El Gobierno de la Revolución Ciudadana (2007-2015) inició un nuevo ciclo
histórico en Ecuador, frente al que rigió entre 1979-2006.
Juan J. Paz y Miño Cepeda / El Telégrafo
Gracias al proceso constituyente, la Constitución de 2008, el liderazgo
del presidente Rafael Correa y el apoyo ciudadano expresado en diez momentos de
votaciones electorales o de consultas populares, se afirmaron otros procesos:
poder ciudadano en el Estado; reinstitucionalización del Estado nacional, su
soberanía y dignidad; estabilidad gubernamental y reforzamiento del sistema
democrático; fortalecimiento y expansión de inversiones públicas en obras y
servicios (particularmente en educación, salud y seguridad social); economía de
mercado regulada estatalmente, con promoción empresarial pero con obligaciones
y responsabilidades sociales; hegemonía política de una nueva izquierda;
identidad latinoamericana; y, sobre todo, mejoramiento sustancial de las
condiciones de vida y de trabajo que, medidas a través de distintos índices
(empleo, equidad, salarios, inversión social, etc.), reflejan un cambio inédito
en la vida del país, según lo constatan entidades como NN.UU. o Cepal, al punto
de convertir a Ecuador en un referente en el ámbito latinoamericano.
Visto por sus opositores académicos como ‘caudillista’, ‘populista’,
‘hiperpresidencialista’, ‘extractivista’, de simple ‘modernización
capitalista’, ‘postneoliberal’ e incluso ‘neodesarrollista’,
‘neoestructuralista’ y hasta ‘neokeynesiano’, este camino hacia el ‘socialismo
del siglo XXI’ no ha sido comprendido y se lo juzga con categorías provenientes
de una ciencia social anclada a paradigmas teóricos y conceptos aplicables a
otras épocas históricas. No ha habido un esfuerzo intelectual serio por
comprender que Ecuador, junto con otros países de América Latina, inauguraron
otras perspectivas, que superan antiguas concepciones sobre la realidad
latinoamericana.
Ocho años de gobierno también han permitido clarificar las fuerzas
internas de la oposición: empresarios políticos; una serie de medios de
comunicación privados; dirigentes tradicionalistas de diversos movimientos
sociales; derechas y clase política tradicional, que intentan revivir incluso
remozando sus etiquetas partidistas; otras izquierdas obsoletas. En sus
combates al ‘correísmo’ esas fuerzas coinciden en atacar al Gobierno como
‘autoritario’, ‘intolerante’, o ‘criminalizador de la protesta social’ y
‘persecutor’ de los movimientos sociales. Ninguno de los opositores ha logrado,
hasta el momento, levantar un proyecto alternativo que rompa el liderazgo de
Correa y revierta el apoyo ciudadano a su Gobierno.
Las dos grandes ‘fallas’ del Gobierno han sido: de una parte,
‘descuidar’ la organización y movilización populares, al confiar en las urnas
(ese ‘descuido’ ha comenzado a atenderse); y, de otra, poner límites a su
propio proyecto histórico al enmarcarlo dentro de un ‘capitalismo social’
(esfera económica) con Estado ciudadano (esfera política), que deberá redefinirse
en el largo plazo, para ahondar en la conquista del socialismo del siglo XXI.
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