Valenzuela y la diplomacia hipócrita

Es incuestionable que los países latinoamericanos deberían invertir más dinero en desarrollo humano que en armas. Sobre esto existe consenso casi universal. Pero la Casa Blanca hace todo lo contrario de lo que predican sus diplomáticos por el mundo.

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Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

(En la fotografía, Arturo Valenzuela)

Fue Emir Sader, el sociólogo brasileño y secretario ejecutivo de CLACSO, quien bautizó a Arturo Valenzuela, el Secretario de Estado Adjunto de EE.UU para el Hemisferio Occidental, como el hijo del golpe de Estado en Honduras. Y más específicamente, hijo de las negociaciones a lo interno del Congreso estadounidense, que terminaron por obligar al presidente Barack Obama a revertir su inicial condena y claudicar ante los golpistas. Ahora Valenzuela, con sus declaraciones en la reciente gira por América Latina, le da la razón a Sader.

Por un lado, el diplomático reforzó la campaña de “blanqueo” del golpe de Estado en Honduras, que pretende hacer pasar por “democracia” todo lo que allí se ha ensayado desde junio de 2009, e instó a la comunidad internacional a favorecer el regreso de ese país a la Organización de Estados Americanos. Según Valenzuela, el gobierno de Porfirio Lobo ya cumplió con todos los requisitos exigidos por este organismo para restablecer el orden democrático (Revista Contrapunto, 07-04-2010). Es el discurso que replican a coro los presidentes centroamericanos.

Aquí, sin embargo, el orden democrático parece estar inexorablemente ligado a la sujeción, cada vez más profunda, de Honduras a la geopolítica estadounidense. Basta un ejemplo: tan solo un día después de que Valenzuela hiciera públicas sus posiciones, ese oscuro personaje de la diplomacia norteamericana, Hugo Llorens, embajador en Tegucigalpa, inauguraba una base naval de los EE.UU en el departamento hondureño de Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua (Telesur, 08-04-2010). La versión oficial dirá que es una base para la guerra contra el narcotráfico. Pero es evidente que se trata de un punto más de apoyo para las operaciones militares de los EE.UU en el Caribe, y que forman parte de la estrategia de cerco que se impone a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Todos ellos países del grupo de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA).

Y el ALBA fue, sin decirlo abiertamente, el segundo objetivo de la gira de Valenzuela. A su paso por Quito, el funcionario del Departamento de Estado, con su clásica ambigüedad, no desaprovechó la menor oportunidad para lanzar duras críticas contra lo que definió como “discursos agresivos”, “la lógica armamentista” y el aumento del gasto militar en varios países de la región (Revista Contrapunto, 07-04-2010, La Jornada, 08-04-2010).

Es decir, la misma línea editorial que siguen los principales grupos empresariales de medios de comunicación de América Latina, cuyos periodistas “independientes”, columnistas y analistas que escriben desde los think tanks de Washigton, apuntan a crear corrientes de opinión según las cuales países como Venezuela o Nicaragua, debido al gasto que realizan para modernizar sus armamentos, se convierten en amenazas–ideológicas y militares- inminentes para sus vecinos.

Este bombardeo sobre la opinión pública, por supuesto, deliberadamente omite referirse a los aliados militares o comerciales de los EE.UU, cuyo gasto militar –en relación con el producto interno bruto (PIB)- supera por mucho a cualquiera de los países del ALBA.

Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias de Venezuela, demostró en su columna dominical (“El armamentismo”, 11-04-2010) la falsedad de los argumentos y la manipulación de la verdad que se realiza a través de esta otra campaña.

Apoyado en datos de una investigación del International Peace Research Institute (Sipri), de Estocolmo, que comparó la inversión en gasto militar como porcentaje del PIB por países en América del Sur, entre 1968 y 2008, el periodista concluye que: “sólo dos países (Colombia y Chile) han incrementado el presupuesto militar en relación al PIB, mientras, por ejemplo, Venezuela, acusada de encabezar una carrera armamentista, lo ha disminuido sensiblemente (de 2,1 a 1,3); también lo han hecho Argentina, Brasil, México y Perú. En cambio, si se comparan los porcentajes del PIB dedicados a educación y salud, Venezuela tiene los porcentajes más altos de toda la región, comprobados por la UNESCO” (el resaltado es nuestro).

Es incuestionable que los países latinoamericanos deberían invertir más dinero en desarrollo humano que en armas. Sobre esto existe consenso casi universal. Pero la Casa Blanca hace todo lo contrario de lo que predican sus diplomáticos por el mundo: mientras Valenzuela imparte conferencias por el continente, EE.UU y Brasil firmaron, el pasado 12 de abril, un Acuerdo de Cooperación en Defensa que, precisamente, crea un marco de entendimiento para aumentar el intercambio comercial de material bélico entre ambos países (Página/12, 13-04-2010). ¿Quién promueve, entonces, el armamentismo?

Díaz Rangel también pone en evidencia esto que nosotros llamamos “diplomacia hipócrita”, cuando explica que “de los 51 mil 100 millones de dólares en venta de armas en 2007, EE.UU vendió 12.800 millones y, como lo recordó el premier Vladimir Putin, el presupuesto militar de EE.UU vigente para este año (820 mil millones) es superior al de todos los demás países juntos. Lo más grave es el uso que le dan a esas armas en países como Irak y Afganistán”.

Ni la ambigüedad ni el doble discurso de sus diplomáticos logra atenuar el impacto de las acciones concretas del Departamento de Estado y el Pentágono. Para quienes todavía lo recuerden, no puede resultar más que frustrante comparar las declaraciones del presidente estadounidense cuando, recién inaugurado su mandato, anunciaba una nueva era en las relaciones con América Latina, con lo que han sido los hechos concretos de su política exterior interamericana y la diplomacia hipócrita de su administración, al cabo de un poco más de un año de gobierno.

¿Quién es la “nueva” derecha?

El ganador del Premio Pensar a contracorriente 2010, el panameño Nils Castro, nos ofrece en este texto la primera parte de un análisis de la coyuntura latinoamericana y los triunfos políticos de las izquierdas, en los últimos años. Además, plantea la necesidad de construir una contrahegemonía popular y plural, "una opción de poder que oponerle a los recursos y los fines de todas las derechas y del capital que las amamanta, como fuerza social y política que sí puede contenerlos y derrotarlos".

Nils Castro / Especial para CON NUESTRA AMÉRICA
Desde Ciudad de Panamá

Sería ingenuo esperar que los éxitos electorales alcanzados por partidos y movimientos de izquierda en varios países latinoamericanos, y la correspondiente instalación de gobiernos progresistas, se repetiría sin suscitar una contraofensiva de las derechas y de los intereses imperiales o transnacionales vinculados con ellas. Pero ahora esta contraofensiva no es una mera reedición voluntariosa de las derechas que conocíamos, sino que se acompaña de novedades que será preciso evaluar.

Los logros que dichas izquierdas obtuvieron desde finales de los años 90 expresaron respuestas populares tanto al deterioro de la situación material y de las expectativas de grandes masas de latinoamericanos, como al correspondiente cambio de su estado de ánimo en el momento de ampliarse sus posibilidades de reacción política. Sin embargo, con los matices propios de sus respectivas circunstancias nacionales, tales éxitos fueron victorias conseguidas específicamente en el campo político, sin que, hasta ahora, esas victorias contaran con las condiciones requeridas para remecer otros planos sociales.

Aún así, estas izquierdas han probado que, hasta el actual nivel del desarrollo e inquietud sociopolítica de sus países y de la región, ellas no solo son capaces de administrar al régimen capitalista mejor que las propias derechas, sino que también pueden hacerlo de formas que han mejorado significativamente las condiciones de vida de millones de latinoamericanos. Aunque, asimismo han mostrado que todavía no pueden remplazar, por esta vía, al régimen existente por otra formación histórica más avanzada.

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Venezuela: A doscientos años del grito emancipador

La Revolución Bolivariana ha diluido en la cotidianidad proezas titánicas en la reversión de la traición que sufrió nuestra primera independencia. Es propicia la cita del Bicentenario para hacernos un inventario de construcción de Patria.

Larissa Costas Manaure / Patria Grande (Venezuela)

"Son 200 años de nuestro grito inicial de emancipación:
grito que atraviesa el tiempo y sigue sonando
sin que se apague su aliento originario"
Hugo Chávez

La concepción del imperialismo se legitima a través a una estructura cultural que nos domina. Así como Bolívar develaba que nos dominaban más por la razón que por la fuerza, actualmente los paradigmas más fortalecidos del imperialismo pasan también por el imaginario cultural (transcultural) que nos han impuesto. Esta concepción, que los poderosos generan para el consumo de los oprimidos, no pretende más que sustituir los valores humanos básicos en función de las decisiones del capital cada vez más global (en todas sus dimensiones).

Nuestra Patria Grande, honra a sus próceres privilegiando la construcción del mundo que soñamos habitar y que exige deconstruir los fundamentos del capitalismo. El nuevo mapa geopolítico antepone la cultura de la vida, de la solidaridad, de la equidad en las relaciones humanas, a la cultura del capitalismo, de la muerte, de la injusticia, de la opresión. Tabula rasa resultante de la interpretación fundamentalista de los grandes intereses económicos que pueblan nuestro planeta.

