Al calor del Mundial de fútbol, las redes sociales volvieron a discutir si Argentina es —o fue— uno de los países más racistas del mundo.
Julieta Rostica / https://sociologia.sociales.uba.ar
Que haya habido personalidades relevantes de la cultura, la docencia y los medios difundiendo esta idea sin matices amerita, al menos, una reflexión más cuidadosa. La idea de este pequeño artículo es que Argentina sí conoció formas de racismo, pero distintas de las predominantes en buena parte de América Latina. La ausencia de grandes sistemas de segregación étnica, el temprano mestizaje y la posterior reclasificación jurídica de indígenas y afrodescendientes hicieron que el racismo se expresara sobre todo mediante procesos de estigmatización social y de clase.
Se habla de racismo banalmente, sin precisar bien de qué se trata. Marta Casaús, una de las sociólogas más destacadas del subcontinente, lo define como la clasificación, valoración y jerarquización de una sociedad a partir de diferencias biológicas y/o culturales imaginarias, que se exaltan hasta homogeneizar a los componentes del grupo y volverlos estereotipos y estigmas inmutables. Esa jerarquización suele originarse en el grupo que se percibe superior, para justificar una dominación, aunque luego se reproduce en el conjunto social. Michel Wieviorka propuso, además, distinguir sus formas elementales —segregación, discriminación— y su grado de articulación política: cuando el racismo queda confinado al orden social, conviven el rechazo a sus formas más explícitas (estereotipos o discriminación) con la reproducción del prejuicio racial oculto en la estructura y en las formas de dominación; cuando se vuelve sociopolítico, en cambio, el prejuicio racial construye un enemigo mítico que puede derivar en violencia racial abierta. Con esas herramientas, cabe preguntarse: ¿qué formas asumió el racismo en Argentina, y en qué espacio —social o político— se desplegaron?
El racismo llegó con la colonización. La diversa población de América Latina fue homogeneizada bajo la categoría racial de “indios”, y se impuso una segregación entre pueblos indígenas y españoles. Los certificados de limpieza de sangre, que acreditaban la ausencia de ascendencia indígena o africana, garantizaron la reproducción de las élites blancas. Ya en el siglo XIX, en la formación de los Estados-nación, los intelectuales clasificaron a sus sociedades en razas según rasgos fenotípicos, les atribuyeron características psicológicas y culturales, y decidieron así quiénes eran ciudadanos y quiénes estaban obligados al trabajo forzado. Los distintos sistemas productivos coloniales produjeron también distintos regímenes raciales.
La diferencia argentina fue ocupar un territorio alejado de las regiones densamente pobladas del período prehispánico y colonial. Hubo haciendas en el Noroeste, pero nunca con la escala de mano de obra indígena forzada que existió en México, Perú o Chile. Fuera de esa región, había pueblos indígenas con autonomía política en el Chaco, La Pampa y la Patagonia, aunque representaban una proporción de la población muchísimo menor que en Perú o Bolivia, donde llegaban al 70-80%.
Tampoco hubo plantaciones como las de Cuba, Brasil o el sur de Estados Unidos, que demandaban enormes contingentes de esclavos que permanecían agrupados y segregados. Llegó población africana —se estima que llegó a representar hasta un cuarto de los habitantes— pero bajo una esclavitud urbana, doméstica y ganadera, que convivía cotidianamente con blancos, mestizos e indígenas. La Ley de Libertad de Vientres (1813) llegó incluso antes que la independencia, y la esclavitud se abolió en 1853, treinta años antes que en Brasil y Cuba.
La forma productiva predominante fue la estancia, que empleaba poca mano de obra, mayormente asalariada. Esto no quiere decir que no hubiera discriminación, pero sí que la segregación no fue una forma elemental del racismo argentino, como sí lo fue en buena parte del resto de América Latina.
A esa estructura socioeconómica se sumaron dos procesos que aceleraron el mestizaje, la reclasificación racial y la invisibilización: la inmigración europea masiva —casi 3 millones de personas llegadas hacia fines del siglo XIX y otros 3 millones entre 1901 y 1914— y las campañas contra los pueblos indígenas. Si bien varios inmigrantes retornaron y otras centenas fueron perseguidas por la Ley de Residencia (1902-1958) contra militantes sindicales y anarquistas, no resulta una política anacrónica a su tiempo cuando es vista a la luz de otros países, como México, que en la actualidad siguen prohibiendo constitucionalmente que los extranjeros participen o se inmiscuyan en asuntos políticos. Sobre la “Conquista del Desierto”, las investigaciones de Mónica Quijada muestran que uno de los efectos principales fue la reclasificación jurídica: los “indios” dejaron de ser clasificados como tales, algo que no ocurrió en países donde existieron estatutos especiales para los pueblos vencidos. Al ser incorporados sin ese estatuto diferenciado, dejaron de ser percibidos como grupo étnico. Así se construyó el mito de que “en Argentina no hay indios”.
El imaginario de una Argentina blanca y europea colapsó a mediados del siglo XX, cuando la industrialización impulsó la migración interna de trabajadores de las provincias hacia los centros industriales y el conurbano bonaerense. Más de dos millones de personas, llamadas por los sectores medios y altos porteños con la categoría racializada de “cabecitas negras”, pasaron a integrar la clase obrera. Eran mestizos de todo tipo, que contrastaban con el ideal europeo de unas élites que, paradójicamente, también eran en su mayoría de origen europeo. Por eso, pensar el racismo en Argentina exige menos las clasificaciones raciales clásicas que el racismo de clase que conceptualizó Étienne Balibar: la asociación entre determinados rasgos fenotípicos, la cultura popular, el barrio marginal y la delincuencia, convertida en estigma social. Indudablemente, este tipo de racismo porteño afecta a los ciudadanos de las otras provincias, especialmente de aquellas más alejadas de las grandes áreas metropolitanas que, al ser discriminados, son absorbidos por enormes enclaves mineros cuya incidencia creo que no llegamos a dimensionar.
En la actualidad, Argentina sigue siendo el país latinoamericano con mayor cantidad de inmigrantes —más de 2,2 millones, sobre todo de Paraguay y Bolivia— y las deportaciones vienen en aumento: de 232 personas en 2004 y 1330 en 2010, se pasó a 14 mil expulsiones en los primeros seis meses de 2026 bajo el gobierno de Milei. Es un salto que merece atención y seguimiento propios, al igual que México, cuya población extranjera representa tan sólo el 0,96% de su población total y cuyas autoridades han llegado a deportar a 276000 personas en un solo año.
Volviendo entonces a la pregunta inicial: históricamente, en Argentina no hubo segregación racial comparable a los sistemas más desarrollados en Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil y buena parte de Hispanoamérica, y las formas elementales del racismo se desplegaron más en el orden social que en el sociopolítico. Eso no permite sostener que Argentina sea la expresión máxima del racismo mundial, ni que el vínculo de un gobierno con Israel diga algo concluyente sobre el carácter de la sociedad argentina. Pero tampoco hay que ir al extremo contrario. En Argentina las clasificaciones raciales fueron menos rígidas que en el resto de América Latina, y la estigmatización y la discriminación están más asociadas a las relaciones de clase. Eso no lo vuelve inofensivo: los discursos de odio promovidos desde las altas esferas del poder político habilitan hoy espacios cada vez más amplios para la construcción de enemigos míticos y la agresión. Por eso, aunque en las redes sociales abunden la liviandad y la incoherencia argumentativa, vale la advertencia: hay una retórica racista y machista en referentes políticos y comunicadores de ultraderecha que aviva el racismo en sus diferentes formas.
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