El Informe Estado de la Región advierte que es necesario dar un golpe de timón en el rumbo que lleva América Central. Las preguntas inevitables ante este llamado tienen que ver con la profundidad de las transformaciones que requiere la región, el sentido que se les imprimirá (quiénes y cómo las llevarán adelante) y las opciones preferenciales (para quiénes y para qué se hacen) que las animen.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
(Ilustración de Allan Mcdonald, artista gráfico hondureño)
Debilitada, vulnerable, con déficits históricos en el ámbito socioeconómico que se arrastran desde hace varias décadas; además, aislada del resto de América Latina, y enfrentándose ahora a “una peligrosa convergencia de riesgos de intensidad considerable, que amenazan con desencadenar una fractura en el Istmo”: así retrata la actual situación de los países de América Central el cuarto Informe Estado de la Región 2008-2011, presentado en varias capitales centroamericanas durante este mes de octubre.
Rico en información, descripción de escenarios y tendencias, este nuevo informe reafirma muchas de las proyecciones que ya han venido realizando analistas, investigadores, movimientos sociales, organismos no gubernamenteles y un sector reducido de la dirigencia política, sobre el futuro de los Estados y sociedades que pueblan ese territorio estratégico que va de Guatemala a Panamá. Las dos principales conclusiones apuntan, por un lado, hacia la fragmentación de la región en dos bloques bien diferenciados (el centronorte: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y el sur: Costa Rica y Panamá); y por el otro, a destacar las profundas desigualdades a lo interno de cada formación social, como uno de los principales obstáculos que impiden alcanzar mejores niveles de desarrollo humano.
Precisamente, uno de los hallazgos más estremecedores del informe es que el 40% de los hogares del Istmo, lo que equivale a unas 17 millones de personas, no tienen acceso a trabajo y educación. Al avanzar en la lectura del documento, otros índices confirman la gravedad de los problemas socioeconómicos en la región. Por ejemplo, se determinó que, para el año 2008, el 47% de los centroamericanos vivía en condición de pobreza (por insuficiencia de ingresos) y un 18,6% en pobreza extrema; en el caso de la distribución de la riqueza, el 10% más rico de la población recibía el 40% de los ingresos totales en Guatemala y Honduras, y en los demás países el 30%; mientras tanto, 1,8 millones de niños y niñas menores de 5 años (un tercio de la población centroamericana en ese rango de edad) padecían desnutrición crónica (en Guatemala, la incidencia alcanzó el 51,9%, es decir, uno de cada dos menores).
Asimismo, el Informe destaca tres riesgos estratégicos que debe enfrentar América Central: uno es el institucional, pues considera que en varios países hay un tipo de Estado incapaz de canalizar las demandas sociales, superado por el crimen organizado y, como corolario,“particularmente hostil a la democracia. Son Estados con aparatos institucionales pequeños, redes institucionales precarias, Ejecutivos dominantes, sin contrapesos, esquivos a la transparencia y penetrados por intereses particulares”.
Un segundo riesgo tiene que ver con el impacto del cambio climático, que provocará en la región un aumento en las temperaturas, así como de la intensidad y frecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos (huracanes, temporales, tormentas, inundaciones, sequías), lo que a su vez ejercerá mayores presiones “sobre la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua (incluyendo su potencial uso energético), alteración y pérdida de biodiversidad en los ecosistemas (con énfasis en los bosques y los recursos marinocosteros), todo ello junto a una mayor propensión a desastres, daños a la salud humana y afectación de los medios de vida (en particular de los pueblos indígenas y las comunidades rurales)”.
En este sentido, ya es visible la negativa “huella ecológica” del (mal)desarrollo dominante y del tipo de relaciones sociedad-naturaleza establecidas en América Central durante las últimas dos a tres décadas: hoy, cada habitante requiere un 10% más del territorio que tiene disponible para satisfacer su consumo; entre 1980 y 2005, se perdieron 248.400 hectáreas de humedales, a un ritmo promedio anual de 9.936; entre 2002 y 2010, la cantidad de especies en peligro de extinción (peces y anfibios, en primer lugar) aumentó un 82%; entre 2005 y 2008 la superficie agrícola de la región se redujo en 7,4%; y de 2005 a 2010 el área boscosa del Istmo disminuyó en 1.246.000 hectáreas.
Finalmente, el tercer riego estratégico es “el bloqueo político que impide combatir la exclusión social”, a saber, el control que ejercen las élites y grupos económicos sobre las agendas y la formulación de políticas públicas de los Estados, lo que en un sentido más amplio, limita el poder ciudadano en la toma de decisiones y priva “del goce de derechos económicos, sociales y culturales de los grupos más vulnerables”. Al respecto, explica el Informe: “Al interactuar con otras variables como la alta violencia social, la debilidad de las instituciones, la transición demográfica y el estilo de desarrollo, estos bloqueos ponen en riesgo la estabilidad futura de la región”.
Con este marco de análisis, se entiende por qué los investigadores y autores del Informe Estado de la Región incluyen en el documento una advertencia: es necesario, y más aún urgente, dar un golpe de timón en el rumbo que lleva América Central. “Más de lo mismo –dice el texto- llevará a situaciones aun más complejas. Hay tiempo, capacidad y visión para hacer algo distinto”.
Las preguntas inevitables ante este llamado de alerta tienen que ver con la profundidad de las transformaciones que requiere la región, el sentido que se les imprimirá (quiénes y cómo las llevarán adelante) y las opciones preferenciales (para quiénes y para qué se hacen) que las animen: ¿será un cambio que aspire a acabar con las desigualdades y exclusiones heredadas de la colonia, y que hoy se expresan en los órdenes económico, social, político y cultural? ¿Será un cambio que ponga fin al patrón extractivo de materias primas, recursos naturales y explotación de la mano de obra –de alta o baja calificación-, como ha sido norma de los modelos de desarrollo desplegados en la región a lo largo de su historia, y que dé paso de una vez por todas a una relación mucho más armónica y responsable con el medio natural?
Y más importante aún, ¿cuánta conciencia de la necesidad de este viraje tienen los ciudadanos, los pueblos centroamericanos, e inclusive, los cavernarios poderes fácticos? ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar movimientos sociales y partidos políticos progresistas –donde todavía los haya- para emprender esa regeneración de la América Central? ¿Cuáles serían sus fuentes intelectuales, sus espacios políticos y sus dinámicas de deliberación y construcción de alternativas? ¿Cómo garantizar que principios propios del imaginario político moderno, como las nociones de Estado de derecho, justicia e igualdad (ausentes, en la mayoría de los casos, en la génesis de la naciones centroamericanas), puedan conjugarse con las nuevas aspiraciones de democracia radical de nuestra época, como la participación ciudadana y el poder popular, la justicia social y la transparencia y rendición de cuentas permanente?
En fin, es una agenda amplia la que tenemos pendiente en el Istmo. A resolver estas cuestiones deberíamos avocarnos todos y todas quienes, desde distintos espacios de la sociedad, creemos que este rincón del mundo, mil veces castigado por la injusticia humana, merece un futuro distinto.
