en el brutal crimen.
El departamento suroccidental de Nariño, fronterizo con Ecuador y con extensas costas en el Pacífico, se ha convertido en un corredor estratégico para el suministro de armas y el tráfico de cocaína. Allí están presentes todos los actores del conflicto colombiano, a menudo combatiendo entre sí, formando las más extrañas alianzas, pero siempre haciendo de la población civil la víctima principal de sus acciones. El Observatorio del Conflicto Armado (http://www.nuevoarcoiris.org.co/) asegura que en Nariño hay 17 mil efectivos militares, a los que se sumarán pronto otros 10 mil; las FARC cuentan con 600 combatientes y el ELN con 300 más, y los diversos grupos paramilitares tienen otros 600 armados. Las dos guerrillas se combaten entre sí y ambas tienen alianzas con grupos paramilitares opuestos, como documentan varios excelentes artículos de la periodista colombiana Constanza Vieira.
Hasta la implementación del Plan Colombia en el año 2000, en Nariño no había cultivos de coca. Las masivas fumigaciones en los vecinos departamentos de Putumayo y Caquetá forzaron la emigración de las plantaciones. Ahora en Nariño hay 20 mil hectáreas de coca. Para los awá fue un desastre. Este pueblo de 25 mil habitantes vive en caseríos dispersos en zonas montañosas y selváticas, controla 210 mil hectáreas donde funcionan 26 resguardos regidos por sus autoridades tradicionales. En 10 años han sido asesinados casi 200 awá, pero la situación se agravó desde que a comienzos de 2008 el ejército desembarcó masivamente en el departamento para disputarle a las FARC el control territorial. En sólo seis meses fueron muertos 44 awá, casi todos a manos del ejército y las FARC.
Los diversos actores minaron extensas áreas de modo que los awá están confinados en sus comunidades sin poder cazar ni sembrar. Los awá han dicho mil veces esta no es nuestra guerra y le pidieron a los militares que abandonen sus territorios. El ejército llega a las aldeas, ocupa las viviendas y exige información, y si se les niega tortura y encarcela. Cuando se retira, llegan las FARC y los acusan de colaborar con el ejército.
Pero la guerra es apenas un medio para conseguir fines, como lo demuestra un excelente análisis publicado el 12 de febrero por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), titulado ¿Para qué masacran a los awá? Asegura que todos los actores armados son un factor de terror contra ese pueblo, pero que la violencia no es un fin en sí mismo sino un medio para ayudar a que se despeje a los pueblos indígenas de pueblos y territorios donde buscan instalarse varios megaproyectos comerciales y productivos que movilizan a grandes multinacionales y grupos armados en toda la región.
En primer lugar, las grandes plantaciones de caucho y palma aceitera como parte del agronegocio de las empresas multinacionales, que se apoyan en grupos armados privados y en las fuerzas armadas, capaces de despejar territorios para los monocultivos. En segundo, la existencia de plantaciones de coca y laboratorios de cocaína, que involucran a guerrilleros y paramilitares. En tercer lugar, está comprobada la existencia de reservas de uranio, oro, plata, zinc, cobre, platino y molibdeno. La empresa minera Kedahda SA, filial de la Anglo Gold Ashanti, solicitó en julio de 2007 concesiones en 37 municipios de Nariño en los que casualmente se registra la mayor presencia de fuerza pública y grupos armados al margen de la ley, situación que ha derivado en el desconocimiento de los derechos humanos de la población civil, asegura la ACIN. Por último, el Eje Multimodal Amazonas de la IIRSA (Integración de la Infraestructura de la Región Sudamericana), proyecto de los gobiernos progresistas de la región, que une el Pacífico con el Atlántico, atraviesa de lleno el territorio awá.
La ACIN concluye que en esa región se combinan todas las violencias para acceder a las riquezas: “Mientras el trabajo sucio del terror es realizado por diversos actores armados legales e ilegales con acciones criminales de guerra entre sí y contra los pueblos, cuyo resultado estratégico, esperado e inevitable, es el despojo y la privatización del territorio, el Estado colombiano implementa políticas que proveen el blindaje legal institucional para la explotación de los territorios”. La conclusión parece inevitable: Este es el Plan Colombia en marcha, dicen los indios nasa agrupados en ACIN.
Las organizaciones indígenas han convocado una minga humanitaria en apoyo de sus hermanos masacrados, que incluye una concentración masiva en el resguardo más afectado para rescatar a nuestros muertos que las FARC aún no han entregado. En el enredo colombiano, sólo las organizaciones de los de abajo parecen una alternativa a la guerra que se está librando para apropiarse de los bienes comunes de la humanidad. Que en esa guerra todos los actores desprecien a los indios y a los demás sectores populares, ya no es novedad. El silencio de muchos intelectuales es tan doloroso como significativo.
