La contradicción entre la centralidad de las elecciones en el momento político de Guatemala y las condiciones antidemocráticas cada vez más acentuadas se refuerza, finalmente, porque votamos en el marco de un proceso democrático que, tras la estabilización del golpe en Honduras, está en riesgo involucionista.
(Fotografía: Congreso de la República de Guatemala)
Posiblemente no hemos decidido cómo votar, botar o rebotar el próximo 2011, pero con bastante seguridad votaremos entre contradicciones y paradojas. La primera contradicción: votamos para elegir quien nos gobierna, pero las decisiones se toman en forma vertical y la organización política continúa promoviendo la exclusión (por ejemplo, al no respetar las consultas comunitarias contra la explotación de bienes naturales).
Segunda contradicción, votamos pero la mayoría de “elegibles” no se visibilizan ni someten su poder al escrutinio social: corporaciones familiares dueñas de gran parte de la riqueza, especialmente vía sistema financiero; [1] transnacionales de la energía, petróleo, oro, agua, agrocombustibles; narcotraficantes con control de amplios territorios e influencia sobre la política; Ejército a partir del poder económico y el uso de la fuerza (latente o real como en el caso hondureño); Estados Unidos como “dueño” histórico de este patio trasero; Unión Europea entendida como el armazón institucional al servicio de los intereses de las multinacionales. [2]
Tercera contradicción, votamos pero no decidimos, ya que las políticas económicas están comprometidas en el medio plazo: política energética, tributaria, agraria, concesiones mineras y petroleras, incluso las deudas con empresas constructoras heredadas por los sucesivos gobiernos, que representan en la práctica la extensión de privilegios del grupo gobernante, durante varios periodos. Por otro lado, temas necesarios de debate (reforma agraria, redistribución de la riqueza, racismo, refundación del Estado) no emergen en las propuestas preelectorales.
Disputa electoral, disputa de negocios
Las elecciones, que constituyen un instrumento todavía protagónico en la vida política del país (de ahí el valor creciente de la precampaña electoral) no parten de principios ni fortalecen hoy por hoy prácticas democráticas: no construyen consenso social (aunque intentan fortalecerlo clientelarmente y vía promesas de negocios), no redistribuyen el poder y la toma de decisiones (aunque generan estabilidad transitoria a partir de la ficción de decisión), no plantean soluciones estructurales porque no discuten problemas estructurales.
Por el contrario, las elecciones privilegian intereses corporativos. Resultan funcionales para el control del gobierno-estado y, a través de este, el control de importantes negocios; directamente contratos del Estado superiores a diez mil millones de quetzales anuales; indirectamente, gobierno, partidos políticos y Congreso de los Diputados (y la institucionalidad derivada) como aliados claves en el mantenimiento de privilegios de grupos económicos: exenciones tributarias, otorgamiento de subsidios (por ejemplo, a empresarios de transporte), falta de acción legislativa para regular el sistema financiero, la venta de armas, las empresas privadas de seguridad, y para impulsar las reformas legales propuestas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que afectan intereses económicos. Complementariamente, las elecciones pueden legalizar/blanquear poderes delictivos, a partir de la influencia de la narcoactividad y la economía criminal sobre candidatos y partidos.
Las elecciones son, en este ámbito, instrumento para la disputa intraoligárquica/empresarial de parcelas de poder, aunque no son el único medio (violencia como otro medio fundamental) ni tampoco imprescindible, lo que nos regresa a escenarios de vocación autoritaria. El sistema político y el Estado resultante de este proceso no se configura en términos de consensos sociales mayoritarios, sino de dominio de intereses sectoriales.
Siguiendo a Gramsci, [3] este Estado puede caracterizarse como “ el espacio en el cual la clase capitalista [4] se constituye en tanto tal. El Estado no es mero instrumento de la clase dominante, que lo toma y usa como tal, sino el lugar donde la burguesía se unifica y constituye para materializar su dominación no solamente mediante la fuerza, sino por una complejidad de mecanismos que garantizan el consentimiento de las clases subalternas.”
Nueva contradicción: las elecciones son importantes en la medida que pervierten el sentido colectivo del voto y el propio sentido colectivo democrático a favor de prácticas individualizadas. Este valor agregado resulta hoy más trascendente que la consideración del proceso como ámbito de legitimación democrática.
Ilusión de paz, ficción de democracia
En Guatemala vivimos ilusión de paz, a partir del fortalecimiento del uso de la fuerza sobre la negociación y el consenso; de la exclusión económica sobre la justicia; del verticalismo sobre la participación. En fin, de la derrota (transitoria) del espíritu y la cultura de la paz.
