El costo social de la producción de agrocombustibles en Guatemala

Asistimos a un nuevo proceso de acumulación de tierras en manos de un reducido grupo de empresas agroindustriales de capital nacional y transnacional. Lamentablemente, el avance incontenible de esas plantaciones se da en detrimento de extensiones importantes de tierras anteriormente dedicadas a la producción campesina y de alimentos para el consumo local y nacional.

Jorge Murga Armas* / Especial para Con Nuestra América

Desde Ciudad de Guatemala

(Fotografía: plantación de palma africana en Guatemala)

La existencia en los años 1970 de plantaciones de palma africana en regiones de la FTN[1] y los departamentos de Izabal y El Petén, era prácticamente desconocida. Salvo por el surgimiento de unas pocas en el contexto de la crisis energética de 1973, las zonas que hoy sufren las consecuencias de la expansión incontrolada de plantaciones de caña de azúcar y palma africana para la producción de “biocombustibles”,[2] conservaban hasta hace poco tiempo la fisonomía del paisaje agrario regional: extensas áreas de bosques y humedales ricos en recursos naturales renovables contribuían a satisfacer las necesidades básicas de las economías campesinas y familiares que, además de producir para su sustento, ayudaban en niveles diversos a las producción de granos básicos para el consumo nacional.

Con la expansión del cultivo de caña de azúcar y palma africana en estas regiones, un fenómeno sin precedentes está teniendo lugar: la pérdida de tierras agrícolas para la producción de alimentos se acompaña del cambio de uso del suelo de extensas zonas que, hasta hace menos de una década, se conservaban como bosques y humedales.[3]

Este fenómeno, que en apariencia se circunscribe al ámbito regional, tiene en realidad alcance nacional. En la última década, Guatemala se convierte en país dependiente de la importación de maíz amarillo, arroz, trigo y soya de los Estados Unidos, lo cual la sujeta cada vez más a las condiciones de los precios internacionales de los alimentos y la vuelve dependiente de su disponibilidad en el mercado mundial.[4] ¡Triste realidad para un país que hasta hace algunos años era autosuficiente en la producción de alimentos!

Esta situación es tanto más grave cuanto que las empresas agroindustriales que impulsan el cultivo de caña de azúcar y palma africana en la FTN, Izabal y El Petén, declararon abiertamente su intención de ocupar toda la tierra “apta” disponible en el país.

1. Los procesos de concentración de la propiedad agraria

Ya sea que se trate de una estrategia de “reconversión productiva”,[5] de un fenómeno provocado por “un nuevo ciclo de acumulación y dominio”,[6] o bien que se trate de una nueva forma de expansión y acumulación de capital, lo cierto es que en Guatemala, desde hace menos de una década, está teniendo lugar la expansión inusitada de enormes plantaciones de caña de azúcar y palma africana para la producción de agrocombustibles.

Este fenómeno, provocado entre otras cosas por el interés de los Estados Unidos y la Unión Europea de incentivar la producción de “biocombustibles” en otros países para reducir paulatinamente su dependencia en el suministro de petróleo de Rusia, Irán y Venezuela, ha generado un proceso de concentración y reconcentración de la propiedad agraria en manos de un reducido número de empresarios y grupos corporativos que compran o arriendan tierras para establecer sus plantaciones en los municipios de Ixcán (El Quiché), Sayaxché y San Luis (El Petén), Chisec, Fray Bartolomé de Las Casas, Chahal y Panzós (Alta Verapaz) y El Estor (Izabal).[7]

Aun cuando las estadísticas nacionales no reflejen todavía la dimensión de ese fenómeno, la comparación de los datos del IV Censo Nacional Agropecuario 2003 y la Encuesta Nacional Agropecuaria 2007, ambos del Instituto Nacional de Estadística (INE), nos ayudará a comprender mejor lo que está ocurriendo en el país.

