sábado, 21 de agosto de 2010

Contradicciones en la izquierda latinoamericana

Hay un problema más fundamental en juego. Es la naturaleza del "otro mundo (es) posible", para utilizar el lema del Foro Social Mundial: ¿sería un mundo basado en un crecimiento económico constante, aún siendo éste “socialista", que pretendiese elevar el ingreso real de las personas en el Sur global?, ¿o sería lo que algunos llaman un cambio de valores de civilización, un mundo de buen vivir?
Immanuel Wallerstein / Agence Globale y Rebelion
América Latina ha sido el ámbito de los mayores logros de la izquierda mundial en la primera década del siglo XXI. Esto es cierto en dos sentidos. El primero, y más evidente, ha sido el hecho de que los partidos de izquierda o centro-izquierda han ganado una importante serie de elecciones durante la pasada década. En conjunto y por primera vez, los gobiernos latinoamericanos han tomado distancias de Estados Unidos, y, en gran medida, América Latina se ha convertido en una fuerza geopolítica relativamente autónoma en la escena mundial.
Pero hay un segundo sentido en el que América Latina ha registrado los mayores éxitos de la izquierda mundial: los movimientos de las poblaciones indígenas de América Latina se han afirmado políticamente en casi todos los países, y han exigido su derecho a organizar su vida política y social de manera autónoma. Este movimiento saltó a las primeras páginas de la prensa de todo el mundo con el espectacular levantamiento neozapatista en el estado mexicano de Chiapas, en 1994. Lo que ha sido menos aparente es la aparición de movimientos similares en toda América Latina y el grado en que se ha ido creando una red interamericana de estructuras organizativas locales.
El problema estriba en que los dos tipos de izquierda -los partidos que han alcanzado el poder en los distintos Estados y los movimientos indigenistas de algunos de ellos- no tienen los mismos objetivos y utilizan un lenguaje ideológico muy distinto.
Los partidos se han puesto como principal objetivo el desarrollo económico, tratando de lograrlo, al menos en parte, mediante un mayor control de sus propios recursos y unos mejores acuerdos con las empresas y los gobiernos extranjeros, y las instituciones intergubernamentales internacionales. Persiguen el crecimiento económico, argumentando que sólo de esta manera mejorará el nivel de vida de sus ciudadanos y lograrán una mayor igualdad.
Los movimientos indigenistas han tratado de conseguir un mayor control sobre sus propios recursos y una mejora de las relaciones no sólo con los actores no nacionales, sino también con sus propios gobiernos nacionales. En general, afirman que su objetivo no es el crecimiento económico, sino llegar a un acuerdo con la Pachamama, o madre tierra. Aseguran que no buscan una mayor utilización de los recursos, sino un uso mucho más sensato que respete el equilibrio ecológico: persiguen el denominado buen vivir.
No es de extrañar que los movimientos indigenistas se hallen firmemente opuestos a los escasos gobiernos conservadores de América Latina, como México, Colombia y Perú. Sin embargo, cada vez más abiertamente, estos movimientos también han entrado en conflicto con los gobiernos de centro-izquierda como Brasil, Venezuela, Ecuador e incluso Bolivia.
Y cito aquí Bolivia porque es el único gobierno que ha elegido a un presidente indígena con el apoyo masivo de la población indígena del país. Y sin embargo, ha habido conflicto. Como en otros lugares, en Bolivia se trata de cómo se desarrollan los recursos naturales, quién toma las decisiones y quién controla los ingresos.
Los partidos de izquierda tienden a acusar a los grupos indigenistas que entran en conflicto con ellos de ser, a sabiendas o no, los peones (si no los agentes) de los partidos de la derecha nacional, y de determinadas fuerzas externas, en particular de Estados Unidos. Los grupos indigenistas que se oponen a los partidos de izquierda insisten en que actúan únicamente en defensa de sus propios intereses y por propia iniciativa, y acusan a los gobiernos de izquierda de actuar como los gobiernos conservadores de antaño, sin tener en cuenta realmente las consecuencias ecológicas de sus actividades en pro del desarrollo.
Algo interesante ha sucedido recientemente en Ecuador. Allí, el gobierno de izquierdas de Rafael Correa, que había alcanzado el poder inicialmente con el apoyo de los movimientos indigenistas, entró luego en agudo conflicto con éstos. El mayor distanciamiento se produjo con las intenciones del gobierno ecuatoriano de explotar campos petrolíferos en una reserva amazónica protegida llamada Yasuní.
Inicialmente, el gobierno hizo caso omiso de las protestas de los habitantes indígenas de la región, pero más tarde, el presidente Correa inventó una alternativa ingeniosa. Propuso a los gobiernos ricos del Norte que, a cambio de que el Ecuador renunciara a cualquier explotación en el Yasuní, estos gobiernos de los países ricos compensasen a Ecuador por esta renuncia, al considerar que se trataba de una contribución a la lucha mundial contra el cambio climático.
Cuando hizo su propuesta por primera vez en la Cumbre del Clima de Copenhague, en 2009, todos la consideraron una fantasía. Pero después de seis largos meses de negociaciones, cinco gobiernos europeos (Alemania, España, Bélgica, Francia y Suecia) han acordado crear un fondo que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que financiará a Ecuador por no explotar el Yasuní, con la justificación de que con ello se contribuye a la reducción de las emisiones de carbono. Se habla de inventar un nuevo verbo, yasunizar, para referirse a este tipo de acuerdos.
Pero, ¿cuántos acuerdos de este tipo se pueden cerrar? Hay un problema más fundamental en juego. Es la naturaleza del "otro mundo (es) posible", para utilizar el lema del Foro Social Mundial: ¿sería un mundo basado en un crecimiento económico constante, aún siendo éste “socialista", que pretendiese elevar el ingreso real de las personas en el Sur global?, ¿o sería lo que algunos llaman un cambio de valores de civilización, un mundo de buen vivir?
No será un debate de fácil solución. En la actualidad es un debate que se produce en el seno de las fuerzas de la izquierda latinoamericana. Pero hay situaciones similares en la base de gran parte de las tensiones internas en Asia, África e incluso Europa. Éste puede llegar a ser el gran debate del siglo XXI.

