El proyecto minero a cielo abierto que Cobre Panamá desarrollaba en el distrito de Donoso (tan ilegal como la minería ilegal propiamente), se estimaba valorado en 10,000 millones de dólares, lo que lo convertía en una de las minas más grandes del mundo, con una planta propia de generación eléctrica de 300 megavatios e ingresos reportados en el 2023 de 2,513 millones de dólares por ventas, hacia sus dos destinos principales de exportación: China y Japón.
Pedro Rivera Ramos / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
En el caso de la minería de cobre y otros metales en el distrito de Donoso, provincia de Colón, fue el gobierno de Juan Carlos Varela que, en el año 2016, decidió extender por 20 años adicionales hasta el 2037, la concesión minera que el gobierno Balladares había otorgado en 1997 a la empresa Sociedad Minera Petaquilla, S.A., mediante Contrato-Ley No. 9 de ese año por 20 años y dos prórrogas automáticas por igual período.
Esta empresa Sociedad Minera Petaquilla, S.A., que tomó el nombre de Petaquilla del cerro de igual nombre ubicado en Donoso y que contaba con depósitos de oro y otros metales en cantidades importantes, desarrolló este proyecto minero hasta el año 2013, bajo el mando del consorcio canadiense Inmet Mining Corporation, cuando este por oferta pública en Canadá es adquirido por First Quantum Minerals, que continuará ahora a través de su filial Cobre Panamá, con la construcción y explotación de minerales en este cerro y áreas aledañas, bajo la misma concesión otorgada por el Estado panameño en 1997 y sobre la que pesaban dos demandas de inconstitucionalidad (en 1998 y 2009) ante la Corte Suprema de Justicia, tomándole a esa corporación más de 20 años para declarar el 25 de septiembre de 2018, la inconstitucionalidad del contrato otorgado. ¡Qué asombrosa celeridad por parte de la Corte! Pero eso no terminó allí. Pasaron entonces tres años para que este fallo fuera publicado en Gaceta Oficial, ya que desde el poderoso bufete Morgan & Morgan hicieron todo lo posible por dilatar su publicación. A pesar de todo ello, la mina de cobre entró en operación a mediados del año 2019, pasando abiertamente por encima de la Constitución nacional y el pronunciamiento de la Corte Suprema.
De ese modo, la mina de cobre a cielo abierto que Minera Panamá o Cobre Panamá comenzó a explotar en el distrito de Donoso, provincia de Colón, comprende una concesión total de más de 130 km2, con una intervención de 59 km2 y una excavación principal que cubre alrededor de 300 hectáreas. Se estima que en el área concesionada existe aproximadamente 3,000 millones de toneladas de reservas probadas y probables de cobre, que, junto a otros metales como oro, plata y molibdeno, forman parte de la producción comercial de esta mina. Aunque geográficamente este territorio es colonense, el acceso principal a la minera en cuestión, se produce por el distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé.
Donoso, el distrito donde Cobre Panamá venía operando una mina a cielo abierto en base a un contrato inconstitucional, posee una superficie total de 1700 km2 y según estimaciones del año de operación (2019), la población total de habitantes se estimó en 14,798. Por ser un sitio de una gran riqueza biológica que está dentro del Corredor Biológico Mesoamericano, donde las principales actividades económicas de su población se reducen a la agricultura de subsistencia, la pesca artesanal y la pequeña ganadería, no podría aspirar a que su único activo económico local fuera un yacimiento de cobre, que los ha llevado a perder sus dinámicas territoriales tradicionales, destruir su biodiversidad y sus bosques, degradando sus suelos y contaminando sus principales fuentes de agua; asunto este último que se agrava, cuando en este distrito se encuentran las cuenca de los ríos Coclé del Norte, Miguel de la Borda y Belén, así como varias microcuencas y ríos costeros.
Es decir, claro que una región que dependía principalmente de la agricultura y la pesca, tema lógicamente por los perjuicios a la salud, a sus animales y plantas alimenticias, que la actividad minera industrial vaya a causarles. Estas preocupaciones, que incluyen hasta el hecho que muchos médicos se cuiden de diagnosticar enfermedades relacionadas con venenos o por la polución que hay en el ambiente, serían abordadas de manera diferente, si el yacimiento minero estuviera ubicado cerca de los vecindarios donde viven muchos políticos, millonarios y altas autoridades de este país. Por eso todo esto es posible en la nación, menos correr el peligro que sus lujosas propiedades de varios millones fueran devaluadas, por la proximidad de una explotación minera. Y eso sí que no.
