En estos
días, la comunidad de La Puya, en el Departamento de Guatemala, se ha visto
conmocionada por la represión a la que la ha sometido el gobierno por oponerse
a la apertura de una mina a cielo abierto propiedad de capitales
estadounidenses y canadienses. Ya había pasado antes en otras comunidades que
se oponen a la invasión que suponen estos gigantes transnacionales en su
entorno más cercano.
Rafael
Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica
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| Habitantes de La Puya resisten la represión de la Policía Nacional, que custodia los intereses de las compañías mineras estadounidenses y canadienses. |
El extractivismo ha hecho carrera en
América Latina. Acorde con el esquema latinoamericano de exportadores de materias primas,
conoció un nuevo impulso en todos los países latinoamericanos, especialmente
desde mediados de la década de los 90, aunque ya desde la primera mitad del siglo XX marcó la
inserción de América Latina en la economía mundial. La palabra
"extractivismo" es un poco inexacta pues comprende la industria
extractiva, así como la producción agrícola en monocultivo para la exportación.
Está asociado a la existencia de
enclaves, explotación laboral sin límite, violaciones a derechos humanos, el
exterminio de grupos indígenas y la subordinación de los gobiernos al poder de
empresas multinacionales. Era un callejón sin salida del que es difícil
escapar. La estrategia de sustitución de importaciones aplicada entre 1940 y
1980 estaba diseñada para escapar de esta trampa. Pero la crisis de la deuda de
los 80 permitió imponer el régimen neoliberal y el extractivismo regresó con
ánimos de venganza.
¿Ha cesado el modelo extractivista de
estar vigente en América Latina, aunque sea en los países en donde gobiernos
nacional populares, progresistas, han llegado al poder? La respuesta es no.
Venezuela, Ecuador, Bolivia siguen basando su economía en el sector primario
exportador, específicamente en el petróleo y el gas. En esos países el control
sobre los recursos naturales se convirtió en la más alta prioridad por ser fuente
de recursos fiscales. El rescate se presentó como parte de un proyecto
nacionalista, lo cierto es que también se trató de una decisión pragmática que
no pasaba por la expropiación. Y no es que el acceso a la tecnología hubiera
sido la gran barrera a la entrada. Las grandes empresas multinacionales poseían
los canales de comercialización y lo más fácil fue seguir una estrategia
adaptativa para renegociar los términos de contratos y concesiones, evitando
choques con Estados Unidos y algunos países europeos. Muy rápidamente se pudo
captar así una proporción mayor del excedente de explotación y dotarse de
recursos fiscales.
Claro está que en el nuevo esquema los
recursos fiscales permitieron incrementar el gasto en salud, educación,
vivienda e infraestructura. También se mantuvo una política de recuperación de
salarios y aumentó la cobertura y alcance de los programas de lucha contra la
pobreza, lo que ha dotado de legitimidad política y social a estos gobiernos.
Álvaro García Linera, en su calidad de
Vicepresidente del estado plurinacional de Bolivia, en su libro Geopolítica de la Amazonía –Poder
hacendal-patrimonial y acumulación capitalista dice que sí, que en Bolivia
–como también en otros países progresistas de la región– se desarrollaría un
modelo “extractivista”, lo cual ha sido considerado como negativo para el
desarrollo económico y social. Después de examinar criterios clásicos de Marx
sobre las formas de apropiación de la naturaleza por la Humanidad, Alvaro
García Linera concluye: “No existe
evidencia histórica que certifique que las sociedades industriales capitalistas
sean menos nocivas frente a la Madre Tierra que las que se dedican a la
extracción de materias primas renovables o no renovables”. Superar el
extractivismo no es superar el capitalismo. En esta fase se hace indispensable
utilizar los recursos aportados por la actividad primaria o exportadora
controlada por el Estado para generar los excedentes que permitan satisfacer
las condiciones mínimas de vida de los bolivianos y garantizar una educación
intercultural y científica que genere una masa crítica capaz de asumir y
conducir los procesos emergentes de industrialización y desarrollo económico. “Lo importante es reorientar el sentido de la
producción sin olvidar que también es preciso satisfacer las necesidades
básicas fundamentales, que fueron precisamente las que llevaron a la población
a asumir la construcción del poder del Estado. Que es justamente lo que estamos
haciendo en Bolivia”, dice García Linera.
En estos
países queda la esperanza que los recursos que ingresan al Estado puedan
devolverse a través de obras sociales aunque, evidentemente, es un punto
candente que crea disenso y oposición, y que debe discutirse ampliamente.
Pero ¿qué
sucede en países como Guatemala, en donde existe una situación completamente
distinta? En estos días, la comunidad de La Puya, en el Departamento de
Guatemala, se ha visto conmocionada por la represión a la que la ha sometido el
gobierno por oponerse a la apertura de una mina a cielo abierto propiedad de capitales
estadounidenses y canadienses. Ya había pasado antes en otras comunidades que
se oponen a la invasión que suponen estos gigantes transnacionales en su
entorno más cercano.
Se les acusa
de oponerse al desarrollo y al progreso, de ser subversivos, terroristas y
desquiciados, y se les reparte garrote a diestra y siniestra. Tienen, sin
embargo, el derecho a oponerse y, también, el deber de hacerlo, dadas las
nefastas consecuencias que ya se ha comprobado que tienen los deshechos que
dejan tales proyectos.
El gobierno
militar de Otto Pérez Molina despliega toda su parafernalia guerrera y hace oír
su voz de la única manera que sabe hacerlo: por la fuerza. Está instaurando un
nuevo régimen que gira en torno a los nuevos ricos militares y sus asociados,
que hicieron sus capitales y se forjaron un lugar empresarial lucrando con la
guerra que por más de 36 años asoló Guatemala. Ver un mapa de los sitios en
donde el Ejército desplazó en medio de la guerra poblaciones de sus lugares de
origen en los años 80 del siglo XX, es ver el mapa en donde ahora se instauran
algunos de los principales proyectos extractivistas, y con los cuales lucran
-como socios menores, como siempre, pero socios al fin-, los nuevos ricos
guatemaltecos.
Denunciar lo
que sucede en La Puya es evidenciar no solo la represión y la intolerancia,
sino todo un modelo de desarrollo depredador y excluyente.
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