En Guatemala abogados, jueces, fiscales, periodistas y activistas sociales sufren de persecución y, algunos, deben salir al exilio para evitar el encarcelamiento arbitrario que los confina en condiciones que merman su salud física y síquica, sometiéndolos a torturas que, cuando son narradas por quienes las han sufrido, son difíciles de concebir.
Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica
En Guatemala abogados, jueces, fiscales, periodistas y activistas sociales sufren de persecución y, algunos, deben salir al exilio para evitar el encarcelamiento arbitrario que los confina en condiciones que merman su salud física y síquica, sometiéndolos a torturas que, cuando son narradas por quienes las han sufrido, son difíciles de concebir.
Quienes utilizan la persecución que termina en el exilio o en el encarcelamiento arbitrario continúan con las políticas represivas heredadas de la guerra interna que duró 36 años, solo que por otras vías. Son los herederos de quienes secuestraron, asesinaron y masacraron a la población guatemalteca llegando hasta el genocidio, y que ahora utilizan un aparato judicial corrompido que se presta para ser su instrumento.
Intentando desmantelar su proyecto político represivo se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo objetivo principal fue investigar, perseguir y ayudar a desarticular esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que prevalecen en el país y que hoy se agrupan en eso que se conoce como el Pacto de Corruptos. Como se sabe, la CICIG cesó sus operaciones de manera definitiva el 3 de septiembre de 2019, tras la decisión del entonces presidente Jimmy Morales de no renovar su mandato, y con esto se dejó las manos libres para que, sintiéndose seguros, dieran rienda suelta a la persecución contra todos aquellos que actuaran en contra de sus designios.
Sus operadores no solo cuentan con cómplices en el aparato judicial, sino que además son expertos en todo tipo de triquiñuelas que permiten apresar y mantener en prisión a sus enemigos jurados. Pretenden de esta manera detener las investigaciones judiciales y las condenas de los graves crímenes que se perpetraron durante los 36 años de guerra, y echar para atrás las resoluciones condenatorias ya alcanzadas.
La actitud con la que hacen todo esto es vengativa. Quieren revancha de quienes creen que les han hecho daño llamándolos a rendir cuentas. En su narrativa, dicen ser los vencedores de la guerra interna a la que se vio abocada Guatemala, y que los perdedores tratan ahora de revertir esa situación a través de los tribunales.
Pero sus razones no son solo políticas, son también económicas: se aprovechan de sus vínculos con el aparato estatal y el crimen organizado para amasar grandes capitales y quieren actuar con impunidad, que no los molesten.
Quienes son perseguidos por estas huestes de verdaderos forajidos deben salir clandestinamente, a escondidas, porque temen por sus vidas y por la posibilidad de ser apresados.
La llegada al gobierno de Bernardo Arévalo fue recibido con alegría porque se pensó que asumiría con energía la responsabilidad de cambiar este estado de cosas, pero no ha sido esta la situación. En la presentación del informe “La Verdad del Exilio. Ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala (2014–2025)”, presentado en el Palacio Nacional recientemente y auspiciado por Casa Centroamérica, radicada en México, se documenta la salida forzada de al menos 104 personas debido a la instrumentalización del sistema penal como herramienta de persecución política.
En el acto de presentación el presidente Arévalo se calificó a sí mismo como lo que es, un hijo del exilio, pues su propio padre debió salir del país luego de la invasión de 1954 y el nació en Montevideo, Uruguay.
Hay, por lo tanto, un compromiso del presidente que toca incluso un filón emotivo importante, pero por eso mismo debemos ver resultados tangibles ya. Empezando por ofrecer posibilidades de alivio de las condiciones precarias de subsistencia que tienen muchos exiliados. En ese sentido, por ejemplo, el gobierno guatemalteco los ha dejado a la deriva. Así mismo, el gobierno y el Ministerio Público debe apresurarse a dar por finiquitados los casos espurios por los cuales son perseguidos. Sin dilación, sin excusas, sin ritmo burocrático.
Claro que a un gobierno nacional se le pide que realice obra, infraestructura, carreteras, escuelas, que mejore la salud pública, etcétera, etcétera, para eso se le elige, pero a este gobierno en específico se le eligió con un mandato principal claro, contundente y directo: terminar con este estado de cosas. No tenemos dudas que según la forma como resuelva este problema será juzgado en el futuro, aunque ya lo está siendo ahora. Y ya le queda poco tiempo.
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