Hasta el 2003, según el IV Censo Nacional Agropecuario, 49 fincas con una superficie total de 31,185 hectáreas sembradas de palma africana, produjeron 7,040,225 quintales de materias primas destinadas especialmente a la producción de aceites esenciales y grasas para la industria alimenticia y de jabones. En 2007, en cambio, la Encuesta Nacional Agropecuaria estableció que el número de fincas dedicadas a ese cultivo había aumentado a 1,049 y que la superficie cultivada alcanzaba 65,340 hectáreas, o sea, el doble de lo reportado por el censo.

Este hecho, sin embargo, ha sido estudiado por varios autores. Laura Hurtado, por ejemplo, afirma que aunque ya existían plantaciones de ese tipo en la Costa Sur, desde el 2003 el auge del mercado global de agrocombustibles está provocando una expansión acelerada de las plantaciones de caña de azúcar y palma africana que está transformando dramáticamente el paisaje regional.[8] Según ella, a junio de 2008 existía un total estimado de 83,385 hectáreas sembradas de palma africana para la producción de agrodiésel[9] y en ese mismo año la prensa escrita preveía que para el 2010 la superficie cultivada podría llegar a 100,000 hectáreas.[10]

Decíamos que el acaparamiento de tierras en la FTN, Izabal y El Petén estaba relacionado también con el aumento en los últimos años de la producción de caña de azúcar. Dos razones explican este fenómeno. Por un lado, la ampliación de la cuota azucarera asignada a Guatemala por los Estados Unidos (Guatemala es el tercer proveedor de azúcar a los Estados Unidos, detrás de la República Dominicana y Brasil). Por el otro, el impulso a la producción de agrocombustibles en los países en desarrollo por los Estados Unidos y la Unión Europea y el incremento de la demanda de etanol en el mercado internacional.

En 2003, según el Censo Nacional Agropecuario, existían 188,775 hectáreas cultivadas de caña de azúcar en todo el país. De ellas, el departamento de Escuintla tenía sembradas 154,620 hectáreas y concentraba el 87% de la producción. Suchitepéquez, por su parte, contaba con 20,970 hectáreas plantadas y reunía al 8.25% de la producción. En otras palabras, en ambos departamentos se concentraba el 93.0% de las tierras dedicadas a ese cultivo.

Por otro lado, la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2007 reveló incrementos tanto en la producción como en el número total de hectáreas sembradas. Las cifras, en efecto, reflejan un incremento de 1.55% en la producción y un aumento de 38.2% en el total de tierras plantadas (260,896 hectáreas en total).

No se sabe en realidad cuál será el límite de tierras de las plantaciones productoras de agrocombustibles. En febrero de 2007, cuando el Ingenio Chabil Utzaj terminó la ocupación de la región del valle del río Polochic, el sector azucarero parecía haberlo encontrado. Eso indicaba el gerente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA), Armando Boesche, quien en declaraciones a la prensa afirmaba que ya no había disponibilidad de tierras. Pero Laura Hurtado observó posteriormente cierta expansión adicional en los municipios de Sayaxché e Ixcán y tuvo noticias sobre la posibilidad de que se crearan nuevas plantaciones en el municipio de Fray Bartolomé de Las Casas.[11]

Los empresarios dedicados al cultivo de palma africana, por su parte, se mostraban optimistas: “Nosotros aún no hemos encontrado límite de tierras para sembrar palma africana, sin embargo, podríamos llegar a tal extremo en unos diez años”, afirmaba Eduardo Castillo, director de aceites de la Gremial de Frabricantes de Alimentos, en julio de 2008.[12] Se trataba, en realidad, de una expectativa centrada en la posibilidad de adquirir tierras incluso de los pequeños propietarios que todavía quedan en la región.

Asistimos, en realidad, a un nuevo proceso de acumulación de tierras en manos de un reducido grupo de empresas agroindustriales de capital nacional y transnacional. Lamentablemente, el avance incontenible de esas plantaciones se da en detrimento de extensiones importantes de tierras anteriormente dedicadas a la producción campesina y de alimentos para el consumo local y nacional.

