El levantamiento amazónico en Perú, en junio del 2009, puso en cuestión el Estado-nación peruano. Muchos analistas hablan de una crisis irreversible del modelo estatal heredado de la Colonia. Es una crisis que no es coyuntural sino estructural, con lo cual estaríamos llegando a una etapa de cambio de era.
Raúl Zibechi / LA JORNADAEl movimiento indígena peruano se apresta a recordar el primer aniversario de la masacre de Bagua con movilizaciones y jornadas de lucha en todo el país. El reciente retorno de Alberto Pizango, principal dirigente de la Asociacióón Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a mil 300 comunidades, fortalece el protagonismo de los pueblos amazónicos en la vida política peruana. Pizango retornó de su exilio de un año en Nicaragua, fue detenido y llevado a la justicia, que lo dejó en libertad restringida.
El 5 de junio de 2009, luego de casi dos meses de intensa movilización en la Amazonia para conseguir la derogación de los decretos legislativos que permitían una abusiva explotación de los bienes comunes sin consulta ni consentimiento de los pueblos originarios, una feroz represión por aire y tierra se saldó con 34 muertos oficiales, 10 indígenas y 24 policías, cuando las tropas pretendieron desalojar a los miles que bloqueaban carreteras. La brutal represión en la Curva del Diablo habría provocado muchos más muertos en filas indias que los reconocidos oficialmente, según denuncia de las organizaciones amazónicas.
Luego de la represión y la persecución de sus dirigentes, los pueblos de la Amazonia consiguieron una resonante victoria al derogar el gobierno de Alan García los decretos más polémicos. Más aún, el 19 de mayo el Parlamento aprobó la Ley Marco de Consulta Previa que estipula que los emprendimientos mineros deberán pasar por una fase de consulta con los pueblos. Aunque no recoge todas sus demandas, se considera un nuevo triunfo de los pueblos amazónicos.
Los conflictos sociales en defensa del ambiente vienen escalando en Perú. La Defensoría del Pueblo estableció que en los seis primeros meses de 2009 hubo 273 conflictos sociales, siendo 47 por ciento relacionados con temas socioambientales, de los cuales 71 por ciento son conflictos relacionados con la actividad minera. Respecto del año anterior, los conflictos se duplicaron, lo que revela que las comunidades están cada vez menos dispuestas a tolerar la actividad de la minería transnacional que contamina fuentes de agua y provoca daños a la salud de la población. Desde que se instaló el régimen de Alberto Fujimori en 1990, los sucesivos gobiernos apostaron a la expansión de la explotacióón minera como eje del crecimiento económico. Alan García pretende parcelar 63 millones de hectáreas de la selva en propiedades de cinco a 20 mil hectáreas, para fomentar la inversión.
El levantamiento amazónico puso en cuestión el Estado-nación peruano. Muchos analistas hablan de una crisis irreversible del modelo estatal heredado de la Colonia. Es una crisis que no es coyuntural sino estructural, con lo cual estaríamos llegando a una etapa de cambio de era, escribió el historiador Manuel Burga poco después de la masacre de Bagua (La República, 28 de junio de 2009). En su opinión, se está llegando a una situación inédita por la cual un nuevo modelo de nación va a exigir un nuevo modelo económico.
Nuevos movimientos que provienen de la periferia, que exigen autonomía y reclaman ya no sólo respeto a los individuos, sino respeto a las colectividades. En suma, se está ante un viraje de larga duración en la historia de las luchas sociales del país, ya que hasta ahora el protagonismo siempre lo tuvieron las organizaciones campesinas quechuas de la sierra, y antes los sindicatos obreros.
Rodrigo Montoya, antropólogo muy cercano a los movimientos indios, sostiene que se trata de la segunda gran rebelión amazónica. La primera la protagonizó Juan Santos Atahualpa en 1742, en la selva central. Resistió a los ejércitos coloniales y nunca fue derrotado. La segunda es ahora. Han cuajado un liderazgo suficientemente capaz como para presentar una alternativa que no es sólo para los pueblos indígenas, sino para la sociedad peruana en su conjunto. Añade que se trata de un movimiento plural y diverso que, al igual que el chiapaneco, está ofreciéndole al mundo un horizonte, una ilusión, una perspectiva, otros valores, ideas y sueños, dijo en el debate Territorio, movimiento indígena y buen vivir.
Alberto Pizango es un emergente de esa nueva generación de dirigentes. Tiene poco más de 40 años, es profesor y trabaja como maestro bilingüe en las comunidades nativas. Forma parte del enorme contingente de maestros bilingües, buenos conocedores de las dos culturas ya que se han graduado en las ciudades. Un caso similar es el de Mario Palacios, presidente de Conacami (Confederacióón Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería), la organizacióón que agrupa a cientos de comunidades que vienen resistiendo a las multinacionales en todo el país.
En su opinión, las nuevas organizaciones postulan “una nueva forma de democracia, que es comunitaria y se expresa en el concepto del ‘mandar obedeciendo’”.
El veterano luchador por la reforma agraria y ex guerrillero Hugo Blanco sostiene que la rebeldía de los pueblos amazónicos representa la irrupción de un nuevo sujeto, los menos domesticados por la modernidad, que están llamados a cambiarle la cara al país y, muy en particular, a los sectores que resisten y se organizan en movimientos antisistémicos.
