Luego
de un proceso electoral inédito por la polarización política, social y cultural
que evidenció a principios del año, el nuevo gobierno pone de manifiesto que el
mensaje que hizo llegar a la ciudadanía, que era algo distinto al bipartidismo
dominante al servicio de los grandes intereses económicos, no es tal.
Rafael Cuevas Molina/Presidente
AUNA-Costa Rica
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate la reforma fiscal impulsada por el gobierno. |
El 4
de diciembre, a tambor batiente, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó
una reforma fiscal que, apenas una par de horas después, el flamante presidente
del país, Carlos Alvarado, firmó para enviar a la Gaceta oficial y ponerla en
marcha.
Los
signos de satisfacción y triunfalismo abarcaron a casi la totalidad de lo
partidos tradicionales del país y a las cámaras patronales. La reforma se había
aprobado después de la férrea oposición de los mayores sindicatos, que
estuvieron en huelga más de 80 días, y protagonizaron actos de resistencia
ciudadana que los grandes medios de prensa, el gobierno y las cámaras
patronales y sus voceros, más una base social que aún mantiene el gobierno
desde de las elecciones presidenciales y legislativas que se llevaron a cabo a
principios de año, tacharon de vendepatria, traidora, inmoral y cuanto epíteto
se pueda imaginar para denostarlos.
La
reforma fiscal carga las tintas sobre la clase media, y algunos de sus
integrantes, sobre todo los empleados del sector público, son catalogados de
inmorales por ganar salarios que se encuentran sobre el promedio. El acoso
contra instituciones estatales fue azuzada, día con día y sin descanso, desde
los principales titulares de los periódicos del estatus quo, especialmente el
diario La Nación, al que poco le faltó para llamar a una cruzada de caza de
maestros para escarmentarlos por desalmados al dejar a los niños sin clases.
A
nuestros lectores de allende las fronteras costarricenses este panorama no debe
resultarles ajeno a las realidades que ellos mismos viven en sus respectivos
países. Reformas, discursos y estrategias se repiten como calcadas en otros
países de América Latina. Calcado es también el cinismo con el que, con gestos
de salvadores de la Patria, llaman a sacrificarse a todos en aras del bien
común.
En
Costa Rica, sin embargo, el cinismo exhibido ha dejado perplejo a medio mundo.
Durante toda la campaña de lucha en contra del plan fiscal, los sindicatos
advirtieron que el verdadero problema se centra en la evasión de impuestos de
los grandes capitales y no en el gasto público. Fue muy difícil concretar tales
afirmaciones porque el Ministerio de Hacienda declaró que la información de
quiénes eran tales evasores no se podía hacer pública. Fue necesario, entonces,
un recurso de amparo antela Sala Constitucional, que al ser resuelto a favor
obligó a las autoridades gubernamentales a divulgarla.
La
información respectiva fue dada a conocer un día después de la aprobación del
plan fiscal, cuando aún no se había acallado el alborozo en Casa Presidencial,
el hemiciclo parlamentario y las oficinas de las cámaras patronales. En ella
aparecen los grandes deudores al erario público: bancos, centros comerciales,
grupos financieros, hoteles, compañías telefónicas, trasnacionales de comida
chatarra, administradores de tarjetas de crédito etc. etc.
No se
trata solo de evasión sino de elusión o, dicho en dos platos, de defraudación.
Lo que el Ministerio de Hacienda llama
“grandes contribuyentes” son, en realidad, grandes defraudadores que
tienen a si disposición una batería de bufetes de abogados que se las saben
todas para evadir el pago de impuestos.
Ante
la ira despertada en la población, el día después de la aprobación del plan
fiscal la señora ministra de hacienda sale a los medios a tratar de contener
las críticas y los gritos de indignación. Utiliza un lenguaje técnico,
rocambolesco, para decir que sí pero no, que a lo mejor tal vez quién sabe. Es
decir, si antes escondió la información, hoy la tergiversa, empaña y desvirtúa.
Ni qué decir de los medios de comunicación que hacen lo mismo. El diario La
Nación, que aparece en la lista de marras, acostumbrado a titular con gran
aspaviento sobre la maldad de los maestros en huelga, refunde en un cintillo al
pie de la página con un mensaje engañoso.
En
esas está Costa Rica, de bajada. Luego de un proceso electoral inédito por la
polarización política, social y cultural que evidenció a principios del año, el
nuevo gobierno pone de manifiesto que el mensaje que hizo llegar a la
ciudadanía, que era algo distinto al bipartidismo dominante al servicio de los
grandes intereses económicos, no es tal.
Las
opciones de un cambio que impulse el desarrollo del país en una dirección
orientada a detener la creciente polarización social, la violencia y la
inseguridad, el desempleo y otras lacras que se vienen agudizando desde el
inicio de las reformas neoliberales a inicios de la década de 1980, parecen
agotarse. Ese parece ser el mensaje subyacente que deja este tipo de maniobras,
y la ciudadanía cada vez parece estar menos dispuesta a ver pasar el tren de la
impunidad sin hacer nada.
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