1.1 Métodos de acumulación de tierras

Si los acuerdos de paz, especialmente el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, abogaban en 1996 por la democratización de la tenencia de la tierra y el acceso de los campesinos a la tierra y los recursos naturales, ¿cómo se explica que algunos años después se inicie un proceso diametralmente opuesto, es decir, un proceso de acaparamiento de tierras por los agroindutriales de la caña de azúcar y palma africana? ¿Cómo hacen los capitalistas para lograr sus objetivos? ¿Qué pasa con la pequeña propiedad campesina y familiar?

En un trabajo anterior[13] explicamos cómo la oligarquía guatemalteca había maniobrado los acuerdos de paz para beneficiarse. También mostramos cómo la inspiración neoliberal del mercado de tierras había favorecido su consolidación, en un contexto donde buena parte de la población esperaba la democratización económica y política de la sociedad. Veamos ahora cuáles han sido los procedimientos utilizados por las empresas agroindustriales para monopolizar las propiedades agrarias en las regiones escogidas para la siembra de palma africana y caña de azúcar.

Previo a describir los métodos utilizados por las empresas agroindustriales para agenciarse de tierras, advirtamos que la concentración de propiedades agrarias implica a parcelas campesinas y de pequeños y medianos agricultores y ganaderos, con el fin de conformar propiedades lo suficientemente grandes para poner en pie plantaciones de caña de azúcar, palma africana, piñón y otros. Ese proceso se desarrolla especialmente en los municipios de Ixcán, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas y Sayaxché, región de pequeñas y medianas parcelas cuyos propietarios fueron beneficiarios de los programas estatales de colonización de tierras durante los años sesenta y setenta, o grupos de familias desplazadas por la guerra interna en los años setenta y ochenta. Todos, ya sea que fueran propietarios individuales o colectivos, habían regularizado la tenencia de su parcela y obtenido escrituras antes de 1996.

El proceso de reconcentración de propiedades agrarias, en cambio, reúne antiguos latifundios en propiedades mucho más grandes. Así sucede en el valle del río Polochic, en los municipios La Tinta y Panzós en Alta Verapaz, y en el municipio de El Estor en Izabal, donde el Ingenio Chabil Utzaj ha comprado la mayor parte de fincas antiguas de extensiones diversas entre 90 y 1,350 hectáreas hasta completar las 5,400 hectáreas que se propone adquirir.

Algo similar ocurre en los municipios de Chisec, Fray Bartolomé de Las Casas y Chahal, en la Franja Transversal del Norte, donde las empresas de palma africana propician la reconcentración de latifundios ganaderos y tierras privadas improductivas para crear sus plantaciones.

Los métodos utilizados, lo veremos enseguida, varían según los contextos y lógicas definidas por las empresas agroindustriales. Primero intentan comprar la tierra para asegurar sus inversiones. Si los propietarios de la tierra se niegan a vender, buscan la suscripción de contratos de arrendamiento por períodos de tiempo que coincidan con la vida útil de la plantación. En este caso los costos de una eventual rescisión de los contratos son tan elevados para los propietarios de la tierra, que los pequeños parcelarios preferirían no revocarlo con tal de no perder un terreno que al final del plazo fijado (25 años para la palma africana, normalmente) le será devuelto sin vegetación y totalmente agotado. Ese es el caso del cultivo de palma africana que seca literalmente la tierra, y también el de la caña de azúcar que la degrada a tal punto que necesita revitalizarse frecuentemente con métodos y productos químicos fuera del alcance del campesinado.

Los procedimientos para agenciarse de tierras, decíamos, varían según los contextos. En El Petén, por ejemplo, los compradores utilizan mecanismos que van desde el pago inmediato de sumas de dinero que superan el precio local de la tierra, hasta amenazas, coacción y violencia contra los propietarios que se niegan a vender sus parcelas. Ha sido frecuente, además, que la empresa compradora encierre la parcela del propietario renuente mediante la compra paulatina de las parcelas vecinas, de tal manera que la imposibilidad de utilizar las vías de acceso (pasajes, caminos, carreteras) y el acceso a fuentes de agua les obligue a vender el pedazo de tierra que aseguraba el sustento de sus familias.