La revolución bolivariana nuestra, que derrotó la postmodernidad (sustento filosófico del neoliberalismo) inauguró un nuevo modelo de relaciones de desarrollo (sobre todo de nuestros países de América) basado en la cooperación en vez del de la competencia: el ALBA. En ésta nueva era, nos reinventamos, hacia la construcción de un nosotros, del sujeto histórico revolucionario, hacia una conciencia colectiva empática: Tú eres yo, yo soy otro tú.

Inventario Humano

"La enfermedad del siglo es una sed insaciable de riqueza"
Simón Rodríguez

La Revolución Bolivariana ha diluido en la cotidianidad proezas titánicas en la reversión de la traición que sufrió nuestra primera independencia. Es propicia la cita del Bicentenario para hacernos un inventario de construcción de Patria.

Nos vemos en el espejo de nuestros antepasados: hace doscientos años y hoy la tarea histórica es derrotar el sistema de explotación y construir una Patria de seres humanos libres, iguales en la que los derechos sean comunes a todos y no privilegios de pocos, es decir, la superación de la sociedad de clases.

Discurso y acción van de la mano en la construcción del Socialismo del siglo XXI: el poder popular es la base de una concepción ideológica que se materializa todos los días en las grandes y pequeñas cosas.

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El monroísmo de la elite yanqui

El imperio se dispone a arremeter con toda la fuerza que pueda reunir contra el tándem cubano-venezolano, animador del único polo de resistencia a escala de una región/continente al actual orden mundial dominante.

Ángel Guerra Cabrera / LA JORNADA

La doctrina Monroe sigue viva en la cultura de la clase dirigente de Estados Unidos, que no puede tolerar, sea con rostro blanco o mulato, la independencia de América Latina. Por eso la nueva campaña multifacética del imperio contra Cuba se trenza en el tiempo con una acción semejante contra Venezuela, ahora enfilada a las elecciones de septiembre próximo, que ponen en juego la continuidad de la revolución Bolivariana. Esta coincidencia aunque por un lado responde a dinámicas específicas, por otro está relacionada con la animadversión de Washington a la creciente integración en todos los campos de ambas revoluciones y el decisivo papel que desempeñan como fuente de aliento y apoyo a los procesos emancipadores y de integración de América Latina y el Caribe.

El imperio se dispone a arremeter con toda la fuerza que pueda reunir contra el tándem cubano-venezolano, animador del único polo de resistencia a escala de una región/continente al actual orden mundial dominante. Y como ha expresado Evo Morales “de la resistencia pasamos a la rebelión y de la rebelión a la revolución”; es el caso que los líderes y procesos políticos de los países que forman la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América se oponen a la dominación imperialista, al sistema capitalista y actúan –cada uno en su realidad y con su ritmo– para romper con aquellos.

En Cuba hace décadas que se construyen y defienden la independencia y el socialismo en las condiciones más adversas, lo que otorga mayor relevancia a sus logros en la creación de otro mundo(y otros seres humanos) posibles. Cuba, en medio del drama humano que está ocasionando la magna crisis capitalista descuella como un ejemplo de lo que pueden lograr la voluntad colectiva transformadora de la realidad, la cohesión nacional y el apoyo popular al proyecto revolucionario de un país pequeño y subdesarrollado, incluso bajo el acoso implacable de la potencia estadunidense.

Venezuela vino a demostrar que la historia no había concluido y a confirmar la enorme potencia política de los pueblos cuando despiertan, simbolizado en la fecha del 13 de abril de 2002 cuando por primera vez en la historia de América Latina las masas automovilizadas fueron capaces, en alianza con los militares patriotas, de revertir un golpe de Estado de inspiración yanqui. Si ese día hace ocho años ya los venezolanos se habían dado una nueva Constitución aprobada en referendo por la gran mayoría del pueblo fue a partir de entonces y de la derrota del paro gerencial petrolero de meses después que la revolución Bolivariana acumularía la energía social necesaria para iniciar el proceso de rescate de su soberanía sobre los hidrocarburos, poderosa palanca para sacar de la exclusión a millones, como postulaba el texto constitucional. La sola cifra de haber pasado de medio millón a dos millones de alumnos en el sistema educacional habla por sí sola. Pero también palanca de una política solidaria latino-caribeña que ha contribuido en modo superlativo a la configuración de una voluntad de unidad e integración regional que es una verdadera pesadilla para Washington. Sin este antecedente, unido a los procesos de cambio en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, la emergencia del Brasil de Lula como potencia y la acción de gobiernos más independientes de Estados Unidos en Argentina, Uruguay y otros países no se puede entender la decisión de crear la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe adoptada en Cancún por 32 de las 33 naciones de la región.

No nos podemos llamar a engaño. El golpe de Estado en Honduras fue una medición de fuerzas frente a la ALBA y un aviso de lo que viene. Las bases yanquis en Colombia, Aruba, Curazao, Perú y América Central, la desmesurada presencia militar en Haití y las continuas maniobras de la IV Flota crean un dispositivo de intervencionismo bélico enfilado a Venezuela, Cuba, Ecuador y Bolivia.

No están desencaminados los que se preguntan por qué toda esta alharaca contra Cuba ahora y recuerdan que las grandes campañas mediáticas han solido preceder a las agresiones armadas de Estados Unidos. Quienes atacan a Cuba por supuestas carencias democráticas y de derechos humanos saben muy bien que mienten y también que carecen de moral para acusar. Son meros pretextos para conseguir los más perversos objetivos políticos, como la cínica y macarrónica declaración de la secretaria Clinton sobre Cuba y el bloqueo.

Diálogo imaginario sobre política cubana

Quizá el problema más difícil en Cuba sea gobernar a esos ciudadanos inconformes y críticos, creados por el propio socialismo, y que son hoy, paradójicamente, su consenso real.

Rafael Hernádez * / LA JORNADA

(Fotografía de LA JIRIBILLA)

Imaginemos por un momento que tenemos delante a Raúl Castro y entablamos una conversación franca y ecuánime sobre la política cubana y sus problemas.

Déjeme ser abogado del diablo, y empezar por el pluralismo. ¿Por qué Cuba no adopta un esquema multipartidista, como Europa del este, España, el propio México? ¿No está el Partido Comunista seguro de que pueda retener el voto de la mayoría si compitiera con otras organizaciones?

En ese plano conversacional, quizá Raúl respondería: Supongamos que el PCC se dividiera en tres, digamos, un Partido de la Revolución Socialista de Cuba (PURSC), un Partido Revolucionario Cubano (PRC) y el PCC, todos anticapitalistas, pero diferentes, ¿sería este sistema bastante pluralista? En mi papel de abogado, volvería a la carga: Y la oposición histórica genuina, el exilio, ¿no podría participar en campañas electorales, con sus propios recursos? ¿Y otras fuerzas internacionales (socialdemócratas, liberales, demócrata-cristianos) no podrían apoyar esta oposición, con la meta admisible de restaurar el capitalismo? De otra manera, esos tres partidos serían vistos como puros cambios cosméticos. Raúl comentaría: Precisamente. ¿Entonces deberíamos ser más pluralistas que Estados Unidos, Francia, España? ¿Qué partidos tienen un chance real de instaurar un socialismo de verdad en esos sistemas? Además, ¿por qué no pedirles lo mismo a los chinos y a los vietnamitas; será que ellos son potentes tigres asiáticos, no islitas en el golfo?

Segundo round: Se dice que los disidentes están presos por criticar al gobierno, representar la sociedad civil, defender la paz, la reconciliación, los derechos humanos.

“Pacíficas y reconciliadoras, las iglesias –quizá contestaría Raúl–, que sí representan sectores de la sociedad civil, hacen sus reclamos al Estado, pero sin aliarse con ningún gobierno extranjero; y fíjese lo bien que nos llevamos, pronto nos reuniremos para escuchar y discutir sus necesidades. ¿A qué sector de esa sociedad civil representan los disidentes? No reclaman mejoras económicas o sociales; su agenda política es antisistema socialista; no portan armas de fuego, pero son muy beligerantes.”

–Pero ¿por qué llegar al extremo de encarcelarlos?¿Realmente son una amenaza tan grande para la estabilidad política del socialismo?

Ellos no, pero sus patrocinadores sí, en especial Estados Unidos. No podemos correr el riesgo de dejarles creer que vamos a tolerar su injerencia en nuestros asuntos, pues son la verdadera amenaza a nuestra independencia nacional.

–¿Entonces no habrá cambios en la política hacia esa oposición?

Raúl se queda pensando. “Vamos a suponer que indultamos al puñado que está preso, les permitimos que sigan hablando y reuniéndose entre ellos, como la mayoría hace hasta ahora. ¿Cesaría la operación política internacional que los promueve? ¿Dejarían de ser el plato fuerte de la prensa internacional? ¿Actuarían dentro de la legalidad del sistema, en vez de asociarse con fuerzas políticas extranjeras para subvertirlo?”

Si fuera así, ¿habría espacio interno para esa oposición? ¿Podrían postularse y tener representación en la Asamblea Nacional?

La ley no les impide proponerse como candidatos a delegados en su circunscripción, ni ser elegidos a los distintos niveles del Poder Popular. El Partido no les dice a sus miembros ni a nadie cómo deben votar ante ningún candidato. Numerosos diputados en la Asamblea Nacional no son militantes del PCC. Ahora mismo estamos en medio de ese proceso electoral, aunque fuera casi nadie se entera.