Lo anterior viene a demostrar con mucha claridad, la diferencia que pueden existir en las miradas de las áreas mineras, según si los ojos pertenecen a inversionistas, beneficiarios o a los habitantes de Donoso. Unos ven un entorno con respeto, amor y un alto grado de intimidad, mientras otros solo ven, cuánta importancia hay allí para satisfacer el lucro y el afán de riqueza material. A estos últimos se le unen en sus sueños y ambiciones, los que nutren las instalaciones temporales de las minas, que semejando campamentos militares los tienen sin arraigo ni amor alguno por el lugar, convencidos que pasado un tiempo se encontrarán en otro lado u otra mina lejana. En esos campamentos se dan todos los servicios que los hombres allí alojados necesitan (hasta la facilitación de mujeres), aunque ellos procuran ahorrar dinero suficiente para irse lo más lejos posible de esos parajes devastados, donde los nativos o locales les queda el inmenso hueco de la excavación y todos los problemas ambientales y de salud asociados. Por eso los conflictos con la minera y los habitantes de Donoso no son solo un problema de carácter socioambiental, también lo es en el ámbito económico, cultural y político.
El proyecto minero a cielo abierto que Cobre Panamá desarrollaba en el distrito de Donoso (tan ilegal como la minería ilegal propiamente), se estimaba valorado en 10,000 millones de dólares, lo que lo convertía en una de las minas más grandes del mundo, con una planta propia de generación eléctrica de 300 megavatios e ingresos reportados en el 2023 de 2,513 millones de dólares por ventas, hacia sus dos destinos principales de exportación: China y Japón. Con su cierre a fines de ese mismo año, la empresa estimó que dejó de percibir 6,000 millones de dólares y se perdieron 54,000 empleos indirectos, aunque solo aseguró haber despedido a 4,000 empleados del total contratado. Por otro parte, las principales autoridades del país aseguraron que este cierre causó en la economía, que el PIB de Panamá cayera un 5%, cifra irrelevante o de poca importancia, cuando la alarma que quieren que despierte, jamás compensará la gran devastación medioambiental ya causada en Donoso y que más temprano que tarde terminará por mostrar sus evidencias en la salud de las personas que viven y trabajan allí. De allí que no tiene nada de raro que la explotación de la mina de cobre en esta parte del país, se parezca mucho al robo de nuestras materias primas en tiempos de los imperios del siglo XV y que la lucha de ahora se interprete como parte integral de la resistencia global, contra la colonización extractivista.
Como era de esperarse, ante el cierre de sus operaciones, la minera en Donoso no se ha quedado de brazos cruzados. Impulsó una fuerte e intensa campaña de relaciones públicas para supuestamente reducir la desinformación y las aseveraciones carentes de datos científicos y cargadas, según ellos, de mucha mala fe. La cooptación de algunos de los llamados “influencer” y otras figuras públicas relacionadas con el deporte, el arte y la cultura en general, parecen ser frutos de esta campaña, cuando muchos de ellos pasaron de la noche a la mañana, de una aparente apatía por este asunto, a levantar sus voces en defensa de la minería “sostenible”, que practica en Donoso la empresa canadiense Cobre Panamá. Forman parte también de esta ofensiva minera, los programas de protección de áreas ricas en biodiversidad en el Parque Nacional de Santa Fe y el Parque Nacional Omar Torrijos, que son patrocinados por esta empresa, quizás tratando de justificar con ello, la destrucción ambiental en una zona con la compensación en otras áreas del país.
Asimismo, la empresa amenazó de inmediato al país con demandas multimillonarias, no en los tribunales panameños, sino ante mecanismos internacionales que han sido creados como concesión a las empresas transnacionales. De ese modo, se le da visos de legalidad al disparate de concederle prerrogativas a empresas extranjeras, para emplazar ante la justicia a Estados nacionales. Otra concesión, además de la anterior que alcanzan dichas empresas, en este caso las mineras, reposa en la ampliación del plazo de duración de la concesión con opciones renovables. Con cierta frecuencia participan directa o indirectamente en la redacción de los textos mineros de los países y los someten con la protección que les otorgan los tratados de inversión, que obliga al arbitraje internacional en el llamado CIADI y otros mecanismos similares, con su alto costo y la imposibilidad que las comunidades afectadas se vean representadas.
