A primera vista podría decirse que triunfó el uribismo, pero esto no es cierto. La tendencia que triunfó arrolladoramente fue la abstención, que en esta oportunidad supera con creces al 50%.
El último proceso electoral en Colombia ratifica el imparable proceso de desintegración institucional que se vive allí. Esta vez hubo una clara continuidad de la tendencia que se consolidó con el uribismo, en la que la delincuencia y la ilegalidad marcan los procesos electorales en Colombia.
A primera vista podría decirse que triunfó el uribismo, pero esto no es cierto. La tendencia que triunfó arrolladoramente fue la abstención, que en esta oportunidad supera con creces al 50%. De un total de 29.853.299 habilitados para votar sólo lo hicieron 13.203.762, lo que indica una abstención del 55.67%.
Sin embargo, hay que considerar que el triunfo del abstencionismo en Colombia no es una buena noticia ya que muestra que, al menos con Uribe aún en el poder, alrededor de unos seis millones y medio de electores están dispuestos a actuar al unísono en el momento de las elecciones y apoyar una coalición que utiliza cualquier mecanismo legal o ilegal para controlar el Gobierno y el Estado. También muestra cómo en Colombia un porcentaje muy significativo de la población oscila entre la indiferencia y la absoluta marginalidad y unos, quizá muy pocos, rechacen de manera concienzuda el sistema electoral.
Del total de electores, el uribismo recibió un apoyo aproximado del 50%, es decir, alrededor de unos 6 millones y medio de votantes. Esto significa que el uribismo cuenta, en realidad, con un apoyo cercano a un veinte por ciento de los electores en Colombia. Hay que tener en cuenta este dato para contrastarlo con la maquinaria mediática del uribismo encargada de crear la imagen de que Álvaro Uribe tiene en Colombia un nivel de apoyo cercano al 80%. De otro lado, el ambiente que rodeó las elecciones me recordó el triste escenario electoral que describían mis abuelas cuando se referían al periodo en que lideraban los procesos electorales colombianos personajes fascistas y ultramontanos como el tristemente célebre conservador Laureano Gómez.
Estas elecciones estuvieron empañadas de principio a fin: 420 municipios que conforman la tercera parte del país fueron declarados en alerta ante las presiones de actores armados y por la corrupción. En los dos últimos meses, las bandas paramilitares denominadas eufemísticamente como emergentes, desarrollaron toda una campaña nacional de desplazamiento de campesinos en municipios de tradición liberal o de izquierdas. Jorge Rojas, presidente de la Consejería para el desplazamiento y los derechos humanos, denunció cómo miembros de los rastrojos llegaban armados a los municipios para ordenar a la gente por quiénes deberían votar, mientras en Magangué, una población ubicada en la costa Atlántica, se pagaba en las mismas mesas de votación a los votos a favor de la coalición.
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