Tercer round: En Cuba todo el mundo se queja de que la situación no ha mejorado; los salarios no alcanzan para los precios del mercado; hay demasiados controles burocráticos y prohibiciones; las viviendas están cada vez en peor estado; los medios no reflejan la opinión pública. ¿Cuándo se verán los cambios estructurales del sistema anunciados hace tiempo?

Estamos ante un conjunto de deficiencias acumuladas, algunas tan viejas como la Revolución, y de las que el PCC es el máximo responsable. Los ciudadanos se han acostumbrado a un Estado paternalista, que no estimula el trabajo; salarios sin resultados productivos, con más dinero circulante y subida de precios. Sobran más de un millón de trabajadores, pero carecemos de constructores, obreros, maestros, policías. Nos habituamos a vivir por encima de nuestros ingresos, a comernos el futuro. Hay que romper dogmas, y actualizar nuestro modelo socialista.

¿Cuáles son los ejes de esa actualización?

Reordenar la economía, descentralizar, desburocratizar, elevar la participación y el control, recuperar el desarrollo social y el nivel de vida.

¿Dónde está el principal obstáculo para que las políticas ya decididas se apliquen realmente?

La desorganización y la resistencia pasiva de la burocracia intermedia a implementar los cambios.

¿Está la actual dirigencia en capacidad de liderar esos cambios? ¿Hay un relevo político en marcha?

Los jóvenes se parecen más a su tiempo que a nosotros, como debe ser. Hacen falta líderes reales, que convenzan y movilicen con capacidad y prestigio. No pueden creerse dueños de la verdad, sino habituarse a la discrepancia, que es fuente de soluciones; a razonar con argumentos, no con consignas; a desconfiar de una unanimidad ficticia y dañina; a erradicar la simulación y el oportunismo, y fomentar una discusión franca con el pueblo, el encargado de juzgarlos.

Quedan otros problemas de los que no hemos tenido tiempo de hablar: la política social, la vivienda, la libreta de abastecimiento, los medios de difusión, el nuevo código de familia, las regulaciones migratorias, las relaciones con Estados Unidos y Europa, una lista mayor que las soluciones visibles. El más difícil quizá sea, sin embargo, gobernar a esos ciudadanos inconformes y críticos, creados por el propio socialismo, y que son hoy, paradójicamente, su consenso real.

* Politólogo cubano, director de la revista Temas

Panamá: Los corruptos criminalizan la protesta

La protesta en la calle es el último recurso que le queda a la gente que no tiene la capacidad financiera para expresar su descontento por medio de partidos políticos, por los medios de comunicación (televisión) o utilizando las cuentas bancarias de los dueños del país.

Marco A. Gandásegui, hijo / http://marcoagandasegui10.blogspot.com

La Asamblea de Diputados acaba de aprobar una ley que convierte la protesta en un crimen que puede ser objeto de un castigo de hasta dos años de prisión en Panamá. Hace poco elevaron la pena de prisión más larga de 20 a 50 años. La legislación, obviamente, tiene nombre y apellido. Se quiere acabar con la poca libertad de expresión que le queda a los sectores populares y, especialmente, a los segmentos más combativos de la clase obrera organizada.

La protesta en la calle es el último recurso que le queda a la gente que no tiene la capacidad financiera para expresar su descontento por medio de partidos políticos, por los medios de comunicación (televisión) o utilizando las cuentas bancarias de los dueños del país. En los últimos 20 años, a los trabajadores se les han coartado sus libertades para organizarse y negociar sus condiciones de trabajo. A los educadores del país se les ha acorralado, recortando sus niveles de ingreso. En las áreas rurales, a los trabajadores del campo se les secuestran sus tierras, contaminan sus fuentes de agua y son reprimidos en forma sistemática. En las comunidades indígenas, las autoridades y las empresas privadas pasan sus tractores por encima de sus viviendas y destruyen sus puentes.

El derecho a la expresión mediante la protesta está consagrado en la Constitución, leyes y convenios internacionales firmados por los gobiernos panameños. Sin embargo, el gobierno decidió tomar medidas de precaución como consecuencia de sus políticas impopulares. La reforma fiscal que entrará a regir a mediados de 2010 generará mucho descontento y protestas. Igualmente, el incremento de los precios de los alimentos que conforman la canasta básica creará zozobra en la familia panameña.

Las protestas también van dirigidas a la corrupción que es rampante entre las cúpulas gobernantes y sus socios del sector privado. En los mandos medios se manipulan los recursos de salud, educación y aseo municipal. En las esferas más altas, los negocios son más suculentos. A la cabeza de los proyectos que reparten miles de millones entre los corruptos se colocan las autopistas, las minas, las represas, los casinos, la usura inmobiliaria y el negocio de las reexportaciones.

Mientras unos se enriquecen, las grandes mayorías siguen empobreciéndose. La Asamblea de Diputados – representando a la corrupción - no tiene otra alternativa. Hay que criminalizar la protesta. La protesta popular es la respuesta a una situación creada por una clase corrupta que está llevando al país por un camino que no tiene salida. El presidente Ricardo Martinelli es de hecho también presidente de la bancada oficial, mayoritaria en la Asamblea de Diputados. Si decide publicar la ley aprobada por la Asamblea en la Gaceta Oficial creará una crisis de legitimidad que lo perseguirá para el resto de su mandato (2014). Si veta su propia propuesta crearía una crisis de credibilidad entre sus partidarios.

Es probable que mañana le toque “protestar” a la cruzada civilista – la extrema derecha panameña - y tendrá que enfrentar una ley de su propia factura. En ese momento contará con el apoyo de la Embajada de EEUU que levantará sus cañones en defensa de la libertad de corrupción de los sectores más adinerados del país. No hay que olvidarse que las leyes siempre regresan para hacer justicia contra los corruptos.

- Marco A. Gandásegui, hijo es Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA

Cuando votar no es suficiente

Ojalá Colombia pueda pasar de la edad de la desesperación y de la edad de la esperanza a la edad de la confianza y de la creatividad. Pero se engaña quien piense que sus deberes estarán cumplidos en el momento en que deposite un voto por un candidato.

William Ospina /El Espectador (Colombia)

En una época yo pensaba que los problemas de Colombia eran fundamentalmente políticos. Ahora sé que son sobre todo problemas culturales.

De conocimiento y de arraigo lúcido en un territorio, de respeto por los conciudadanos, de compromiso a un tiempo con las grandes conquistas de la modernidad y con la singularidad de nuestras tradiciones, de carácter, de orgullo y de originalidad en la relación con el mundo, de capacidad de convivencia y de solidaridad, de respeto por unas reglas del juego, de construcción de una ética ciudadana, de control sereno y severo de los abusos de ciertas minorías: las corruptas, las excluyentes, las violentas, las codiciosas, las sanguinarias.

Algunas de las mejores cosas que le han pasado al país en las últimas décadas se deben al avance de una conciencia ciudadana que asume responsabilidades, que se compromete con valores, que se traza desafíos civilizados. De modo que, si bien la política no es toda la solución, sí puede contribuir a las soluciones para un país que tiene un pie en la modernidad democrática y otro en el lago de sangre de las más demenciales barbaries.

En estas elecciones hay tres clases de candidatos: los que tienen nostalgia del pasado, los que están satisfechos con el presente y los que creen que Colombia es capaz de mucho más, y llevan su fe hasta creer que la democracia colombiana no es un camino cerrado para las propuestas renovadoras, no es algo irremediablemente tomado por las maquinarias y por las plutocracias, que es posible ganarles un espacio de acción y de cambio a la corrupción, al burocratismo, a los fanatismos, a las trampas, a la inercia de los hábitos y a la compra de las conciencias.

Es muy importante que los candidatos que encarnan ese nuevo compromiso recuerden las muchas tareas aplazadas de la sociedad colombiana. Las tareas aplazadas que no ha podido resolver ni el pacto aristocrático y excluyente del Frente Nacional, ni el pacto constitucional de 1991, ni la cruzada pacificadora de la seguridad democrática, ni el discurso meramente oposicionista que no logró articular nunca una propuesta de país lúcida, generosa y equilibrada.

Esas tareas no las podrán cumplir solos ni los gobernantes, ni los legisladores, ni las fuerzas armadas, ni los tribunales. Esas tareas requieren un equipo de líderes y la voluntad creadora de millones de personas. Porque más que perseguir delincuentes y exterminar criminales, Colombia necesita desesperadamente y hace décadas dejar de ser un surco fecundo para la criminalidad y el delito.

Y ello exige verdadera justicia social en un país carcomido por el egoísmo y viciado por los privilegios; requiere una estrategia agraria, en un país donde no sólo tres millones de campesinos han perdido su tierra, sino que hemos sacrificado la vocación agrícola capaz de sostener al país entero, buscando apenas la abstracta rentabilidad para unos sectores productivos; ello requiere pautas de redistribución del ingreso en uno de los países más inequitativos del mundo; ello requiere una justicia que prevenga el delito antes que una justicia tardía que lo persiga y lo extermine.

Y ello requiere una revolución de la educación que nos ponga por fin en el siglo XXI, no para acatar servilmente los dictados del industrialismo degradador de la naturaleza y del consumismo insensible, sino para equilibrar la búsqueda de una civilización saludable y placentera con el respeto por el mundo y la formación de un tipo de humanidad más creadora, más sensible, más solidaria, más enamorada de la vida, más productiva y más responsable con la historia.

