La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973 en Chile tuvo como lema central el «Nunca más», como una reafirmación de la democracia y de la defensa irrestricta de los derechos humanos, cuyas violaciones continúan siendo una herida abierta en América Latina bajo un manto de impunidad que remite también a los crímenes del franquismo en España.
Gustavo González Rodríguez / www.other-news.info
Medio siglo después de la cruenta instalación de la dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet en este país, los retratos de las víctimas de desapariciones forzadas y de asesinatos políticos siguieron acompañando los homenajes en marchas, velatones, romerías a cementerios y convocatorias ante centros de torturas y exterminio convertidos en sitios de memoria.
Manifestaciones más o menos similares acompañan en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Guatemala los aniversarios de regímenes dictatoriales que proliferaron en la región durante el siglo XX y que al menos en su formato militarista pasaron a la historia desde la década de los años 90, cuando se proclamó el fin de la Guerra Fría.
Lo que no ha pasado a la historia es la búsqueda de los familiares de las víctimas, que en un luto eterno reclaman los restos de sus deudos y persisten en sus demandas de justicia y reparación, estrellándose a menudo con el silencio de los victimarios, la inoperancia o impotencia de los tribunales y, lo que es peor, la complicidad de actores políticos con el negacionismo.
Las iniciativas en favor de los derechos humanos de gobiernos y órganos legislativos son a veces neutralizadas por disputas políticas, otras veces resultan insuficientes a raíz de un no reconocido temor a las Fuerzas Armadas y también terminan siendo contraproducentes con leyes de amnistía que, con el declarado propósito de buscar la reconciliación, favorecen la impunidad.
Esto último queda evidenciado en el documental español Pico Reja. La verdad que la tierra esconde, exhibido en Santiago como parte de actividades anexas a la conmemoración de los 50 años del golpe de 1973, en una vinculación con España que a la postre no es casual, vista la admiración que Augusto Pinochet declaraba por el generalísimo Francisco Franco.
El filme de 2022, de Remedios Malvárez y Arturo Andújar, documenta la exhumación de víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) en la fosa común Pico Reja del cementerio de Sevilla. Andalucía fue uno de los territorios más castigados por la represión franquista. Se produjeron más de 50.000 fusilamientos, un tercio del total de las víctimas españolas, y hubo más desaparecidos que los que sufrieron Argentina y Chile juntos durante sus dictaduras militares.
El hijo de uno de los desaparecidos señala en el documental que la Ley de Amnistía, aprobada en España en 1977 tras la muerte de Franco, favoreció sobre todo a los represores del bando nacionalista que sobrevivieron al conflicto y en cambio es un gran obstáculo para que los deudos de víctimas republicanas puedan encontrar sus restos.
En un sentido similar apunta otro documental español, El silencio de otros (2018), de Almudena Carracedo y Robert Bahar, que incluye los infructuosos esfuerzos legales de víctimas de la represión durante los 40 años de régimen franquista, cuyos torturadores fueron amparados también por la amnistía de 1977.
El juez Baltasar Garzón, que acogió las demandas de las víctimas, fue obligado a dejar el caso y suspendido en su condición de magistrado, acusado de prevaricación por desconocer el imperio de la Ley de Amnistía, que impidió posteriormente la extradición a Argentina de un conocido torturador en el juicio que abrió la jueza bonaerense María Servini.
La película Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre y estrenada hace un año, es una recreación del exitoso proceso por crímenes de lesa humanidad que el fiscal Julio Strassera llevó a cabo contra las juntas militares que gobernaron entre 1976 y 1983. Sin embargo, en 1990 Carlos Menem indultó al general Jorge Rafael Videla, al almirante Emilio Massera y demás condenados, hasta que en 2006 fueron nuevamente encarcelados bajo el gobierno de Néstor Kirchner.
Los testimonios cinematográficos y literarios sobre el terrorismo de Estado y sus víctimas en América Latina son numerosos, pero en la mayoría de los casos dejan un rastro de dolor con tintes de desesperanza, ya que pese a las movilizaciones de familiares de las víctimas y los esfuerzos de organismos defensores de los derechos humanos persiste la impunidad.
Tal vez el país más golpeado de la región es Guatemala, donde sucesivas dictaduras combatieron la insurgencia guerrillera a partir de 1960, con un saldo de 200.000 muertos según estimaciones. El terrorismo de Estado guatemalteco adquirió características de genocidio contra comunidades indígenas, en especial bajo la dictadura de Efraín Ríos Montt (1982-83).
También en América Central, El Salvador registró unas 75.000 muertes por la violencia política entre 1979 y 1992, de las cuales 80 % eran civiles. Otras dictaduras de larga duración, como las de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana, la familia Somoza en Nicaragua, y los Duvalier en Haití, también dejaron una copiosa estadística de asesinatos y desapariciones.
El periodista estadounidense John Dinges, que cubrió las guerras civiles en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, ha investigado también en profundidad el Plan Cóndor, la coordinación represiva que establecieron entre los años 70 y 80 del siglo XX las policías secretas de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
El Plan Cóndor fue en los hechos un organismo de represión transfronteriza, mediante el cual las dictaduras intercambiaban información y mandaban a secuestrar o asesinar opositores, coludidas incluso con grupos de orientación fascista de Europa.
En estas operaciones transfronterizas fueron asesinadas 654 personas, en su mayoría vinculadas a grupos militantes, pero también dirigentes políticos y activistas de derechos humanos que desde el exilio denunciaban y combatían a las dictaduras, de acuerdo a las investigaciones de Dinges.
En un seminario realizado en la Universidad de Chile en torno a los 50 años del golpe, Dinges señaló que los procesos de reparación y justicia por los crímenes del terrorismo de Estado deben tener la verdad como pilar fundamental, pero se dificultan a menudo por la falta o insuficiencia de antecedentes para llevar los casos ante la justicia.
En situaciones de fuerte represión y temor colectivo, los familiares de desaparecidos o asesinados no pueden recopilar y validar sistemáticamente los antecedentes de las actuaciones de los agentes dictatoriales, por lo cual es muy importante la existencia de organizaciones de apoyo en la defensa de los derechos humanos.
En ese sentido, para Dinges, Chile es uno de los países que puede estar en mejor pie para enfrentar la impunidad, gracias a la creación desde los primeros meses de la dictadura del Comité Pro Paz, un organismo ecuménico, cuya labor fue continuada desde 1975 por la Vicaría de la Solidaridad, albergada por la Iglesia Católica.
La Vicaría amparó a organizaciones de familiares de Desaparecidos y Ejecutados Políticos y contó con un equipo de abogados, asistentes sociales, documentalistas, sociólogos y otros profesionales que llevaron un registro riguroso de las violaciones de derechos humanos que han posibilitado condenas a represores desde el restablecimiento del orden constitucional en 1990.
Pero la lucha contra la impunidad no solo remite al pasado de las dictaduras castrenses, también hoy por hoy se siguen acumulando violaciones de derechos humanos en América Latina, por parte de regímenes autoritarios o asociadas a la inoperancia o impotencia de gobiernos ante crímenes contra defensores humanitarios, dirigentes ambientalistas y, como siempre, contra periodistas de investigación.
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