El 21N, hace 5 años, fue el inicio de la mayor expresión de descontento popular en varias décadas de la historia nacional que llevó al triunfo de Gustavo Petro.
Consuelo Ahumada / Para Con Nuestra América
La protesta masiva y prolongada contra las políticas neoliberales ya había estallado en países cercanos como Chile. Del sur llegaban cantos, consignas y prácticas de resistencia, de las cuales nos apropiamos por estos lares.
Dos razones principales motivaron el estallido en Colombia. Primera, la profundización de las políticas excluyentes, derivadas de la ortodoxia del mercado, y su grave impacto sobre la población, en especial la juventud rural y urbana empobrecida y sin mínimas oportunidades de llevar una vida digna. Todo ello en medio de un cinismo e indolencia sin atenuantes, propios del mandatario y sus tecnócratas.
Segunda, su desprecio por el Acuerdo de paz, suscrito con las antiguas Farc y su disposición a romperlo, mediante su política de “Paz con legalidad”. Al mejor estilo de Uribe, su jefe y mentor, el gobierno mostraba un desconocimiento permanente del estado de derecho, recurriendo a prácticas fascistas, incluida la criminalización de la protesta social.
La figura de Dilan Cruz, estudiante asesinado por el temible Esmad, se convirtió en símbolo de la movilización que apenas comenzaba. Meses antes se había conocido y denunciado el bombardeo repetido de campamentos guerrilleros, a sabiendas de que en ellos había niños y niñas reclutados a la fuerza. “Máquinas de guerra”, los llamaron después.
Aunque la protesta social amainó con las festividades de fin de año y con la cuarentena impuesta por la pandemia, permaneció latente.
Entre el 9 y el 11 de septiembre de 2020 murieron 14 personas y 75 resultaron heridas, víctimas de la brutalidad policial en Bogotá. Jóvenes, hombres y mujeres de barrios populares. Hubo también disturbios en municipios cercanos.
Fue entonces cuando Duque optó por disfrazarse de policía para congraciarse con los asesinos y disimular su propia incompetencia.
Pero el estallido social emergió en todo su furor el 28 de abril siguiente y se extendió durante casi dos meses. El Comité Nacional de Paro hizo la convocatoria inicial, para rechazar un proyecto de reforma tributaria y otras medidas lesivas presentadas por el Gobierno Nacional, que se negó siempre a cualquier diálogo con dicho comité.
Sin embargo, a pesar de las difíciles condiciones generadas por la pandemia y por su pésima gestión por el gobierno, el llamado tuvo una acogida masiva, tanto en ciudades, grandes y pequeñas, como en territorios apartados de todo el país.
De nuevo, el gobierno Duque y la Policía respondieron con un despliegue enorme de fuerza y violencia. Insistían en culpar al terrorismo internacional y particularmente al “castrochavismo”. Jóvenes de la “primera línea”, líderes sociales, hombres y mujeres, fueron tratados como criminales.
Más de 80 personas, la mayoría jóvenes, fueron asesinadas, varios desaparecidos y cientos perdieron los ojos. Las entidades de control al servicio del gobierno justificaron todos los atropellos.
El presidente expidió el decreto 575, considerado por analistas como una conmoción interior parcial, de facto: eludía el control constitucional, ordenaba la militarización de departamentos y ciudades y establecía la subordinación de gobernadores y alcaldes a las FF. MM.
Este decreto se expidió poco después de que Uribe cuestionara la supuesta falta de autoridad de su presidente de bolsillo y recomendara el despliegue total de la Fuerza Militar, la designación de oficiales de alto rango en los municipios, al tiempo que rechazaba cualquier negociación nacional o regional.
Por ello, desautorizó y ordenó desconocer las negociaciones regionales adelantadas entre el comité de paro de Buenaventura y delegados del gobierno para levantar el bloqueo en el principal puerto del país.
En medio de la situación, la extrema derecha desplegó todo su potencial. Se conoció la grabación de una reunión privada entre empresarios y políticos del Centro Democrático de Pereira y el Valle. Hablaban allí de la necesidad de seguir incentivando al Ejército para que respondiera.
Así como Uribe nunca reconoció la existencia del conflicto armado, Duque tampoco admitió la validez de la protesta social ni la legislación internacional al respecto. Su gobierno calificaba a quienes la ejercen como vándalos. Incentivó y pretendió esconder los desmanes de los grupos paramilitares y la extrema derecha armada, quienes sí actuaron como verdaderos vándalos, en connivencia con las FF. MM.
La preocupación de los organismos internacionales se fue incrementando con el paso del tiempo. Después de su negativa inicial, la presión popular obligó al gobierno a recibir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, durante la primera semana de junio del 2021.
El informe final presentado generó el descontento del Gobierno Nacional. Después de entrevistarse con todos los sectores, la Comisión llegó a varias conclusiones. Hizo una fuerte denuncia y documentación de la brutalidad policial, el apoyo de civiles armados y la responsabilidad del Gobierno y la fuerza pública en los hechos: asesinatos, desapariciones, torturas, abusos sexuales, mutilaciones, contra jóvenes, mujeres, poblaciones étnicas. Se le pidió al gobierno tomar medidas para garantizar el derecho a la protesta pacífica.
Estos horrores que se vivieron no hace mucho tiempo generaron una nueva movilización social y electoral, que propició el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez.
Ha transcurrido la mitad de su período, en medio de múltiples dificultades de toda índole y de una oposición acérrima, empeñada en regresar a ese pasado oscuro y tenebroso del uribismo.
Sin embargo, además de garantizar el derecho a la protesta, el compromiso indeclinable del gobierno sigue siendo sentar las bases firmes para alcanzar la paz total y el desarrollo territorial. Ambos propósitos están estrechamente ligados.
PS: Hoy 25 de noviembre nos movilizaremos una vez más para conmemorar el día internacional de la no violencia contra la mujer. Las cifras de feminicidios y violencia de género siguen siendo altísimas y se requiere de grandes esfuerzos para su prevención y denuncia. Las reformas sociales del gobierno, en discusión en el Congreso, incorporan puntos fundamentales en cuanto a los derechos, condiciones sociales y laborales de la mujer, en la dura lucha contra el patriarcado.
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