Todo parece indicar que en estas elecciones veremos surgir fuerzas nuevas, lenguajes nuevos, sectores sociales antes indiferentes decididos a apostarle a nuevas ideas, a nuevos estilos. Ojalá Colombia pueda pasar de la edad de la desesperación y de la edad de la esperanza a la edad de la confianza y de la creatividad. Pero se engaña quien piense que sus deberes estarán cumplidos en el momento en que deposite un voto por un candidato. Porque el país que siga buscando un salvador no merece salvarse: sólo lo logrará el que se comprometa con el ejercicio lúcido de crear, de actuar y de cambiar las cosas día por día, arriesgando, discutiendo, pensando.

Encontrarnos por fin con el país que podemos ser, inaugurar un tiempo de creación, de imaginación y de fe, también requiere mucha firmeza a la hora de decir no a los predestinados por derecho divino, a los consentidos de todos los poderes y a los que sólo trabajan por la prosperidad de ciertas minorías: las corruptas, las excluyentes, las violentas, las codiciosas, las sanguinarias.

Ecuador: Las décadas “neoliberales”

La economía no puede medirse más por el éxito, la competitividad ni la eficiencia del capital y de las empresas sino por el grado de bienestar social que se alcance. Y en las pasadas tres décadas eso es lo que precisamente no se logró en el Ecuador.

Juan J. Paz y Miño Cepeda / El Telégrafo (Ecuador)

(El neoliberalismo en Ecuador provocó intensas protestas y movilizaciones sociales)

Desde 1982, cuando estalló el problema de la deuda externa, se inició en Ecuador la progresiva construcción de un modelo empresarial de desarrollo. Ello fue posible por una conjunción de factores: entre los externos, la hegemonía de las transnacionales financieras, la difusión del “neoliberalismo”, los condicionamientos del FMI, el derrumbe del socialismo, la globalización; y entre los internos, la sucesión de gobiernos que tomaron como eje los intereses económicos de la empresa privada expresados a través de las cámaras de la producción, así como los supuestos valores del mercado libre, la desregulación económica y el retiro del Estado.

El camino empresarial iniciado por León Febres Cordero (1984-1988), continuado y consolidado por Sixto Durán Ballén (1992-1996), ampliado por todos los gobiernos sucedidos entre 1996 y 2006, aunque de modo particular por Jamil Mahuad (1998-2000), Gustavo Noboa (2000-2003) y Lucio Gutiérrez (20003-2005), se caracterizó por la sucesión de políticas aperturistas: liberación de precios, tasas de interés y tipos de cambio, sucretización (Osvaldo Hurtado, 1983) y resucretización de las deudas privadas (Febres Cordero, 1987), privatizaciones (sobre todo Durán Ballén), “salvataje bancario” y dolarización (Mahuad), flexibilidad laboral (Noboa y Gutiérrez), hegemonía de los criterios de las cámaras de la producción, 16 notas y Cartas de Intención con el FMI entre 1983 y 2003, intentos por suscribir un TLC con los EE.UU., etc.

Ese progresivo proceso económico levantó la modernización capitalista del Ecuador, mejoró los negocios y ante todo los beneficios empresariales. Pero ese proceso descansó sobre la desinstitucionalización del Estado, el deterioro de los servicios públicos, la asfixia de la seguridad social, la absoluta concentración de la riqueza, la precariedad e inseguridad laborales, la arbitrariedad empresarial, la destrucción medioambiental, la desregulación tributaria, la explosión del fenómeno emigratorio, la contención forzosa de los salarios, la aceleración de la “informalidad”, el subempleo (60% en promedio) y el desempleo (10% en promedio), la transferencia de recursos públicos al servicio privado, las concesiones de bienes y recursos estatales, la pérdida de la soberanía monetaria, a lo que se suma la creciente crisis gubernamental (en la última década siete gobiernos), la consolidación del “Estado de partidos” y su desprestigio, la desnaturalización de las funciones estatales, etc.

En tales circunstancias, habría sido el colmo que no crezca la economía empresarial, como lo hizo entre 2001 y 2006, época que añoran algunos voceros neoliberales.

Las cifras que presentan, aisladas del contexto histórico, les sirven para suponer un cuadro de “éxitos” que ponen como ejemplo sin hacer referencia a los costos sociales y políticos de semejante “modelo”. Porque en América Latina, la economía no puede medirse más por el éxito, la competitividad ni la eficiencia del capital y de las empresas sino por el grado de bienestar social que se alcance. Y en las pasadas tres décadas eso es lo que precisamente no se logró en el Ecuador.

Argentina: La ley de medios salió del closet y ganó la calle

La problemática de los medios de comunicación comercial, hasta hace muy poco limitada a la academia y centros de estudio y/o profesionales, ha ganado la calle. Esto, que está sucediendo en la Argentina del 2010, tiene mucho que ver con nuestras historias de las últimas décadas, y bien puede servir de experiencia para el resto de Latinoamérica.

Aram Aharonian* / ALAI AMLATINA

Hacía tiempo que no presenciaba una movilización masiva como la del jueves pasado en Buenos Aires, en respaldo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que, sancionada por amplia mayoría por el Legislativo para reemplazar una norma que data de la dictadura militar, ha encontrado escollos para su aplicación por sorpresivos y extemporáneos fallos judiciales, muestra de un poder judicial que aún no ha logrado deslastrarse de funcionarios del gobierno de facto (1876-1983).

La puja por la Ley salió del ámbito de los medios, sorteó el de la economía, el de la política y, finalmente se trabó en el de la Justicia, poniendo en claro la sobreexistencia de un poder concentrado, remanente de la dictadura y de los gobiernos neoliberales posteriores, inaceptable en cualquier régimen republicano. En Argentina subsisten lobbies que unen política y justicia, que resultan a veces mucho más poderosos que los poderes Ejecutivo y/o Legislativo.

Hubo muchos hechos destacables, remarcables. Primero, la conformación de esa enorme movilización, donde viejos militantes –de sector obrero y de clase media- se mezclaban con jóvenes estudiantes de las carreras de comunicación social y también piqueteros; donde los pueblos originarios se sumaban a la lucha común, junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, donde las dos centrales sindicales trabajaban juntas para defender la democracia y la institucionalidad, donde las banderas de los movimientos y grupos oficialistas compartían las calles con la de la oposición.

Y, algo que sorprendía a los corresponsales extranjeros: la marcha, de más de 20 cuadras, avanzaba hacia la Plaza Lavalle, frente al Tribunal Supremo de Justicia, y los comercios de la zona no se sentían amenazados y seguían abiertos normalmente. Fue una demostración cívica, con saludos cociudadanos desde los balcones de las avenidas Callao y Corrientes, con miles de manifestantes convocados en principio por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, por sus agrupaciones, sindicatos, movimientos populares, universidades, pero también con miles y miles de autoconvocados, al igual que cuando los argentinos salen a luchar contra la impunidad del genocidio dictatorial.

Codo a codo, los “negros” -despreciados y estigmatizados por el establishment-, peronistas y piqueteros, con representantes de los pueblos originarios, trabajadores rurales y urbanos, intelectuales, jóvenes de clase media, tomaron las calles del país, para vencer otro intento de dictadura, la que intentan imponer los medios comerciales de comunicación. Un hecho quizá novedoso para una sociedad argentina que sigue sorprendiendo.

No fue sólo Buenos Aires. Lo mismo se repitió en el sur, en Comodoro Rivadavia, o en el noroeste, en Mendoza. Luis Bruchtein, director de Página/12 señala que “resulta una paradoja, porque de todos ellos, los únicos en condiciones de generar un proceso de sensibilización masiva sobre una problemática tan específica son los propios medios. Y esta vez han conseguido hacerlo en contra de sí mismos”.

En las últimas concentraciones, tanto en la de jueves como en la del viernes anterior en el Obelisco, convocada por Facebook por los seguidores del programa televisivo 6, 7, 8 (con gran participación de jóvenes de clase media, hasta ahora reacios a participar en política), la mayoría no estaba encuadrada en columnas de organizaciones sociales o políticas, sino que portaban carteles hechos a mano.

Quizá los grandes medios, encabezados por el oligopolio de Clarín y sus radios y televisoras, La Nación, el grupo Vila-Manzano, entre otros, fueron los causantes de este fenómeno político y social, porque ellos y sus principales columnistas dejaron al rojo vivo la manipulación, con operaciones mediáticas, inventando el hecho político para forzarlo, ocultando y tergiversando la información, invisibilizando a los actores sociales y, sobre todo, dejando en estado de crispación a la sociedad, con sus titulares apocalípticos. Provocaron un fenómeno reactivo, se hicieron el harakiri de credibilidad.

Bruchtein señala que aún llevado a una guerra sin cuartel, el Gobierno no tiene herramientas suficientes que produzcan una ruptura cultural como para que la sociedad se rebele contra sus Oráculos, o para resquebrajar esta creencia sobrenaturalizada en los grandes medios

Segundo. La problemática de los medios de comunicación comercial, hasta hace muy poco limitada a la academia y centros de estudio y/o profesionales, ha ganado la calle. La concientización popular sobre el poder de los oligopolios y monopolios mediáticos ya no logra ser invisibilizado tanto por un velo cultural sino por el propio interés de las empresas de no perder su (cada vez más escasa) credibilidad.

