El lenguaje inclusivo, en este momento, se define como un posicionamiento político que busca concientizar a la población y visibilizar las desigualdades de género. Es una intención loable, pero tal vez, insuficiente y se requiera un cambio profundo en las estructuras políticas, socioeconómicas y culturales de las comunidades.
Nuria Rodríguez Vargas / Especial para Con Nuestra América
“Cuantas veces no hemos probado nosotros mismos una sopa que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cereza que sabe a beso, son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempo no cabe en su pellejo”. Palabras de Gabriel García Márquez en el I Congreso Internacional de la Lengua Española, Zacatecas 1997. Propuso el colombiano jubilar la ortografía, algunas ideas fueron eliminar la hache, delimitar los usos de la ge y la jota, fundir la be y la uve, revisar la marca de algunos acentos, aceptar conjugaciones verbales normalizadas por los hablantes en el uso diario, pero que son consideradas no gramaticales. Esto como una forma de preparación de la lengua española para entrar al siglo XXI “es un derecho histórico, no por su prepotencia económica como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su fuerza de expansión”. Si se piensa un poco, la propuesta estaba basada en el profundo conocimiento de la cultura, en las necesidades de los hablantes, en las hablas del pueblo, en su humanidad. Pero tuvo más rechazo que apoyo en el mundo académico.
