sábado, 2 de agosto de 2025

Panamá 2025: una fotografía del capitalismo decadente del siglo XXI

 Los dramáticos acontecimientos vividos por la sociedad panameña, entre abril y julio de 2025, muestran en toda su crudeza las características del sistema capitalista neoliberal y decadente que rige a todo el planeta.

Olmedo Beluche / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá

A primera vista podría dudarse que, en este pequeño país, tanto geográfica como demográficamente, podría condensarse la esencia del mundo que le toca vivir a la presente generación, aunque, a nuestro juicio, una observación atenta nos convence de que así es. Probablemente esto se debe a que somos uno de los eslabones débiles de la cadena imperialista, pero un eslabón geopolítico central de la cadena.
 
Los hechos muestran la intensidad de la lucha de clases y la brutalidad de la respuesta represiva del gobierno: 
 
1) Una huelga magisterial de casi tres meses de duración, acompañada de movilizaciones diarias en todas las capitales provinciales, que termina con la suspensión salarial de miles de educadores y la separación del cargo (despidos en proceso) de poco más de 700 activistas, entre ellos las juntas directivas de los principales gremios.
 
2) Una huelga de los trabajadores bananeros de Chiquita Brands. (SITRAIBANA), que se prolongó un mes y que culmina con el arresto de su secretario general, Francisco Smith, junto a otros directivos, y el despido de toda la plantilla de 5,000 trabajadores por parte de la transnacional.
 
3) Una importante huelga y movilizaciones de los trabajadores de la construcción, que paralizó por un mes las obras de la línea 3 del metro de Panamá, así como la del cuarto puente sobre el canal, y otras obras, cuyo sindicato (SUNTRACS) es objeto de la peor represión sufrida por el sindicalismo panameño en toda su historia: judicialización y medidas cautelares contra decenas de activistas y afiliados; fabricación de un proceso penal por parte de la Procuraduría, dirigida por el abogado personal del presidente de la República, a partir del cual se ordena la intervención de las sedes sindicales y la cooperativa, así como el arresto de directivos, uno de ellos en una cárcel de máxima seguridad, otro con arresto domiciliario, y dos que han tenido que tomar el camino del exilio.
 
4) Una explosión social expresada en la incorporación a la lucha de miles de habitantes de las comunidades rurales e indígenas más pobres del país, en la que toda la población, con los jóvenes a la vanguardia salían a bloquear carreteras, en particular la Interamericana; lo cual deriva en una violación masiva de la libertades democráticas y los derechos humanos, como no se veía en Panamá desde el Golpe de Estado militar de 1968: primero lo hicieron contra la comunidad de Arimae (Darién) en su mayoría de la etnia emberá, donde gasearon a tal punto el pueblo que la gente tuvo que esconderse en la montaña, además donde arrestaron arbitrariamente a sus autoridades tradicionales (caciques); luego, en la provincia de Bocas del Toro, y el distrito de Changuinola, donde se suspendieron las garantía constitucionales, se cortó las comunicaciones y la corriente eléctrica, para lanzar una cacería de personas de casa en casa con casi 400 arrestados, con todo tipo de vejaciones, en especial contra las mujeres, golpes, torturas, disparos, amenazas de muerte, etc. Se ha logrado precisar al menos una persona asesinada por las fuerzas policiales y se rumoran otros casos.
 
5) Coacción a todos los niveles contra las libertades democráticas: expedientes judiciales contra dirigentes estudiantiles; ataques reiterados a la autonomía de la Universidad de Panamá, acusada por el propio presidente de “cueva de terroristas”; censura y parcialización en los grandes medios de comunicación; represión brutal de las manifestaciones; etc.
 
Lo dicho apenas constituye una somera mención, que deberá ser documentada en detalle por investigaciones independientes de derechos humanos, pero da cuenta de una confrontación social (lucha de clases) de envergadura. La lucha ha hecho evidente para un segmento importante de la población que, mientras los sindicatos, gremios y movimientos sociales defienden los intereses de la clase trabajadora; el gobierno de José R. Mulino, autodenominado “gobierno empresarial”, defiende a una minoría capitalista voraz que le chupa la riqueza y la sangre a la nación (oligarquía).
 
En apariencia el resultado de la confrontación parece favorable al gobierno de Mulino, gracias a imponerse por la vía de la fuerza; pero en la realidad la burguesía está ante una derrota política y moral, pues el repudio de la población a su gestión es superior al 80%, como prueba una encuesta del diario La Estrella de Panamá, publicada el 30 de junio.
 
Un gobierno tan impopular, con apenas un año de mandato que se sostiene con el respaldo de la oligarquía financiera, sus medios de comunicación de masas, la fuerza pública remilitarizada en componenda con el Comando Sur del ejército de Estados Unidos, al cual sirven como títeres leales.
 