IV Foro Social Américas: Declaración de la Asamblea Movimientos Sociales

Los movimientos sociales estamos ante una ocasión histórica para desarrollar iniciativas de emancipación a escala internacional. Sólo las luchas de nuestros pueblos van a permitirnos avanzar hacia el ybymarane'y (tierra sin mal) y hacer realidad el tekoporâ (buen vivir).
Los movimientos sociales presentes en el IV Foro Social Américas, en Asunción del Paraguay, reafirmamos nuestra solidaridad y compromiso con el pueblo paraguayo, ante la urgente necesidad de avanzar en su proceso de cambios profundos, hacia la recuperación de la soberanía sobre su territorio, bienes comunes, recursos energéticos, en la concreción de la reforma agraria y de la democratización de la riqueza.
Estamos en un continente donde, en las últimas décadas, se ha dado el reencuentro entre los movimientos sociales y los movimientos indígenas, que desde sus conocimientos ancestrales y memoria histórica cuestionan radicalmente el sistema capitalista. En los últimos años, luchas sociales renovadas condujeron a la salida de gobiernos neoliberales y al surgimiento de gobiernos que han llevado a cabo reformas positivas como la nacionalización de sectores vitales de la economía y redefiniciones constitucionales transformadoras.
Pero la derecha en el continente se está rearticulando aceleradamente para frenar cualquier proceso de cambios. Sigue actuando desde sus enclaves político, económico, mediático, judicial, a lo que se suma una nueva ofensiva del imperialismo - incluso militar - en su apoyo. Desde el anterior Foro Social Américas, realizado en Guatemala en 2008, presenciamos el golpe de estado en Honduras, el incremento de la presencia militar estadounidense a lo largo y ancho de nuestra América. Proliferan acuerdos de instalación de bases militares, operan la IV Flota en nuestros mares. Esto constituye un esfuerzo sistemático de desestabilización de la democracia en el continente, cada vez más se reprime y criminaliza a los movimientos sociales.
Denunciamos la ilegitimidad del presidente de facto de Honduras, Porfirio Lobo, al mismo tiempo que reconocemos la resistencia de su pueblo y apoyamos su lucha por una refundación constitucional que establezca una verdadera democracia.
Nos solidarizamos con la lucha del pueblo de Haití, que no necesita una intervención militar y una ocupación económica para su reconstrucción. Por el contrario, exigimos que la soberanía del país sea respectada y que los demás países realicen una cooperación solidaria, en los ámbitos de la salud, educación, agricultura y aquellos que requiera. Exigimos la anulación incondicional de la deuda y rechazamos el nuevo proceso de endeudamiento ilegítimo.
Complementando esta ofensiva, continúa la ola de tratados de libre comercio en todas sus variantes. Es esta la característica central de la estrategia de la Unión Europea, la otra potencia neocolonial que opera en América Latina y Caribe. Los brazos ejecutores que son las Instituciones Financieras Internacionales -Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los bancos regionales de "desarrollo" y los grupos bancarios privados - están creando nuevos y enormes endeudamientos con impactos directos para los pueblos y la naturaleza.
Todas estas amenazas se vinculan con un mismo modelo de desarrollo primario exportador, excluyente y depredador que se profundiza sobre muchos territorios, expulsa poblaciones, provocando desarraigo y migraciones. La crisis sistémica actual muestra el agotamiento del modelo capitalista - y más específicamente de sus centros de poder:los bancos, las transnacionales y los gobiernos del G8. Hoy más que nunca están visibles sus intentos de arrastrar al mundo entero a un límite, llegando incluso a tener la amenaza de una guerra nuclear por parte de los Estados Unidos.
La defensa de los bienes naturales frente al capitalismo devorador se ha vuelto central parte dela agenda de lucha de cada vez más organizaciones populares y movimientos sociales. Se refuerza un frente común contra la destrucción de la naturaleza y contra las falsas soluciones del "ambientalismo de mercado" y del "capitalismo verde", como los mercados de carbono, los agrocombustibles, los transgénicos y la geoingenería, que se impulsan desde los centros del poderante la amenaza del cambio climático. Denunciamos que los gobiernos de los países del Norte geopolítico, antes que pensar en enfrentarlos graves efectos del cambio climático, están buscando evadir su responsabilidad y desarrollar nuevos mecanismos de mercado de carbono para hacer más ganancias, como el de "Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación" (REDD), que promueve la mercantilización y privatización de los bosques y la perdida de soberanía sobre los territorios. Rechazamos tales mecanismos.
Exigimos que estos países reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero y que se constituya un Tribunal Internacional de Justicia Climática. Reafirmamos las propuestas del Acuerdo de Cochabamba, producto de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y por los Derechos de la Madre Tierra, las cuales reconocen que las soluciones reales frente al calentamiento global son la justicia climática, la soberanía alimentaria, la recuperación de territorios y la reforma agraria, la agricultura campesina y la integración y solidaridad entre los pueblos.
Los movimientos sociales estamos ante una ocasión histórica para desarrollar iniciativas de emancipación a escala internacional. Sólo las luchas de nuestros pueblos van a permitirnos avanzar hacia el ybymarane'y (tierra sin mal) y hacer realidad el tekoporâ (buen vivir). Nos comprometemos a reforzar la lucha por la soberanía de nuestros pueblos, la soberanía alimentaria, la soberanía energética y la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos y su vida y por el reconocimiento de la diversidad sexual. Construimos alternativas que parten de los acumulados en las resistencias desde la interrelación de diversas perspectivas anticapitalistas, antipatriarcales, anticoloniales y anti-racistas, al mismo tiempo que avanzamos en la búsqueda de otro paradigma centrado en la igualdad, el buen vivir, la soberanía y la integración fundamentada en el principio de la solidaridad entre los pueblos.
Asunción, Paraguay, 15 de agosto de 2010

"El fin de la democracia: un diálogo entre Tocqueville y Marx", de Gilberto Lopes

