El actual régimen ha
generado a lo largo de 5 años post golpe un proceso ascendente de
militarización de la sociedad paralelo a la implementación de medidas
tendientes a liberar a la iniciativa privada de toda incomoda atadura que
provenga de los restos de institucionalidad que le quedan al Estado.
Ricardo Arturo Salgado / Rebelión
Se inicia el año 2015 con
la derecha golpista en una ofensiva por completar tareas pendientes en su
proceso de “aceleración” neoliberal en Honduras. Este país, que muy pocas veces
en su historia ha llamado la atención de otros estados, y muy sometido a la
agenda geoestratégica y militar de los Estados Unidos, es hoy un laboratorio
donde se ponen en práctica escenarios para limpiar el camino de obstáculos al
avance del mercado omnipotente.
Dos temas trascendentales
toman fuerza en los primeros días del año, frente a un bloque de oposición que
luce más consistente que hace un año: la constitucionalización de la Policía
Militar de Orden Público, que busca legitimar la fuerza represiva al servicio
exclusivo de Juan Orlando Hernández y a las eventuales Zonas Especiales de
Desarrollo, o Ciudades Modelo, y una nueva ley de seguridad social que
enmascarada en la idea de la universalización de los servicios de salud pública
busca privatizar los fondos de pensiones y lo que queda del sistema público del
Estado.
El actual régimen ha
generado a lo largo de 5 años post golpe un proceso ascendente de
militarización de la sociedad paralelo a la implementación de medidas
tendientes a liberar a la iniciativa privada de toda incomoda atadura que
provenga de los restos de institucionalidad que le quedan al Estado. Esto
implica la quiebra y liquidación de servicios públicos y la venta de empresas
estatales a precios de risa a grupos económicos que saltan a la opulencia de la
noche a la mañana.
Todo este truculento lio
ha dado lugar a la expansión de un tipo de oligarquía emergente, que se nutre
de las bondades del mercado de los bienes generados por el Estado a lo largo de
su incipiente historia, sin entrar ni en inversiones importantes y sin riesgos
mayores. Todo un proceso de acumulación de capital, en manos de grupos
inexistentes como tal hace diez años, y la exclusión de un importante grupo
empresarial que se nutrió de la primera oleada neoliberal de acumulación y
desposesión iniciada hacia finales de los años ochenta del siglo anterior.
Naturalmente, el régimen
en control del país, y otros sectores de fuerza se han coludido en esta
aventura, que abre una brecha significativa dentro del control hegemónico de la
sociedad hondureña, pero que no pone en tela de juicio la naturaleza del
sistema imperante. Es decir, aunque se generan contradicciones de importancia
entre grupos oligárquicos, estas no representan en si una amenaza al avance
neoliberal.
Detener dicho avance solo
es posible desde una posición opuesta que plantee seriamente aspectos sumamente
importantes para toda la sociedad que van desde la forma en que se encuentra
estructurada la economía hasta el carácter catastrófico del extractivismo
irracional que ya ha destruido muchos de los recursos del país, y que ahora
también entrega bienes estratégicos de todos a las manos privadas (como el
agua).
A nuestro entender, no
solamente se trata de alterar la estructura hegemónica del poder, sino
transformar la sociedad en la dirección de entender sus propias limitaciones y
llevar hacia adelante su crecimiento económico dentro de una lógica que
forzosamente debe reexaminar la forma en que nos comportamos frente al consumo;
de poco servirían muchos sacrificios sino van acompañados de una actitud frente
a la vida que proponga una idea de bienestar material de la sociedad en
conjunto como el objetivo primordial de la actividad de la misma.
Bajo la configuración de
las fuerzas políticas en América Latina es fácil entender que la imposición de
un proceso de profundización neoliberal, requiere la construccion de un aparato
represivo dirigido desde un régimen dictatorial, capaz de mantener vigente la
violencia como el recurso más importante a disposición de las clases
dominantes; eso es justamente lo que sucede en Honduras ahora. Después de los
intentos de legitimación del golpe de estado durante la etapa Lobo Sosa, el
experimento de dictadura neoliberal comienza a tomar forma con Juan Orlando
Hernández.
Así las cosas, este
señor, participante activo del Golpe de Estado de junio de 2009, controla hoy
los despojos del gobierno, e impone medidas cada vez más inhumanas, al tiempo
que se extiende la pobreza a niveles inimaginables. Quienes lo apoyan necesitan
la legitimación inmediata de un cuerpo represivo, paralelo a los ya existentes
que son centros de poder bastante autónomos de la figura presidencial, y que
usualmente responden más a directrices provenientes de los Estados Unidos.
Por el contrario, quienes
entienden medianamente las consecuencias catastróficas de lo que hace Juan
Orlando Hernández para uno de los países más pobres de nuestro continente, está
claro que avanzar hacia el rango constitucional de la guardia personal de Hernández
equivale al inminente desencadenamiento de una ola violenta que alcanzará,
incluso, a sectores de la misma derecha, cuya frágil existencia en el mercado
es más un estorbo para el poder económico emergente.
De ahí, que los partidos
de oposición, de diversa posición político-ideológica mantengan hasta ahora
dentro del Congreso Nacional un rechazo abierto, que deberá cobrar nivel de
resistencia del pueblo frente a una escalada inminente de la violencia
oligárquica, ahora legitimada por un ambiente de terror y mentiras, repetidas
cada minuto a la usanza goebbeliana. Romper el muro de rechazo sería
equivalente a claudicar frente al experimento dictatorial encarnado en este
oscuro abogado cuya frialdad para mentir solo es superada por su cinismo.
Por otro lado, se
encuentra un proyecto de ley de seguridad social, cuya fundamentación puede
encontrarse en programas del Ecuador o Brasil, pero cuyo contenido es
claramente privatizador, con lo que se impondría la lógica de que cada quien
obtiene los servicios que puede pagar; lógica que deja automáticamente por
fuera a quienes no tienen con que comprar.
En esta parte, la
situación se ve más compleja, pues resulta difícil ver a la oposición
coherente; pero si se esperaría, al menos, un análisis profundo de algo que,
una vez aprobado, causara daños incalculables y cuya reparación tomara muchos
años. Aquí se impone definitivamente el accionar popular en movilización anti
sistémica, algo que en el Congreso Nacional no parece viable, pues es posible
que muchos crean a pie juntillas la historia de la eficiencia del sector
privado y la disfuncionalidad estatal para administrar bienes.
Queda claro que, por
definición, las grandes masas no deberían apoyar ni permanecer indiferentes
ante este zarpazo que dejara sin protección a cientos de miles de familias,
simplemente porque así es como funciona el sistema.
Se presenta para el
pueblo hondureño una coyuntura en la que debe pasar de nuevo a la resistencia,
sin perder nunca de vista el propósito fundamental de refundar el estado, con
la participación de toda la sociedad, y detener el avance incontrolado del
neoliberalismo, signo de destrucción y miseria.
Al final, la lucha en la
praxis marca un camino pocas veces recorrido, al que todos lo pueblos deberían
seguir con atención.
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