Como es lo habitual en el calendario político de nuestro país, este año, el último del gobierno de turno, tiene como protagonista a los partidos que buscarán el poder en las próximas elecciones, a celebrarse el primer domingo de febrero del 2026.
Arnoldo Mora Rodríguez / Para Con Nuestra América
Este gobierno no tiene paragón en nuestra historia política…y no para bien. Todo lo contrario, muchos ciudadanos sentimos que este gobierno constituye una amenaza para nuestra institucionalidad democrática. Pero lo más grave es que el país está dividido como nunca desde la Guerra Civil de 1948. A pesar de lo insólito - o, quizás, precisamente por eso – de esta actitud del gobierno, cerca de la mitad de la población apoya al presidente como persona, aunque esto no significa que apoye o apruebe a sus altos funcionarios y a los diputados de la fracción oficialista. En cuanto a sus oponentes, tanto de los partidos que lo adversan como de amplios sectores de la opinión pública y de los medios de comunicación, la mayor parte de las críticas se dirigen en contra de la persona misma del presidente; es tan frecuente esta actitud, que da la impresión de que todos los ataques y amenazas que sufre nuestra institucionalidad democrática, deban ser asociados a lacras atribuibles a la persona misma del gobernante.
Si bien es cierto que hay mucho en ello de verdad, dado que Rodrigo Chaves es un improvisado, que ha demostrado adolecer de una ineptitud supina para ejercer tan altas funciones, esto no obstante considero que hay un error de apreciación en esta afirmación, no porque sea falsa en sí, sino porque no ahonda en las causas de esta insólita y grave crisis que sufre nuestra vida republicana. Estas críticas serían totalmente válidas si no fuera porque el presidente, ya al terminar su período constitucional como gobernante, sigue gozando de una popularidad digna de mejor causa.
Por eso considero que los motivos para que en nuestra tradicional vida democrática haya surgido un fenómeno de esta naturaleza tiene causas, no sólo coyunturales propias de nuestro país, sino también – y esto es lo más grave- estructurales que van más allá de la manera de ser y pensar de los individuos que son los protagonistas de los eventos que hoy nos (pre)ocupan. Y cuando hablo de causas “estructurales” no me refiero sólo a la institucionalidad democrática de nuestro país, sino a lo que está pasando en el mundo entero, no tanto por la carencia de líderes o estadistas que estén a la altura de los retos del momento histórico actual, sino porque quienes tienen un papel protagónico en la escena política mundial, constituyen un retroceso, no son parte de la solución sino parte – y muy grave - del problema. No pocos de los líderes mundiales hoy son figuras espernibles, tanto por su trayectoria pública como por su vida privada. Me refiero a personajes como Trump que, por gobernar un país que ha sido el líder del mundo después de la II Guerra Mundial a pesar de que hoy acusa síntomas de una decadencia irrecuperable tanto dentro como fuera del país, sin embargo, parece servir de modelo a sujetos detestables, tales como el genocida Benjamín Netanyahu en Oriente Medio, o Milei, Bolsonaro y Bukele en Nuestra América. La misma Europa gira peligrosamente hacia la extrema derecha; el fantasma de Hitler recorre no pocos pasillos del mundo político europeo. Es el mundo entero el que está en crisis, ya no sólo política sino de valores, lo que algunos llaman “crisis civilizatoria”. Occidente pierde la hegemonía que por siglos había mantenido sin rivales.
Nuestro pequeño país, situado en una zona geopolítica estratégica como es la Cuenca del Caribe, no podía permanecer al margen de un preocupante fenómeno de esta magnitud, tanto más cuanto que es la existencia misma de la especie la que está en juego. Frente a un desafío de esta magnitud, debe ser nuestro primer y principal deber cívico preguntarnos qué debemos hacer para asumirlo con posibilidades de éxito. Considero que lo que nuestro país está padeciendo como crisis afecta al concepto mismo de “democracia”, entendiendo por tal, no sólo la tradicional definición de un sistema político que expresa la voluntad popular. Democracia es el pueblo gobernándose a sí mismo y asumiendo libremente su destino como nación. Tal definición remonta a los lejanos tiempos de la Atenas de Pericles, cuna de la democracia; para los ciudadanos libres – que no pasaban de una quinta parte de la población - el “demos” (masa de los ciudadanos) ejercita el poder para construir la “polis” (sociedad racionalmente organizada) gracias a que se rige por la ley (“nomos”), que se inspira en el orden de la Naturaleza (“fysis”) que rige la armonía del Cosmos. Las revoluciones se dan cuando el incontenible dinamismo de las fuerzas sociales sobrepasa a las estructuras de poder. Es lo que hoy sucede en el ámbito mundial. Con la emergencia incontenible de China, es la humanidad la que se convierte en sujeto de la historia.
Pero volviendo a nuestro terruño, esta crisis mundial se ve reflejada en la crisis de nuestra tradicional institucionalidad democrática. Lo que entendemos los costarricenses por “democracia” nació como fruto de los procesos políticos de la Costa Rica del siglo XIX, cuya función histórica era la de forjar el Estado Nación. Logrado este objetivo, cuya culminación fue la constitución política de Guardia (1871) basada en principios liberales, se dan los eventos de octubre 1889, que pone fin a los gobiernos autoritarios de la década y dan a luz una nueva concepción de democracia, aquella que se rige por los partidos políticos. La primera mitad del siglo XX tendrá como partido hegemónico al Republicano, cuyo mayor logro fue la creación del Estado de derecho, que nos evitará caer en las dictaduras que ensangrentaron nuestro vecindario. En la década de los 40s vendrá la “alianza inverosímil”, compuesta por el gobierno del republicano Dr. Calderón Guardia, la Iglesia de Monseñor Sanabria y el Partido Comunista de Manuel Mora, quienes crearon el Estado social, ensombrecida por la lucha de clases a partir de las elecciones de 1944, todo lo cual culminó en la Guerra Civil (1948); consecuencia de la cual nuestra vida política será hegemonizada por el Partido Liberación, cuya función era la de modernizar las estructuras del Estado según una concepción socialdemócrata ideada por Rodrigo Facio y ejecutada por José Figueres Ferrer. Este modelo político se verá cuestionado por la imposición imperial de “planes de ajuste” de tinte neoliberal a partir de 1985. Como reacción, en la segunda década de este siglo surgen en Nuestra América nuevos liderazgos, encabezados por las potencias regionales: el Brasil de Lula en América del Sur y el México de López Obrador-Claudia Sheinbaum en Mesoamérica.
Dentro de este nuevo contexto, Costa Rica debe repensar su tradición democrática. En este momento, su meta estratégica es defender y profundizar su mayor logro histórico: la creación del Estado social de derecho, en política doméstica y en policía exterior impulsar una diplomacia en pro de la paz basada en el respeto al derecho internacional, promoviendo los derechos humanos y en defensa de la causa ecológica. Para lograr esas metas, debemos dar prioridad a un sistema de educación pública de calidad en todos los niveles, como lo hicieron nuestros liberales con la reforma de Mauro Fernández (1886) en la educación básica, y Rodrigo Facio en la educación universitaria (Reforma de la Universidad en 1957). A este propósito hay que enfatizar que la mayor debilidad de nuestra educación pública se da en la secundaria; la solución está en formar profesores del más alto nivel profesional y ético; para ello el Ministerio de Educación debe comenzar por coordinar programas y cursos de emergencia, sobre todo en matemáticas, castellano e inglés, con las facultades de educación de las universidades públicas. La salud y la seguridad ciudadana combatiendo el narcotráfico y organizando a las comunidades, son los otros rubros que se deben promover como prioridad en los programas de gobierno que deben proponer los partidos en la campaña electoral que se avecina. Para ello se requiere de un Estado fuerte, transparente y eficiente, sometido al escrutinio permanente de una opinión pública bien informada. Los recursos del Estado se lograrán acabando con la evasión y elusión de impuestos.
Para terminar, deseo enfatizar que sería un error que, en esta campaña los partidos se enfrasquen en ataques y querellas entre ellos recurriendo a un lenguaje procaz. El mayor enemigo que enfrentamos, cualesquiera que sean nuestras preferencias electorales, no son los partidos rivales, sino el creciente abstencionismo, lo mismo que las fuentes de financiación de los partidos. Los inmensos recursos económicos que los partidos invierten en las campañas electorales, se dilapidan no en confrontaciones ideológicas inspiradas en nuestros mejores valores cívicos, sino en un “marketing”, donde se promueven a las figuras de los candidatos más que a los programas de gobierno. Por eso es indispensable que el Tribunal Supremo de Elecciones sea muy severo en el control de las fuentes de financiamiento de los partidos. Combatir la antidemocrática tendencia de quienes recurren a cualquier forma de financiamiento para satisfacer sus ambiciones políticas y controlar severamente las fuentes de donde viene el dinero que emplean los partidos para financiar su propaganda, es fundamental para preservar nuestra paz política y social y consolidar nuestra institucionalidad democrática. Tal es la función cívica por excelencia de la campaña que se avecina.
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