Vivimos también una ficción de democracia: vallas, programas de televisión, reuniones masivas, baile de precandidatos y partidos (más de quince entre legales y en formación), millones de quetzales comprometidos…contrastan con el deterioro de la convivencia democrática:
- la cuestionada eficiencia o la incuestionable ineficacia de los últimos gobiernos, poco más que administradores o amortiguadores de las injusticias,
- el desprestigio acentuado de partidos políticos y Congreso de la República, devenidos en oficina de empleo y gerencia de obras,
- la subordinación de la institucionalidad a las corporaciones económicas (cañeros, productores de palma, empresas energéticas, sector financiero, empresas de seguridad…)
- el debilitamiento del Estado democrático y el ejercicio de la soberanía, a partir de la entrada masiva de transnacionales en el país y la implantación de una lógica jurídica y política de extraterritorialidad: como demuestra, por ejemplo, la demanda de casi 700 millones de dólares de la transnacional Iberdrola al Estado de Guatemala por el conflicto en el cálculo del valor de la tarifa fija del servicio eléctrico.
- la naturalización de la pobreza, la injusticia y la violencia.
- el desprestigio acentuado de partidos políticos y Congreso de la República, devenidos en oficina de empleo y gerencia de obras,
- la subordinación de la institucionalidad a las corporaciones económicas (cañeros, productores de palma, empresas energéticas, sector financiero, empresas de seguridad…)
- el debilitamiento del Estado democrático y el ejercicio de la soberanía, a partir de la entrada masiva de transnacionales en el país y la implantación de una lógica jurídica y política de extraterritorialidad: como demuestra, por ejemplo, la demanda de casi 700 millones de dólares de la transnacional Iberdrola al Estado de Guatemala por el conflicto en el cálculo del valor de la tarifa fija del servicio eléctrico.
- la naturalización de la pobreza, la injusticia y la violencia.
La contradicción entre la centralidad de las elecciones en el momento político de Guatemala y las condiciones antidemocráticas cada vez más acentuadas se refuerza, finalmente, porque votamos en el marco de un proceso democrático que, tras la estabilización del golpe en Honduras, está en riesgo involucionista. La democracia centroamericana, además de democracia de baja intensidad al centrarse en lo electoral y no en la universalidad de los derechos, es una democracia “en reversa”. Existe, en parte de las elites guatemaltecas, una reaceptación del autoritarismo político y por tanto aceptación de que ya no es válido el pacto constitucional de 1985 (pacto muy limitado en lo económico y social, pero con bases políticas democráticas) y los Acuerdos de Paz, que renovaron dicho pacto. Es decir, vamos a votar bajo la sospecha de una posible futura restricción de libertades [5] y con el convencimiento de que para sectores de poder la democracia es una mala forma de gobierno y la lucha por la justicia una propuesta histórica desfasada.
NOTAS
[1] "Un 2% de propietarios domina el 65% de la superficie agrícola. Diez grandes conglomerados empresariales, con más de 10,000 empleados cada uno de ellos, controlan la mayoría de la riqueza. El 62.1% del ingreso nacional se concentra en el 20% de la población de mayores ingresos, mientras el 20% de la población más pobre únicamente tiene acceso al 2.4% del mismo". Andrés Cabanas en La Cuerda, Miradas feministas de la realidad, abril de 2008.
[2] Tom Kicharz, miembro de Ecologistas en Acción y la red birregional “Enlazando alternativas” expone: “La Unión Europea demostró ser un entramado institucional antidemocrático al servicio de las multinacionales y de las elites de los estados miembros. Sirva de ejemplo la orientación economicista y contraria a los derechos sociales básicos del Tratado de Lisboa, aprobado sin consultar a la ciudadanía (…) Igualmente, defiende con todo su aparato diplomático las estrategias comerciales abusivas de las empresas europeas en países del Sur, con los mal llamados Acuerdos de Asociación, una forma de neocolonialismo y expolio, tanto de la naturaleza como de las poblaciones del Sur”. En www.rebelion.org/noticia_pdf.php?id=104881.
[3] Thwaites Rey, Mabel - Ouviña, Hernan: "Estado capitalista y transición al socialismo en el joven Gramsci" [CLASE], en el curso: “Teoría y praxis en el pensamiento de Antonio Gramsci: sus aportes para analizar la realidad latinoamericana”. (Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires, Abril 2010).
[4] Para los efectos de Guatemala, las corporaciones, los diversos grupos económicos, legales e ilegales.
[5] El sociólogo Boaventura de Sousa Santos plantea la posibilidad de que el proceso involucionista se opere a partir de las propias instituciones democráticas. “Estamos en un continente donde se está intentando liquidar las conquistas democráticas de la última década. Y se está intentando liquidar de varias formas (…) Las fuerzas fascistas están utilizando también la democracia para liquidar estas luchas”. En http://alainet.org/publica/452.phtml
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