Esto, que está sucediendo en la Argentina del 2010, tiene mucho que ver con nuestras historias de las últimas décadas, y bien puede servir de experiencia para el resto de Latinoamérica. Durante décadas, el neoliberalismo se había dedicado a desmantelar y privatizar el aparato comunicacional del Estado, dejando en manos de cada vez menos empresas –y no necesariamente del sector- la concentración multimediática. El Estado abandonó su obligación de satisfacer el derecho fundamental a la información y la comunicación, entregándoselo a los grandes conglomerados empresariales.

En los países desarrollados, este proceso fue acompañado por regulaciones y controles antimonopólicos. Cuando estas medidas intentan ser aplicadas en nuestros países, el aparato corporativo conservador comienza a denunciarlo como atentado a la libertad de prensa y de expresión, desquilibrando el juego democrático, atacando a las instituciones democráticas. Es el discurso hegemónico, el discurso único, que ya no necesita de bayonetas para imponerse, sino que tiene en la corporación mediática comercial que intenta aplicar lo que algunos estudiosos han dado en llamar la dictadura mediática.

Hoy la pelea no es en la fábrica ni en las calles: el bombardeo, disfrazado de información, publicidad o entretenimiento, invade las salas, los dormitorios, en nuestros propios hogares.
Tercero. Además del debate sobre la democratización de la comunicación y la información, silenciado por los poderes fácticos durante 26 años de retorno a la democracia, en Argentina la crispación llevó a generar un movimiento social específico, dejando en clara la obligación del Estado de regular democráticamente el espectro radiofónico y la concentración de los medios de comunicación.

En Argentina, algunos dicen que la oposición política encontró un aliado formidable en la corporación mediática. Otros señalan que la corporación mediática ha sabido manipular a la oposición política al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, diciendo quienes son los protagonistas y los antagonistas, distando no solo la agenda informativa sino también la política. La oposición prefirió oponerse a una ley cuya aplicación no se sentirá durante este Gobierno, que termina el año que viene. ¿O no?

Son cinco jueces los que obstaculizan la aplicación de la ley, que han hecho lugar a reclamos de los grandes oligopolios (Clarín, grupo Vila-Manzano, con presentaciones de algún diputado, con motivos diferentes): por el plazo de un año para desmonopolizar, porque no se siguió el trámite reglamentario en el Parlamento y porque la ley va contra la libertad de prensa.

El gobierno nacional presentó un recurso extraordinario en la Cámara de Mendoza para que el expediente llegue a la Corte Suprema de Justicia que, con independencia y sin ningún tipo de presión, tiene que darle una mirada al tema. El titular de la Autoridad Federal de Aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto (el funcionario que llevó adelante este proceso), consideró que no va a tardar mucho en que la disputa judicial en torno a esa norma llegue a la Corte Suprema y sostuvo que el reclamo de la aplicación de esta ley no es capricho de un gobierno sino una expresión de derechos en democracia.

Breve historia de una conquista popular

El 17 abril de 2008, la Presidenta Cristina Fernández recibió a miembros de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, quienes le presentaron el documento de los 21 puntos, y le plantearon la necesidad de un nuevo modelo de comunicación, entendida ésta como un bien social y no como un negocio comercial. Un modelo de comunicación en el que tengan espacio todos y todas, no solamente las empresas de carácter comercial sino los medios públicos, de gestión estatal, y los medios comunitarios, de propiedad social, de las organizaciones libres del pueblo. La Coalición insistió en la necesidad de poner límites a los monopolios y garantizar la libertad de expresión para todos los ciudadanos.

La Presidenta recordó que la ley de radiodifusión vigente entonces fue creada por la dictadura y “no solamente ha quedado éticamente impugnada, ha quedado técnicamente impugnada: Creo que lo más importante de todo esto va a ser poder incorporar a la Argentina no solamente al debate por la democratización de la información pública”.

Casi un año después, el 18 de marzo de 2009 la propuesta de proyecto de Ley de servicios de comunicación audiovisual fue presentada en sociedad por la Presidenta en la ciudad de La Plata, y luego fue debatida en 80 foros abiertos en todo el país. El 27 de agosto la versión definitiva del proyecto fue ingresada al Congreso para su tratamiento parlamentario, donde también fue debatida en audiencias públicas con la participación de numerosos representes de intelectuales, periodistas, propietarios de medios privados, de organizaciones sociales, de medios comunitarios y de asociaciones profesionales.

Finalmente, el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 17 de septiembre de 2009 con 147 votos a favor, 4 en contra, una abstención y 103 ausente, mientras que en el Senado se aprobó el 10 de octubre con 44 votos a favor y 24 en contra.

- Aram Aharonian es periodista y docente uruguayo-venezolano, director de la revista Question, fundador de Telesur, director del Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia (ULAC)

Rusia y China a la latinoamericana

La presencia de ambas potencias pone nervioso a Washington. Atención que también quieren nuestros recursos naturales. Por una estrategia común entre los países del área, y que no se instale aquí un escenario bélico.

Artículo relacionado: BRIC-IBSA. Se cocina un nuevo orden internacional (Agencia IPS)

Diego Ghersi / Agencia Periodística del Mercosur

(Fotografía: los presidentes de Brasil, Rusia, China y la India, reunidos en Brasilia)

En los últimos días se registraron tres hechos que son síntoma del nuevo orden estratégico de bloques económicos, que lentamente se acomoda en el mundo: la visita del premier ruso Vladimir Putin a Venezuela; el recorte de China a sus importaciones argentinas de aceite de soja y los dichos del jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América latina, Arturo Valenzuela, en referencia al incremento armamentístico en Sudamérica, no dejan de ser piezas del mismo rompecabezas que pueden ser leídas como las acciones de una parte y las reacciones de la otra.

En general, se puede comenzar diciendo que los incrementos en el PBI de Rusia y de China sólo pueden sostenerse a costa de conseguir nuevos mercados para la obtención de la materia prima –recursos naturales- y, en forma simultánea, de la colocación en dichos mercados de manufacturas con mayor valor agregado.

La lógica anterior se complementa con el detalle de que los mercados de materia prima sudamericanos son pretendidos por Estados Unidos y considerados por Washington como un territorio de su uso exclusivo.

Otro factor que complica la ecuación consiste en que si bien el aumento de precios de las materias primas de los últimos años ha significado una inyección de capital fresco a las naciones sudamericanas, el intercambio comercial propuesto por las naciones compradoras debe ser manejado con cuidadoso criterio a efectos de que las economías locales no sean arrasadas por productos importados más accesibles por el costo de su cuestionable manufactura.

La necesidad de materias primas de Beijing ha motivado la expansión china por sectores del planeta que antes le eran desconocidos. Ejemplo de esa situación es el que se da con la presencia de empresas chinas en África, continente dónde incluso hay presencia de la Armada china en el Golfo de Adén.

El economista mexicano Enrique Dussel - profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coordinador del Centro de Estudios China-México- cree que, dado que América Latina es un proveedor masivo de materias primas a China y, a la vez un importador de manufactura china que cada vez tiene más valor agregado, la situación plantea un problema estructural importante.

Según Dusssel, con China como el segundo socio comercial y más dinámico en la región, se necesita una estrategia a largo plazo, fortaleciendo instituciones, conocimientos y expertos para no estancarse en una relación actual de producción, que es desventajosa para Latinoamérica, pues importa cada vez más productos manufacturados chinos y destruye industrias y empleo.

"Hay que acabar con la situación de exportar materias primas e importar productos transformados porque eso genera un ambiente de ganadores y perdedores. Muchos países ya comienzan a tener crecientes déficit comerciales aunque vendan recursos", sostiene Dussel.

Implementar una agenda sectorial en bloque de Latinoamérica con China sería fundamental para la región, que este año será el cuarto social comercial del gigante asiático. Esta metodología resta importancia a los tratados comerciales bilaterales por las asimetrías que estos llevan implícitos.

Un buen ejemplo se produce en el caso del intercambio comercial sino-argentino que se ha fundamentado principalmente en la soja y sus derivados, cuestión que ha puesto al filo del monocultivo al país sudamericano y acarreado muchos problemas al gobierno central de Buenos Aires en sus intentos de revertir esa tendencia.

La dependencia Argentina de los ingresos por la venta de aceite de soja es tan grande, que cualquier intento de Buenos Aires que trate de compensar el ingreso de manufacturas chinas es sancionado con la detención de los embarques de soja. Esa situación convierte al aceite de soja en un arma comercial.

En Argentina existen 47 plantas aceiteras y un polo industrial del rubro considerado el mayor y el más eficiente del mundo. Sin embargo el problema es que esas fábricas cierran el negocio con la producción de espeler y alimento balanceado, que se comercializa en el sector avícola. Si falta uno de los elementos, el negocio simplemente no cierra.

La balanza comercial sino-argentina estaba equilibrada en 6 mil millones de dólares pero sufrió un desbalance cuando la ministra Deborah Giorgi decidió poner trabas a las importaciones chinas para proteger a la industria argentina. Fue el comienzo del uso del aceite como arma y una manera de condicionar las decisiones soberanas de Buenos Aires, tendientes a proteger su industria.

Respecto de la visita de Putin a Caracas, la misma puede leerse en la necesidad rusa de petróleo, para el funcionamiento de sus fábricas, complementado por la necesidad de Caracas de reponer su parque de armas.