Por eso es que definitivamente una exigencia que hay que incluir en la lucha contra los proyectos mineros o extractivistas, es la anulación o derogación de esos tratados o reformularnos en beneficio de los intereses nacionales. Para ello hay que apoyarse en gran medida en los avances de la revolución digital y las redes sociales como espacios para la articulación de acciones, demandas y mantenimiento de las protestas y movilizaciones en el tiempo. Claro está que esas manifestaciones no pueden sustituir las acciones colectivas reales, solo las complementan. Pero antes hay que buscar el mayor consenso sobre los peligros y las amenazas de los proyectos extractivistas, con el fin superior de conformar a mediano plazo, un proyecto poscolonial que supere la dependencia excesiva en la extracción y exportación de minerales como el cobre.
Para la legislación panameña vigente, la minería es definida como el conjunto de actividades de exploración y extracción de los yacimientos minerales de toda clase, existentes en el territorio nacional; todo muy escueto y sin profundizar mucho, mientras que, por otro lado, una gran parte de nuestra legislación sobre el ambiente responde a interpretaciones más bien de carácter comercial, o en último caso, son verdaderos instrumentos comerciales. Esa debilidad tan marcada en nuestras normas que suelen ignorar los peligros que entraña este tipo de actividad extractiva, junto al convencimiento de que representan para la economía lo más parecido a una tabla de salvación, explica a la perfección que las empresas mineras gocen desde el principio como prebendas para saquear la naturaleza, de una serie de ventajas tributarias a través de incentivos y exenciones del Estado: reducción del impuesto sobre la renta, flexibilidad laboral, pésimos controles ambientales, eliminación de otras formas de impuestos, entre ellos el que debieran pagar por los subproductos mineros que exportan y no declaran. Entretanto, en los acuerdos pactados tienen la precaución de mantener alejada a la clase obrera de cualquier participación en los ingresos, así como a las comunidades y autoridades del municipio de Donoso. Esta conducta sirve también para explicar porqué prefirieron ignorar la necesidad de un plan de ordenamiento territorial, donde se estableciera una delimitación entre las actividades agropecuarias y mineras, tomando en consideración el uso del agua y la tierra, el control del nivel de gases en la mina y sus potenciales efectos en los seres humanos y, sobre todo, en los niños del lugar; lo mismo que el desarrollo de proyectos alternativos sustentables que no implicaran la devastación del medioambiente o la contaminación de los suelos y las aguas.
Naturalmente que la explotación de la mina en Donoso no es independiente de los proyectos mineros que se desarrollan en toda el área centroamericana, como la mina de oro Cerro Blanco en Guatemala, la mina de óxido de hierro en Corpus, Honduras, el proyecto El Dorado en Cabañas, El Salvador. A estos se le pueden agregar el crecimiento de los proyectos mineros en Perú y los proyectos de fracturación hidráulica o fracking que avanzan con rapidez en países como Argentina (proyecto como Vaca Muerta) y Chile (en la región de Magallanes y Tierra del Fuego). Estas grandes aventuras mercantiles llevaron hace poco al presidente de la Alianza Minera de América Latina de visita en Panamá, a que afirmara que la región de América Latina y el Caribe concentran una cartera de inversiones mineras por el orden de los 300 mil millones de dólares, donde Chile y Perú aparecen como los países que tienen los porcentajes más elevados de esa inversión. Mientras que, sobre el cierre de la mina en Donoso, este intrigante personaje remató sus opiniones, asegurando que prohibir la minería legal estimulaba la ilegal y al detener esas operaciones lo único que se consiguió fue aumentar el desempleo y la caída del PIB. Se le olvidó a este “experto” recordarnos que la minería en Chile produce alrededor del 50% de las exportaciones de ese país, pero solo genera el 1% del empleo directo.
Con un Estudio de Impacto Ambiental realizado en septiembre de 2010 por la consultora Golden Associates y con una sentencia de inconstitucionalidad del contrato-ley No. 9 en 2018, publicado en Gaceta Oficial solo en el año 2021, la empresa First Quantum Minerals Ltd (también conocida como Minera Panamá o Cobre Panamá), consiguió en octubre del 2023 que el gobierno de Laurentino Cortizo accediera a otorgarle un segundo contrato por otros 20 años, para continuar con la explotación de cobre en la mina a cielo abierto ubicada en el distrito de Donoso. Así las cosas, el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados aprobó el 20 de octubre el polémico proyecto de ley #1100, sobre un contrato de concesión actualizado entre Minera Panamá S.A. y el gobierno nacional, con una votación de 44 votos a favor, 5 en contra y dos abstenciones. Un dato muy curioso que rodea a este contrato y la actuación de la Asamblea, es que fue devuelto al Órgano Ejecutivo con una serie de recomendaciones, violando de ese modo la normativa que los obliga solo a aprobar o rechazar este tipo de propuestas. Menos de un mes tardó el Ejecutivo para volver a presentarlo a la Asamblea, que ahora entre el 18 y el 20 de octubre lo aprobaba en la Comisión de Comercio. Ese mismo día 20 de octubre el presidente de la Republica lo sanciona y en horas de la tarde es publicado en Gaceta Oficial, convirtiéndolo así en la Ley No. 406 de la República. ¿Qué asombrosa celeridad no?
