El combate al narcotráfico con la fuerza de las armas genera una elevada demanda de armamento de los Estados Unidos, que abastece tanto a fuerzas institucionales de México, como a los cárteles de la droga. En este río revuelto, las ganancias alcanzaron para la conformación de grupos organizados particulares, quienes con el mismo artificio del miedo, entraron a la guerra.
Abraham Trillo / Especial para Con Nuestra América
Desde Morelia, Michoacán. México
(Fotografía: "Los Mata Zetas", grupo paramilitar mexicano)
La pasividad con que el gobierno mexicano venía manejando la lucha contra el crimen organizado en sexenios pasados, facilitó no solo el crecimiento de nuevos cárteles, sino que también infectó las ya corrompidas cúpulas del poder. Los pactos entre las esferas políticas gobernantes y los grupos narcotraficantes eran innegables, tal como lo confirmó el expresidente Vicente Fox al recomendar a la actual administración, en agosto de este año, que buscara una “tregua” con la delincuencia organizada.
La nueva estrategia, la llamada “guerra contra el narcotráfico”, germinó inmersa en la plataforma de la seguridad; con el argumento de la crisis de inseguridad en el país, el presupuesto del gasto de las Fuerzas Armadas se incrementó a cifras históricas, sumado a los apoyos recibidos por la Iniciativa Mérida: acciones que dieron como resultado un México inundado, de la noche a la mañana, de soldados, marinos y de una policía federal armada hasta los dientes.
Así, la seguridad del ciudadano, garantizada por el Estado por la vía armada, se convirtió en el estandarte de las tácticas de combate al crimen organizado. En este juego, la justicia se vio condenada al olvido. Reformas a los ordenamientos jurídicos penales en el país, garantizaron la violación a los derechos humanos en nombre de esa seguridad: cateos, detenciones a personas y bienes sin autorización judicial, representan el principio del fin del desmoronamiento del estado de derecho y lo peor, avalado por una ciudadanía temerosa de la oleada de violencia que aprueba el sacrificio de la justicia en aras de la seguridad. En México todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario.
Sin embargo, en esta guerra la brújula se averió. El combate al narcotráfico con la fuerza de las armas genera una elevada demanda de armamento de los Estados Unidos, que abastece tanto a fuerzas institucionales de México, como a los cárteles de la droga. En este río revuelto, las ganancias alcanzaron para la conformación de grupos organizados particulares, quienes con el mismo artificio del miedo, entraron a la guerra.
Los casos en que la población se coordina en los barrios con patrullas ciudadanas para detener y, en algunos casos, linchar delincuentes; o los grupos de empresarios y familias pudientes del país, organizados para contratar los servicios de grupos armados al margen de la ley, son la vox populi que corre en la sociedad mexicana. Un claro ejemplo de ello, fue el anuncio del polémico Alcalde de San Pedro Garza y García (Monterrey), Mauricio Fernández, sobre la creación de un “grupo rudo” para garantizar la seguridad, mismo que fue desarticulado por órdenes del gobierno federal. Esto demuestra el riesgo de que el Estado pueda actuar, en sus tres órdenes de gobierno, en un tenor paramilitar.
Otro caso fue el publicado por el periódico Excelsior en agosto de este año: la firma de seguridad privada estadounidense Blackwater (hoy Xe Services), que recluta excombatientes de guerra, era requerida por particulares para enfrentar al crimen organizado en el país. Excelsior divulgó la declaración de un ex integrante de Blackwater que participó en Irak y Afganistán, quien afirmó que sus servicios fueron solicitados para actuar en el Estado de Sinaloa: “Blackwater me trató de reclutar para ir a pelear a México, en la frontera, en la Ciudad de México. Luego un señor mexicano me pidió que me ocupara de la seguridad en Sinaloa…”[1].
El reciente caso del autoproclamado “brazo armado del pueblo”, organización que se dice aliada de la sociedad y que pide su confianza para erradicar el cártel de “Los Zetas”, y que se adjudicó la matanza de 35 sicarios del peligroso cártel en el Estado de Veracruz apenas en septiembre, ha levantado el debate sobre la existencia de grupos paramilitares.
El Congreso de la Unión, los legisladores de las distintas bancadas solicitaron investigar e informar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sobre la presunta existencia de dichos grupos mercenarios. En este contexto, se han hecho escuchar fuertes declaraciones, como la pronunciada por el Senador del Partido del Trabajo Ricardo Monreal: “Cada día que pasa hay nuevas evidencias de que surgen escuadrones de la muerte en el país, mercenarios contratados por poderes económicos, gobiernos municipales o estatales que actúan como grupos de limpieza"[2].
No obstante, el Gobierno Federal ha descartado la presencia de grupos paramilitares, asegurando que sólo se trata de organizaciones criminales que se disputan el territorio nacional. La vocera de la Presidencia manifestó que “los indicios que tiene el gobierno federal (apuntan a que) no existen elementos para suponer que éste u otro grupo con esa naturaleza paramilitar exista en México…. se trata de grupos criminales y por lo tanto deben ser combatidos por el Estado como cualquier grupo criminal; el fenómeno que se vive en Veracruz… es un fenómeno de rivalidad entre grupos delincuenciales y por lo tanto, como tales, deben de ser combatidos”[3].
Sin embargo, ejemplos como los mencionados, encienden focos rojos sobre la presencia del paramilitarismo en México: una sociedad degastada, violentada, temerosa e incrédula de sus instituciones; un crimen organizado que pierde adeptos de las fuerzas institucionales mexicanas, y finalmente, un Estado tentado a actuar en un tenor paramilitar, configuran el escenario perfecto en la lógica del surgimiento de estos grupos mercenarios.
Existe un alto riesgo en que el paramilitarismo política y socialmente generado por la sociedad o por el mismo Estado, se consolide como modo hegemónico de confrontación con la lucha contra el narcotráfico que azota al país.
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