Los
informes de Amnistía Internacional contradicen los discursos occidentales sobre
Cuba. Los medios de comunicación, al proporcionar una información parcial,
orientada y sin ninguna puesta en perspectiva de la situación cubana con el
resto del mundo, en vez de informar a la opinión pública, la engañan y
construyen una imagen de la isla del Caribe que no corresponde a la realidad.
Salim Lamrani / Especial para Con Nuestra América
La
cuestión de los derechos humanos en Cuba siempre suscita muchas controversias
en Occidente. Los medios de comunicación siempre se muestran unánimes para
estigmatizar a las autoridades de La Habana, acusándolas particularmente de
perpetrar violaciones masivas de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
Las clases políticas –con algunas excepciones– no se quedan a la zaga y
regularmente señalan a la isla del Caribe sobre este tema. Se puede notar una
constancia: la oposición cubana ocupa el espacio mediático en Europa y en
Estados Unidos y, al mismo tiempo, se silencia sistemáticamente el punto de
vista del Gobierno cubano sobre estos tópicos cruciales.
No
obstante resulta relativamente sencillo forjarse una opinión sobre los derechos
humanos en Cuba y en el planeta. Amnistía Internacional, organización fundada
en 1961, publica cada año un informe sobre la situación de los derechos humanos
a nivel mundial. Así, para conseguir una imagen global, basta con consultar los
estudios anuales que están disponibles en varios idiomas. Los medios de
comunicación no vacilan en basarse en estos trabajos para evocar la
problemática de los derechos humanos en Cuba. Sin embargo es asombroso observar
que no se propone a la opinión pública ningún análisis comparativo. ¿Por qué no
comparar, por ejemplo, los últimos informes de Amnistía Internacional sobre
Cuba con los de Francia y Estados Unidos? ¿Acaso no permitiría a la opinión
pública hacerse una idea más precisa de la realidad de los derechos humanos en
Cuba tomando como referencias dos grandes democracias occidentales que a menudo
se erigen en jueces moralizadores?
El
estudio comparativo es un ejercicio científico saludable que permite romper los
clichés y prejuicios. Este artículo propone presentar las conclusiones de
Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Cuba,
Francia y Estados Unidos. El objetivo es brindar al público hechos concretos
que le permitan forjarse una opinión más justa sobre la Cuba de hoy.
Los derechos humanos en Cuba
Según
el último informe de Amnistía Internacional “las libertades de expresión, de
asociación y de circulación todavía son sometidas a restricciones draconianas”.
La organización apunta que “se señalaron varios miles de casos de acoso contra
los detractores del régimen, de arresto y de detenciones arbitrarias”.[1] AI
se hace más precisa y señala que “defensores de los derechos humanos y
periodistas” son víctimas de “detenciones de corta duración” que pueden
alcanzar las “nueve horas”. Para el año 2015, AI presenta la cifra de 8.600
personas, basándose en los datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional. AI enfatiza por ejemplo que fueron arrestados “tres
militantes que habrían intentado acercarse del Papa para evocar los derechos
humanos”.
La
organización denuncia el hecho de que los opositores sufren “actos de repudio”,
es decir, “manifestaciones organizadas por partidarios del régimen con el
concurso de agentes de los servicios de seguridad”. AI señala “cargos penales
motivados por consideraciones políticas”. Señala también que el aparato
judicial se encuentra bajo el control del poder político, sin dar más detalles.
AI
recuerda también que las autoridades controlan internet y “bloquean y filtran
algunos sitios, lo que restringe el acceso a la información y las críticas
antigubernamentales”. AI enfatiza que la red de telefonía móvil no funcionó
bien durante la visita del papa en septiembre de 2015.
En
cambio AI no señala ningún caso de violencias físicas por parte de las
autoridades contra los opositores o los ciudadanos, ni casos de malos tratos,
tortura, desaparición o asesinato cometidos por las fuerzas del orden y tampoco
cita la presencia de algún preso político.
Los derechos humanos en Francia
En
cuanto a Francia, para el año 2015, Amnistía Internacional apunta que las
autoridades “persiguieron muchas veces a personas por declaraciones que no
constituían incitaciones a la violencia y tenían que ver con el ejercicio
legítimo de la libertad de expresión”.[2]
AI
enfatiza también que “las autoridades impusieron un arresto domiciliario a 26
militantes ecologistas en el marco de la COP21 por su supuesta participación en
manifestaciones violentas en el pasado”.
La
organización denuncia la adopción de “una nueva ley que autoriza la vigilancia
masiva de todas las comunicaciones electrónicas con destino a –o procedentes
del– exterior”. El poder ejecutivo puede autorizar este tipo de vigilancia “sin
ninguna consulta previa ni control judicial independiente, con el objetivo de
alcanzar metas definidas en términos vagos”.