Esto y la evidente impopularidad del gobierno de turno, fueron el detonante perfecto para las masivas protestas que se produjeron por todo el país. Las consecuencias finales a la vista: la Corte Suprema de Justicia por unanimidad, declaró inconstitucional el contrato renovado con la Ley No. 406, la empresa minera cesó sus operaciones y el gobierno se vio obligado, además, a declarar una moratoria indefinida para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en todo el territorio nacional (Ley No. 407 de noviembre de 2023). Y es que el contrato renovado ahora estaba redactado de manera más lesiva a los intereses nacionales que el original de 1997, hasta el punto que había un énfasis muy pronunciado de los beneficios económicos y derechos excesivos para la empresa minera, en detrimento de las comunidades, pueblos y sociedad panameñas y de sus intereses ambientales.
Realmente las primeras manifestaciones y protestas contra la actividad minera, se iniciaron en nuestro país en julio del 2023 y continuaron creciendo en intensidad entre agosto, septiembre y octubre, hasta llegar a la pausa victoria del 29 noviembre de ese año. Transcurrieron un poco más de 40 días de protestas masivas y sostenidas, que incluyeron hasta una vigilia en la Corte Suprema de Justicia. Todas las provincias participaron, sin excepción. Decenas de lanchas con manifestantes protestaron en el mar cerca al Puerto Rincón de la Minera, conocidos después como los “guerreros del mar”. Lo cierto es que el rechazo fue contundente. Jóvenes convocados por el esquema “Sal de las Redes”, salieron a protestar ante lo que consideraban un daño irreparable al ambiente. Otros sectores pertenecientes a casi toda la sociedad panameña alzaron también su voz: campesinos, obreros, educadores, trabajadores del banano, indígenas, sectores estudiantiles y ciudadanos en general. Estas presiones del movimiento popular y juvenil junto a las claras violaciones a la Constitución del contrato perverso, hicieron que la Corte nuevamente se pronunciara en contra de los intereses mezquinos de la minera, que eran los mismos que los del gobierno de turno, cuando el día 28 de noviembre declaró inconstitucional la Ley No. 406 y con ello obligaba al cese de sus operaciones.
Tanto el fallo de la Corte Suprema de Justicia y su declaratoria de inconstitucionalidad de la ley, por su número considerable de violaciones a preceptos de nuestra Constitución nacional, por sus impactos potenciales en el medioambiente junto a los escuálidos beneficios que recibiría el Estado, van a representar, sin dudas, para los movimientos y organizaciones populares, sociales y ambientalistas, un triunfo inobjetable de la razón y los intereses patrios. No basta con tratar de justificar la devastación de nuestros recursos naturales con la imposición de un contrato leonino, solamente porque según los gobernantes, significaba una excelente oportunidad para generar empleos e ingresos para el país. Naturalmente que el cierre de operaciones de la mina impactó directamente a las comunidades que han tenido su sustento en esa actividad, pero los costos ambientales y sociales de la explotación minera no se pueden ocultar, ni tampoco la contaminación de los recursos naturales y la destrucción de la biodiversidad que nos quedan para siempre.
Ahora bien, después de todo esto la mina de cobre en el distrito de Donoso debiera estar siendo sometida, a un plan de cierre definitivo ordenado y seguro y no buscándose alternativas para que la misma empresa canadiense, controle una reapertura con el intento muy claro de mantenerla activa todo el tiempo posible. Todos los pasos que está dando el actual gobierno desde su llegada en julio del 2024 hasta la fecha, parecen estar destinados a garantizar con la reactivación de la mina, el negocio fenomenal que vislumbra el poder político panameño. De allí que los sectores más conscientes y comprometidos con la protección de los recursos ambientales del país, consideren que existe el peligro inminente de una imposición gubernamental de reapertura de la mina y la explotación de minerales.