Texto de la presentación del libro del periodista brasileño-costarricense Gilberto Lopes, en Santiago de Chile, el pasado mes de junio, a cargo de Jorge Arrate, exministro de Educación y Trabajo, y candidato a la presidencia de Chile en 2009 por la alianza Juntos Podemos Más.
Jorge Arrate
No es muy corriente, particularmente en Chile, que se editen libros teóricos sobre temas de esta amplitud y esta profundidad. Creo que nos hemos ido sumergiendo en un modo de vida que ahuyenta, por así decir, la expresión más libre, más crítica, más herética, más iconoclasta, en una sociedad que pareciera querer prohibir o, al menos, no estimular, la creación de nuevas ideas, contestatarias. Así que bienvenido “El Fin de la Democracia: un diálogo entre Tocqueville y Marx” porque obliga a pensar y trae, por lo menos a la memoria mía, lo que ha sido mi generación.
Igualdad y libertad
El libro parte de una afirmación de Tocqueville, un elemento clave del pensamiento político moderno: ‘Lo que los seres humanos aman con verdadera pasión es la igualdad’. Entonces, ya en la página 15, uno tiene un primer momento que obliga a reflexionar, porque, en realidad, ésta fue una apreciación de Tocqueville que no tenía ningún fundamento teórico, ni empírico. Era una apreciación, era un deseo, era lo que él hubiera querido, era una intuición, era una evaluación de las condiciones históricas que él conocía.
Y yo creo que es difícil decir si entre la época de Tocqueville y hoy esa pasión de la humanidad por la igualdad se ha expresado con éxito. Vivimos en un mundo donde las diferencias entre países pobres y ricos se han ensanchado; y se han ensanchado también las diferencias al interior de los propios países.
Yo no sé si Tocqueville tenía razón. Este es un hecho prácticamente universal que adquiere características más marcadas en ciertos países, como el nuestro, donde, a pesar de un crecimiento económico muy importante, las desigualdades se han ampliado, particularmente en términos absolutos.
Cuando hablamos de desigualdades, siempre comparamos el quintil más rico con el más pobre, o cuánto captura el 20% de la población. Pero hay que preguntarse cuánto captura el 10, cuánto el 5, cuánto el 1, cuánto el 0,1%. La estadística nos envuelve en desigualdades relativas y, para una sociedad, para el comportamiento social, para una cultura, son más importantes todavía las des-igualdades absolutas. Esas desigualdades son aquellas por las cuales los seres humanos se comparan, se miden unos a otros, y no pueden ser ignoradas.
Muchos años después, Norberto Bobbio (que está citado y analizado en el texto), en una reflexión sobre qué es lo que caracteriza a la izquierda, planteó una discusión sobre si era la libertad o la igualdad. Llegó a la conclusión que era la igualdad, en el caso de la izquierda. A mí nunca me ha entusiasmado mucho esta reflexión, porque no creo que debamos enfrentar la igualdad a la libertad. Cuando uno se hace la pregunta de Bobbio, de qué es lo que define a la izquierda, y afirma que importa más la igualdad, está colocando en segundo plano la libertad. Pero eso es otro debate.
La propiedad
La segunda idea básica que plantea el libro es que lo que impide el desarrollo de esta igualdad es el derecho de propiedad, como derecho excluyente: para existir tengo que plantear que lo mío es mío y no es de los demás. Es decir, tiene un contenido fuertemente negativo. Yo creo que es una gran cosa que, en un texto, se plantee este tema, porque es un tema que simplemente no se discute.
A mí me tocó, el año pasado, una entrevista de alguien que era muy punzante, que le gustaba las cosas muy claras, y me dijo: - ¿usted es partidario o no del derecho de propiedad? Yo le iba a decir que leyera el Manifiesto Comunista, pues ahí Marx y Engels nunca dicen que son contrarios al derecho de propiedad, sino de una cierta propiedad. Yo le dije: –Mire, yo, en realidad, en mis ensoñaciones, creo que algún día no va a ser necesario el derecho de propiedad. Entonces me miró y dijo: –Pero, ¿cómo? –¡Sí!, le digo, son mis ensoñaciones. Yo creo que, algún día, no va a existir, porque no va a ser necesario. -¿Y qué quiere decir que no va a ser necesario? –Bueno, creo que los seres humanos vamos a poder vivir sin excluirnos unos a otros del acceso a un determinado bien. Esta discusión, simplemente hoy no se hace.
La democracia
La tercera idea fuerza en el libro de Gilberto Lopes es la democracia. Él define la democracia como ‘la forma de organización política de un tipo de sociedad, de la sociedad capitalista; se trata de un régimen surgido en determinado momento de la historia –que se puede ubicar a finales del siglo XV y principios del XVI– y que desde entonces no ha cesado de expandirse por toda la Tierra’. (p. 37)
Yo creo que él acierta al historizar el concepto de democracia y señalar que, por lo menos en la historia de los últimos siglos, lo que ha acompañado la realización de un cierto tipo de democracia, la democracia llamada ‘liberal’, han sido sociedades de carácter capitalista.
Pero Gilberto da un paso del que yo me distancio un tanto, cuando dice, unas páginas después, hablando de democracia y dictadura: ‘Se trata de dos períodos distintos en los que se expresa esa misma democracia: uno institucional, cuando los conflictos sociales se pueden encausar por esa vía. Otro, en que se rompe esa institucionalidad, cuando algún sector –casi siempre los más conservadores, que sienten amenazados sus intereses– se apodera por la fuerza del poder, instaurando las dictaduras militares tan comunes en nuestro continente. No se trata de un juego de palabras el calificar de democrático todo este período, incluyendo bajo este concepto, es lo que solemos llamar dictadura’. (p. 45)
Yo entiendo la intención de lo que plantea Gilberto, pero no comparto una cierta confusión en el nombre de las cosas. Yo creo que la democracia liberal es distinta de la dictadura y, si bien comparto que la democracia es un régimen político que está asociado a la democracia liberal, al capitalismo, creo que el concepto de democracia, como conjunto de reglas, es un concepto que no debiéramos colocar en un ámbito de estricta contradicción con el de democracia como régimen político del capitalismo. Es mucho mejor un capitalismo que tiene reglas democráticas que un capitalismo que no las tiene.
Esto está estrechamente asociado con otra preocupación importante en el libro que es la relación entre la democracia y el sufragio universal. Recuerda muy bien Gilberto la relación que Marx y Engels hicieron en el Manifiesto Comunista y, luego, Engels, en la introducción a Las Luchas de Clases en Francia, de las luchas democráticas con el sufragio universal, particularmente en Alemania, pero también en Francia. El sufragio universal es una conquista que impulsaron los trabajadores, las grandes fuerzas populares, junto con la burguesía, y fue establecido, como señala Gilberto, en 1793 en Francia, pero efectivamente tuvo una aplicación real en 1848. Y duró poco, porque vino la Restauración, con Napoleón III.
Él señala un punto que es muy importante: reducir la democracia al sufragio universal es reducir el significado de la democracia y yo creo que esto hay que reivindicarlo. La democracia, cuando opera a través del sufragio universal tiene, pienso yo, una carácter subversivo. El sufragio universal tiene un carácter subversivo porque amenaza con subvertir un determinado régimen. Este es el viejo debate entre democracia y socialismo de los años 60 y 70. Hoy día, también es un tema que está prácticamente ausente de los debates y estaba presente en el corazón y en el pensamiento de la Unidad Popular, del presidente Salvador Allende, y de la vía chilena al socialismo. Es interesante constatar que eso tiene ecos hoy día en América Latina, donde las reglas de la democracia, en un régimen capitalista, han permitido avances importantes en una dirección socialista, en distintos países.
Para el debate
Ahora quiero agregar unas ideas y, con eso, terminar. Como la democracia es subversiva, lo que tiene que hacer la burguesía es, a su vez, subvertir, falsear la democracia, engañar con la democracia y hay muchas maneras de engaño con la democracia. La más conocida de todas es el voto censitario, para evitar el voto universal. Esta es una gran discusión de los teóricos de las ciencias políticas, desde Tocqueville. Voto censitario, o voto al que tienen derecho sólo personas que reúnen ciertas características: que tienen una profesión, un oficio, que pagan impuestos, que son profesionales. Incluso, en algunos casos, el voto vale distinto; algunos tienen tres votos, tienen dos, o uno. Como eso no se hace ya, lo que sí se hace, para que el resultado sea parecido, para que el voto tenga la apariencia universal pero siga siendo censitario, es aplicar los medios económicos al ejercicio de la política.
Esto no lo dijo ni Lenin, ni Marx, ni Engels, ni Mao. Esto lo formuló el profesor Robert Dahl, de la Universidad de Princeton. Desgraciadamente no lo desarrolló todo lo que uno hubiera querido. Es lo que él llamó la ‘ley de conversión de los recursos económicos en recursos políticos’. Así está llamado por uno de los grandes teóricos de la democracia estadounidense, de la democracia liberal. Los recursos económicos se convierten en recursos políticos. Esta información la sacó la prensa: en la elección presidencial del año pasado, por cada peso que gastó la candidatura de izquierda, Enríquez gastó 9, Frei 15 y Piñera 31. Esa fue la relación de recursos oficialmente declarados al servicio electoral.
Otro modo de falsear la democracia es, obviamente, el sistema binominal que se aplica en Chile, no cabe duda. Pero también la configuración de los distritos porque, si ustedes miran, hay 60 distritos en Chile, para elegir diputados. Pero, ¿cuántos habitantes tiene cada distrito? Resulta que hay chilenos que tienen una representación más alta que otros; su voto vale más porque eligen dos diputados mientras, en otro distrito, con mucho más habitantes, también eligen dos diputados. Y ¿quién configuró los distritos? Todos sabemos quién lo hizo y desde cuándo viene la configuración de esos distritos.
El sistema de control comunicacional está medido también en la última campaña presidencial: el número de minutos, el número de líneas, el número de centímetros, de los respectivos candidatos. Hay una forma entonces de falsear una democracia, y me da vergüenza decirlo: lo único igualitario es la franja y la franja –también lo sabemos– se estableció para el plebiscito de Pinochet.
Y la concentración del poder político. Esto tiene que ver con el régimen político y con el presidencialismo. Yo creo que, en un sistema democrático, concentrar fuertemente el poder político en una instancia, en una autoridad, es una forma de abusar del poder.
La segunda idea que quiero plantear, está expresada en el libro en la página 133 y creo que es una idea capital. Dice: ‘Liberalismo y Capitalismo. Se trata de la compatibilidad (o la incompatibilidad) del liberalismo con el capitalismo, o la relación de la economía de mercado con la democracia’. Yo creo que este es un tema crucial porque nos tienen acostumbrados a decir: –Hay que definir entre el Estado y el mercado. Y ¡claro!, si uno se dedica a la economía –yo me dediqué, una parte de mi vida– uno tiene que elegir si planifica o si deja que el mercado (que es un gran computador automático, una mano invisible computacional), sea el que determine. Y, efectivamente, hay cosas que puede hacer el mercado y hay cosas que puede hacer el Estado. Hay un dilema, pero eso es para los efectos de asignar recursos. Si uno mira el mercado y la democracia como instituciones, yo las llamaría ‘portales culturales’. La democracia tiene resonancias eco-culturales y el mercado tiene ecos que traspasan toda la cultura. Si uno lo mira desde ese punto de vista, tiene que preguntarse: ¿son contradictorios o son complementarios? Y nos tratan de convencer, todos los días, de que vivimos en la sociedad –algo que también está tratado en este libro– donde se terminó la historia, donde hay una sola forma de hacer las cosas, porque mercado y democracia se combinan perfectamente. Yo creo que esto es completamente falso, simplemente porque el supuesto de cada uno es radicalmente distinto. La democracia liberal, en su momento electoral, nos considera a todos iguales –mujeres, hombres, blancos, negros, altos, flacos, chicos, gordos, sureños, nortinos–, cada uno vale uno en el momento del sufragio. El mercado, en cambio, mide todas las diferencias, las monetiza, las transforma en dinero. La democracia suprime, en un acto literario, en una ficción, esas diferencias. Pero es una gran conquista de la civilización y creo que es una gran conquista de esa democracia liberal que tenemos que tratar de superar desde ella misma, para avanzar hacia otra democracia.
¿Cómo hacerlo? Yo creo que no es fácil, particularmente en un país como el nuestro, donde se va, progresivamente, estableciendo una hegemonía sin ideas o, más bien, una hegemonía con una idea, que lanza una bruma sobre todas las demás. En definitiva, es sin ideas porque, para que haya ideas, tiene que haber contraste, tiene que haber debate, discusión. En ese sentido, en este páramo de la hegemonía sin ideas, yo digo: –¡Bienvenido el libro de Gilberto Lopes!