El ministro de Defensa del gobierno militarista de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, aprovechó la masacre para pedir a los indígenas que suministren información y aseguró que sólo las fuerzas armadas pueden garantizar la seguridad de los awá. Mintió de forma desvergonzada para ocultar que la presencia del ejército en Nariño y la extensión del Plan Colombia a ese departamento son las razones de fondo de la violencia que sufre el pueblo awá. Ello no exime a las FARC de su responsabilidad en el brutal crimen.
El departamento suroccidental de Nariño, fronterizo con Ecuador y con extensas costas en el Pacífico, se ha convertido en un corredor estratégico para el suministro de armas y el tráfico de cocaína. Allí están presentes todos los actores del conflicto colombiano, a menudo combatiendo entre sí, formando las más extrañas alianzas, pero siempre haciendo de la población civil la víctima principal de sus acciones. El Observatorio del Conflicto Armado (http://www.nuevoarcoiris.org.co/) asegura que en Nariño hay 17 mil efectivos militares, a los que se sumarán pronto otros 10 mil; las FARC cuentan con 600 combatientes y el ELN con 300 más, y los diversos grupos paramilitares tienen otros 600 armados. Las dos guerrillas se combaten entre sí y ambas tienen alianzas con grupos paramilitares opuestos, como documentan varios excelentes artículos de la periodista colombiana Constanza Vieira.
Hasta la implementación del Plan Colombia en el año 2000, en Nariño no había cultivos de coca. Las masivas fumigaciones en los vecinos departamentos de Putumayo y Caquetá forzaron la emigración de las plantaciones. Ahora en Nariño hay 20 mil hectáreas de coca. Para los awá fue un desastre. Este pueblo de 25 mil habitantes vive en caseríos dispersos en zonas montañosas y selváticas, controla 210 mil hectáreas donde funcionan 26 resguardos regidos por sus autoridades tradicionales. En 10 años han sido asesinados casi 200 awá, pero la situación se agravó desde que a comienzos de 2008 el ejército desembarcó masivamente en el departamento para disputarle a las FARC el control territorial. En sólo seis meses fueron muertos 44 awá, casi todos a manos del ejército y las FARC.
Los diversos actores minaron extensas áreas de modo que los awá están confinados en sus comunidades sin poder cazar ni sembrar. Los awá han dicho mil veces esta no es nuestra guerra y le pidieron a los militares que abandonen sus territorios. El ejército llega a las aldeas, ocupa las viviendas y exige información, y si se les niega tortura y encarcela. Cuando se retira, llegan las FARC y los acusan de colaborar con el ejército.
Pero la guerra es apenas un medio para conseguir fines, como lo demuestra un excelente análisis publicado el 12 de febrero por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), titulado ¿Para qué masacran a los awá? Asegura que todos los actores armados son un factor de terror contra ese pueblo, pero que la violencia no es un fin en sí mismo sino un medio para ayudar a que se despeje a los pueblos indígenas de pueblos y territorios donde buscan instalarse varios megaproyectos comerciales y productivos que movilizan a grandes multinacionales y grupos armados en toda la región.
En primer lugar, las grandes plantaciones de caucho y palma aceitera como parte del agronegocio de las empresas multinacionales, que se apoyan en grupos armados privados y en las fuerzas armadas, capaces de despejar territorios para los monocultivos. En segundo, la existencia de plantaciones de coca y laboratorios de cocaína, que involucran a guerrilleros y paramilitares. En tercer lugar, está comprobada la existencia de reservas de uranio, oro, plata, zinc, cobre, platino y molibdeno. La empresa minera Kedahda SA, filial de la Anglo Gold Ashanti, solicitó en julio de 2007 concesiones en 37 municipios de Nariño en los que casualmente se registra la mayor presencia de fuerza pública y grupos armados al margen de la ley, situación que ha derivado en el desconocimiento de los derechos humanos de la población civil, asegura la ACIN. Por último, el Eje Multimodal Amazonas de la IIRSA (Integración de la Infraestructura de la Región Sudamericana), proyecto de los gobiernos progresistas de la región, que une el Pacífico con el Atlántico, atraviesa de lleno el territorio awá.
La ACIN concluye que en esa región se combinan todas las violencias para acceder a las riquezas: “Mientras el trabajo sucio del terror es realizado por diversos actores armados legales e ilegales con acciones criminales de guerra entre sí y contra los pueblos, cuyo resultado estratégico, esperado e inevitable, es el despojo y la privatización del territorio, el Estado colombiano implementa políticas que proveen el blindaje legal institucional para la explotación de los territorios”. La conclusión parece inevitable: Este es el Plan Colombia en marcha, dicen los indios nasa agrupados en ACIN.
Las organizaciones indígenas han convocado una minga humanitaria en apoyo de sus hermanos masacrados, que incluye una concentración masiva en el resguardo más afectado para rescatar a nuestros muertos que las FARC aún no han entregado. En el enredo colombiano, sólo las organizaciones de los de abajo parecen una alternativa a la guerra que se está librando para apropiarse de los bienes comunes de la humanidad. Que en esa guerra todos los actores desprecien a los indios y a los demás sectores populares, ya no es novedad. El silencio de muchos intelectuales es tan doloroso como significativo.
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