La legitimación de un enclave minero mediante un contrato con el Estado, que muchos consideran lesivo a los intereses del país y de graves consecuencias ambientales, ha pasado a convertirse ahora en el aspecto principal del deterioro del modelo de desarrollo transitista.
Guillermo Castro H./ Especial para Con Nuestra América
Desde Alto Boquete, Panamá
“El moderno sistema mundial nació a lo largo del siglo XVI. América -como entidad geosocial- nació a lo largo del siglo XVI. La creación de esta entidad geosocial, América, fue el acto constitutivo del moderno sistema mundial. América no se incorporó en una economía-mundo capitalista ya existente. Una economía-mundo capitalista no hubiera tenido lugar sin América.”
Aníbal Quijano e Immanuel Wallerstein, 1999[1]
Esa contradicción principal radica en el agotamiento de lo que cabría llamar el modelo transitista de desarrollo, que desde el siglo XVI ha concentrado lo fundamental de la actividad económica y del poder político en los grupos sociales que controlan el tránsito interoceánico por el Istmo. Por su parte, el aspecto principal de esa contradicción se expresa en la creciente incapacidad de los sectores dominantes en ese modelo para comprender y atender a los problemas que lo afectan.
Para el siglo XX, esa función vino a quedar a quedar en manos de los Estados Unidos, que lo ejerció para adelantar sus aspiraciones a la hegemonía global que vendría a alcanzar tras la Gran Guerra de 1914-1945. Estados Unidos ejerció ese control al amparo de un régimen de protectorado militar establecido en el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903 - y ampliado después por la Asamblea Constituyente de 1904. Ese protectorado fue organizado mediante la creación de un enclave colonial conocido como Zona del Canal.
Aquel enclave extranjero vino a desintegrarse entre 1979 y 1999 según lo acordado en el Tratado Torrijos-Carter. A partir de allí, pasó a reconstituirse después, a escala ampliada, como una Plataforma de Servicios Transnacionales para la circulación del capital, que genera el 80 por ciento de los ingresos del país. La creación de ese enclave ampliado recibió un impulso decisivo tras el golpe de Estado de diciembre de 1989, que liquidó un régimen militar ya destrozado por sus conflictos internos, y lo sustituyó por una versión renovada de la democracia oligárquica que había imperado en país entre 1903 y 1968.
Para ese entonces, el transitismo nacionalizado gozaba de un prestigio y una credibilidad – expresada por ejemplo en la gestión exitosa de la vía interoceánica bajo administración panameña. Hoy, sin embargo, el transitismo enfrenta una situación de descrédito en la que se combinan factores como una grave situación de inequidad en el acceso a los frutos del crecimiento económico, el descrédito del sistema político-partidista restablecido a partir de enero de 1990, y la acumulación de grandes problemas que el Estado no está en capacidad de encarar con el país al que debe servir.
En efecto, los grandes beneficiarios de la ampliación del enclave de servicios transnacionales no se han mostrado interés por la integración del Canal a la economía interna, ni por la de esa economía en el mercado global a partir por ejemplo del fomento de nuevas ventajas competitivas en sectores como la producción agropecuaria y la de servicios ambientales. Con ello, no solo han privado al país de nuevas modalidades de desarrollo, sino que han contribuido en la práctica al agravamiento de los problemas que el modelo de desarrollo vigente no está en capacidad de resolver.
En lo más visible, esos problemas van desde el grave deterioro de los servicios públicos de seguridad social, educación y salud hasta los que presenta la sostenibilidad del Canal debido a las crecientes limitaciones en la oferta de agua dulce que requiere su funcionamiento. A ello ha venido a sumarse la metástasis de la economía de enclave, ahora en la forma una explotación minera de cobre a cielo abierto que viene operando en la región centro-Occidental de la vertiente atlántica del Istmo desde fines de la década 1990.
La legitimación de dicho enclave minero mediante un contrato con el Estado, que muchos consideran lesivo a los intereses del país y de graves consecuencias ambientales, ha pasado a convertirse ahora en el aspecto principal del deterioro del modelo de desarrollo transitista. En la práctica, el Estado ha perdido la capacidad para procesar y encauzar hacia objetivos comunes los conflictos derivados de ese deterioro, que no permite garantizar una prosperidad equitativa, sostenible y democrática en el país.
En julio de 2022 la crisis que encaramos hoy tuvo su primera manifestación en movilizaciones sociales que paralizaron el país en reclamo de atención a los problemas derivados de la inflación, el desempleo y del deterioro de los servicios de salud, seguridad social y educación. Esa ha venido operando desde entonces, parafraseando al general Omar Torrijos, como un serrucho, que va avanza y retrocede, pero cortando siempre.
Interesa, en todo caso, observar que de ese ir y venir participan todos los sectores de la vida nacional. En el caso de la minería, por ejemplo, unos rechazan el contrato, pero no a la mina en explotación; otros demandan el cierre de la empresa; otros, la prohibición de la minería en el país, y otros más piden combinar la aprobación del contrato con la declaración de una moratoria de la actividad minera.
Y emergen ahora – en la mejor tradición de maniobra política criolla – quienes recomiendan suspender el proceso de aprobación parlamentaria para volver a la mesa de negociación mientras se diluyen las tensiones. Esto, sin embargo, equivale a remitirle el problema al gobierno que surja de las elecciones de mayo de 2024, agregándolo a los de la Caja de Seguridad Social, y a los de las inversiones que demandará garantizar el abastecimiento de agua para el Canal mediante el trasvase de ríos colindantes con la explotación minera en curso.
Alguien dijo alguna vez que la solución de grandes problemas genera siempre problemas nuevos y más complejos. Estamos en las vísperas de aprender los problemas nuevos y más complejos que resulten de la incapacidad para encarar y resolver, con la sociedad y no simplemente para ella, las contradicciones que surgen del agotamiento del modelo de desarrollo imperante en la sociedad panameña desde los orígenes mismos del mercado mundial.
Alto Boquete, Panamá, 22 de septiembre de 2023
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