sábado, 14 de agosto de 2010

Educación y proyecto neoliberal

La cultura neoliberal se ha enquistado con fuerza al interior de la universidad pública. El resultado es una universidad menos democrática, más excluyente, menos crítica; fracturada y contradictoria.
Rafael Cuevas Molina/Presidente AUNA-Costa Rica
rafaelcuevasmolina@hotmail.com
(Fotografía: manifestación de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Costa Rica, en defensa del financiamiento estatal de la universidades públicas).
En Costa Rica se libra, en estos días, una batalla entre el gobierno de la República y las universidades estatales. El tema es el financiamiento de las cuatro universidades públicas del país, a las que el gobierno quiere rebajar sustancialmente el presupuesto, a pesar de que su calidad y aporte al desarrollo nacional ni el mismo gobierno cuestiona.
Esta situación responde a una tendencia de corte neoliberal que incluye pero va más allá de este pequeño país. En efecto, como señala Pablo González Casanova, en el contexto de la globalización estamos asistiendo a una redefinición de la soberanía[1]. Hay toma de decisiones transgubernamental que se manifiesta, por ejemplo, en la homogeneidad de la agenda educativa de la región, más allá de tradiciones y particularidades de los distintos países.
Los organismos financieros internacionales construyeron una agenda para las políticas educativas que ha ido variando a lo largo de las ultimas dos décadas. A riesgo de una simplificación excesiva, se podría plantear que hubo diferentes períodos en los que fueron cambiando los énfasis en los lineamientos de gobierno que sostuvieron estos organismos: en los ochenta se orientó hacia la reforma de los sistemas (ajuste estructural, descentralización, reasignación y focalización del gasto). A comienzos de los 90 se puso el eje en el planteo de la autonomía institucional: básicamente, las preocupaciones giraron alrededor de las cuestiones de procedimientos y gestión (de allí el énfasis en los programas de formación de directores y supervisores) y de una redefinición del vínculo escuela–familia. En estos últimos años se observa una vuelta a una política más explícita hacia el sector docente: evaluación del desempeño, premio al docente exitoso, salario atado a resultados (incentivo por productividad), etc.[2]
La globalización y el desarrollo de nuevas tecnologías han determinado importantes transformaciones en la educación, especialmente durante las últimas dos décadas. Se ha producido un proceso combinado de segmentación y privatización socioeducativa que ha desembocado en un pasaje muy fuerte de matrícula del sector público al privado[3]. Este proceso se ha profundizado desde inicios de los noventa como resultado de las políticas económicas aplicadas en el marco del Consenso de Washington. Bajo su lógica, en todos los de países de la región, hay un aumento en la brecha entre los jóvenes de mayores y menores ingresos respecto de los años que éstos permanecen en el sistema escolar y sus expectativas para ingresar al mundo laboral. Las políticas de apertura económica implementadas profundizaron la concentración del poder económico y generaron una mayor desigualdad en la distribución del ingreso y exclusión social.[4]
Dichas políticas están siendo crecientemente cuestionadas. Las críticas surgen inclusive desde los propios organismos financieros internacionales que impulsaron las reformas, sobre todo en los noventa. Por ejemplo, el Banco Mundial reconoce que la apertura económica “no rindió los frutos esperados”, que hubo destrucción del aparato productivo local. Y lo más importante: que el comercio “no es suficiente motor del crecimiento”. En cambio, sí lo es la educación y la tecnología, pues ambos son elementos que contribuyen a disminuir la inequidad que aflige a la región. Por ello, este organismo recomienda invertir más en infraestructura, educación, protección laboral y social.[5]
La tendencia a la privatización de la educación y la salud ha creado servicios de primer mundo para unos pocos y ha desmejorado el servicio para la mayoría. La privatización y transnacionalización de la educación, vía su liberalización en las negociaciones comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o los TLC, que consolidan las reformas neoliberales en el sector, revierten el carácter inclusivo de la educación y producen exclusión.
El caso de la educación superior
La educación superior, argumenta el Banco Mundial, es un bien privado -no público- cuyos problemas son manejables o están al alcance de soluciones de mercado[6]. Esto es, se enmarca en una oferta limitada, no esta en demanda por todos, y esta disponible por un precio. También considera que los consumidores (negocios e industria) están “razonablemente bien informados”, mientras que los proveedores (administradores y profesores) están “frecuentemente mal informados -condiciones que son ideales para que operen las fuerzas del mercado”.
La agenda para la reforma también demanda que el poder en la toma de decisiones en la educación superior debe ser retirado del gobierno y las instituciones y depositado en los clientes (estudiantes), los consumidores (negocios e industria) y en el público. El Banco Mundial cree que el financiamiento gubernamental a la educación superior, combinado con la responsabilidad institucional para gobernarla es, en gran medida, responsable de la sobrevivencia de la educación clásica y elitista que, además, es insensible a las necesidades reales de la (desregulada) economía global.
La agenda para la reforma quiere poner termino a la “presupuestación negociada” en la que el gobierno financia a las instituciones sobre la base de criterios tradicionales tales como la matricula y el prestigio. Se debe dar paso a la “presupuestación por rendimiento”' en la que cualquier financiamiento publico que permanezca debe estar atado a la obtención de resultados comprobables basados en indicadores de resultados determinados por el consumidor. De esta manera, los administradores de las instituciones serán obligados a tomar las decisiones que hasta ahora han estado evadiendo, por ejemplo, reasignar los recursos en respuesta a las necesidades de los clientes y los consumidores. Y las instituciones serán obligadas a construir la diferenciación, terminando con la “repetición isomórfica” de la tradicional universidad clásica basada en la investigación.
El Banco Mundial cree que el sector público es desafortunadamente ineficiente e insensible[7], renuente o incapaz de llevar a cabo la reforma de la educación superior. Los administradores institucionales deben ser obligados a tomar en cuenta su posición en el mercado, el flujo de efectivo, la diversificación del producto, y sus progresos en la creación de socios corporativos. También deben ser obligados a realizar un mejor trabajo de administración y control del personal. Cree que el personal académico tiene demasiado poder en la educación superior y los administradores tienen muy poco incentivo para controlarlos. El poder del personal académico tiene sus fuentes en el control del curriculum (desvinculado de las necesidades de la economía global), en el gobierno compartido o colegiado, el sindicalismo y, por supuesto, en la libertad académica.
El propósito es obligar a los profesores a abandonar su poder y volverlos mas empresariales, como revela el "Reporte de status'' del Banco Mundial: “Cambio radical, o reestructuración, de una institución de educación superior significa menos y/o diferentes profesores, trabajadores administrativos y trabajadores de apoyo. Esto significa despidos, retiros anticipados obligatorios, o un mayor readiestramiento y reeducación, como en el cierre de instituciones ineficientes o ineficaces; la fusión de instituciones de calidad a las que solamente les falta una masa critica de operaciones para hacerlas costeables; y un cambio radical de la misión y la función de producción de la institución -lo que significa alterar radicalmente quienes son los profesores, como se comportan, la forma en que están organizados y la manera en que trabajan y son remunerados.”[8]
