Cualquiera que sea el resultado de esta erupción de descontento popular y pluriclasista, resulta evidente que el actual gobierno no es sino la continuidad en un Estado cooptado por el crimen organizado y la corrupción. Por tanto, con una severa insensibilidad social.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
Los dos gobiernos que emergidos del voto sucedieron a Otto Pérez Molina (2012-2016) enarbolaron honestidad y compromiso con los necesitados. Jimmy Morales (2016-2020) dijo que no era “ni corrupto ni ladrón” y terminó siendo un corrupto más e instrumento ultraderechista que defenestró a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG-ONU). Esta instancia era necesaria ante la existencia de un Estado fallido como el guatemalteco. Alejandro Giammattei, en su toma de posesión en enero de 2020, se rasgó las vestiduras mencionando al lacerante problema de la desnutrición infantil en Guatemala. Tenía que hacerlo: la oficial de nutrición de la UNICEF en Guatemala dijo que el 49.8% de los niños en Guatemala tenía desnutrición crónica y ubicó al país en el sexto lugar mundial en cuanto a desnutrición infantil.
El fallido presupuesto 2020 aprobado al vapor por la aplanadora en el Congreso, eliminó los 200 millones de quetzales (1 dólar=7.79 quetzales) destinados a combatir el hambre y destinó la misma cantidad de dinero a la construcción de un nuevo edificio para el poder legislativo. Se recetó un aumento de 500 mil quetzales para alimentos de los diputados y 4 millones más para comprarles autos. Destinó el 10% del presupuesto de 99,700 millones de quetzales al corrupto Ministerio de Contrucción, Infraestructura y Vivienda cuando buena parte de las constructoras que contrata están relacionadas con los diputados venales. Aumentó el monto de dinero al seguro escolar privado y al Centro de Gobierno, instancia dirigida por el alegado compañero sentimental de Giammattei. Redujo en plena pandemia 750 millones de quetzales el presupuesto para hospitales y centros de salud y disminuyó el monto destinado al poder judicial y a la Procuraduría de Derechos Humanos.
El vicepresidente Guillermo Castillo ha propuesto su renuncia junto a la del presidente Giammattei evidenciando con ello la magnitud de la crisis. Cualquiera que sea el resultado de esta erupción de descontento popular y pluriclasista, resulta evidente que el actual gobierno no es sino la continuidad en un Estado cooptado por el crimen organizado y la corrupción. Por tanto, con una severa insensibilidad social.
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