La polarización
política, el negativismo, la subjetividad, las posiciones reduccionistas y las
opiniones sin fundamento en nada aportan a una evaluación objetiva de los diez
años de la Revolución Ciudadana.
Juan J. Paz y Miño Cepeda / El Telégrafo (Ecuador)
No hay duda que el
gobierno de Rafael Correa marcó un nuevo ciclo histórico en Ecuador, comparado
con el que se vivió entre 1979-2006, al menos por tres razones: fue superado el
modelo empresarial-neoliberal que privilegió los intereses del mercado y del
capital; quedó atrás el Estado de partidos hegemonizado por una clase política
tradicional causante del descalabro gubernamental entre 1996-2006; y se edificó
una nueva institucionalidad estatal, con clara orientación social.
Ecuador ha vivido una
década de estabilidad democrática, aunque bajo la oposición de tres sectores
poderosos: las élites empresariales afectadas por el rumbo distinto de la
economía; un sector de medios de comunicación convertido en vocero permanente
del ‘anticorreísmo’; y las fuerzas del imperialismo, que en el nuevo milenio no
han dejado de combatir a los gobiernos de la ‘nueva izquierda’ en América
Latina. Hay que sumar las rupturas entre el gobierno y antiguos aliados de la
vieja izquierda marxista, las dirigencias de los divididos movimientos sociales
y aquellos sectores de clases medias que se han sentido defraudados en sus
expectativas políticas.
Aun así, es la
ciudadanía la que consolidó al gobierno del presidente Correa y sus políticas,
al respaldarle en 10 procesos electorales. Parece que esto tiende a olvidarse.
Pero, además, hay que tomar en cuenta que el nuevo ciclo histórico abierto por
el ‘correísmo’ (término absolutamente incorrecto para un análisis objetivo), se
ha caracterizado por varias fases: la del auge constitucionalista (2007-2008),
la de estabilización del proyecto de la Revolución Ciudadana (2009-2013), y la
fase de replanteamientos institucionales (2014-2016), en la cual la recesión
económica, que galopó desde 2015, afectó la radicalidad del proceso vivido en
años anteriores.
En los dos últimos
años, aunque el gobierno mantuvo los ejes de la nueva institucionalidad
nacional y su orientación social, cayeron algunos índices y hubo giros
contradictorios, con cierta flexibilidad laboral, las alianzas
público-privadas, la ampliación de la explotación minera, medidas sobre la
liquidez incluyendo el endeudamiento externo, y las negociaciones comerciales
con la Unión Europea.
Sin duda se impuso la
necesidad de dar respuestas a la crisis económica internacional que ha sido la
base para los problemas y no el ‘modelo’ gubernamental, como a menudo se
repite. Además, se han sumado los casos de corrupción. De modo que se tiende a
juzgar la década por lo sucedido en la última fase, sin realizar una mirada de
largo plazo.
Porque si se examinan
informes y datos, no solo nacionales, sino de organismos internacionales, es
imposible negar que ha habido una década ganada para Ecuador, que corre el
riesgo de perderse si es que finalmente triunfa el proyecto de restauración del
modelo empresarial, que añora la derecha económica y política del país.
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