AI
condena también las violaciones reiteradas de los “derechos de los refugiados y
de los migrantes”. Subraya que las condiciones de vida en el campamento de
Calais se asemejan a “un trato inhumano”, basándose en un informe del Consejo
de Estado. La entidad expresa también su preocupación “ante los actos de
violencia, acoso y malos tratos cometidos contra los migrantes y los que
solicitan asilo por parte de agentes de las fuerzas del orden en Calais”. AI
lamenta “el recurso abusivo a la detención administrativa contra los migrantes
de Calais”. La organización enfatiza que “menores no acompañados fueron
encarcelados con frecuencia en la ‘zona de espera’ del aeropuerto
Roissy-Charles-de Gaulle”.
AI
lista varios casos de “discriminación” contra poblaciones gitanas procedentes
de Rumanía, apuntando que “migrantes y personas que solicitan asilo también
fueron expulsadas por la fuerza de campamentos improvisados durante todo el
año”.
AI
recuerda también que la Corte Europea de los Derechos Humanos ha incluido en su
agenda “tres casos relativos a personas transexuales que no pudieron conseguir
el reconocimiento de su género femenino en el registro civil”.
AI
informa por fin de atentados contra “la libertad de expresión” señalando la
condena de 14 personas que “participaron a iniciativas no violentas en un
supermercado para llamar al boicot de los productos israelíes”.
Los derechos humanos en Estados
Unidos
En
cuanto a Estados Unidos, AI denuncia la impunidad persistente para las
autoridades responsables de crímenes.[3] Así,
“no se ha [..] adoptado ninguna medida para poner fin a la impunidad por las
violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en el marco del programa
de detención secreta gestionado por la CIA”. La organización apunta que “la
mayoría de los detenidos, si no todos, habían sido sometidos a desaparición
forzada y a condiciones de reclusión y/o técnicas de interrogatorio que
violaban la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes”.
AI
denuncia la persistencia de detenciones arbitrarias y apunta que “se siguieron
negando los derechos humanos a los detenidos de Guantánamo”. “Al concluir el
año había 107 hombres recluidos en Guantánamo. La mayoría estaban recluidos sin
cargos ni juicio”.
AI
señala también las violencias policiales y enfatiza que “al menos 43 personas
murieron en 25 estados tras recibir descargas de armas Taser a manos de la
policía, con lo que el total de fallecidos en esas circunstancias desde 2001 se
elevó al menos a 670”. La organización recuerda que “la mayoría de las víctimas
no iban armadas ni parecían representar una amenaza de muerte o lesión grave
cuando se recurrió al arma Taser”.
AI
denuncia varios centenares de homicidios cometidos por las fuerzas del orden.
Subraya que “entre 458 y más de 1.000” personas fueron asesinadas por
“funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” en 2015. La organización
enfatiza un hecho recurrente: “Según los limitados datos disponibles, entre las
víctimas de homicidio policial había una cantidad desproporcionada de hombres
negros”.
AI
condena las violencias contra los migrantes y particularmente contra los “más
de 35.000 menores de edad no acompañados”. Subraya que muchas familias “estaban
recluidas en centros sin acceso adecuado a atención médica, a asistencia
letrada ni a alimentos y agua que cumplieran con las normas sanitarias”. La
organización apunta también discriminaciones contra las minorías sexuales
recordando que “A las personas transexuales se las detenía habitualmente según
su género de nacimiento, lo que las hacía más vulnerables a sufrir abusos o se
las recluía en régimen de aislamiento y sin acceso a terapia hormonal”.
En
cuanto a los derechos de las mujeres, AI recuerda que “las mujeres indígenas
que habían sido violadas seguían sin tener acceso a asistencia básica,
incluidos exámenes médicos y otros servicios básicos de salud, como medidas de
anticoncepción de urgencia”. Agrega que “las mujeres indígenas seguían
sufriendo niveles desproporcionados de violencia y tenían unas probabilidades
2,5 veces más altas de ser violadas o agredidas sexualmente que las demás
mujeres del país”. AI apunta también “una gran disparidad en el acceso de las
mujeres a la atención a la salud sexual y reproductiva, incluida la atención a
la salud materna. Las mujeres afroamericanas seguían teniendo casi cuatro veces
más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo que
las mujeres blancas”. AI denuncia también los ataques cometidos contra el
derecho de las mujeres a disponer libremente de su cuerpo recordando que “se
presentaron en múltiples estados más de 230 proyectos de ley cuyo propósito era
restringir el acceso a un aborto legal y seguro”.
Respecto
a las condiciones de encarcelamiento AI recuerda que más de 80.000 presos
(sobre una población encarcelada de 2,2 millones de personas) están “recluidos
[…] en condiciones de privación física y social en las prisiones federales y
estatales de todo el país”. En cuanto a la pena capital, la organización apunta
que 27 hombres –entre ellos uno de 74 años– y una mujer fueron ejecutados en
2015 y que hay “3.000 personas pendientes de ejecución”. AI subraya también que
un enfermo mental, Warren Hill, fue ejecutado el 27 de enero de 2015. Apunta
que “todos los expertos que lo evaluaron, incluidos los convocados por el
estado, coincidieron en que tenía una discapacidad intelectual que convertía su
ejecución en inconstitucional”.
