Los proyectos mega mineros han desembarcado en Argentina como en otros países latinoamericanos, bajo el discurso del desarrollo y progreso social. Sin embargo, las consecuencias socio-ambientales dictan lo contrario. Una entrevista con el investigador especializado Javier Rodríguez Pardo.
Argentina en sus entrañas guarda enormes depósitos de oro, plata, cobre, uranio, plomo, estaño, zinc, entre otros productos de las entrañas de la tierra poco conocidos pero valiosos y muy utilizados en diferentes industrias. Los minerales en el planeta ya escasean y los que quedan son de baja ley.
“La ley de un mineral es la concentración de éste en la roca. No hay más minerales en forma de veta. Lo que mayormente queda en el planeta son minerales diseminados, y cuanto más diseminados más baja ley tienen”. Así explicó en entrevista exclusiva con APM el periodista e investigador argentino Javier Rodríguez Pardo, fundador del “Movimiento Antinuclear del Chubut” y autor del libro “Vienen por el oro, vienen por todo. Las invasiones mineras 500 años después”.
Por otro lado, los minerales que se extraen son considerados críticos y estratégicos. La primera definición alude a que ya no abundan minerales en el mundo y varios de ellos ofrecen mayores dificultades que otros para su obtención. Mientras que los estratégicos son aquellos minerales que cumplen determinadas funciones fundamentales, como por ejemplo el uranio, que sirve para la industria bélica.
Los proyectos mega mineros han desembarcado en Argentina como en otros países latinoamericanos, bajo el discurso del desarrollo y progreso social. Sin embargo, las consecuencias socio-ambientales dictan lo contrario. Sólo se emplea el 0,09 por ciento de la fuerza laboral y 78 toneladas de residuos promedio se desechan por cada 28 gramos de oro, que valen alrededor de 950 dólares.
Rodríguez Pardo comentó al respecto: “engañan a la gente con una especie de información dando vueltas alrededor de la codicia: que se pagarán buenos salarios porque van a sacar oro, plata y algunos minerales caros. Pero cuando las mismas comunidades hacen un poco de historia se dan cuenta que por donde pasan estas mineras sólo quedan mas desolación, miseria y pobreza”.
“Los casos de Bolivia, Perú o Chile son patéticos. El 40 por ciento del cobre en el mundo es chileno y sin embargo no le resuelve el problema del hambre, las necesidades, ni de trabajo”, añadió.
Durante un tiempo –completó-, definimos a este tipo extractivo a través de dos conceptos: contaminación y saqueo. Enseguida nos dimos cuenta que nos falta la otra gran definición: destrucción territorial, la gran diáspora que genera esta minería, que manda al destierro a las comunidades afectadas.
“El impacto es de tal magnitud que la gente se retira de los sitios mega mineros en pos de otra calidad de vida, porque, por donde pasa, la mega minería hidroquímica metalífera a cielo abierto deja más hambre y desolación”, sentenció Rodríguez Pardo.
Además, la Ley de Inversiones Mineras de Argentina en su artículo 22 establece: “Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías (...) no podrán cobrar un porcentaje superior al 3 por ciento sobre el valor “boca de mina” del mineral extraído”.
Al respecto, Rodríguez Pardo señaló: “el 3 por ciento de canon boca de mina es un aporte paupérrimo. Las leyes mineras que obtuvieron las trasnacionales mineras en la década del 90 permitieron beneficios absolutos y un escaso efecto multiplicador, con irrisorios puestos de trabajo. La producción minera se nutre de insumos y máquinas que proviene de lo países industrializados”.
Por otro lado, las corporaciones trasnacionales mineras deben declarar lo que se están llevando, pero sin embargo no declaran todo. “Nos están robando, es un despojo, es un saqueo y no lo declaran porque los convenios que hay con ellas en nuestro país es un convenio de confiabilidad absoluta”, apuntó Rodríguez Pardo.
“La ley les permite recibir el mineral en el país de ellos, donde tiene destino el mineral, y recién ahí declaran la cantidad de mineral llego. O sea, es una aberración absoluta; dependemos de las mineras y de sus declaraciones", agregó.
Como consecuencia, la Minera Bajo de La Alumbrera, ubicada en la provincia de Catamarca, se encuentra imputada por tráfico documental y exportación ilegal de metales, contrabando de oro, uranio y torio, aparte de estar procesada por el delito de contaminación.
Para Rodríguez Pardo, la nacionalización de las explotaciones mineras no sería una salida adecuada a las consecuencias ocasionadas por esta actividad. “Los sistemas extractivos para atrapar los minerales de baja ley requieren de un tipo de explotación a cielo abierto y del uso de sopas químicas para la lixiviación de los que se hallan diseminados en la roca”.
“Que lo hagan las trasnacionales o el Estado nacional, el impacto es el mismo. Se requiere primero diseñar el país que queremos, cuáles son los minerales que ese país necesita, de dónde los saca; cuánto y cómo los extrae”, concluyó el periodista e investigador argentino.
La historia se repite 500 años después del saqueo sufrido por toda América Latina, saqueo que tuvo entre sus símbolo al de Potosí, en Bolivia. Se necesitan políticas públicas que le pongan fin a la depredación.
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