Como decimos en un escrito anterior[9], bajo la racionalidad neoliberal el sistema educativo es analizado en relación a tres ideas fundamentales: eficiencia, eficacia y calidad, que fueron originalmente acuñadas por la pedagogía estadounidense del eficientismo industrial, que traslada al campo pedagógico y, en general al de las ciencias humanas, conceptos empresariales. De esta manera, se vincula lineal y mecánicamente el sistema educativo con el aparato productivo, subordinando el primero a los intereses del segundo. Se considera a la educación como producción de capital humano, como inversión personal y colectiva, la cual debe, por lo tanto, ser rentable en términos económicos. Según las orientaciones del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, invertir mejor no significa invertir más, sino desarrollar aquellas áreas educativas que demanda el mercado y considerar la educación como una empresa que debe mostrar su eficiencia, eficacia, rentabilidad y calidad[10].
La universidad que se cuestiona
No toda institución universitaria es cuestionada. Quien se encuentra en el centro de las dudas es la universidad pública estatal. Se remarca el carácter estatal de la universidad pública porque de él deriva buena parte de los cuestionamientos. En términos generales, y como ya se apuntó someramente antes, lo estatal es considerado, desde la ideología neoliberal, la principal rémora que impide el desarrollo y el progreso. Lo estatal sería sinónimo de ineficiencia, corrupción, privilegios gremiales, apatía y, en general, atraso. Por ello, lo estatal debe reformarse o, mejor aún, reducirse o desaparecer. La reducción del aparato estatal (a través de la venta de activos, de la reducción de las planillas, etc.) se constituye en objetivo primordial de los gobiernos que impulsan políticas de carácter neoliberal.
La universidad pública estatal no escapa a esta panorámica. Los argumentos girarán, siempre, en torno a los aspectos antes mencionados y no vale la pena repetirlo aquí. Las consecuencias serán varias e incidirán en muy distintos ámbitos. Uno de ellos será el presupuesto que el Estado está en la obligación de proporcionarle. Ubicándose el “gasto” en educación en el ámbito de lo social, este se verá reducido y se le exigirá a la institución universitaria que genere crecientemente sus propios recursos a través de la venta de servicios. Por otro lado, se verá compelida a “racionalizar” el gasto, lo que incidirá, en primer lugar, en la reducción de su planilla, sobre todo de personal estable, lo que provocará el crecimiento de una masa de profesores flotantes que prestarán sus servicios de forma esporádica y con formas de contratación precarias.
Esto generará dinámicas específicas al interior de la institución universitaria. Por un lado, la venta de servicios reconfigurará: 1) el perfil socio-económico del estudiantado en los programas en los cuales se debe pagar; 2) la oferta académica porque, paulatinamente, se irán privilegiando aquellos programas que son “rentables”, es decir, que dejan buenos dividendos económicos.
Estos aspectos remodelarán a la universidad. Por otro lado, la estratificará en varios sentidos:
1) porque habrán espacios académicos exitosos económicamente y, por lo tanto, con recursos suficiente para acceder a mejorar su infraestructura física, tecnológica, etc., y para que sus académicos se formen, participen en actividades internacionales, etc. Por otro lado, estarán aquellas áreas que, por distintas razones (ideológicas, por no estar en la corriente dominante privilegiada por el neoliberalismo, etc.) no pueden generar exitosas ventas de servicios, lo que las transformará en unidades pobres, a veces carentes hasta de los recursos mínimos para poder funcionar.
Entre las primeras generalmente se encuentran las unidades académicas vinculadas a las áreas tecnológicas (sobre todo la informática), los idiomas (sobre todo las que tienen que ver con la enseñanza del inglés), y los programas de postgrado. Entre las segundas las humanidades (en primer lugar), las artes y las ciencias sociales. Las dos primeras serán consideradas, en términos generales, prescindibles, en la medida en que no tienen directo carácter instrumental, son críticas con el mundo circundante y no se ubican en la racionalidad tecnológica. Esto generará, por lo tanto, una estratificación interna al interior de la institución.
2) La universidad también se estratificará de otra forma: tendrá estudiantes con más y otros con menos recursos. Los primeros exigirán (y se considerará legitima su exigencia en razón de que están pagando) buenas instalaciones, clases con apoyo tecnológico apropiado, profesores eficientes y… buenas notas.
El principal impacto que tiene el crecimiento de una población de docentes que no se encuentran ligados a la universidad por lazos estables de contratación es el decrecimiento del compromiso con sus objetivos y programas. Estas formas de trabajo precario, inestable, a veces temporal, reproduce formas de trabajo propias de las maquilas y el trabajo informal[11], aquel que a veces creemos confinado a las esquinas de nuestras populosas ciudades en donde se nos venden baratijas, frutas, dulces o cualquier otra cosa. Esto incidirá de manera directa en la calidad de la docencia pero, sobre todo, de la investigación, la cual será cada vez más artículo de lujo al que se accede después que ha sido satisfecha la primera y más importante tarea a la que se le irá reduciendo a la universidad: la de graduar profesionales.
Una primera conclusión que podemos derivar de lo antedicho es que la cultura neoliberal se ha enquistado con fuerza al interior de la universidad pública, y que esto tiene como uno de sus resultados la existencia, en su seno, de dos universidades:
- una que “avanza con el tono de los tiempos” y otra que “se queda rezagada”, cuestionando,
oponiéndose o resistiendo al rumbo de los acontecimientos;
- una que accede a mejores condiciones de infraestructura física y tecnológica, y otra a la que a veces le falta hasta lo elemental;
- una que se compromete con los fines y objetivos de la universidad y otra que la ve como “un trabajo” más.
Una con estudiantes con problemas económicos que a veces ponen en riesgo su estadía en la institución, y otra con muchachos y muchachas que abarrota los estacionamientos con sus automóviles.
En general, el resultado es una universidad menos democrática, más excluyente, menos crítica; fracturada y contradictoria.
NOTAS
[1] .González Casanova, Pablo; "Globalización, neoliberalismo y democracia" en Gentili, Pablo (org); Globalización excluyente; CLACSO/LPP; Petrópolis; 1999.
[2] . Alejandra Birguin; La docencia como trabajo: la construcción de nuevas pautas de inclusión y exclusión; Consejo Latinoamericanos de Ciencias Sociales (CLACSO); Rio de Janeiro; 1999; p. 4
[3] . Alberto Rivas; “Treinta años en la pendiente”, exposición en el Ciclo de Debates abiertos a la sociedad: Políticas de Estado para el desarrollo de la Argentina auspiciado por el diario El Clarín, Buenos Aires, noviembre 1995.
[4] . Ariela Ruiz Caro; “Impactos de la globalización y del TLC del Perú con Estados Unidos en la educación”; en Pablo Gentili et.al (compiladores); Políticas de privatización, espacio público y educación en América Latina; CLACSO Coediciones-Homo Sapiens Ediciones; Rosario; 2009; p.323
[5] . Véase José Luis Coraggio; Las propuestas el Banco Mundial para la educación: ¿Sentido oculto o problema de concepción?; Ponencia presentada al seminario “Políticas públicas y las políticas de educación en Brasil”, organizado por Acción Educativa; Sao Paulo, 1998.
[6] . Federico Martín Maglio; Recomendaciones del Banco Mundial para la Educación Superior expuestas en la UNESCO, 1998; Boletín Canadiense de Profesores Universitarios; en: http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Criticas/generallach8.htm
[7] . Idem.
[8]. Idem.
[9] . Véase Rafael Cuevas Molina; Universidad, cultura y democracia en América Latina; en Cuadernos Americanos; Nueva época, Vol 3, Nº 105; México DF; 2008.
[10] . Véase Orienta Caponi y Humberto Mendoza; “El neoliberalismo y la educación”,en:
http://www.actaodontologica.com/ediciones/1997/3/neoliberalismo_educacion.asp
[11] . Son el resultado de las políticas de flexibilización laboral.