La afirmación anterior se sustenta en los dos anuncios más importantes que dejó la reunión bilateral: compra de armas por parte de Venezuela y participación de Rusia en el negocio de la riquísima cuenca petrolífera del Orinoco, próxima a certificarse.

Sabido es que el gobierno bolivariano está permanentemente azuzado desde Washington -que considera a Hugo Chávez como poco menos que el representante de Satanás en la Tierra- y en ese sentido, Washington realiza aprestos bélicos que lentamente cierran un cerco sobre país caribeño: bases insulares en el Golfo de México; reactivación de la IV Flota y abastecimiento de armas, equipos y asesores a Colombia desde instalaciones militares facilitadas por Bogotá.

Simultáneamente, a Caracas le llueven acusaciones acerca de que Venezuela estaría proporcionando santuarios en su territorio para las guerrillas FARC.

Ante esa situación de tensión fronteriza creciente, Venezuela se siente obligada a reforzar su defensa y ha recurrido al complejo militar ruso para abastecerse de ellas. Después de todo, por muchísimo menos se inició la guerra de Vietnam.

La coyuntura descripta genera automáticamente el marco para la tercera noticia destacada: el subsecretario norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, afirmó el 7 de marzo -con su cara más dura- que tanto para su gobierno como para la región son intolerables las amenazas bélicas y las intromisiones entre países incluso con apoyo a sectores terroristas.

Valenzuela, quien había llegado a Bogotá en la noche del 6 de marzo como parte de su gira por Ecuador, Colombia y Perú, agregó que “el gasto militar en América Latina debería bajar porque con esos fondos podrían atenderse otras necesidades más apremiantes.”

Las palabras de Valenzuela se producen en momentos en que Colombia y Venezuela pasan por uno de sus peores momentos, en medio de mutuas recriminaciones porque Bogotá acusa a Caracas de amparar a jefes de las guerrillas, y porque Rusia acordó el pasado 2 de abril prestarle a Venezuela hasta 2.200 millones de dólares para nuevos acuerdos de armas.

Si se considera que en los últimos años Rusia y China han consolidado una alianza estratégica y económica que contrapesa la hegemonía de Estados Unidos y que, Sudamérica es una región rica en recursos naturales y biodiversidad, la creciente influencia de las potencias asiáticas en el hemisferio podría significar el comienzo de una escalada bélica que termine con el aura pacífica que la región ostenta a contramano del resto del mundo.

Por otra parte, sería aconsejable que los gobiernos sudamericanos implementen una estrategia de bloque en las negociaciones con poderosos, cuya imagen altruista debería medirse en términos de ventaja económica. Esa prudencia necesaria evitaría el riesgo que entraña el hecho de que al pretender salir de un problema se caiga en otro peor.

Hacia la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza

En los Derechos de la Naturaleza el centro está puesto en la Naturaleza. Esta vale por sí misma, independientemente de la utilidad o usos del ser humano, que forma parte de la Naturaleza.

Alberto Acosta * / ALAI

La compleja construcción de un proyecto de vida en común

Toda Constitución sintetiza un momento histórico. En toda Constitución se cristalizan procesos sociales acumulados. Y en toda Constitución se plasma una determinada forma de entender la vida. Una Constitución, sin embargo, no hace a una sociedad. Es la sociedad la que elabora la Constitución y la adopta casi como una hoja de ruta. Una Constitución, más allá de su indudable trascendencia jurídica, es ante todo un proyecto político de vida en común, que debe ser puesto en vigencia con el concurso activo de la sociedad.

Desde esta perspectiva, la Constitución ecuatoriana -construida colectivamente en los años 2007 y 2008-, fiel a las demandas acumuladas en la sociedad, consecuente con las expectativas creadas, responsable con los retos globales, se proyecta como medio e incluso como un fin para dar paso a cambios estructurales. En su contenido afloran múltiples definiciones para impulsar transformaciones de fondo, a partir de propuestas construidas a lo largo de muchas décadas de resistencias y de luchas sociales. Transformaciones, muchas veces, imposibles de aceptar (e inclusive de entender) por parte de los constitucionalistas tradicionales y de quienes a la postre ven como sus privilegios están en peligro. Una de esas “novedades” se plasma en los Derechos de la Naturaleza.

La Naturaleza en el centro del debate

La acumulación material -mecanicista e interminable de bienes-, apoltronada en “el utilitarismo antropocéntrico sobre la Naturaleza”- al decir del uruguayo Eduardo Gudynas-, no tiene futuro. Los límites de los estilos de vida sustentados en esta visión ideológica del progreso son cada vez más notables y preocupantes. No se puede seguir asumiendo a la Naturaleza como un factor de producción para el crecimiento económico o como un simple objeto de las políticas de desarrollo.

Esto nos conduce a aceptar que la Naturaleza, en tanto término conceptualizado por los seres humanos, debe ser reinterpretada y revisada íntegramente. Para empezar la humanidad no está fuera de la Naturaleza. La visión dominante, incluso al definir la Naturaleza sin considerar a la humanidad como parte integral de la misma, ha abierto la puerta para dominarla y manipularla. Se le ha transformado en recursos o en “capital natural” a ser explotados. Cuando, en realidad, la Naturaleza puede existir sin seres humanos…

En este punto hay que rescatar las dimensiones de la sustentabilidad. Esta exige una nueva ética para organizar la vida misma. Un paso clave, los objetivos económicos deben estar subordinados a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales, sin perder de vista el respeto a la dignidad humana y la mejoría de la calidad de vida de las personas.

Un proceso histórico de ampliación de los derechos

A lo largo de la historia, cada ampliación de los derechos fue anteriormente impensable. La emancipación de los esclavos o la extensión de los derechos civiles a los afroamericanos, a las mujeres y a los niños fueron una vez rechazadas por los grupos dominantes por ser consideradas como un absurdo. Para la abolición de la esclavitud se requería que se reconozca “el derecho de tener derechos”, lo que exigía un esfuerzo político para cambiar aquellas leyes que negaban esos derechos. Para liberar a la Naturaleza de esta condición de sujeto sin derechos o de simple objeto de propiedad, es entonces necesario un esfuerzo político que reconozca que la Naturaleza es sujeto de derechos. Este aspecto es fundamental si aceptamos que todos los seres vivos tienen el mismo derecho ontológico a la vida.

Esta lucha de liberación es, ante todo, un esfuerzo político que empieza por reconocer que el sistema capitalista destruye sus propias condiciones biofísicas de existencia. Dotarle de Derechos a la Naturaleza significa, entonces, alentar políticamente su paso de objeto a sujeto, como parte de un proceso centenario de ampliación de los sujetos del derecho. Si se le aseguran derechos a la Naturaleza se consolida el “derecho a la existencia” de los propios seres humanos, como anotaba en 1988 el jurista suizo Jörg Leimbacher.

Del actual antropocentrismo debemos transitar, al decir de Gudynas, al biocentrismo. Esto implica organizar la economía preservando la integridad de los procesos naturales, garantizando los flujos de energía y de materiales en la biosfera, sin dejar de preservar la biodiversidad.

Estos planteamientos ubican con claridad por donde debería marchar la construcción de una nueva forma de organización de la sociedad. Pero, no será fácil. Sobre todo en la medida que ésta afecta los privilegios de los círculos de poder nacionales y transnacionales, éstos harán lo imposible para tratar de detener este proceso. Esta reacción, lamentablemente, también se nutre de algunas acciones y decisiones del gobierno de Rafael Correa, quien alentó con entusiasmo el proceso constituyente y la aprobación popular de la Constitución de Montecristi, pero que con algunas de las leyes aprobadas posteriormente, por ejemplo la Ley de Minería o la Ley de Soberanía Alimentaria, sin dar paso a la conformación del Estado plurinacional, en una suerte de contrarrevolución legal, atenta contra varios de los principios constitucionales.

Una declaración pionera a nivel mundial

Al reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos, en la búsqueda de ese necesario equilibrio entre la Naturaleza y las necesidades y derechos de los seres humanos, enmarcados en el principio del Buen Vivir, se supera la clásica versión jurídica. Y para conseguirlo nada mejor que diferenciar los Derechos Humanos de los Derechos de la Naturaleza, tal como lo plantea Gudynas.

En los Derechos Humanos el centro está puesto en la persona. Se trata de una visión antropocéntrica. En los derechos políticos y sociales, es decir de primera y segunda generación, el Estado le reconoce a la ciudadanía esos derechos, como parte de una visión individualista e individualizadora. En los derechos económicos, culturales y ambientales, conocidos como derechos de tercera generación, se incluye el derecho a que los seres humanos gocen de condiciones sociales equitativas y de un medioambiente sano y no contaminado. Se procura evitar la pobreza y el deterioro ambiental.

Los derechos de primera generación se enmarcan en la visión clásica de la justicia: imparcialidad ante la ley, garantías ciudadanas, etc. Para cristalizar los derechos económicos y sociales se da paso a la justicia re-distributiva o justicia social, orientada a resolver la pobreza. Los derechos de tercera generación configuran, además, la justicia ambiental, que atiende sobre todo demandas de grupos pobres y marginados en defensa de la calidad de sus condiciones de vida afectada por destrozos ambientales. En estos casos, cuando hay daños ambientales, los seres humanos pueden ser indemnizados, reparados y/o compensados.