Una comparación necesaria
La
lectura de estos tres informes es reveladora. Así, mientras que se estigmatiza
constantemente a Cuba sobre el tema de los derechos humanos, una comparación de
las conclusiones de AI pulveriza los clichés sobre la isla. En Cuba AI no ha
reportado casos de violación de los derechos de los refugiados y migrantes
(Francia, EE UU), de trato inhumano (Francia, EE UU), de actos de violencia y
de malos tratos cometidos por las fuerzas del orden (Francia, EE UU), de
menores encarcelados (Francia, EE UU), de discriminación contra las minorías
(Francia, EE UU), de discriminación contra las personas transexuales (Francia,
EE UU), de impunidad para las autoridades responsables de crímenes (EE UU), de
desaparición forzada (EE UU), de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y
degradantes (EE UU), de violencias policiacas (EE UU), de homicidio cometido
por las fuerzas del orden (EE UU), de homicidio cometido por las fuerzas del
orden en mayoría contra hombres negros (EE UU), de personas privadas de
alimentos, agua potable y atención médica por las autoridades (EE UU), de
violación reiterada de los derechos de las mujeres procedentes de las minorías
(EE UU), de privación de servicios básicos de salud y otros servicios
esenciales para mujeres víctimas de violación (EE UU), de discriminación contra
las mujeres embarazadas por su origen étnico (EE UU), de ataques contra el
derecho de las mujeres a disponer libremente de su cuerpo (EE UU), de presos
detenidos en condiciones de privación física y exclusión social (EE UU), de
pena de muerte aplicada (EE UU), de pena de muerte aplicada contra una mujer
(EE UU), de pena de muerte aplicada contra un hombre de 74 años (EE UU), de
pena de muerte aplicada contra un enfermo mental (EE UU) o de pena de muerte
aplicada en violación de la Constitución del país (EE UU).
Así,
cuando se hace este comparativo, resulta difícil para Francia o Estados Unidos
erigirse en fiscal sobre la problemática de los derechos humanos. Ségolène
Royal, ministra francesa de Ecología, dio prueba de clarividencia recordando lo
siguiente: “Francia no tiene lecciones que dar” a Cuba.[4] Por
su parte, el futuro presidente Donald Trump, se mostró menos inspirado
exigiendo de Cuba una mejora de la situación de los derechos humanos y la
instauración de una economía de mercado[5]. No
cabe duda de que pondrá su opinión en tela de juicio tras la lectura del
informe de AI sobre Estados Unidos.
Conclusión
La
comparación de los distintos informes de Amnistía Internacional arroja una luz
significativa. Contra todo pronóstico Cuba presenta un mejor balance que su
principal detractor, Estados Unidos. Del lado de Francia, las críticas que
emite AI incitan a la humildad. Así, ni Francia ni EE UU tienen la autoridad
moral necesaria para erigirse en juez.
Es
importante recordar que los informes de Amnistía Internacional nunca evocan el
respeto de los derechos económicos y sociales –que son derechos humanos
fundamentales– tales como el acceso a la alimentación, la vivienda, la
seguridad, la educación, la salud, la cultura, el deporte, la recreación,
campos en los cuales Cuba sobresale según todos los organismos de las Naciones
Unidas, que citan su sistema de protección social como el ejemplo a seguir. Un
dato es elocuente: según la UNICEF, el único país de América Latina y del
Tercer Mundo que ha erradicado la desnutrición infantil es Cuba.
Los
informes de Amnistía Internacional contradicen los discursos occidentales sobre
Cuba. Los medios de comunicación, al proporcionar una información parcial,
orientada y sin ninguna puesta en perspectiva de la situación cubana con el
resto del mundo, en vez de informar a la opinión pública, la engañan y
construyen una imagen de la isla del Caribe que no corresponde a la realidad.
*Doctor en Estudios Ibéricos y
Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es
profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de
las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba,
¡palabra a la defensa!, Hondarribia, Editorial Hiru, 2016.
[1]Amnesty International,
«Rapport 2015-2016: Cuba », 2016. https://www.amnesty.org/fr/countries/americas/cuba/report-cuba/
(sitio consultado el 6 de diciembre de 2016).
[2]Amnesty International,
«Rapport 2015-2016: Cuba », 2016. https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/france/report-france/
(sitio consultado el 6 de diciembre de 2016).
[3]Amnistía Internacional,
«Rapport 2015-2016: Cuba», 2016. https://www.amnesty.org/fr/countries/americas/united-states-of-america/report-united-states-of-america/
(sitio consultado el 6 de diciembre de 2016).
[4]Le Figaro, «Ségolène Royal fait l’éloge de Fidel Castro,
tollé dans la classe politique», 4 de diciembre de 2016.
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