El gobierno de Alan García está acosado por varias denuncias de corrupción y se muestra cada vez más alineado con las grandes empresas. Pese a su escasa popularidad, tejió una alianza con Keiko Fujimori, la hija del dictador sentenciado y en prisión, que le garantiza las mayorías parlamentarias necesarias para gobernar a cambio de un muy favorable régimen carcelario para su padre. El frente social está agitado. Para mediados de junio se anuncian paros de 24 horas en el combativo Sur (Arequipa, Cuzco, Puno, Moquegua, Taca, Apurímac y Madre de Dios) para impedir la exportación del gas de Camisea y la construcción de la hidroeléctrica de Inambari, que inundará decenas de comunidades. La región andino-amazónica está siendo sacudida por levantamientos indígenas en defensa de los bienes comunes.
El 5 de junio de 2009, luego de casi dos meses de intensa movilización en la Amazonia para conseguir la derogación de los decretos legislativos que permitían una abusiva explotación de los bienes comunes sin consulta ni consentimiento de los pueblos originarios, una feroz represión por aire y tierra se saldó con 34 muertos oficiales, 10 indígenas y 24 policías, cuando las tropas pretendieron desalojar a los miles que bloqueaban carreteras. La brutal represión en la Curva del Diablo habría provocado muchos más muertos en filas indias que los reconocidos oficialmente, según denuncia de las organizaciones amazónicas.
Luego de la represión y la persecución de sus dirigentes, los pueblos de la Amazonia consiguieron una resonante victoria al derogar el gobierno de Alan García los decretos más polémicos. Más aún, el 19 de mayo el Parlamento aprobó la Ley Marco de Consulta Previa que estipula que los emprendimientos mineros deberán pasar por una fase de consulta con los pueblos. Aunque no recoge todas sus demandas, se considera un nuevo triunfo de los pueblos amazónicos.
Los conflictos sociales en defensa del ambiente vienen escalando en Perú. La Defensoría del Pueblo estableció que en los seis primeros meses de 2009 hubo 273 conflictos sociales, siendo 47 por ciento relacionados con temas socioambientales, de los cuales 71 por ciento son conflictos relacionados con la actividad minera. Respecto del año anterior, los conflictos se duplicaron, lo que revela que las comunidades están cada vez menos dispuestas a tolerar la actividad de la minería transnacional que contamina fuentes de agua y provoca daños a la salud de la población. Desde que se instaló el régimen de Alberto Fujimori en 1990, los sucesivos gobiernos apostaron a la expansión de la explotacióón minera como eje del crecimiento económico. Alan García pretende parcelar 63 millones de hectáreas de la selva en propiedades de cinco a 20 mil hectáreas, para fomentar la inversión.
El levantamiento amazónico puso en cuestión el Estado-nación peruano. Muchos analistas hablan de una crisis irreversible del modelo estatal heredado de la Colonia. Es una crisis que no es coyuntural sino estructural, con lo cual estaríamos llegando a una etapa de cambio de era, escribió el historiador Manuel Burga poco después de la masacre de Bagua (La República, 28 de junio de 2009). En su opinión, se está llegando a una situación inédita por la cual un nuevo modelo de nación va a exigir un nuevo modelo económico.
Nuevos movimientos que provienen de la periferia, que exigen autonomía y reclaman ya no sólo respeto a los individuos, sino respeto a las colectividades. En suma, se está ante un viraje de larga duración en la historia de las luchas sociales del país, ya que hasta ahora el protagonismo siempre lo tuvieron las organizaciones campesinas quechuas de la sierra, y antes los sindicatos obreros.
Rodrigo Montoya, antropólogo muy cercano a los movimientos indios, sostiene que se trata de la segunda gran rebelión amazónica. La primera la protagonizó Juan Santos Atahualpa en 1742, en la selva central. Resistió a los ejércitos coloniales y nunca fue derrotado. La segunda es ahora. Han cuajado un liderazgo suficientemente capaz como para presentar una alternativa que no es sólo para los pueblos indígenas, sino para la sociedad peruana en su conjunto. Añade que se trata de un movimiento plural y diverso que, al igual que el chiapaneco, está ofreciéndole al mundo un horizonte, una ilusión, una perspectiva, otros valores, ideas y sueños, dijo en el debate Territorio, movimiento indígena y buen vivir.
Alberto Pizango es un emergente de esa nueva generación de dirigentes. Tiene poco más de 40 años, es profesor y trabaja como maestro bilingüe en las comunidades nativas. Forma parte del enorme contingente de maestros bilingües, buenos conocedores de las dos culturas ya que se han graduado en las ciudades. Un caso similar es el de Mario Palacios, presidente de Conacami (Confederacióón Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería), la organizacióón que agrupa a cientos de comunidades que vienen resistiendo a las multinacionales en todo el país.
En su opinión, las nuevas organizaciones postulan “una nueva forma de democracia, que es comunitaria y se expresa en el concepto del ‘mandar obedeciendo’”.
El veterano luchador por la reforma agraria y ex guerrillero Hugo Blanco sostiene que la rebeldía de los pueblos amazónicos representa la irrupción de un nuevo sujeto, los menos domesticados por la modernidad, que están llamados a cambiarle la cara al país y, muy en particular, a los sectores que resisten y se organizan en movimientos antisistémicos.
El gobierno de Alan García está acosado por varias denuncias de corrupción y se muestra cada vez más alineado con las grandes empresas. Pese a su escasa popularidad, tejió una alianza con Keiko Fujimori, la hija del dictador sentenciado y en prisión, que le garantiza las mayorías parlamentarias necesarias para gobernar a cambio de un muy favorable régimen carcelario para su padre. El frente social está agitado. Para mediados de junio se anuncian paros de 24 horas en el combativo Sur (Arequipa, Cuzco, Puno, Moquegua, Taca, Apurímac y Madre de Dios) para impedir la exportación del gas de Camisea y la construcción de la hidroeléctrica de Inambari, que inundará decenas de comunidades. La región andino-amazónica está siendo sacudida por levantamientos indígenas en defensa de los bienes comunes.
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