En los Derechos de la Naturaleza el centro está puesto en la Naturaleza. Esta vale por sí misma, independientemente de la utilidad o usos del ser humano, que forma parte de la Naturaleza. Esto es lo que representa una visión biocéntrica. Estos derechos no defienden una Naturaleza intocada, que nos lleve, por ejemplo, a dejar de tener cultivos, pesca o ganadería. Estos derechos defienden mantener los sistemas de vida, los conjuntos de vida. Su atención se fija en los ecosistemas, en las colectividades, no en los individuos. Se puede comer carne, pescado y granos, por ejemplo, mientras me asegure que quedan ecosistemas funcionando con sus especies nativas.

A los Derechos de la Naturaleza se los llama derechos ecológicos para diferenciarlos de los derechos ambientales de la opción anterior. En la nueva Constitución ecuatoriana -no así en la boliviana- estos derechos aparecen en forma explícita como Derechos de la Naturaleza, así como derechos para proteger las especies amenazadas y las áreas naturales o restaurar las áreas degradadas. También es trascendente la incorporación del término Pacha Mama, como sinónimo de Naturaleza, en tanto reconocimiento de interculturalidad y plurinacionalidad.

En este campo, la justicia ecológica pretende asegurar la persistencia y sobrevivencia de las especies y sus ecosistemas, como redes de vida. Esta justicia es independiente de la justicia ambiental. No es de su incumbencia la indemnización a los humanos por el daño ambiental. Se expresa en la restauración de los ecosistemas afectados. En realidad se deben aplicar simultáneamente las dos justicias: la ambiental para las personas, y la ecológica para la Naturaleza.

Siguiendo con las reflexiones de Gudynas, los Derechos de la Naturaleza necesitan y a la vez originan otro tipo de definición de ciudadanía, que se construye en lo social pero también en lo ambiental. Estas ciudadanías son plurales, ya que dependen de las historias y de los ambientes, acogen criterios de justicia ecológica que superan la visión tradicional de justicia.

La proyección de los Derechos de la Naturaleza

De los Derechos de la Naturaleza, asumidos en la Constitución ecuatoriana, se derivan decisiones trascendentales. Uno clave tiene que ver con procesos de desmercantilización de la Naturaleza, como han sido la privatización del agua, así como de sus sistemas de distribución y abastecimiento. Igualmente se exige la eliminación de criterios mercantiles para utilizar los servicios ambientales. La restauración integral de los ecosistemas degradados es otro de los pasos revolucionarios adoptados.

La soberanía alimentaria se transforma en eje conductor de las políticas agrarias e incluso de recuperación del verdadero patrimonio nacional: su biodiversidad. Incluso se reclama la necesidad de conseguir la soberanía energética, sin poner en riesgo la soberanía alimentaria o el equilibrio ecológico.

Si aceptamos que es necesaria una nueva ética para reorganizar la vida en el planeta, resulta indispensable agregar a la justicia social y la justicia ambiental, la justicia ecológica. En otras palabras, los Derechos Humanos se complementan con los Derechos de la Naturaleza, y viceversa.

De los Andes al mundo

El mandato de los Derechos de la Naturaleza nos invita a pensar y realizar una integración regional de nuevo cuño. Y desde esta perspectiva, desde Nuestra América habrá que levantar la tesis de una pronta Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, compromiso que podrá encontrar un espaldarazo en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, convocada por el presidente Evo Morales.

Nuestra responsabilidad es grande y compleja. Al tiempo que condenamos los sistemas y las prácticas depredadoras forjadas en el capitalismo metropolitano, debemos condenar por igual y superar las diversas formas de extractivismo que consolidan la sumisión de nuestros países en el mercado mundial, en tanto productores y exportadores de materias primas. Este extractivismo, para nada superado en nuestros países, seguirá hundiendo en la miseria a los pueblos y agravando los problemas ambientales.

En suma, está en juego el Buen Vivir (sumak kausay o suma qamaña), relacionado estrechamente con los Derechos de la Naturaleza. Estos derechos, sumados a los Derechos Humanos, nos conminan a construir democráticamente sociedades sustentables. Y esas sociedades se lograrán a partir de ciudadanías plurales pensadas también desde lo ambiental, en las que el ser humano y las diversas colectividades de seres humanos coexistan en armonía con la Naturaleza.

-Alberto Acosta es Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Consultor internacional. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Texto Publicado en América Latina en Movimiento Nº 454, abril de 2010, “Por un nuevo amanecer para la Madre Tierra”, coedición ALAI – Fundación Solón.

Mariategui, 80 años

El pasado 16 de abril se cumplieron ochenta años del fallecimiento de José Carlos Mariátegui, el más luminoso pensador peruano del siglo XX.

Gustavo Espinoza M. / Rebelion

(Fotografía: José Carlos Mariátegui, 14 de junio de 1894 - Lima, 16 de abril de 1930)

No tenía aún treinta y seis años, cuando ocurrió su deceso que fuera informado al país mediante un boletín extraordinario de la revista Amauta, por él fundada: “El más grande cerebro de América Latina, ha dejado para siempre de pensar…”, diría el documento que corrió presuroso por las redacciones de los periódicos y los locales sindicales y políticos como una llama encendida.

La muerte de Mariátegui, enlutó al país entero. Millares de personas se dieron cita en la casa del difunto y, por primera vez en la historia social de la patria, cargaron sobre sus hombres el féretro envuelto en una bandera roja; y a los acordes de La Internacional, lo pasearon por las calles de la ciudad hasta depositarlo en el cementerio Presbítero Maestro, donde aún está su tumba.

Ella, un modesto túmulo de tierra, se levanta sobre un texto de Henri Barbusse: “¿Sabéis quién es Mariátegui? Pues bien, es la nueva luz de América, el prototipo del nuevo hombre americano”.

Cuatro biografías se han hecho hasta hoy de esta emblemática figura del socialismo peruano. La primera, la de María Wiesse, que lo conoció personalmente y que compartió sus horas de tertulia en el Rincón Rojo. La segunda, la de Armando Bazán, con quien estuvo en Europa, lo que le permitió acercarse no solo a Mariátegui, sino además a Vallejo, sobre cuya vida también escribió.

La tercera, llamada La acción escrita, fue obra de un aguerrido periodista y revolucionario peruano —Genaro Carnero Checa— del que se recordará precisamente en estos días el centenario de su nacimiento. La cuarta fue la de Guillermo Rouillón: La creación heroica de José Carlos Mariátegui, en dos volúmenes. A ellas, se han sumado trabajos meritorios de Juan Gargurevich y Ricardo Luna Vega, que abordaron etapas puntuales de su vida y de su obra.

Cada una de las biografías ha tenido su propio mérito. Y todas ellas han buscado presentar la figura de este ilustre peruano explotando los más diversos ángulos de su pensamiento y las distintas etapas de su vida.

De modo general, se coincide en dividir la vida de Mariátegui en dos grandes etapas: lo que él mismo llamó su “edad de piedra” y lo que sus biógrafos coincidieron en denominar su “etapa heroica”.

Hubo un tiempo, poco después de su muerte, que su obra quedó transitoriamente relegada. Convergieron en ese esfuerzo los intereses de la clase dominante, representados por las dictaduras de entonces, y el sectarismo a ultranza de elementos “sembrados” en el campo revolucionario por los adversarios del socialismo.

Pero a partir de 1935, la historia social comenzó, nuevamente, a hacerle justicia. Entre ese año y 1960, sin embargo, su vida y su obra fueron relegadas casi al olvido por los detentadores del Poder. Su pensamiento fue considerado “subversivo” y su análisis de la realidad nacional, como orientado por “ideas foráneas y extranjerizantes”. Esa fue la calificación que le otorgó siempre la derecha más reaccionaria, pero también la dirección del APRA, liderada por Haya de la Torre que hasta su muerte, en 1982, regateó los méritos del autor de los 7 Ensayos…

No obstante, las ideas de Mariátegui perduraron en el tiempo. En cierta ocasión, cuando Pablo Neruda visitó Perú, un periodista local le preguntó: “¿qué diferencia encuentra usted entre Mariátegui y Haya de la Torre?” Y el poeta, de inmediato contestó que “mientras Mariátegui sigue vivo, Haya de la Torre hace muchos años que ha muerto…”.

Durante un largo periodo, incluso en el campo revolucionario, existió la tendencia a negar la primera etapa de la vida del Amauta y centrar el interés de los estudiosos de su obra, en la segunda. Esfuerzos como los de Genaro Carnero, Juan Gargurevich y otros, contribuyeron a enfrentar, y derrotar, esa deformación.

Y es que la obra de Mariategui no tuvo nunca rupturas. Fue una continuidad. Un proceso de realización y de afirmación que, en su momento, él mismo reconoció: “He madurado, más que he cambiado. Lo que existe en mi ahora, existía embrionaria y larvadamente cuando yo tenía veinte años”, dijo en una entrevista que le hicieran en la época.

De todos modos, como en todos los seres humanos, en Mariátegui se registraron acontecimientos que cambiaron su mirada. En el caso del Amauta, el gran acontecimiento, fue la Revolución Rusa de 1917. El tenía veintitrés años y era un joven reportero de un diario local, encargado precisamente del manejo del teletipo.