Caso distinto es el de Fray Bartolomé de Las Casas, donde la empresa de palma africana intenta primero persuadir a los pequeños propietarios recurriendo a la ascendencia que tenga sobre ellos otro que les sirve de intermediario. Como en El Petén, el empresario ofrece distintas opciones de arrendamiento cuando el pequeño propietario se niega a vender. En todos los casos, el precio o la renta pagada por la empresa resulta atractiva para las economías campesinas y familiares que, a menudo, subestiman las consecuencias futuras de la venta o arrendamiento de sus parcelas. La proletarización, la depreciación de la moneda, el alza constante de los alimentos, la degradación del suelo al final del contrato, son realidades muchas veces no previstas por las familias campesinas que acceden ante las “tentadoras” ofertas de los agroindustriales.

En el valle del Polochic, donde el establecimiento del Ingenio Chabil Utzaj provocó desalojos violentos de campesinos en marzo de 2011,[14] los empresarios compran directamente a los finqueros de la zona. Así se inicia el proceso de expulsión o redefinición de condiciones de trabajo de cientos de familias de antiguos colonos que, todavía bajo un régimen semifeudal o semicolonial, vivían y trabajaban en la finca a cambio del usufructo o arrendamiento de un pedazo de tierra que les asegurara el sustento.

El resultado de este proceso es evidente. Cientos de campesinos sin tierra tendrán que vender su fuerza de trabajo en alguna de las nuevas plantaciones de la zona, en un contexto donde la sobreoferta de mano de obra determina las condiciones del empleo. Algunos campesinos se beneficiarán con el pago de prestaciones y/o el traspaso de pequeñas extensiones de tierra contiguas a las fincas, lo cual no les libra de la tendencia a proletarizarse en condiciones poco favorables para ellos y, en todos los casos, se pone fin al sistema de economía campesina que, con matices y variantes según las regiones, funcionó durante muchos años combinando el trabajo en la finca, la producción familiar y el pequeño comercio local.

Ahora bien, la destrucción de cientos de economías campesinas y familiares se hace en provecho de un reducido grupo de empresas y grandes corporaciones nacionales y multinacionales.

2. El nuevo oligopolio de los agrocombustibles

En Guatemala, el surgimiento de monopolios u oligopolios (de personas, gremiales y corporaciones) no es natural, como afirman sus defensores. Nacen de una cultura empresarial originada en la época colonial con el establecimiento de los estancos —industrias fiscales protegidas por la Corona española como el comercio de licores, tabaco y pólvora—, y se consolidan gracias a la protección y privilegios fiscales del Estado y a los beneficios que les deja el modelo concentrador de la tierra que impulsó las exportaciones de café, azúcar, banano y algodón bajo el control de una clase dominante que instituyó las relaciones sociales de producción que prevalecen hasta hoy.

Así, y a pesar de que Guatemala es oficialmente una economía de libre mercado desde el 21 de julio de 1995 —fecha en que ingresa a la Organización Mundial del Comercio (OMC)—,[15] nuevos monopolios y oligopolios vienen a sumarse a los ya existentes en la producción, exportación, importación y comercialización de cerveza, cemento, pollo, azúcar, licores, banano, acero, aceite vegetal, pastas y harina de trigo, arroz, la banca, fertilizantes, generación de energía, gas licuado, jabones, telecomunicaciones, prensa, radio, televisión... Los cuales, además de crear grupos de presión que luchan entre sí para controlar al Estado en vistas de obtener protección y privilegios fiscales para sus negocios, 1) imponen los precios del mercado afectando a los consumidores, 2) frenan el crecimiento económico —porque se benefician con la existencia de altos aranceles que contienen la entrada al mercado de nuevas empresas que inviertan y generen empleo—, y 3) constituyen un factor de desigualdad en la repartición de la riqueza —puesto que controlan los sectores más rentables de la economía guatemalteca.

