El juicio y condena del expresidente Uribe representa un triunfo jurídico y político enorme para las fuerzas democráticas y progresistas de Colombia y la región.
Consuelo Ahumada / Para Con Nuestra América
Desde Colombia
La firmeza y contundencia de dos mujeres valientes e integras, la jueza Sandra Heredia y la fiscal Marlen Orjuela, merecen todo el reconocimiento. En un país en donde centenares de funcionarios y funcionarias judiciales han perdido la vida, ninguna de las dos se dejó amedrentar ni se arrodilló ante el poder.
Durante el juicio soportaron permanentes presiones y amenazas abiertas y veladas, que se multiplicaron una vez se produjo la condena. Además, como señaló la jueza en la sentencia, el juicio se movió en un medio profundamente patriarcal, como lo es el sistema judicial.
Por supuesto, debe hacerse también el merecido reconocimiento a la persistencia y valor del senador Cepeda, principal víctima del caso.
Veamos el contexto preciso. El juicio como tal se extendió por casi seis meses, aunque el proceso mismo arrancó en 2012. El entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, denunció los vínculos del expresidente con el paramilitarismo. A su turno, Uribe lo acusó de visitar cárceles para comprar testigos que declararan en su contra.
En 2018, después de una juiciosa investigación, la Corte Suprema de Justicia exoneró a Cepeda e inició el caso contra Uribe. Entonces el proceso judicial cambió de rumbo. Se le acusó a este de intento de soborno a presidiarios, la mayoría paramilitares, para que declararan en contra de Cepeda.
Empezó así un largo período de dilaciones, maniobras, desapariciones, asesinatos de testigos. “Es un buen muerto”, señaló el expresidente sobre el crimen de Carlos Areiza, un testigo que declaró en contra de uno de los políticos más cercanos a él. Esa ha sido la tónica en su tenebroso entorno.
Durante el gobierno Duque, el fiscal Barbosa intentó sin éxito en dos ocasiones exonerar a Uribe. Pero en 2020 vendría su arresto domiciliario y posterior liberación.
Finalmente, en 2025 arrancó el juicio. Se desarrollaron 67 audiencias, transmitidas por redes y medios.
Repasemos ahora la trayectoria del condenado y líder de la ultraderecha colombiana, para entender la magnitud de la hazaña lograda el pasado lunes. Su origen social hay que buscarlo en la gran hacienda ganadera de Antioquia y el noroccidente del país. Sus vínculos de largo plazo con el narcotráfico y con el paramilitarismo están bien documentados.
A comienzos de este siglo empezó su carrera política nacional, aprovechándose de la crisis del proceso de paz del gobierno de Pastrana y del rechazo de amplios sectores de la población a la persistencia e intensificación del conflicto armado.
En 2002 ganó con contundencia la presidencia de la República y después modificó la Constitución para hacerse reelegir.
Empezó entonces la larga noche de terror. Puso el Estado y sus instituciones al servicio del paramilitarismo y de los señores de la guerra y la droga. Dio paso al período de mayores atropellos de la historia del país por cuenta de su “Política de seguridad democrática”: persecuciones, despojos, desplazamientos forzados, masacres.
Se convirtió en aliado incondicional de EEUU en su guerra contra el terrorismo y en principal enemigo de los gobiernos de izquierda, liderados por Chávez, Lula, los Kirchner, Correa, Evo.
Por supuesto, también le metió a fondo el acelerador a la agenda neoliberal. Las reformas sociales de Petro van en contravía de las imposiciones del expresidente en su gobierno.
A pesar de su prontuario criminal, Uribe había logrado hasta ahora evadir la justicia. Basta recordar el proceso de las “chuzadas” o interceptaciones, que ordenó al desaparecido DAS, en contra de figuras como Piedad Córdoba, Gustavo Petro, el exmagistrado y exministro Iván Velásquez y el mismo Iván Cepeda.
Asimismo, de este período datan el icónico número de 6402 falsos positivos documentados por la JEP. O los crímenes y desapariciones de la Escombrera, con los que inauguró su gobierno.
Por eso, esta sentencia representa un gran avance en la reivindicación de millones de víctimas en Colombia. Las madres de Soacha, las cuchas de la Escombrera, el movimiento sindical y las organizaciones sociales, entre muchos otros.
Un asunto no menos importante es la intervención abierta de Washington frente al fallo contra Uribe. Como en el caso reciente en Brasil frente al juicio de Bolsonaro, las amenazas al gobierno se han intensificado.
“El único delito del expresidente Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria”, expresó Marco Rubio.
Igualmente, las figuras más connotadas de la ultraderecha han llamado a Trump a intervenir y sancionar al país, vía incremento de aranceles, descertificación en la lucha contra el narcotráfico, reducción de fondos para el país.
Abelardo De la Espriella, candidato a la presidencia expresó en tono amenazante después del veredicto: “Sepan ustedes, señores de la izquierda, en mí tendrán a un enemigo acérrimo que hará todo lo posible para destriparlos y enfrentarles, determinada y decididamente. A esa plaga hay que erradicarla”.
Pero Petro, a quien la oposición acusa de atentar contra la institucionalidad, le pidió a las Cortes y al Congreso que le dijeran a Washington que Colombia es un país independiente y soberano. “¿O es que nos volvimos de nuevo una colonia?”, cuestionó.
Finalmente, aunque la condena se produjo por delitos secundarios: soborno y fraude procesal, el juicio dejó en evidencia el grueso prontuario criminal del expresidente.
Álvaro Uribe Vélez, el innombrable, el mesías, el patriarca, el “mejor colombiano”, fue vencido en juicio y sufrió una gravísima derrota política. Eso no tiene precio.
La autora es Profesora Universidad Externado de Colombia. cahumadabg@gmail.com
1 comentario:
Gracias por dejarnos leer y comprender estos sucesos de trascendía para nuestro país !
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