La Procónsul de Estados
Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, acaba de notificar que las
autoridades imperiales necesitan recibir más muestras de la lealtad del
gobierno electo, no solo para poder recibir la donación de $277 millones del
FOMILENIO, sino para que pueda ser considerado un aliado y un amigo de los
Estados Unidos.
Julia Evelyn Martínez / Rebelion
“Controla el petróleo y controlarás a los Estados,
controla los alimentos y controlarás a los
pueblos”.
Henry Kissinger, Secretario de Estado de EE.UU 1973-1976.
El imperio ahora exige
que se deroguen los acuerdos sobre “Disposiciones Especiales y Transitorias
para el Fomento de la Producción de Granos Básicos” que desde 2013 permiten al
Ministerio de Agricultura (MAG) comprar de forma directa y sin licitación,
semillas nacionales a los productores y productoras nacionales. De acuerdo a
Aponte, de esta manera se quiere asegurar que las políticas económicas
nacionales se apeguen a las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado
por El Salvador en 2004, y que las empresas norteamericanas puedan participar
sin ninguna restricción en los procesos de licitación y compras gubernamentales
de semillas.
La derogación de este
decreto supondrá un retroceso en los pocos avances logrados en materia de
autosuficiencia alimentaria observados durante la gestión gubernamental
2009-2014. El año 2013, este decreto logró que las asociaciones y cooperativas
agropecuarias abastecieran el 92% de las compras gubernamentales de semillas
del sector público. Se espera que en 2014 este abastecimiento local de semillas
pueda cubrir el 100% de la demanda del MAG. Como era de esperar, esta nueva
imposición del gobierno de Estados Unidos cuenta con el apoyo de las empresas
que integran la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM) y por supuesto, tiene el
beneplácito de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES).
Se sabe que el control
progresivo de los eslabones que componen la cadena agro alimentaria de un país
(insumos, financiamiento, tecnología, semillas, producción, comercialización,
almacenamiento, etc.) es una de las principales objetivos de la estrategia de
acumulación de capital de las empresas transnacionales en la fase del
capitalismo global. Estas empresas han convertido a estas cadenas productivas
no solo en negocios rentables, sino además en un instrumento de control
económico, social, cultural y político de las personas que producen y/o
consumen los alimentos provenientes de estas cadenas.
Un aspecto importante de
esta estrategia es eliminar la capacidad de los productores y productoras
locales de alimentos para conservar, reproducir y abastecerse de sus propias
semillas. De esta manera, se logra que los sistemas productivos locales y el
consumo de las comunidades pasen a depender del abastecimiento de semillas
producidas y patentadas por las transnacionales. Para ello, se imponen
disposiciones en los tratados de libre comercio, que obligan a los Estados
nacionales a no poner restricciones al libre comercio e importación de semillas,
bajo la amenaza de ser sancionados económica y/o políticamente.
En la actualidad, 10
empresas transnacionales controlan el 67% del mercado mundial de semillas, y
dentro de éstas, dos empresas norteamericanas (Monsanto y DuPont) y una empresa
suiza (Syngenta), concentran el 47% del mercado. Por cierto, la empresa
Monsanto adquirió en 2008 la empresa de semillas Cristiani Burkard, que
representaba uno de los principales proveedores de semillas del gobierno antes
de los decretos transitorios de promoción de granos básicos, y que sería por
tanto, una de las empresas norteamericanas más favorecidas con la derogación de
estas disposiciones.
La penetración de las
transnacionales en las cadenas agroalimentarias de Centro América se ha logrado
mediante la acción coordinada entre organismos financieros internacionales
(Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desarrollo) y entre organizaciones oficiales de cooperación bilateral (USAID) y
agencias de cooperación multilateral (Programa Mundial de Alimentos y Fondo de
Naciones Unidas para la Agricultura). Mientras los organismos financieros
internacionales presionan por una parte a los gobiernos para que adopten
medidas de liberalización del comercio de insumos y productos agropecuarios, como
parte de las reformas económicas que deben realizar para tener acceso a
préstamos; las agencias de cooperación, por otra parte, diseñan sus programas y
proyectos de seguridad alimentaria y de competitividad rural a partir del
modelo de cooperación público-privado, que incluye medidas para fortalecer la
posición de las empresas transnacionales en los eslabones de la cadena
agroalimentaria, como abastecedoras y/o como compradoras de insumos, productos,
tecnología, etc.
Estas estrategias cuentan
con la complicidad (directa o indirecta) de los gobiernos y parlamentos
nacionales, que se ven forzados a acatar estas imposiciones, para mantener los
flujos de endeudamiento de las entidades financieras internacionales y/o los fondos
de cooperación no reembolsable de Estados Unidos y de la Unión Europea, aún
cuando esto implica una mayor dependencia alimentaria y la ruina de productores
y productoras nacionales de alimentos. Pero puede suceder que, algunas veces,
la correlación interna de poder permite a algunos gobiernos y a algunos
parlamentos, aprobar medidas que van en contra de la hegemonía de las
transnacionales y/o que apuntan al objetivo de la soberanía alimentaria. Este
parece haber sido la coyuntura de El Salvador durante los dos últimos años, que
hizo posible el uso de disposiciones transitorias de fomento a la producción
nacional de granos básicos, y la compra y uso de semillas nacionales para
abastecer los paquetes agrícolas y otros requerimientos del sector público.
Sin embargo, esta
coyuntura parece que está a punto de cambiar.
A su retorno de su vista
oficial a los Estados Unidos, el presidente electo Salvador Sánchez Cerén ha
asegurado que su gobierno cumplirá con todas las condiciones que se han
impuesto para otorgar los fondos del FOMILENIO, y ha reiterado su intención de
mantener el asocio para el crecimiento con Estados Unidos. En consecuencia, no
sería de extrañar que el gobierno electo ya se encuentre en proceso de
preparación de un plan alternativo para derogar estas disposiciones de
protección a las semillas nacionales, y poder así cumplir con la nueva
imposición del imperio.
Si algo nos ha enseñado
el neoliberalismo es que las políticas públicas económicas son ante todo y
sobre todo, el resultado de relaciones de poder, que se expresan en la lucha de
clases. Esta es la razón por la cual el neoliberalismo puso tanto empeño en
debilitar y desmovilizar políticamente a los sindicatos y demás organizaciones
sociales que podían salir a las calles y obligar a sus gobiernos a que no
aplicaran reformas económicas neoliberales y/o a que se retractaran de ellas.
Por consiguiente, a lo mejor ha llegado el momento para que las organizaciones
que forman parte de mesas y de redes que luchan por la soberanía alimentaria y
el desarrollo agropecuario nacional, salgan a la calle a obligar al gobierno y
a los partidos políticos para qué actúen a favor de la soberanía alimentaria y
de los intereses populares.
La autora es
profesora de la Escuela de Economía de la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario