En Argentina se ha abierto un período de incertidumbre política y de inestabilidad creciente, caracterizado por la disputa por la renta agraria entre dos sectores capitalistas.
Guillermo Almeyra / LA JORNADA
(Fotografía: dos rostros del conflicto: el vicepresidente Julio Cobos y la presidenta Cristina Fernández)
Es difícil describir a los no argentinos el complejo escenario político social de Argentina. Probemos, seguros de que el resultado será pobre y decepcionante. En primer lugar, se enfrentan dos grandes bloques: el de la vieja oligarquía terrateniente unida al capital financiero internacional, y reciclada con éste como exportadora y con las trasnacionales en la industria, y el gobierno, que intenta favorecer al empresariado industrial con el apoyo del Estado.
El primero cuenta aún con el monopolio de los medios de información, ya que la nueva ley respecto a éstos no está siendo aplicada y, con el apoyo de una parte importante del aparato judicial heredado de la dictadura, está tratando de ser anulada. Además, moviliza las simpatías de la mayoría de las clases medias urbanas y rurales y de las fuerzas armadas, y se apoya en la casi totalidad de la Iglesia católica, e incluso en sectores de los trabajadores, convencidos por la campaña de los medios de que el gobierno es causante de la corrupción y de la inseguridad y llevará el país al desastre. El bloque dirigido por el gobierno tiene en cambio el apoyo inseguro y dubitativo de los empresarios a los que favorece y del aparato corporativo de la burocracia sindical charra, corrupta y antidemocrática que dirige la Confederación General del Trabajo (CGT), se apoya en un núcleo de intelectuales totalmente acríticos y en el del diario (de muy escasa circulación) Página 12 y otro gratuito: El Argentino.
En la oposición militan desde la derecha semifascista peronista (el colombiano-argentino Francisco de Narváez, vinculado al narcotráfico internacional, algunos gobernadores, como el de San Luis, el ex presidente Rodríguez Saa), pasando por el menemismo y por el partido del alcalde de la ciudad de Buenos Aires, el semifascista Mauricio Macri; por la Unión Cívica Radical (que es liberal de centroderecha), por el partido de extrema derecha conservadora de la ex radical Lilita Carrió. A este grupo se alían las organizaciones de los terratenientes y capitalistas agrarios y, para golpear al gobierno, los maoístas de la llamada Corriente Clasista y Combativa y su PCR, y los autoproclamados trotskistas del Movimiento Socialista de los Trabajadores, partidarios del cuanto peor mejor. A veces, incluso, un ala de la Confederación de Trabajadores Argentinos (otra es progubernamental), central obrera que el gobierno –para no pelearse con la CGT– se empeña en no reconocer a pesar de las exhortaciones de la OIT y de lo que dice la ley. Los diversos grupos de extrema izquierda (peronistas y ciertos trotskistas), así como un centro izquierda encabezado por el Proyecto Sur del cineasta Pino Solanas coinciden en los problemas fundamentales con la derecha opositora, pero por razones propias.
La tragicomedia de la defenestración del presidente del Banco Central reclutado por Néstor Kirchner en las filas de los neoliberales, acérrimos partidarios del Consenso de Washington y ahora remplazado por la ex presidente del Banco de la Nación, expuso tres posiciones principales: la del gobierno –garantizar el pago de la deuda con los pequeños acreedores internacionales para obtener condiciones más favorables para contraer nueva deuda internacional–, la de la derecha –pagar la deuda externa, pero a costa de la reducción de los planes sociales y los gastos públicos– y la del centroizquierda y extrema izquierda, que se niega a pagar nada, sin diferenciar entre la deuda ya declarada ilegítima, contraída por la dictadura y por la derecha, y la legítima, contraída en cambio en los últimos 20 años, que debe ser sometida a una auditoría para ver qué parte de ella es fraudulenta.
El gobierno perdió el control de ambas cámaras, pero es en ellas la primera mayoría. La derecha está desunida, fragmentada y no siempre cuenta con el apoyo de centroizquierda (socialistas y Proyecto Sur, fundamentalmente, más pequeños partidos). Por eso se encamina por la vía de un golpe institucional a la hondureña, o como el que prepara la derecha en Paraguay. El diario La Nación (que es su estratega y partido real) propone una estrategia de hostigamiento judicial y parlamentario derribando figuras claves del gabinete hasta lograr un juicio político contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusándola de enriquecimiento ilícito y de violar la Constitución. El ex presidente Eduardo Duhalde, peronista, a quien se vincula con el narcotráfico y a lo más corrupto del aparato peronista, pide por su parte amnistía a los militares genocidas que hicieron desaparecer 30 mil personas y el fin de los juicios a los militares para no humillar a las Fuerzas Armadas (en realidad, para movilizarlas contra el gobierno, como en el pasado). Con esta preparación de las condiciones para un golpe, se marcha hacia las elecciones del año próximo. El gobierno no quiere ni puede movilizar a los trabajadores, que en este conflicto intercapitalista no tienen voz ni voto; tampoco es capaz de explicar nada con transparencia (porque tiene cola de paja) ni ofrecer ningún proyecto nacional. La derecha, por su parte, ni siquiera tiene un liderazgo único. Estados Unidos trabaja como siempre y apoya activamente a la derecha política y social. Se ha abierto así un periodo de incertidumbre política y de inestabilidad creciente caracterizado por la disputa por la renta agraria entre dos sectores capitalistas. Falta cruelmente la voz del tercero en disputa.
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