Ya desde los inicios del año 2025 el gobierno de Mulino, se mostraba muy dispuesto a negociar con First Quantum Minerals Ltd, la reapertura de la mina bajo la condición primero, de que se suspendieran las demandas de arbitraje presentadas en tribunales internacionales, donde exigían al Estado panameño más de 20,000 millones de dólares como compensación. La empresa accedió a desistir formalmente de los arbitrajes ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
A mediados de junio del 2026 se entregó al gobierno actual, lo que se calificó como el “Informe Final de Auditoría Integral de la Mina de Cobre Panamá”, que una Comisión Interministerial de alto nivel conformada por tres ministros de Estado, les correspondió revisar y analizar. El 30 de septiembre de este año la comisión entregó a la presidencia un informe final con sus recomendaciones. De todo esto se colige que el gobierno valora seriamente iniciar negociaciones formales con Cobre Panamá/First Quantum Minerals Ltd, para buscar, según sus declaraciones, un cierre progresivo y ordenado, sin costos para el país y sin posibilidades de prórroga de contrato. Naturalmente que en esta perspectiva tan interesada sobre el futuro de la mina, vuelven a aglutinarse en torno a ella, no solo los que se benefician directamente, sino también los que tratan de manera sospechosamente ingenua, de embellecer un discurso sobre una reapertura que ahora sí considere mayores y mejores beneficios para el Estado, que tendrá la responsabilidad de destinarlos a infraestructura social y sectores como educación y salud; reparar los daños ambientales ya causados y las afectaciones a las personas, tomar medidas para impedir daños ambientales y sociales en el futuro y garantizar mayor participación de las comunidades afectadas; todo esto suena nuevamente a promesas conocidas que nunca llegan después a cumplirse.
El tipo de prosa anterior es muy similar a la que sirve para justificar el “robó, pero hizo”, que en este caso se traduce, dejarle al pueblo los desechos, las contaminaciones, la devastación de la biodiversidad, así como las afectaciones y complicaciones de salud permanentes que arrastrarán por el resto de sus vidas, las personas expuestas a sus venenos. Tampoco podríamos dejar por fuera de esta abigarrada mezcla, a los peores: los que hubiesen preferido la continuación sin interrupción de la actividad minera, aun cuando eso significara la violación de importantes preceptos constitucionales, y están, por último, los otros, los que sueñan todas las noches con convertirnos en colonia no reconocida del poder estadounidense.
Así que la insistencia por reactivar la explotación minera del cobre demuestra con claridad meridiana, que al gobierno de turno poco le importa que a raíz del terremoto ocurrido el 9 de octubre pasado, el propio ministro de MiAmbiente reconociera que se produjo un deslave en la antigua mina de oro Remance, de la empresa Greenfield Mining inactiva desde 1999 y localizada en los corregimientos de Remance, San Juan y San José en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas y que por su cercanía al río San María, corriente de agua fundamental en el abastecimiento de agua potable, existe una gran preocupación que se contamine con esos desechos venenosos junto a los suelos y el resto de los ecosistemas de esa región. Tampoco parece importar mucho que la misma empresa con la que pretenden negociar la reactivación de la mina de cobre en Donoso, haya sido multada desde el año 2020 (a solo un año de inicios de operaciones) por violaciones reiteradas a la normativa ambiental, que abarcan desde contaminación de fuentes hídricas y suelos, hasta transgresiones e incumplimiento del estudio de impacto ambiental. Y lo peor de toda esta posible ambivalencia gubernamental, parece perfeccionarse cuando el presidente panameño acude a la Asamblea General de la ONU, en septiembre de este año, para invitar a otros jefes de Estado a que lo acompañen en los esfuerzos por el reconocimiento de los derechos universales de la naturaleza. ¿En serio? ¿Cómo espera el gobierno panameño que debemos interpretar esta extraña postura “ambientalista” de defender, por un lado, los derechos de la naturaleza como equivalentes de los derechos humanos fundamentales, cuando por el otro, pretende es mismo gobierno imponernos contra viento y marea la continuación de la expoliación y devastación minera en Donoso?
De todos modos, es bueno recordar aquí que el futuro de la mina de cobre en el distrito de Donoso, afortunadamente no dependerá solo de las decisiones que adopte el gobierno central. Ese futuro dependerá principalmente de la fuerza y organización de los grupos de poder, tanto en la provincia de Colón como en el mismo distrito, de las comunidades que allí viven, así como también de la conciencia colectiva sobre los intereses comunes y los bienes públicos compartidos, que ha crecido considerablemente en el país y que pueda dar una gran y poderosa sorpresa.
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