En ese contexto, el acaparamiento de tierras en la FTN, Izabal y El Petén trae consigo la concentración de la producción de agrocombustibles en pocos grupos económicos, es decir, la conformación de un nuevo oligopolio sobre la base de los monopolios u oligopolios ya existentes.

La producción de palma africana, ciertamente, la concentran 1) el Grupo HAME/REPSA; 2) INDESA/PADESA; 3) AGROCARIBE; 4) Palmas del Ixcán; 5) Grupo Kong; y 6) Agroforestadora Raudales “La Cachimba”. Todas poseen plantaciones en plena expansión y plantas procesadoras de aceites esenciales y grasas comestibles, cuya producción proveía hasta hace poco tiempo las necesidades del mercado interno, exportándose además a El Salvador y Estados Unidos. Fue en realidad con la crisis energética desatada recientemente, y con el auge de los agrocombustibles en el mercado global, que los productores de palma africana decidieron ampliar sus plantaciones, instalar plantas generadoras e iniciar operaciones para producir agrodiésel. En ese contexto, y aunque todavía no se tengan datos sobre la producción de agrodiésel en el país, se sabe que dos plantas enlazadas a las empresas AGROCARIBE e INDESA fueron instaladas en Izabal.[16]

La producción de caña de azúcar, por su parte, está concentrada en catorce ingenios: Pantaleón, Concepción, El Baúl, Magdalena, Santa Ana, Palo Gordo, Los Tarros, La Unión, Madre Tierra, San Diego, Trinidad, El Pilar, Santa Teresa y La Sonrisa (El Ingenio Guadalupe fue cerrado en el 2005 y será trasladado de Escuintla al valle del Polochic para reiniciar operaciones posiblemente en el 2012 con el nombre comercial Chabil Utzaj, S. A.[17]). Sin embargo, la producción de etanol de caña de azúcar está concentrada en sólo cinco plantas: la Destilería BioEtanol del Ingenio Pantaleón (150,000 lt/día), del Ingenio Palo Gordo (100,000 lt/día), del Ingenio Magdalena (300,000 lt/día), Servicios Manufactureros de la sociedad de los ingenios Magdalena y Madre Tierra (125,000 lt/día) y la Destilería de Alcoholes y Rones, S. A. (DARSA) (100,000 lt/día).[18] En total, pues, se producen 775,000 litros diarios de etanol de caña de azúcar, pero se sabe que la capacidad instalada para la producción de etanol a 2009 alcanzó 199,350,00 lt/año y llegará a 269,100,000 lt/año en el 2011.[19]

Protegidas por el Estado, con el control total del mercado, impulsadas e incluso financiadas por instituciones financieras internacionales, y en un contexto donde las corporaciones y grandes empresas dictan las políticas económicas del gobierno, no sorprende que la expansión de las plantaciones de caña de azúcar y palma africana esté provocando uno de los desastres ambientales más grandes de la historia del país.

Conclusión

Un problema que ha pasado desapercibido para la mayor parte de guatemaltecos acostumbrados al laisaiz faire (dejar hacer) impuesto por una decena de corporaciones y una centena de grandes empresas que mantienen capturada la economía,[20] está provocando grandes daños al país. Además del costo social pagado por los campesinos de las regiones donde se desarrollan las plantaciones de palma africana y caña de azúcar, su expansión provoca en muchos casos destrucción de bosques, movimientos de tierras, contaminación y muchas veces drenaje y desecado de pantanos, lagunas y otras fuentes de agua, en fin, la eliminación parcial o total de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.

El costo social de la expansión de esas plantaciones no debe medirse únicamente por el daño que éstas están provocando a las economías campesinas y familiares. Además, debe medirse por el desastre ambiental causado, por privar a las futuras generaciones de guatemaltecos de agua y suelos fértiles, es decir, de condiciones mínimas de existencia, ¡en un país de historia y cultura milenarias cuyo nombre designa precisamente a una “Tierra de muchos árboles”! Hasta cuándo los guatemaltecos indiferentes a los problemas sociales y ambientales tolerarán las prácticas de los terratenientes y empresarios que siguen devastando Guatemala. ¡He ahí! la cuestión que se plantea.

