La semana pasada se intensificó la permanente confrontación entre el gobierno y la oposición, en el consejo de ministros y en Washington DC.
Consuelo Ahumada / Para Con Nuestra América
Desde Colombia
Han transcurridos más de 30 años desde la vigencia de la Ley 100, que introdujo la ganancia como eje del sistema de salud. Aunque la crisis lleva décadas, hoy la situación del sector es gravísima. La intermediación privada, introducida con las EPS, es responsable de la quiebra de hospitales y clínicas en todo el país.
Estas entidades tienen el manejo de los recursos de la salud pública, provenientes de nuestros aportes al sistema. Todo está previsto para que no rindan cuentas. Invierten en excentricidades ajenas a la salud, en sus propios negocios, y deciden qué es rentable en materia de atención médica.
Demoran los pagos y son responsables de millones de muertes evitables y del deterioro de las condiciones de salud de muchísimos pacientes, a quienes se les niega una atención médica oportuna. Adicionalmente, pretenden que el Estado asuma sus enormes deudas.
Esta situación se agrava día tras día. Ninguno de los presidentes anteriores hizo algo por mejorar las condiciones del sistema. Sin embargo, la oposición se empeña en atribuirle la crisis a Petro, con el falso supuesto de que antes todo marchaba bien.
El gobierno del Cambio busca hacer una reforma estructural que le devuelva al Estado el control y manejo de los recursos públicos; una reforma que se centre en la prevención y fortalecimiento de la atención primaria. La atención materno infantil en amplias zonas del país es crítica. Pero, como señala el presidente, en la prevención no está el negocio.
Durante la reciente Conferencia mundial de la OMS sobre contaminación del aire y la salud, celebrada en Cartagena el pasado 27 de marzo, Petro recordó que la lección de la pandemia: fortalecer los sistemas preventivos, lo que claramente no les interesa a los agentes privados. Agregó que la prevención implica también invertir en agua potable, nutrición, aire limpio.
Por eso, la única posibilidad de llevar la salud pública a los sectores más pobres debe procurarla el Estado. El mercado deja por fuera a la inmensa mayoría de la población.
El enfrentamiento más reciente sobre la salud se presentó por la escasez y desabastecimiento de medicamentos. A partir del seguimiento histórico y con datos precisos, el gobierno denuncia una nueva campaña mediática, perversa y premeditada, para sembrar confusión y desesperación entre los pacientes y la opinión pública.
Por supuesto, es parte del gran negocio, pero también del intento de cercar al gobierno, de derrotarlo. Recordemos a Allende, dice Petro.
Hace poco se encontró una bodega de medicamentos de una de las principales intermediarias del país, Audifarma. Se negaban a distribuirlos, a pesar de los pagos oportunos del gobierno. Esta es responsable de acaparamiento y desatención a regiones enteras del país.
Al respecto, el gobierno de Duque suscribió un Acuerdo Marco de Precios poco antes del inicio de este gobierno. Le otorgó un billonario contrato a tres empresas, entre ellas, la mencionada, y otra del poderoso grupo Char, integrante de Cambio Radical, uno de los dos principales partidos de oposición al gobierno.
El objetivo del contrato es el monopolio en la distribución de medicamentos a varias instituciones del sector público. Como siempre, sin ningún control sobre los desproporcionados montos de la intermediación.
Por último, la consigna de la oposición “Todos contra Petro”, es cada vez más agresiva y peligrosa. La semana pasada una comisión de congresistas viajó a Washington con un doble objetivo: primero, denunciar al presidente ante la CIDH, por la “destrucción del sistema de salud” y por ataques “violentos” contra la oposición política.
Una acusación que, por supuesto, carece de fundamento, por cuanto este gobierno, como ningún otro, ha garantizado plenamente los derechos de la oposición.
El segundo motivo del viaje es bastante más preocupante e indignante. Se reunieron con un grupo de congresistas republicanos, entre ellos el colombiano Berny Moreno.
Discutieron sobre la disputa arancelaria y migratoria que surgió entre los dos presidentes, que “provocó el debilitamiento en las relaciones comerciales y amistosas entre los dos países”. Unas relaciones de 200 años, que “intentamos fortalecer y reparar”, señalaron. Para hacerlo, invitaron a Marco Rubio a Colombia.
Pero fueron más lejos todavía. Expresaron su preocupación por la cercanía de Petro con Maduro y el incumplimiento en la erradicación de cultivos ilícitos. Todo esto en vísperas de la posible descertificación del país por el amo del Norte.
Y concluyeron con un pedido: “No pueden dejar a Colombia a merced de un gobierno cuya paz total fracasó”. Más claro imposible.
La alegría y desparpajo de la representante Katherine Miranda cuando desfilaba por la pasarela de Washington lo dice todo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario