Universidad y autonomía

La autonomía universitaria como producto histórico no es una realidad acabada, es solo el comienzo de una construcción en la que todos los componentes y miembros de las universidades, deben participar para crear una institución genuinamente autónoma.

Pedro Rivera Ramos / Para Con Nuestra América

Desde Ciudad Panamá

En la gran mayoría de las universidades públicas de América Latina, la autonomía universitaria es un derecho constitucional, que a menudo es interpretado como una prerrogativa de carácter absoluta e inalterable, que les otorga una total independencia de cualquier influencia, dependencia o presiones que provenga del Estado, del mercado o de la sociedad, lo que las acaba convirtiendo casi siempre, en instituciones educativas aisladas y con poco o ningún compromiso real con sus entornos. Por eso que en estos casos, la defensa celosa de la autonomía y su ejercicio, aun cuando puede garantizar que las universidades cumplan su misión educativa y cultural, las hace, por un lado, replegarse sobre sí mismas y, por el otro, descuidar su vital y necesaria conexión al interés general y el bien común de los ciudadanos, que debieran tener a la universidad como un lugar muy cercano a ellos.

 

De modo que ese reconocimiento legal que hacen los Estados al estatus autonómico de sus centros universitarios, si bien es esencial para garantizar, sobre todo, un verdadero respeto, libertad y protección del trabajo académico, que en ningún caso debe suponer la transmisión de conocimientos meramente y sí la búsqueda incesante de la verdad; debe servir también para que las otras finalidades de la educación superior, no los conduzcan a un enclaustramiento voluntario, donde el saber, al ser percibido solo como patrimonio de unas élites, los llevan a desconectarse de los problemas de la sociedad a la que pertenecen, de su sistema político, del mundo de la producción y del trabajo; y en consecuencia, les va a restar legitimidad social y lesionará de modo significativo su vocación crítica y transformadora.

 

La universidad pública no es una institución más del Estado, aunque en muchas ocasiones algunas de sus autoridades, ni reeligiéndose con frecuencia, logran distinguir a cabalidad esa particularidad tan evidente. Es una entidad educativa creada por la sociedad para su servicio y no para que la universidad se sirva a sí misma. La universidad tampoco representa una porción del territorio de una nación, que al concebir su autonomía como un privilegio ilimitado de autodeterminación, está facultada para excluirse a conveniencia en el respeto a otros derechos fundamentales y normas constitucionales. En las que así se procede,  suele observarse la gran precariedad en su función investigativa, lo endeble que luce la formación integral, ética y  humanística de sus educandos, su evolución hacia lo mercantil y utilitario, la pérdida evidente del rumbo histórico y, sobre todo, una confusión injustificable en el cumplimiento de su misión y responsabilidades con la sociedad.

 

Para que las universidades públicas no sigan traicionando su origen y esencia, han de ser aquel lugar donde ya no tengan cabida las visiones desarrollistas y neoliberales que han prevalecido hasta ahora, dando paso a un mayor compromiso social con el debate y solución de los principales problemas, necesidades y carencias  que aquejan a sus entornos. Han de recuperar toda la carga de ideales, responsabilidad ética  y autoridad intelectual que alguna vez las caracterizaron, para librarse completamente del saber neutro, aséptico y soberbio que gusta a muchos y que impide el desarrollo de propuestas de desarrollo equitativo y justicia social, la promoción de otra cultura, así como la posibilidad que desde el interior de estas universidades, se encaren los grandes desafíos sociales, económicos y políticos que hoy existen.

 

Nuestras sociedades requieren que sus universidades públicas no se conformen, con ser solo transmisoras de conocimientos desprovistos de valor social y mucho menos se ocupen de alentar un modelo educativo, que basado únicamente en las competencias profesionales o laborales, tiende a reducir su misión educativa y cultural, a la posibilidad de incorporación de sus egresados en el mercado del trabajo. Para que esto no suceda entonces, estas entidades educativas deben levantar un auténtico y profundo proceso de democratización y transformación sustantivas, donde las actividades creativas e intelectuales sean fortalecidas e impulsadas con intensidad y donde sean las grandes utopías las que se apoderen de los recintos universitarios. Es preciso además, que toda la formación universitaria se realice desde una perspectiva auténticamente humanista, que genere e incentive el pensamiento crítico, la curiosidad y la imaginación, la discusión y el cuestionamiento incesantes. 

 

Por eso que la gobernabilidad universitaria expresada en sus modalidades académica, financiera, política y administrativa que la autonomía de las universidades permite, constituye el pilar fundamental para que en ellas puedan prevalecer la confrontación democrática de sus estamentos, se reconozca con respeto el disenso y se favorezcan consensos, con la finalidad de alcanzar acuerdos y alianzas, dirigidas a ejecutar acciones de la universidad como institución. Un pleno ejercicio de la conducción autonómica de las universidades públicas, debe servir para que se rechacen los financiamientos condicionados a las investigaciones, la producción de conocimiento como valor mercantil y se cuestionen con la suficiente libertad e independencia, los conceptos de calidad, acreditación, competencia y certificación, tal como son visualizados desde el mercado (máxima rentabilidad y bajos costos) y en su lugar se brinden la prioridad que merecen, la pertinencia universitaria, la equidad, la solidaridad y la inclusión social y política.

La autonomía universitaria como producto histórico no es una realidad acabada, es solo el comienzo de una construcción en la que todos los componentes y miembros de las universidades, deben participar para crear una institución genuinamente autónoma. Eso implica que la autonomía, lejos de que acabe afianzando aún más cualquier aislamiento que ya la universidad tiene, debe corregir su insuficiente involucramiento en los problemas nacionales y en las alternativas necesarias para la edificación de una sociedad más justa y más solidaria. Debe en definitiva, estar al servicio del desarrollo del país y de su pueblo.