Cien días de Laura Chinchilla

La visión de conjunto muestra un gabinete a la deriva, que titubea entre, por un lado, la defensa de los bienes públicos y los intereses de las mayorías populares –reclamo que nace de las organizaciones sociales-, y por el otro, la natural inclinación ideológica de sus funcionarios por el mercado, las nuevas normativas que impone el TLC con los Estados Unidos y las premisas de la contrarreforma neoliberal conservadora.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
(Ilustración: la presidenta y las fuerzas anti-pueblo, tomada del Diario Digital Nuestro País: www.elpais.cr)
A cien días del inicio de su mandato, plazo cabalístico en el que la tradición de los analistas considera posible perfilar los rasgos generales de un nuevo gobierno, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla (del Partido Liberación Nacional, PLN), exhibe un bajo índice de aprobación de su gestión: los datos divulgados por una firma encuestadora revelan que apenas el 38% de la población considera que su labor ha sido buena o muy buena, frente a un 43% que la califican de regular y 12% mala[1].
Todavía bajo la sombra del expresidente Oscar Arias, cuyo lastre voluntariamente aceptó llevar durante la campaña electoral para navegar en las aguas del continuismo, la presidenta no se ha apartado un milímetro, en lo esencial, de la ruta trazada por su predecesor.
En lo económico, es incuestionable su adhesión al modelo de desarrollo neoliberal tardío, que se organiza en función del capital privado nacional y extranjero, y los intereses de los grupos de poder económico, en particular, de aquellos vinculados a los sectores inmobiliario, financiero, turístico y mediático. No en vano, un 64% de los ciudadanos consultados consideró que Chinchilla gobierna “para algunos sectores”.
Por supuesto, la insostenibilidad de ese modelo es inocultable: mientras aumenta la participación de los grupos empresariales en la economía nacional, y crece su injerencia sobre el sistema político, el Estado vacila en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y el respeto a los derechos laborales de los costarricenses. Según datos recientes del Ministerio de Trabajo, 309 mil trabajadores del sector privado no reciben el salario mínimo legal. Se trata de campesinos, obreros de la construcción, empleados del comercio, guardias de seguridad y trabajadoras domésticas (estos dos últimos grupos compuestos, mayoritariamente, por migrantes nicaragüenses contratados bajo condiciones precarias).
En lo sociocultural, las contradicciones no son menores. La presidenta fortalece su imagen apelando a la instrumentalización del fervor religioso popular, en alianza con la Iglesia Católica (Chinchilla fue declarada “hija predilecta” de la Virgen de los Ángeles, en una ceremonia presidida por el Obispo José Francisco Ulloa, miembro de la junta directiva del Grupo Samma: entidad dedicada a la intermediación financiera, en la que la Iglesia comparte capital con el expresidente Arias); pero, al mismo tiempo, se registran incidentes de represión del descontento social: ahí están los episodios de agresión policial contra manifestantes en el acto de investidura de Chinchilla (que el Tribunal Constitucional calificó como de uso de fuerza “desproporcionada”), o la reciente expulsión con violencia de un grupo de indígenas que reclamaban en el Congreso –la casa de todos y todas las costarricenses, según el discurso oficial- una solución sobre el proyecto de Ley de Autonomía de los Territorios Indígenas, que se “discute” en ese recinto desde hace 17 años.
A lo anterior, súmese la pretensión de los ministros de Planificación, Hacienda, Educación y Ciencia y Tecnología, de disminuir el monto del financiamiento estatal a las universidades públicas, en consonancia con el dictum del Banco Mundial (que de paso ofrece créditos para financiar y someter a los centros académicos), así como las ambigüedades en dos temas altamente sensibles de política ambiental: la explotación minera a cielo abierto y el reconocimiento del acceso al agua como un derecho con rango constitucional.
Otro tanto cabe decir de la política exterior: el intenso “lobby” que Chinchilla ha realizado para acelerar la reincorporación de Honduras a la OEA; la aprobación del permiso de ingreso de buques de guerra y marines estadounidenses a territorio costarricense para “combatir el narcotráfico”; y la “colombianización” del discurso de la seguridad nacional (el Ministro de Seguridad afirmó, en días pasados, que podrían desarrollarse “narcoguerrillas” en los territorios indígenas de Talamanca, en el Atlántico costarricense), no solo subordina al país a las coordenadas geopolíticas que se tienden desde Washington, sino que además profundiza la conformación del “eje conservador dependiente mesoamericano”[2], para el que tanto trabajaron los dos últimos gobiernos de Costa Rica y Colombia.
La visión de conjunto muestra un gabinete a la deriva, que titubea entre, por un lado, la defensa de los bienes públicos y los intereses de las mayorías populares –reclamo que nace de las organizaciones sociales-, y por el otro, la natural inclinación ideológica de sus funcionarios por el mercado, las nuevas normativas que impone el TLC con los Estados Unidos y las premisas de la contrarreforma neoliberal conservadora.
No se trata de que el gobierno Chinchilla carezca de rumbo: su norte es la derecha, más aún, la derecha del norte. Tampoco sufre de inexperiencia: casi todos sus ministros y asesores son cuadros avezados en el manejo clientelar del Estado costarricense. El asunto de fondo es que la presidenta no controla el timón de la nave: los hilos de la trama se manejan fuera de Casa Presidencial y del Congreso.
Consultado sobre el balance de estos cien días de gobierno de Chinchilla, un expresidente de Costa Rica, fundador del PLN, dijo: “Lamento que ella esté cercada por fuerzas anti-pueblo” [3]. Una sentencia que deja poco margen para esperar cambios voluntarios en la dirección emprendida por la Presidenta, lo que podría acelerar la eclosión de distintas formas de protesta y movilización social en el futuro cercano

NOTAS
[1] “Chinchilla capta tibio apoyo en sus primeros 100 días”, en La Nación, 11 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.nacion.com/2010-08-12/ElPais/NotaPrincipal/ElPais2478331.aspx
[2] Fazio, Carlos. “Dominación de espectro completo”, en La Jornada, 12 de julio de 2010. Disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2010/07/12/index.php?section=opinion&article=017a1pol
[3] “A Laura la tienen entre dos fuegos”. Entrevista de Esteban Gil al expresidente Luis Alberto Monge, en Página Abierta, 10 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.diarioextra.com/2010/agosto/10/opinion09.php

La mujer en el cartel de la Revolución Cubana

El nuevo protagonismo de la mujer comenzó a reflejarse en la grafica cubana surgida con la Revolución y en particular sus carteles; devenidos en eficaces medios comunicativos de las nuevas transformaciones sociales. Un artículo especial en el 50 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
Reinaldo Morales Campos /Especial para CON NUESTRA AMÉRICA
Desde La Habana, Cuba
Deslumbrando con sus estilizadas configuraciones, han formado parte de las simbolizaciones artísticas comunicativas del cartel de la Revolución Cubana los poseedores de delineaciones por la plena igualdad de la mujer y su destacada participación en la edificación de la sociedad socialista.
Precedentes.
Durante el periodo de la república neocolonial (1902-1958), la iconografía de la mujer cubana en anuncios de prensa, vallas y otros medios de propaganda reflejaron el lugar que ocupaban en aquella sociedad. Discriminada por el color de su piel o procedencia social y relegada a la ocupación de cargos públicos la mujer era predestinada para desempeñarse en labores de servidumbres y domesticas.
Carteles y anuncios comerciales reflejaron ilustraciones gráficas con desenfrenadas representaciones pictóricas eróticas y prosaicas; con cuerpos de mujeres que incitaban a la tentación. Igualmente en carteles empleados para anunciar películas además de la escena principal del filme, para lograr mayor atención y el gancho publicitario que permitiera colmar las taquillas de venta, predominaba la representación femenina con propósitos amorosos, caderas anchas y vestuarios semidesnudos; mostrando muslos y pechos.
Sin embargo, desde la época colonial habían germinados los primeros brotes de rebeldía frente a la crueldad del conquistador y durante las gestas independentistas del 1868 y el 1895, mujeres como: Mariana Grajales, Ana Betancourt e Isabel Rubio incorporadas al ejército libertador, escribieron páginas conmovedoras.
Sucesivamente desde la implantación de la república, en 1902, las mujeres también participaron en la lucha contra el imperialismo y en defensa de los intereses populares. A finales de la década del veinte y los primeros años del treinta, contra la tiranía de Machado tuvieron un significante protagonismo y posteriormente, en los años cincuenta, contra la dictadura Batista. Haydée Santamaría; en el Moncada, Lidia Doce y Clodomira Acosta; en la lucha clandestina y Vilma Espín y Celia Sánchez; en la Sierra Maestra; fueron dignas inspiradoras de la lucha revolucionaria. LEER EL ARTÍCULO COMPLETO

Se intensifica disputa hegemónica en Sudamérica

La hipótesis que venimos defendiendo es que el objetivo del Pentágono y la Casa Blanca es Brasil, siendo Venezuela un objetivo colateral en la estrategia para contener al principal rival del imperio en la región.
Raúl Zibechi / LA JORNADA
Cuando Marco Aurelio García, asesor especial en política externa del presidente Lula, dijo que América Latina ha dejado de ser el patio trasero”, no exageraba. Podría haber acotado su afirmación a Sudamérica, siendo así más exacto. “Hemos remodelado la casa, así que el patio está muy revaluado”, remató en un encuentro sobre América Latina convocado por la Fundación Friedrich Ebert, en Berlín, en junio pasado.
¿Esta pérdida de poder explica la creciente militarización de la política exterior de Estados Unidos? Si así fuera, se explica la disposición de bases militares en Colombia y Panamá, así como el ingreso de 43 buques, 200 aeronaves y 7 mil marines a Costa Rica. Sin embargo, hace falta encontrar un enemigo que justifique semejante despliegue, toda vez que el argumento del combate al narcotráfico es insostenible. La hipótesis que venimos defendiendo es que el objetivo del Pentágono y la Casa Blanca es Brasil, siendo Venezuela un objetivo colateral en la estrategia para contener al principal rival del imperio en la región.
Los hechos se van encadenando. Desde abril de 2009 China se convirtió en el mayor socio comercial de Brasil, desplazando a Estados Unidos, que ocupaba ese lugar desde la década de 1930. “Una posición que durante siglos anuncia con precisión la irrupción de los grandes liderazgos mundiales”, acota el Laboratorio Europeo de Anticipación Política (Geab No. 43). Además, China se convirtió en el primer socio comercial del Mercosur y de Chile, y el segundo de Argentina y Perú.
Un siglo atrás, Estados Unidos compraba a Brasil 36 por ciento de sus exportaciones, porcentaje que ahora cayó por debajo de 10 por ciento. Cuando la compañía noruega Statoil vendió 40 por ciento de su campo petrolífero frente a las costas de Brasil a la china CNOOC por 3 mil millones de dólares, el diario oficial de Pekín recordó que su país ingresó a la región mediante una alianza estratégica con Argentina y Brasil, porque ambos “disponen de una dinámica industria nuclear, poderosa industria de aviación y excelentes infraestructuras en telecomunicaciones” (Diario del Pueblo, 10 de junio).
Una revista militar atenta a los cambios en el mundo destacó que aunque China aún no es un gran proveedor de armas en la región, “existe un vínculo directo entre las grandes transferencias de armas y la naturaleza de las relaciones políticas y económicas (Military Review, enero de 2009). Asegura que en los últimos años más de 100 oficiales de 12 países de la región egresaron de las academias del Ejército Popular de Liberación chino y que decenas de otros oficiales viajan a menudo al país asiático.
Con Brasil las relaciones chinas son más estrechas aún. Fuentes de inteligencia aseguran que “han cooperado en tecnología militar secreta para misiles balísticos y comunicaciones avanzadas”, como parte del proyecto brasileño de desarrollo de su industria de misiles.
El 28 de julio The Washington Times difundió un informe en el que la inteligencia estadunidense asegura que se está reactivando la red de contrabando nuclear del científico Abdul Qadeer Khan, padre de la bomba atómica paquistaní. Además de varios países de porte menor, como Burma, Sudán y Siria, las fuentes involucran a Brasil. Juego sucio a cargo de los servicios de Washington, que recelan de la autonomía nuclear y militar brasileña.
Los estrategas del Pentágono y la Casa Blanca, así como el pensamiento duro de la superpotencia, saben de sobra que el único país latinoamericano que puede significarles un problema en algún momento es Brasil. Es el único que tiene una proyección global y, muy en particular, regional. Cuenta con el séptimo parque industrial del mundo, con un complejo militar-industrial importante y mucho dinero para invertir. Tiene, sobre todo, estrategia propia. Muestra de ello es la Estrategia Nacional de Defensa aprobada dos años atrás.
Ahora está incrementando considerablemente su capacidad de combate. El 31 de julio finalizaron los 12 días de maniobras militares Atlántico II, un amplio ejercicio militar que abarca todo el litoral marítimo, con especial énfasis en la defensa de las plataformas petrolíferas en mar abierto y las instalaciones nucleares. Diez mil hombres de las tres armas fueron movilizados por segunda vez. “La defensa de la Amazonia Azul debería transformarse en una de las prioridades de la nación”, dijo el almirante de escuadra Augusto Dias Monteiro.
Samuel Pinheiro Guimaraes, titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, acaba de publicar un importante artículo, “América del Sur en 2020” (Carta Maior, 26 de julio). “El futuro de Brasil depende de América del Sur y el futuro de América del Sur depende de Brasil”, asegura. Sostiene que el principal desafío “será la superación de las asimetrías entre los estados de la región, promoviendo el desarrollo de los más atrasados para convertir la región en una gran área económica, dinámica e innovadora”.
Acepta que las multinacionales brasileñas (Petrobrás, Vale, Odebrecht…) están “asumiendo una importancia cada vez mayor en cada Estado vecino” y apuesta a un enorme esfuerzo, sobre todo brasileño, para evitar el estancamiento –que considera inevitable si quedan librados al mercado– de los pequeños y poco poblados países que rodean a Brasil. Propone un Plan Marshall para “estimular y financiar la transformación económica de los países menores”. Si esto no se hace, y sólo Brasil puede hacerlo, la inestabilidad volverá a reinar.
Quien propone un Plan Marshall necesita acotar la presencia extracontinental en la región. La América del Sur con que sueña Brasil excluye a Estados Unidos. Washington no tiene ya fuelle económico para mantener su hegemonía en Sudamérica, que es imprescindible para sostener su hegemonía global. Ni siquiera puede garantizar que Colombia y Venezuela resuelvan su conflicto en la OEA y debe aceptar la intervención de Unasur. Sólo atina a emplear la fuerza de las armas para retrasar el proceso, política que se convirtió en el núcleo de su estrategia para la región.

