En agosto de 2009 afirmaba que el Parlacen nació como una hermosa ilusión. Ilusión primero de los dirigentes de la Comunidad Europea, que creyeron que, trasplantando a nuestro istmo una copia del Parlamento Europeo, crearían las bases para un buen Gobierno en nuestra región. Craso error. Se les olvidó que Centroamérica no tiene casi nada en común con Europa occidental por la mentalidad de sus pueblos.
Omar Jaén Suárez/ La Estrella de Panamá
Agradecemos el envío a nuestro colaborador Guillermo Castro Herrera
La historia oficial dice que uno de los resultados políticos del Grupo de Contadora, formado en Panamá en 1983, fue la Declaración de Esquipulas I de 1986, mediante la cual los presidentes centroamericanos, a propuesta de Guatemala, convinieron en crear el Parlamento Centroamericano. El Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras Instancias Políticas fue suscrito en 1987 y la primera Asamblea Plenaria se reunió en Guatemala en 1991. Panamá, al principio prudente y extraña por la historia a Centroamérica, aunque parte por la geografía de América Central, terminó por adherirse al Tratado Constitutivo del Parlacen en 1993, en las postrimerías del Gobierno de Guillermo Endara Galimany, con el único propósito de lograr mejor aceptación internacional a nuevos gobernantes mal vistos en Latinoamérica, legado oneroso que todavía pagamos.
En octubre de 1994, justo cuando se instalaba el primer grupo de panameños escogidos para el Parlacen, hubo en Panamá dos corrientes: la Cancillería que se oponía, dirigida por Gabriel Lewis Galindo, y la Asamblea Legislativa, que presidió Gerardo González Vernaza, que apoyaba decididamente la participación de Panamá en el Parlacen. El argumento de Lewis Galindo y de mi persona como vicecanciller era que dicho organismo no servía en nada a los intereses de Panamá, no tenía ninguna real función legislativa, era un foro costoso de discusión bizantina y, sobre todo, refugio por la inmunidad parlamentaria, de algunos dirigentes regionales, delincuentes comunes acostumbrados a la impunidad. Sosteníamos en la Cancillería que en caso extremo sería más útil para el país salirnos del Parlacen y emplear en el Gobierno con el mismo salario a los veinte parlamentarios panameños ya escogidos. Así algo aportarían los que tenían experiencia administrativa, política y profesional en diversos ramos del conocimiento, nos ahorrábamos el costo de la administración de su participación en el Parlacen que casi duplicaba sus emolumentos y evitábamos la complicidad en facilitar la impunidad en una región asolada por la delincuencia y la violencia.
Nuestra opinión no prevaleció y el 1 de septiembre de 1999 se incorporaron al Parlacen los primeros veinte diputados panameños electos por los partidos políticos, añadiéndose después expresidentes y exvicepresidentes, quienes se reúnen periódicamente en Guatemala para conversar, discutir, amenizar, discursear, aprobar resoluciones no vinculantes, pero no para legislar, razón de ser de todo parlamento de verdad.
En 2009 hubo otro movimiento político respaldado ampliamente por la opinión pública para salirnos del Parlacen, considerado al principio por el presidente Martinelli como una “cueva de ladrones”, el mismo que luego se incorporó al organismo regional para lograr impunidad en sus problemas con la justicia, lo que buscaron sus dos hijos, condenados en mayo de 2022 en un tribunal federal de Nueva York por graves delitos cometidos en Estados Unidos, relacionados con el lavado de fondos provenientes de pagos ilegítimos de la constructora Odebrecht en una vasta red de corrupción internacional.
El 11 de diciembre de 2009 la Asamblea Legislativa aprobó la ley que derogaba los tratados y protocolos firmados por Panamá para adherirse al Parlacen. La Corte Centroamericana de Justicia afirmó la opinión, en una resolución sobre el Tratado Constitutivo del Parlacen, que no existía un mecanismo jurídico válido para renunciar al parlamento regional, lo que otorgó argumentos legales a los interesados para que Panamá no pudiese salirse de ese antro internacional. Antes, algunos interesados sostuvieron, desde 2004, que Panamá no podía retirarse voluntariamente del Tratado de 1993, como si un Estado soberano podía seguir encadenado a perpetuidad a un pacto nocivo, lo que negaba toda una historia de luchas y de reivindicaciones legítimas de nuestro país para abrogar la Convención del Canal Ístmico de 1903, lo que se logró después de décadas de esfuerzos políticos y jurídicos, de graves conflictos con Estados Unidos y trece años de arduas negociaciones bilaterales que culminaron con la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977.
Sin embargo, en 2012 la Corte Suprema de Justicia de Panamá, ya controlada por el presidente Martinelli, quien cambió su planteamiento político original, declaró inconstitucional la decisión del Órgano Ejecutivo de salir del Parlacen, lo que obligó al reintegro de nuestro país al nefasto parlamento regional. Su Gobierno y los de Varela y Cortizo continuaron en ese error y hasta diversos partidos políticos están presentando candidatos para el Parlacen en las elecciones de mayo de 2024. En el séptimo período presidencial en democracia imperfecta y deficiente, seguimos atados a una Centroamérica institucionalizada con su SICA y su Parlacen, organismos inoperantes y que nos cuestan mucho más de lo que aportan. En Panamá podemos aplicar, en muchos campos de la acción todavía hoy, la célebre paradoja del príncipe de Lampedusa en su novela El Gatopardo, sobre una vieja sociedad mediterránea, siciliana: “cambiar todo para que nada cambie”.
* Geógrafo, historiador, exnegociador de los Tratados Torrijos-Carter.
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