Supo leer, entonces, lo que ocurría en el mundo y descubrir el camino de los pueblos hacia delante. Y percibió también la entereza, y la esencia, de los hombres que, en ese contexto, hacían la historia. Mariátegui quedó siempre deslumbrado por la personalidad de Lenin, que asomó ante sus ojos como “nimbada de leyenda, de mito y de fábula”.

Desde un inicio quedó sellado el compromiso moral entre la Revolución de Octubre y nuestro compañero de armas. Nunca varió. Y hay que subrayar que ello ocurrió en una circunstancia en la que todos los fuegos del enemigo se disparaban contra el naciente poder bolchevique, y cuando el inmenso poder del “réclame” buscaba distorsionar la imagen de los revolucionarios rusos en el mundo presentando su lucha como expresión de desvarío satánico.

Mucho se discutió —y se discute aún en el Perú— si el Partido que fundó Mariátegui, fue un “Partido Socialista” o un “Partido Comunista”. Es una discusión ociosa. Él lo llamó en su momento Partido Socialista del Perú, pero cuando eso ocurrió, en 1928, él ya era un comunista de filas.

Identificado plenamente con la Rusia Soviética, pese a todos sus avatares; en ligazón directa con la Internacional Comunista, convencido del papel de la Clase Obrera y luchador por su causa, y enfrentado firmemente a las deformaciones reformistas del revolucionarismo pequeño burgués; Mariátegui fue un comunista de verdad.

¿Tuvo ideas propias y algunas de ellas no coincidieron en todo con “la verdad oficial” que se manejaba en ese entonces? Claro que sí. Ese hecho demostró, precisamente, que Mariátegui era un comunista de verdad, y no un adocenado funcionario de cartón.

Su capacidad creadora, su activismo pensante y su lucha cotidiana nunca dieron paso a la huachafería ramplona de las “terceras vías” o “los caminos propios”. “En la lucha entre dos sistemas, entre dos ideas, no se nos ocurre sentirnos espectadores, ni inventar un tercer término. La originalidad a ultranza es una preocupación literaria y anárquica. En nuestra bandera inscribimos esta sola, sencilla y grande palabra: socialismo”, dijo perfilando el rostro de su revista histórica: Amauta.

Porque fue comprendido por la más clara inteligencia de su tiempo, Jorge Basadre diría de él: “Con Mariátegui adviene al Perú un tipo de agitador sin demagogia ni tropicalismo, un escritor autodidacta, no universitario, que rebasando el prestigio de los cenáculos, sirve a la clase proletaria”.

Y vaya que la sirve, en nuestro tiempo…

Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR ante la violación de la autonomía universitaria

Acuerdos Firmes, aprobados por el Consejo Universitario en sesión N.º 5435, extraordinaria, el jueves 14 de abril de 2010.

ARTÍCULO ÚNICO

Pronunciamiento sobre los acontecimientos sucedidos el 12 de abril de 2010 y en defensa de la autonomía universitaria.

Por lo tanto, el Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.-La Constitución Política de la República de Costa Rica, en el artículo 84, establece:

La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones, y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobiernos propios.

2.- La Sala Constitucional, en el voto N.° 1313-93, confirma los alcances y el significado de la autonomía universitaria, del siguiente modo:

Esa autonomía, que ha sido clasificada como especial, es completa y por esto, distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico (regulados principalmente en otra parte de la Carta Política: artículos 188 y 190), y significa, para empezar con una parte de sus aspectos más importantes, que aquellas están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden autodeterminarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio.

3.-La Universidad de Costa Rica, como institución de educación superior pública e Institución Benemérita de la Educación y la Cultura Costarricense, siempre ha actuado apegada al principio de legalidad y nunca ha permitido ni permitirá que el campus universitario sea refugio delincuencial alguno.

4. La Universidad de Costa Rica, en sus setenta años de historia, nunca había sido objeto de una invasión y ocupación del campus como la que tuvo lugar en la Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”, el día 12 de abril, por parte de funcionarios del Ministerio Público, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fuerza Pública.

5.- Ante la comisión de un supuesto delito, atribuido a un funcionario de la Universidad de Costa Rica, el OIJ, bajo las órdenes del Ministerio Público, llevó a cabo un operativo técnico para recabar prueba incriminatoria, convirtiéndolo, para todos los efectos, en un allanamiento ilegal del campus universitario, sin autorización ni presencia de juez natural ni de defensor público. Esta acción, ya de por sí, es violatoria de obligaciones constitucionales y del debido proceso judicial. Además, abusando de su autoridad, el Ministerio Público no solo mantuvo el allanamiento ilegal, sino que lo reforzó con decenas de agentes armados del OIJ y de la Fuerza Pública, que ingresaron en la Universidad aun después de haberse cumplido con la detención y el retiro del sospecho del campus.

6.- De haberse utilizado los mecanismos usuales: información, coordinación y apoyo de las autoridades universitarias, con toda certeza se habría cumplido el objetivo del operativo, sin necesidad de la invasión del campus y la consecuente violación de la autonomía universitaria, en donde fueron agredidos en su integridad física profesores, funcionarios administrativos y estudiantes, privando de la libertad a cinco de ellos, dos de los cuales ameritaron atención hospitalaria, debido a las heridas y lesiones recibidas.

7.- Estos deplorables acontecimientos, que nunca debieron haber sucedido, pues violentan profundamente el Estado de Derecho y a la sociedad costarricense, deberán quedar registrados en la memoria universitaria, para ser tomados en consideración por las actuales y venideras generaciones, de modo que se revitalice en el alma nacional y universitaria la trascendencia y la relevancia de la autonomía universitaria.

ACUERDA:

1.- Deplorar y condenar la actuación del Organismo de Investigación Judicial y la del Ministerio de Seguridad Pública, al invadir y ocupar el campus de la Sede Rodrigo Facio el día 12 de abril, dado que atenta contra la Autonomía Especial universitaria, consagrada en la Constitución Política de la República de Costa Rica.

2.-Rechazar el abuso de autoridad y el uso desproporcionado e injustificado de la fuerza contra la comunidad universitaria, poniendo en riesgo la seguridad de las personas, de los bienes de la Institución y de particulares, con un proceder alejado de las aspiraciones democráticas y pacíficas de la sociedad costarricense.

3.-Condenar que el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial abandonaran en esta ocasión la práctica de coordinar sus acciones con las autoridades universitarias en el cumplimiento de sus funciones, como ha sido habitual en los pocos casos antes presentados a lo largo de sus setenta años de historia.

4.- Rechazar las declaraciones de los jerarcas del OIJ y del Ministerio Público, en las que intentan justificar y legitimar lo actuado por sus dependencias, en la medida en que se apartan e irrespetan las prácticas de coordinación que siempre han existido con la Universidad de Costa Rica.

5.- Solicitar al Poder Judicial que inicie una investigación sobre la actuación de los funcionarios y las funcionarias que dirigieron el operativo y cometieron faltas, con el fin de sentar las responsabilidades del caso.

6.- Condenar toda acción delictiva cometida eventualmente por algún funcionario o funcionaria universitaria, como la de cualquier otra persona, y manifestar categóricamente a la comunidad nacional que la Universidad de Costa Rica nunca ha encubierto ni encubrirá jamás acciones delictivas en su campus.

7.- Repudiar la distorsión mediática de los hechos que apuntan a desprestigiar a la Universidad de Costa Rica. A su vez, hacemos un llamado a la comunidad universitaria y nacional a mantenerse alerta e informada sobre estos acontecimientos, y adoptar una actitud crítica ante la información que recibe.

8.- Reiterar el compromiso de la Universidad de Costa Rica con el ordenamiento jurídico y su disposición de colaborar con las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana.

9.- Declarar institucionalmente el 12 de Abril como el “Día de la Autonomía Universitaria”.

10.-Comunicar de manera directa este acuerdo al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo.

11.- Publicar en los diferentes medios de comunicación el presente pronunciamiento y darle la mayor difusión.

ACUERDO FIRME.

Dr. Oldemar Rodríguez Rojas
DIRECTOR
CONSEJO UNIVERSITARIO

Declaración de la Asociación por la Unidad de Nuestra América (AUNA-Costa Rica) ante la violación de la autonomía universitaria de la UCR

La Asociación por la Unidad de Nuestra América (AUNA-Costa Rica), CONDENA ENÉRGICAMENTE los graves hechos acaecidos el día de ayer, lunes 12 de abril, en el Campus “Rodrigo Facio” de la Universidad de Costa Rica (UCR), con motivo de la persecución y detención de un funcionario de la seguridad de este centro, y que implicaron la flagrante violación de la autonomía universitaria cuando alrededor de 70 efectivos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) penetraron en el recinto universitario, causaron destrozos materiales y agredieron y detuvieron a estudiantes y personal de dicha universidad.

La AUNA-Costa Rica alerta a la sociedad costarricense ante este tipo de desmanes que, con la excusa del combate a la delincuencia o la criminalidad organizada, lleva al Estado costarricense a optar por la vía de la violencia propia de regímenes autoritarios de corte militarista.
Dejar pasar o justificar este tipo de acciones, abre las puertas a la configuración de un tipo de sociedad ajena a las mejores tradiciones de diálogo y consenso costarricenses.

San José, Costa Rica, 13 de abril de 2010.

Vea AQUÍ lo que hace el gobierno del señor Oscar Arias Sánchez en Costa Rica, mientras aconseja a otros que disuelvan su Ejército.