El intento por imponer ahora el modelo Medellín en México tiene un punto débil: la ausencia de un grupo insurgente que permita fabricar mediáticamente la existencia de una narcoguerrilla.
Carlos Fazio / LA JORNADA
El México de Felipe Calderón se mira en el espejo colombiano. Si Colombia es el modelo de un Estado autoritario de tipo contrainsurgente, Medellín es el modelo paramilitar, que con base en la seguridad ciudadana se intenta imponer en Ciudad Juárez, Chihuahua, como laboratorio de una guerra urbana a expandir en plazas como Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico o Morelia. Ambos modelos se nutren de la excepcionalidad y la violencia reguladora.
Para funcionar tienen que recurrir a medidas de excepción, y dado que lo que está en disputa es la hegemonía y el dominio territorial de amplias zonas del país bajo control de mafias criminales, el régimen de Calderón utiliza en la fase actual los aparatos coercitivos del Estado para tratar de imponer nuevas reglas de juego. Un nuevo orden.
En México, la transición al siglo XXI se dio mediante un cambio de partidos y figuras en la administración gerencial del Estado. Fue una transición pactada. En los años 90 del siglo pasado, la configuración de un Estado de tipo delincuencial y mafioso hacía necesario un recambio formal. La guerra intestina entre las mafias del Partido Revolucionario Institucional, que provocó tres crímenes de Estado (los del cardenal Posadas, Colosio y Ruiz Massieu), fue la evidencia de que no se gestaba un proceso pacífico de tránsito o movilidad de elites. Ya entonces, los cárteles de la economía criminal, con su expresión más visible, el tráfico de narcóticos ilegales, habían penetrado al Estado y sus aparatos institucionales en todos los niveles de gobierno, pero también a las empresas, la banca y los partidos políticos. Lejos de ser una anomalía, o algo externo o extraño al sistema, el uso de la violencia reguladora por los nuevos actores armados de la ilegalidad expresó la dinámica propia de un régimen político que necesitaba recrearse para seguir funcionando.
Como dice Edgardo Buscaglia, el monstruo de lo que se ha dado en llamar crimen organizado es un producto consensuado de las elites empresariales y políticas mexicanas. Un monstruo que ha generado enormes flujos de recursos financieros y patrimoniales de origen ilícito, que fueron lavados en la economía legal. El auge de la criminalidad floreció de la mano de empresarios de la violencia (que son quienes deciden los aspectos logísticos y operativos clave del negocio), con recursos financieros para pagar un segundo nivel de empresarios aún no capitalizados, que a su vez controlan agrupaciones irregulares (sicarios, bandas, escuadrones de la muerte para la limpieza social, comandos altamente especializados para tareas de narcoterrorismo, etcétera) integradas por empleados potencialmente desechables, encargados de las tareas operativas más riesgosas.
Ante la retirada paulatina, casual o intencional del Estado, diversos grupos en competencia armada y con intereses, motivaciones y estrategias diversos, desafiaron las pretensiones de exclusividad y universalidad estatal, y al romper fácticamente el monopolio de la violencia, acumularon poder y ganancias en muchas regiones del país. El Estado, debilitado, pasó a ser un jugador más, a medida que se consolidaba un conjunto de intermediarios armados (cárteles, bandas, mercenarios, empresas de seguridad) con una alta capacidad de control social en espacios territoriales delimitados, en colusión con los medios políticos, institucionales y económicos locales.
Así, mediante alianzas circunstanciales y la formación de redes delincuenciales mafiosas, siempre con un pie en las estructuras políticas y coercitivas del Estado, los señores de la guerra desplegaron estrategias de dominio territorial y coparon los mercados de la seguridad (que se privatizaron), para proteger las actividades relacionadas con la economía ilegal, invertir en actividades legales e insertarse en la vida cotidiana de las comunidades como agentes de regulación y contención política, mediante un modelo de negociación permanente del desorden y el caos.
Lo novedoso, en México, como ocurrió antes en Colombia, es el giro mercenario y la urbanización de los conflictos, en el contexto de una guerra gubernamental por el control del territorio y el afianzamiento del ejercicio de la autoridad, ante el desorden caótico y el desbordamiento de la violencia criminal que sobrevino tras la ruptura de la pirámide política de comando y control que garantizaban, en el antiguo régimen, el presidencialismo autoritario y el partido hegemónico.
Si en Colombia la llamada narcoparapolítica de la era Uribe significó grandes cambios y transformaciones estructurales en el mapa político de las regiones y la dinámica de los conflictos armados, con la aparición de grupos emergentes y el traslado y movilidad de las elites hacia escenarios más favorables para sus intereses, merced a la nefasta alianza legalidad-ilegalidad, en México la transición no ha sedimentado aún, aparte de que ambos procesos tienen características propias.
El intento por imponer ahora el modelo Medellín en México tiene un punto débil: la ausencia de un grupo insurgente que permita fabricar mediáticamente la existencia de una narcoguerrilla. No obstante, el Operativo Conjunto Chihuahua recogió los elementos básicos aplicados en Medellín. Esto es: mando operacional del Ejército; militarización de Ciudad Juárez; guerra urbana contrainsurgente; fase de paramilitarización (escuadrones de la muerte para la limpieza social); mercenarización del conflicto con financiamiento de cúpulas empresariales. En todo caso, mientras queda exhibida la violencia selectiva de un Estado que alienta la “guerra entre cárteles rivales”, se desmorona la falacia que justifica el fenómeno paramilitar como una respuesta a la violencia guerrillera. La insurgencia nace de la violencia oficial pro-oligárquica, vía el Ejército, las policías, los paramilitares y el terrorismo mediático.
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