Para nosotros, para los latinoamericanos y
caribeños, para los venezolanos, Puerto Rico es parte inalienable de nuestra
región. En esa medida, debatir y dar a conocer su situación se transforma en
deber ineludible del quehacer político, científico y académico de lo mejor de
nuestra gente.
Sergio Rodríguez Gelfenstein / Especial para Con Nuestra
América
Desde Caracas,
Venezuela
Hace casi 12 años se
publicó en México la primera edición de mi libro Puerto Rico, un caso de
colonialismo en un mundo global en la que hacía un análisis del status
político de ese país hermano en la búsqueda de un camino que permita destrabar
tal situación. A pesar que el mundo y la región han sufrido ostensibles y
trascendentales transformaciones, las cuales signan una realidad profundamente distinta a la de los
prolegómenos del siglo XXI cuando esa investigación se dio a conocer a la luz
pública, ha pasado más de una década sin ningún tipo de modificaciones y Puerto
Rico sigue manteniendo un status de “Estado Libre Asociado” que es ilegal en el
marco del Derecho Internacional.
Aunque el entorno ha
cambiado en términos políticos, Puerto Rico sigue detenido en el tiempo. El año
2014 que está concluyendo, ha significado la profundización de una crisis
económica que algunos se atreven a darle carácter estructural. Se fundamenta en
el orden económico, político y social del país, toda vez que el mismo no posee
un modelo económico propio, además que no tiene posibilidades de buscar
soluciones a partir de decisiones soberanas y, ni siquiera puede establecer una
política monetaria propia.
Se
afirma que la crisis tiene su origen en las dificultades del sistema económico
global, pero ello esconde el escandaloso colapso que produjo el cese de
vigencia de la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, que le daba
atractivos a la inversión en la isla, lo que lo convertía en el principal motor
económico del país. Ante esto, el gobierno no tuvo capacidad para reaccionar a
tiempo, buscar alternativas y sustituir la 936 por otro instrumento que diera
viabilidad a la economía. El año 2014 comenzó con una deuda pública que
sobrepasaba los 70 mil millones de dólares, triplicándose desde el año 2000
cuando alcanzaba los 20,400 millones de dólares. Eso, para un país de menos de
4 millones de habitantes es una cifra muy elevada. Tal hecho hizo que desde
2010 la población haya ido mermando, dada la gran cantidad de ciudadanos que ha
emigrado (prioritariamente a Estados Unidos) en busca de mejores condiciones de
vida.
La
situación creada provocó la bajada de la nota de la deuda por tres
calificadoras de riesgo. Ello no ha conllevado cambios con la alternancia en el
poder de los partidos Nacional Progresista (PNP), anexionista y Popular
Democrático (PPD), autonomista. Cada uno de ellos denunció a su antecesor por
el déficit presupuestario que ha heredado, sin tomar medidas reales para su
eliminación, o al menos para su reducción, lo cual impidió que el país pudiera
recurrir al mercado de bonos. Desde el punto de vista social, este escenario
significó el despido masivo de empleados públicos, combinados con estímulos
para la jubilación y la renuncia de los funcionarios, lo que llevó al aparato gubernamental
a una reducción de una cifra cercana a las 30 mil personas.
Sin
embargo, a pesar que en términos de definición del status, no se han producido
relevantes reformas, la movilización y
lucha del pueblo boricua, ha logrado avanzar en los últimos años logrando el
éxito a su favor en importantes demandas
ancestrales. Así, el contrato de arrendamiento de la isla de Vieques
por parte de la Fuerzas Armadas de
Estados Unidos no se renovó y el 1° de mayo de 2003 el presidente George W. Bush decidió la salida de la Marina de
Guerra de la pequeña isla. Desde 1940 Estados Unidos ocupó las tres cuartas
partes de la isla para instalar cuarteles de comandos del Ejército, la Marina y
las Fuerzas de Operaciones Especiales a fin de utilizarlas para el diseño de acciones bélicas en América Latina y el
Caribe. Los daños a la población civil de la isla fueron denunciados durante
décadas y en 1993 se constituyó el “Comité Por
el Rescate y Desarrollo de Vieques”, movimiento de resistencia que se encargó
de denunciar los resultados de la ocupación.
Así mismo,
como consecuencia de la salida de la Armada de Estados Unidos de Vieques, en
enero de 2004, el alto mando estadounidense decidió reubicar las Fuerzas Navales del Comando Sur,
en la Estación
Naval de Mayport, Florida retirándola de la Estación
Naval Roosevelt Roads en Puerto Rico, lo cual condujo al cierre de esta base el 31 de marzo de 2004.
En otro plano,
la situación de los presos políticos puertorriqueños en Estados Unidos ha ido
cobrando repulsa en la opinión pública de la isla y en la propia metrópoli. En
particular, el caso de Oscar López Rivera ha conmocionado
a los puertorriqueños. López Rivera fue detenido el 29 de mayo de 1981 y
condenado a 55 años de prisión por conspiración sediciosa. En 1988, como resultado
de una acusación de conspiración y fuga de la prisión, fabricada por el
gobierno estadounidense, le añadieron 15 años más a su sentencia, los cuales
deberá cumplir después de que termine los 55 años de la sentencia previa. A
pesar que en 1999, el Presidente Bill Clinton conmutó las penas de 12 mujeres y
hombres puertorriqueños detenidos por causas políticas, Oscar López Rivera no
fue incluido entre los liberados. Con casi 34 años detenido, López Rivera es el
preso político más antiguo del continente. La demanda por su libertad ha ganado
el consenso de los puertorriqueños.
El 6 de noviembre de 2012 se
realizó el más reciente plebiscito para que los puertorriqueños opinaran sobre
el status político de su país. El mismo estuvo organizado a través de dos
preguntas, la primera de las cuales pedía opinar acerca de la mantención o no
del status actual. Sólo el 46% de los participantes que acudieron a votar y que
representaron el 77,71% del padrón electoral apoyó conservar inalterable el
sistema político actual. La segunda pregunta en la que podían participar todos
los electores independientemente de su respuesta a la primera, consultaba
acerca de cuál sería la opción alternativa al actual Estado Libre Asociado. Por
primera vez en la historia, la anexión con un 61% obtuvo más votos que el
status existente. Lo novedoso es que la Libre Asociación que propongo en mi
libro como la vía más realizable en el camino a la Independencia obtuvo 33%,
mucho más que la Independencia que sólo logró el 6%.
Vale decir que este plebiscito
no era vinculante al no contar con compromiso alguno de las autoridades del
Ejecutivo o del Legislativo de la metrópoli. Un año antes, el 14 de junio de
2011, durante su visita oficial a Puerto Rico, el presidente estadounidense Barack
Obama había afirmado que apoyaría la voluntad de los
puertorriqueños si había una clara mayoría. A pesar de ello, el 11 de diciembre
de 2012 la legislatura de Puerto Rico
aprobó una resolución para “requerirles
al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos que actúen de conformidad con
el reclamo del pueblo de Puerto Rico para que se termine de una vez y por todas
con el estatus territorial actual de Puerto Rico y que se inicie el proceso
para admitir a Puerto Rico como Estado de la Unión, según expresado libre y
democráticamente en el plebiscito que se celebró el 6 de noviembre de 2012; y
para otros fines relacionados”.
El primer interesado en
desactivar los resultados del plebiscito es el propio Estados Unidos que no
desea incorporar un territorio culturalmente distinto y con una fuerte
identidad a la federación norteamericana . El modelo imperial diseñado para la
nación boricua es el del Estado Libre Asociado y a él se aferran.
Empero estos resultados
y las reticencias de Estados Unidos para dar una respuesta sobre el tema,
América Latina y el Caribe ha decidido tomar cartas en el asunto. Previo a la
realización de la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y
el Caribe (CELAC) que se realizó en La Habana en diciembre de 2013, el gobierno de Venezuela formuló una
invitación a representantes del independentismo puertorriqueño para participar
en un foro en Caracas donde se debatiera sobre el asunto y se visualizara la
manera en que Puerto Rico podría participar de este mecanismo en el que están
presentes todos los Estados de la región.
La intervención de
personas que Estados Unidos considera ciudadanos propios en un evento al cual
se les invitó para discutir sobre el tema de la independencia y la
participación de la isla en una reunión Cumbre de Jefes de Estado de la más
amplia organización regional, no produjo respuestas ostensibles desde la
metrópoli.
La
característica amplia y la diversidad política e ideológica de los jefes de
Estado y gobierno de la CELAC y la permanente apuesta por el consenso que
atenúe las diferencias, no permitió el consentimiento de la proposición del
Presidente Nicolás Maduro a favor de reconocer al
movimiento independentista de Puerto Rico como miembro asociado de la CELAC,
sin embargo la Organización reconoció que el caso de Puerto Rico es parte de su
agenda al reafirmar expresamente en su Declaración Final “…el carácter
latinoamericano y caribeño de Puerto Rico…”. Los Estados miembros de la CELAC
al tomar nota de las resoluciones sobre Puerto Rico adoptadas por el Comité
Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, reiteraron que el mismo es “asunto de interés de
CELAC”. Así mismo pide a la dirección de la CELAC presentar “propuestas para
avanzar” en su compromiso con el caso político de Puerto Rico.
Venezuela ha apoyado invariablemente la causa de
Puerto Rico en todos los foros e instancias internacionales en los que se
discute el tema. Desde sus orígenes ha tenido una voz señera en el Comité de
Descolonización de la ONU manifestando su compromiso con el pueblo
puertorriqueño. Cumple así con el legado del Libertador Simón Bolívar quien
bregó por culminar la Independencia de América intentando que durante el
Congreso Anfictiónico de Panamá, se tomaran las medidas necesarias para que las
naciones participantes concurrieran a la creación de un ejército que desalojará el poder español
de Cuba y Puerto Rico.
En ese marco, la 11ra. Feria Internacional del
Libro de Venezuela que se celebrará en Caracas en marzo del próximo año, tendrá
como país invitado a Puerto Rico como justo reconocimiento a los intelectuales,
escritores y a los hacedores de la cultura boricuas que han defendido con
encono su identidad latinoamericana y caribeña. Para nosotros, para los
latinoamericanos y caribeños, para los venezolanos, Puerto Rico es parte
inalienable de nuestra región. En esa medida, debatir y dar a conocer su
situación se transforma en deber ineludible del quehacer político, científico y
académico de lo mejor de nuestra gente.
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