Analicemos las demandas que motivaron el llamado a huelga y movilización para comprender que la clase trabajadora y el pueblo panameño hicieron una lucha titánica y se enfrentaron heroicamente a tres (3) pilares del sistema capitalista imperialista mundial:
 
1) La exigencia central ha sido la derogación de la Ley 462, que reforma el sistema de jubilaciones del país, desmejorando significativamente las pensiones futuras, forzando de hecho a un aumento de la edad jubilatoria y permitiendo al gobierno usar los fondos para cuadrar las recaudaciones estatales, en déficit gracias a la evasión y las exoneraciones de que goza la burguesía panameña, y a su vez permitir la explotación de dichos fondos por el sector financiero privado. Esto que ha pasado en Panamá, es la misma receta que los organismos financieros internacionales (Banco Mundial) vienen aplicando en todo el mundo, incluyendo Europa.
 
2) La oposición a la reapertura de la explotación minera de cobre en el distrito de Donoso, provincia de Colón, por parte de la transnacional canadiense First Quantum Minerals, cuyo contrato fue rechazado masivamente en las calles en 2023, forzando a la Corte Suprema de Justicia a declararlo inconstitucional. También la oposición a la creación de una represa en la zona de río Indio, con la excusa de suplir de agua al Canal de Panamá, que expulsaría a varios miles de familias que habitan el área. Ambas demandas, hacen parte de la lucha mundial contra el “extractivismo” una de las modalidades del capitalismo actual que destruye los entornos naturales, empobrece a los habitantes, para extraer materias primas baratas para beneficio de capitales extranjeros. Esta lucha nos hermana con los pueblos indígenas de Ecuador, por ejemplo, que luchan contra las grandes petroleras; o los pueblos del centro de África, sometida al saqueo, las guerras y la miseria para que EEUU y Europa le roben sus riquezas minerales.
 
3) La otra importante demanda que coreaban huelguistas y pobladores panameños es el rechazo al llamado Memorando de Entendimiento firmado por el ministro de seguridad Frank Ábrego y el secretario de Defensa de EE UU, Pete Hegseth, por el cual se restituyen tres bases militares norteamericanas en el entorno del Canal de Panamá, las cuales se habían cerrado en 1999, gracias a décadas de movilización popular recogida por los Tratados Torrijos – Carter de 1977. Esta concesión que lesiona la soberanía nacional es parte de las demandas del presidente norteamericano Donald Trump en su guerra fría contra China y, junto con el rearme de la OTAN y la militarización del Mar del Sur de China, el genocidio contra el pueblo palestino y la reconfiguración política del Medio Oriente, por parte de Israel – OTAN, son parte del esfuerzo del imperialismo yanqui por frenar su decadencia. 
 
Se puede apreciar que el programa que motivó la movilización de 2025 en Panamá trasciende lo meramente reivindicativo, pues enfrenta tres pilares que sostienen al sistema capitalista internacional: la expropiación de los fondos de jubilación, el extractivismo y el rearme militar de “occidente”. 
 
Es muy difícil derrotar estas imposiciones en el plano meramente nacional, pues estas políticas trascienden a escenarios mundiales que requieren el concurso de fuerzas sociales que se movilicen contra ellas a escala planetaria o, por lo menos, en los principales países imperialistas. 
 
La derrota del modelo neoliberal de pensiones, del extractivismo y el militarismo requerirá la conjunción de factores internacionales, con los que tiene que coordinar el movimiento social panameño. De ahí la completa vigencia de una política basada en la solidaridad, el internacionalismo y, para Latinoamérica, la unidad bolivariana.
 
A las tres demandas originales se suman ahora la exigencia por: el respeto a las libertades democráticas, entre ellas libertad sindical y el cese de la persecución contra SUNTRACS y su dirigencia, al igual para SITRAIBANA; el levantamiento de las sanciones contra los docentes que lucharon; la restitución plena de las garantías democráticas y por una Comisión Investigadora Independiente que establezca la verdad sobre los crímenes de lesa humanidadcometidos en Bocas del Toro y Arimae.
 
Es evidente que estamos ante una confrontación por otro modelo político, social y económico completamente distinto a la actual imposición antidemocrática neoliberal del sistema capitalista financiero internacional. Las tres demandas no son simples reivindicaciones y reformas del sistema, sino que tocan la médula del capitalismo panameño. 
 
La consecuencia lógica es que se requiere un gobierno distinto, con alianzas sociales y políticas distintas, si queremos construir un país distinto. Ahí es donde la lucha social ha estado más débil, pues la conciencia de esta necesidad política está difusa en la mayor parte de la vanguardia luchadora. 
 
Panamá ha vivido una revolución social en tres tiempos: las movilizaciones continuadas de 2022 (contra la carestía), de 2023 (contra la mina) y de 2025 (contra la Ley 462, la mina y el memorando), las cuales han permitido a la vanguardia popular y una gran parte del pueblo panameño intuir la necesidad de un cambio en el poder político, pero aún no se ha llegado a la madurez de que ese proyecto alternativo debe ser construido desde las propias fuerzas que han liderizado esta heroica lucha.
 
Es urgente la constitución de una fuerza política que dialogue con la vanguardia de las luchas para proponerle esta tarea: la construcción en común de un proyecto alternativo por un país soberano, democrático, sin neoliberalismo económico, con una reforma fiscal progresiva (que los ricos paguen impuestos), que respete la libertad sindical. Esta será la mejor posibilidad de transformar lo que hoy parece una derrota relativa, en una victoria política del movimiento sindical y social panameño.
 
Panamá, 29 de julio de 2025.

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