En Guatemala hace ya casi 40 años que se vota periódicamente y se cambia el presidente de turno cada cuatro años, y las injusticias estructurales se mantienen inalterables. Eso es igual en cualquier país capitalista del mundo, rico o pobre.
Marcelo Colussi / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala
La democracia representativa es una farsa bien montada. Desde hace ya más de dos siglos, desde la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos, se nos ha ido instaurando, casi a la fuerza, que "democracia" es el ejercicio de ir a votar cada cierto tiempo. Si eso se realiza periódicamente sin interrupciones, con lo que se cambian mandatarios, estamos en democracia –al menos eso se nos repite hasta el cansancio–. Si no es así: ¡dictadura! Pero los problemas económico-sociales que nos afectan realmente no cambian, aunque cambiemos de presidente cada cierto tiempo. Es evidente la farsa, la burla a la que nos someten. Dicho sea de paso, en dos encuestas realizadas estos últimos años en Latinoamérica, por amplia mayoría la población expresó que le da lo mismo el tipo de gobierno que exista (democracia representativa o autoritarismo dictatorial), si eso resuelve sus penurias económicas. ¿De qué democracia hablamos entonces?
En Guatemala hace ya casi 40 años que se vota periódicamente y se cambia el presidente de turno cada cuatro años, y las injusticias estructurales se mantienen inalterables. Eso es igual en cualquier país capitalista del mundo, rico o pobre. En Estados Unidos, la principal potencia capitalista mundial, hace 227 años que cada cuatro también cambia el mandatario, siempre escogido entre dos partidos: Republicano y Demócrata, pero la situación del país no varía. Con cualquier presidente continúa siendo un imperialismo feroz, manteniendo un alto nivel de consumo para su clase trabajadora, mientras que las principales decisiones las sigue tomando siempre o Wall Street (los oligarcas que manejan el dinero) o el complejo militar-industrial, que fija su rapaz política exterior como nación imperialista. El presidente de turno es un gerente, el capataz de la finca que hace cumplir las órdenes de los grandes capitales que le financian la campaña. Eso es igual en cualquier país capitalista, del Norte o del Sur.
En las pasadas elecciones de Guatemala, ese contubernio mafioso que dirige el Estado desde hace algunas administraciones llamado Pacto de Corruptos, enquistado en todos los ámbitos gubernamentales, pensaba volver a ganar poniendo a alguno de sus operadores en la segunda vuelta. Los factores de poder real del país, alto empresariado y embajada estadounidense, le dieron su beneplácito, pues esas mafias –impresentables sin dudas, pero funcionales– aseguran la continuidad de la acumulación capitalista. Sin embargo, para sorpresa de todos, quien luego del ballotage salió triunfador derrotando a la nueva candidata del contubernio gangsteril, fue el Movimiento Semilla con el binomio Bernardo Arévalo-Karin Herrera, quien básicamente levanta banderas anticorrupción. El bochornoso elenco gobernante actual tembló ante la posibilidad de verse desplazado, y comenzó a hacer todas las maniobras inimaginables para no perder su ubicación privilegiada. El Ministerio Público está siendo el instrumento que ahora lleva adelante esa andanada, constituyéndose todas esas argucias en un virtual golpe de Estado técnico, un completo atropello al voto popular violando la Constitución, apelando a los más sucios artilugios.
Sucede, sin embargo, que la geoestrategia de Estados Unidos pareciera estar dejando de darle su apoyo al Pacto de Corruptos, apuntalando ahora a Semilla. Eso ya nos dice por dónde podría ir la administración de Arévalo, si logra asumir sin tropiezos el próximo 14 de enero de 2024. De esa cuenta, el futuro nuevo gobierno contará con la continuidad del llamado "Plan Centroamérica Adelante", alianza público-privada impulsada por Washington que ya ha generado más de 4,200 millones de dólares en inversión del sector privado del Norte, a través de medio centenar de empresas con sede en Estados Unidos, para el denominado "Triángulo Norte de Centroamérica", buscando con ello frenar la migración centroamericana. El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, acaba de declarar que "Estados Unidos sigue preocupado por las continuas acciones de aquellos que buscan socavar la democracia de Guatemala. Tal comportamiento antidemocrático, incluyendo los esfuerzos del Ministerio Público y otros actores para suspender al partido político del presidente electo e intimidar a las autoridades electorales, socava la clara voluntad de los guatemaltecos y es inconsistente con los principios de la Carta Democrática Interamericana." ¿Por qué este apoyo del imperialismo norteamericano al Movimiento Semilla?
Se repite un poco la historia, salvando las distancias, con el anterior gobierno demócrata de Washington, con Obama a la cabeza: hay un intento de "mejorar" en parte las condiciones socio-económicas de Centroamérica, en el entendido que con la galopante corrupción gubernamental existente no llegan los satisfactores sociales (salud, educación, vivienda, infraestructura básica) a las grandes mayorías, por lo que no se detienen los flujos migratorios. En tal sentido el objetivo de Estados Unidos sería propiciar un proceso de reformas generadoras de alternativas de trabajo y mínima estabilidad para evitar el aumento de las migraciones hacia el Norte, lo cual sería posible impulsar con Semilla en el gobierno. Algo así como lo que hizo la CICIG en su momento: un freno a la corrupción. Por supuesto, ello deja de lado al Pacto de Corruptos, que vería el fin de sus negocios.
La población votante en Guatemala se siente vilmente estafada por estas maniobras ilegales del Ministerio Público que pretende evitar la asunción de Bernardo Arévalo. El personaje a destituir con la movilización ciudadana está siendo la Fiscal General, Consuelo Porras. Hay un calor popular generalizado que pide su retiro, así como el de algunos de los operadores corruptos que la acompañan, viviéndose una enconada defensa del proceso democrático. Sin dudas, la actual administración hará lo imposible por no perder sus negocios, que seguramente se deberían transparentar con la llegada de Semilla a la presidencia. De todos modos, sin con esto querer ser aguafiestas, la situación de pobreza en que se encuentra el 70% de la población no se terminará con una cruzada anticorrupción, como la que podría impulsarse con el nuevo mandatario. Está claro, además, que el Movimiento Semilla, que incluso trata de no presentarse como una fuerza de izquierda, no promete ningún cambio estructural.
Sin ningún lugar a dudas, la población votó hastiada de la corrupción y la impunidad que se está viviendo, esperando un cambio. Pero no parece que ese cambio pueda ser profundo, estructural, con el nuevo gobierno; por un lado, porque el Pacto de Corruptos seguramente no lo dejará gobernar. Y por otro, porque asume bastante (muy) condicionado por quienes le apoyan (sectores del alto empresariado nacional y Washington). Se dice, por ejemplo, que buena parte del presupuesto lo destinará a la generación de energía eléctrica, negocio donde el mismo empresariado que lo apoya tiene intereses.
Está claro que esta democracia no es, en sentido estricto, "el gobierno del pueblo", pero en la actual coyuntura abre un escenario más prometedor que el Pacto de Corruptos. Hoy, con población movilizada que sale a pedir la cabeza de esta gente mafiosa (quienes quizá terminen siendo solo los chivos expiatorios del momento), existe un escenario medianamente prometedor. La cuestión es cómo y quién puede profundizar ese descontento popular para ir más allá en la lucha. En realidad, dada la historia reciente y el grado de desmovilización general que se vive, no parece posible transformar ese descontento en una propuesta más radical hoy. Por tanto, a la población, siempre manipulada y engañada, no le queda más que optar por "lo menos malo". Pero… ¿no habrá otras opciones?
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