La contrarrevolución de 1954 canceló la posibilidad de una Guatemala democrática y con posibilidades para la justicia social. Canceló la posibilidad de un Estado que encarnara lo público y no fuera solamente expresión de los intereses particulares de una voraz clase dominante. Inauguró la confrontación política y social que culminó en el conflicto armado interno que costó al país aproximadamente 200 mil vidas. Creó el camino para la dictadura militar de carácter terrorista más violenta de América Latina. Perpetuó mutatis mutandis el orden oligárquico que se había heredado de la colonia y el siglo XIX. Los acuerdos de paz de 1996 perseguían enmendar de alguna manera ese rumbo que anegó en sangre y dolor a Guatemala. Pero los acuerdos de paz no solamente eran limitados como consecuencia de la correlación de fuerzas de la que fueron producto, sino esa misma correlación de fuerzas permitió que fueran ignorados y esencialmente desechados.
Ciertamente las fuerzas armadas dejaron el lugar vertebral que ocupaban en el Estado, pero la democracia liberal y representativa que sustituiría a la dictadura militar comenzó a deteriorarse porque no hubo cambios sustanciales en el capitalismo oligárquico y excluyente que fue restaurado en 1954. Más aun, ese orden excluyente se vio acentuado por la implantación mundial del neoliberalismo y la acentuación notable de la corrupción en el Estado y en los sectores empresariales.
El Pacto de Corruptos no se agota en los actores venales que actúan en el seno del Estado guatemalteco. Detrás de ellos se encuentra la clase dominante que les ha delegado la gestión estatal y que ha permitido que buena parte del erario se vaya por el caño de la corrupción. De igual manera que en la época de la dictadura militar cuando la clase dominante delegó la gestión estatal para administrar la contrainsurgencia que protegía sus intereses, ahora ha delegado en funcionarios, representantes populares y partidos políticos corruptos la gestión de una gobernanza que administra un capitalismo criminal.
La corrupción es una suerte de pago para que se mantenga un orden social que se sustenta en una desigualdad extraordinaria y en una pobreza extendida. Buena parte de los empresarios se ha adaptado al funcionamiento corrupto del Estado y ha participado de dicho funcionamiento porque el mismo favorece enormes márgenes de ganancia, privilegios e impunidad. Licitaciones amañadas, presupuestos de obra pública abultados, contrabando, permisos ilegales, tráfico de influencias, evasión de impuestos, leyes onerosas, sobornos, malversación, dispendio, robo y un orden represivo son algunos de los mecanismos de la corrupción que hace cómplices a funcionarios públicos y a empresarios. La descomposición se ha profundizado con la creciente importancia regional del narcotráfico y las más diversas formas de crimen organizado. El narcotráfico no solamente ha impregnado a funcionarios y empresarios, sino que ha originado que las mismas fuerzas armadas también este minadas por la corrupción y el contubernio con las actividades criminales.
La gobernanza criminal del Pacto de Corruptos es heredera del régimen construido en el contexto del conflicto armado interno. Se nutre del oscurantismo reaccionario clasista, racista, misógino y homófobo que ha propiciado la tradición anticomunista en Guatemala. Por ello la derecha neofascista es un actor ideológico y punitivo en el asesinato moral y judicial que son necesarios para mantener dicha gobernanza. Cuenta ahora con el apoyo de pastores y feligreses de las diversas iglesias del fundamentalismo neopentecostal. Pero no son solamente convicciones ideológicas las que animan a la derecha neofascista en Guatemala. Dicha derecha también es beneficiaria de las ganancias que genera la corrupción y el narcotráfico.
Por fortuna no son corruptos todos los funcionarios públicos, representantes populares, empresarios, religiosos, partidos políticos, militares. Por fortuna, las elecciones del 25 de junio abrieron la puerta a la esperanza. Con esa esperanza, puede decirse que todavía es posible en Guatemala un pacto histórico que destierre al actual bloque dominante compuesto por los actores antes mencionados, que rescate al Estado de la cooptación delincuencial que padece y recupere su función pública, que restaure la democracia, que destierre a la corrupción, que dé destino social y productivo a los fondos públicos arrancados a la venalidad. En suma, que haga salir a Guatemala del oscuro túnel en el que ha estado en todo este tiempo.
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