El 17 de octubre recién pasado, en Guatemala asesinaron a mansalva a Juan Francisco Solórzano Foppa. Por lo menos cuatro pistoleros lo balearon con un fusil de uso exclusivo para las fuerzas armadas en un lugar abierto al público, a la vista de decenas de personas, mientras realizaba una práctica deportiva en un campo de fútbol que se ubica en un complejo deportivo al aire libre perteneciente al Ejército de Guatemala.
Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica
Su nieto, Juan Francisco, quien es ahora asesinado con tan solo 43 años, fue fiscal del Ministerio Público y superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria y mantenía una constante denuncia a través de redes sociales sobre la corrupción que asola a Guatemala. Un par de días antes de su asesinato, hizo pública una acción militar, que aparentemente contó con la colaboración de la CIA, contra una organización criminal del oriente del país.
Como es conocido, Guatemala es un país en el que las redes del crimen organizado han permeado a toda la sociedad, incluyendo al Estado. Esta situación es resultado de tantos años de guerra que llevaron, por un lado, a un proceso de descomposición social y, por otro, a que facciones de corporaciones como el Ejército construyeran un entramado perverso de enriquecimiento ilícito aprovechándose de su lugar privilegiado en el ejercicio del poder. El juicio contra el hoy expresidente Otto Pérez Molina evidenció con pelos y señales cómo funcionaba una de esas corporaciones en puertos y aduanas del país.
Las posiciones privilegiadas que han alcanzado para hacer negocios ilícitos, saquear al erario público y lavar ganancias las defienden con uñas y dientes. En estos momentos, se sienten amenazados porque, aunque el actual gobierno de Bernardo Arévalo no ha respondido con suficiente firmeza ante esta situación, han perdido recientemente el control de la dirección del Ministerio Público y, hace dos años, la misma presidencia de la República.
La pérdida del control del Ministerio Público, acaecido hace pocos meses, tiene nerviosas a estas élites mafiosas. Saben que un sistema de justicia probo deja al descubierto sus desmanes y tropelías. Sabiéndolo, se deshicieron de la CICIG, que había sido creada específicamente en conjunto con la ONU para perseguir el tipo de crímenes que los caracteriza, pero lograron deshacerse de ella en 2019, durante el período presidencial de Jimmy Morales.
Hasta hace poco tiempo, se valieron del Ministerio Público corrompido para arrinconar a sus enemigos. Han obligado al exilio a periodistas, abogados, jueces y fiscales, y han abierto causas contra quienes, aún en esas condiciones adversas, se atreven a enfrentárseles, estudiantes y profesores universitarios que se oponen a las acciones fraudulentas que han llegado a la misma universidad del Estado, o activistas de base que se han manifestado reclamando el respeto al voto popular cuando quisieron robarle la presidencia ganada en las urnas a Bernardo Arévalo en 2023.
La persecución a las que los someten los condena a la muerte cívica. Fuera del país, lejos de sus antiguos puestos de trabajo, su presencia languidece y se ven imposibilitados de incidir en el acontecer nacional.
Pero ahora estas mafias han dado un paso más: el asesinato político. No quiere decir que este hubiera desaparecido totalmente. Guatemala es un país en el que la violencia deja una estela de muerte todos los días, y a veces es difícil distinguir entre los ajustes de cuentas del crimen organizado y los asesinatos por razones políticas.
En este caso no hay dudas, se trata no solo de un asesinato político, sino de uno hecho con toda la intención de advertir a quienes se enfrentan con el estado de cosas imperante. Hoy hay, sin embargo, una sociedad civil más organizada, que sabe de su fuerza y de la importancia de reclamar sus derechos. No se asustará fácilmente.
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