Con la aprobación de un nuevo Código Penal, el gobierno
colonial de Puerto Rico se inscribe en la tendencia conocida como el derecho
penal del enemigo que se va instaurando a diestra y siniestra en el mundo, para
controlar y repeler el nuevo despertar de la lucha de clases y las
contestaciones políticas en las sociedades.
Carlos Rivera Lugo / Especial
para Con Nuestra América
Desde Mayagüez, Puerto Rico
El gobierno colonial de Puerto Rico acaba de declarar al ciudadano
puertorriqueño su enemigo. Bajo el nuevo
Código Penal aprobado el pasado 30 de junio por su brazo legislativo, se le ha
prohibido al ciudadano puertorriqueño el ejercicio de su libertad inalienable y
consustancial como ser humano, la que incluye, por cierto, la libertad de
protestar y rebelarse contra las actuaciones ilegítimas y arbitrarias de sus
gobernantes. De aquí en adelante, todo
ciudadano se presume sospechoso o, peor aún, real o potencialmente culpable.
Por ejemplo, en el artículo 297 del nuevo Código, se prohíbe cualquier
expresión de protesta que “perturbe”, “interrumpa” o “impida” la operación de
la Asamblea Legislativa colonial. Otro
artículo, el 247, tipifica como delito toda protesta que
obstruya el acceso a o afecte las labores regulares en instituciones de
enseñanza, centros de salud o edificios gubernamentales. Finalmente, el artículo 200 define como
delito la protesta contra “obras de construcción o movimientos de terreno”, que
hayan recibido las autorizaciones pertinentes del gobierno. Las medidas van dirigidas específicamente a
proscribir las actividades contestatarias de los trabajadores, los estudiantes,
las comunidades, los movimientos sociales y políticos contra las decisiones y
actuaciones corruptas y arbitrarias del gobierno colonial y los grandes
intereses económicos que operan en la Isla.