Este artículo fue publicado originalmente en el “Boletín Economía al día”, No. 6, junio 2011, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con Nuestra América lo reproduce con autorización del autor.

---

NOTAS

* Investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

[1] La Franja Transversal del Norte (FTN) comprende las tierras del norte de los departamentos de Huehuetenango, El Quiché, Alta Verapaz e Izabal.

[2] Nosotros, al igual que otros autores, preferimos llamarlos agrocombustibles. Esto en virtud de que el prefijo “bio”, antepuesto a la palabra “combustibles”, crea la quimera de que su producción es buena para la vida: bio = vida. La palabra agrocombustibles, en cambio, se limita a definir el carácter de los combustibles derivados de la producción de maíz, caña de azúcar, palma africana, piñón y otros. Indica simplemente que se trata de combustibles producidos en el agro.

[3] Laura Hurtado, Las plantaciones para agrocombustibles y la pérdida de tierras para la producción de alimentos en Guatemala, Actionaid, Guatemala, agosto de 2008, p. 4.

[4] Ibid.

[5] Luis Solano, Reconversión productiva y agrocombustibles, en El Observador, Análisis alternativo sobre política y economía, No. 14, año 3, septiembre, Guatemala, 2008, pp. 31-61.

[6] Alberto Alonso Fradejas et al, Caña de azúcar y palma africana: combustibles para un nuevo ciclo de acumulación y dominio en Guatemala, IDEAR-CONGCOOP, Guatemala, 2008.

[7] Laura Hurtado, op. cit., p. 6.

[8] Laura Hurtado, Guatemala en el mercado global de agrocombustibles, en El Observador, Análisis alternativo sobre política y economía, No. 19, año 4, julio-julio, Guatemala 2009, pp. 73-83. Véase también: Luis Solano, El mercado de los agrocombustibles: Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala, Actionaid, (Laura Hurtado, Coordinadora de investigación), Guatemala, noviembre de 2010.

[9] Laura Hurtado, op. cit., 2008, p. 7.

[10] El Periódico, 15/07/08.

[11] Laura Hurtado, op. cit., 2008, p. 9.

[12] El Periódico, 13/07/08.

[13] Jorge Murga Armas, La cuestión agraria diez años después de la firma de la paz en Guatemala, Revista Economía, No. 172, abril-junio, IIES-USAC, Guatemala, 2007, pp. 73-108.

[14] Véase especialmente: Luis Solano, Valle del Polochic: el poder de dos familias, Enfoque, Análisis de situación, No. 16, año 2, 9 de mayo de 2011, Guatemala.

[15] El ingreso de Guatemala a la Organización Mundial del Comercio (OMC) marcó el inicio del proceso de apertura y desmantelamiento de los altos aranceles que protegían a las industrias y sectores agrícolas desde la época del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y el modelo de sustitución de importaciones de las décadas 1960-1970.

[16] Luis Solano, op. cit., 2008.

[17] Prensa Libre, 09/04/11.

[18] Luis Solano, op. cit., 2008.

[19] Luis Solano, op. cit., 2010, p. 22.

[20] Véase la entrevista de VEA CANAL a Jorge Murga Armas: Guatemala: país capturado por una decena de corporaciones y una centena de grandes empresas, Parte I http://www.youtube.com/watch?v=MxBTWCvB3TI, Parte II http://www.youtube.com/watch?v=aVVgXusSXvg&feature=related, Parte III http://www.youtube.com/watch?v=gIWsm6VzU3g&feature=related, Parte IV http://www.youtube.com/watch?v=kvPoM5w1tyo. VEA CANAL, Programa Conversemos, Guatemala, 24 de mayo de 2011.