Colombia y Venezuela: relación conflictiva

Por más profundas que sean las diferencias ideológicas entre países hermanos de América Latina y el Caribe, cualquier asunto que deteriore sus relaciones interestatales perjudica en primer lugar a sus pueblos y sólo favorece los intereses imperialistas.
Ángel Guerra Cabrera / LA JORNADA
La relación entre Colombia y Venezuela descansa en un sustrato de conflictividad pues mientras en el primer país existe el régimen oligárquico más represivo y cercano a Estados Unidos y sus políticas neoliberales en América Latina, el de Venezuela es un gobierno popular con un líder promotor del socialismo y de la independencia de nuestra región respecto a Washington.
Precisamente la razón principal para la instalación de sus bases en Colombia es mantener en jaque a la revolución bolivariana. Encima, en su última etapa el gobierno de Álvaro Uribe exacerbó todo lo que podía envenenar los nexos bilaterales hasta provocar la ruptura de las relaciones diplomáticas, actividad en la que contó con el apoyo estadunidense. Pero por más profundas que sean las diferencias ideológicas entre países hermanos de América Latina y el Caribe, cualquier asunto que deteriore sus relaciones interestatales perjudica en primer lugar a sus pueblos y sólo favorece los intereses imperialistas.
Por eso, el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre Caracas y Bogotá y el ambiente franco y cordial en que se logró el acuerdo adoptado por los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos es una excelente noticia para los pueblos de los dos países y para todos los de nuestra región. El escenario del acuerdo, San Pedro Alejandrino, donde Simón Bolívar, libertador y fundador de las dos patrias, expiró y pasó sus últimos días, no pudo ser mejor escogido.
La distancia ideológica entre los gobiernos de Venezuela y Colombia no disminuye la gravitación de este símbolo ni el hecho ya señalado de que es el imperio el que fomenta y se beneficia de las desavenencias entre los países de nuestra región ni que existen una gran cantidad de cuestiones en las que ambos estados pueden cooperar para beneficio de sus pueblos. Además del alto volumen del comercio bilateral que hizo de Caracas el segundo socio comercial de Bogotá hasta que la crisis diplomática se acentuó el pasado año –con grave daño para ambas partes, sobre todo para Colombia–, las dos naciones comparten una frontera de 2 mil 219 kilómetros, donde existen vastas franjas de selva apenas poblada y núcleos urbanos en que colombianos y venezolanos están unidos por lazos de la vida cotidiana y hay sensibles necesidades sociales y de infraestructura que los dos presidentes se comprometieron a atender.
En la consolidación del paso que se ha dado puede resultar muy útil el acuerdo de crear comisiones permanentes que se ocupen de estos temas; en particular, la de seguridad, puesto que el desbordamiento al lado venezolano del conflicto armado en Colombia hace necesario un mecanismo ágil y eficaz de consultas y cooperación que evite malos entendidos y eventuales conflictos, como los que pretende avivar CNN con el notable incremento de su feroz campaña antivenezolana, también con los ojos puestos en las elecciones del 16 de septiembre .
A diferencia de Uribe, salido de la lumpenburguesía ligada al narcotráfico y al paramilitarismo, Juan Manuel Santos es un hombre de la más rancia oligarquía colombiana, contra cuyos intereses llegó a actuar en más de una ocasión el primero con tal de complacer a Estados Unidos.
Es imposible desligar a Santos de los desmanes cometidos por el gobierno anterior, del que fue ministro de Defensa en el momento de la agresión a Ecuador, y de los famosos falsos positivos, pero por otro lado los colaboradores que ha escogido y los pasos que ha dado en sus primeros días de gestión evidencian un deseo de alejarse del uribismo en política exterior, lo cual es lógico puesto que la oligarquía necesita reparar la situación de aislamiento internacional del país. En este terreno, los hechos corroboran sus reiteradas declaraciones de que la prioridad es restablecer las relaciones con Quito y Caracas. Preguntado sobre el discurso de toma de posesión del flamante mandatario, el ex presidente Samper –reconocido adversario político de Uribe y de Santos– declaró que había hecho girar la agenda política exterior y doméstica de Colombia 180 grados.
Aunque Santos tenga, como parece, la voluntad política de normalizar las relaciones con Venezuela, no le será fácil. Tiene tres obstáculos visibles y beligerantes en los sectores más agresivos de la oligarquía colombiana y del imperio y en la contrarrevolución venezolana.
P. D. Mientras, sigue la cuenta regresiva hasta el 7 de septiembre, cuando Obama tendrá que decidir si tira o no del gatillo contra Irán.

Bolivia: El Estado es un campo de lucha

El proceso revolucionario boliviano nos invita a una nueva mirada del Estado, no desde la reproducción de la dominación del capital, con su centro real de mando en el mercado. En la alternativa se trata de mirar al Estado desde las múltiples contestaciones, desde la comunidad, que forjan una progresiva ruptura hacia un nuevo modo común de vida.
Carlos Rivera Lugo* / Para CON NUESTRA AMÉRICA
(Fotografía: protesta de mineros de Potosí, Bolivia)
Si existe un proceso político paradigmático en Nuestra América que haya merecidamente despertado la esperanza en torno a la autodeterminación democrática de los pueblos, ese ha sido el boliviano. Contrario a la visión que tradicionalmente ha prevalecido del Estado moderno como una esfera unidimensional y monolítica de dominación al servicio del capital, el proceso de transformaciones revolucionarias que se ha desatado en Bolivia a partir del 2006 nos afirma el carácter actual de éste como campo abierto y plural de lucha.
“El Estado es campo de disputa por la reproducción o reforma del orden social”, afirma el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera en una de las más recientes publicaciones del influyente grupo “Comuna”, dedicadas a reflexionar sobre la actual experiencia boliviana (El Estado. Campo de lucha, La Paz, 2010).
“El transformar las relaciones de orden vital, lo tiene que hacer todo revolucionario. Pero sin dejar de lado el transformar las relaciones de poder del estado. Hay que pelear por el poder del estado, no para tomarlo, sino para transformar desde abajo una nueva estructura de poder, un nuevo estado. Y como herramienta para continuar el proceso de revolucionarización del resto de las actividades humanas”, señaló en otra ocasión reciente García Linera.
Para el reconocido intelectual y político boliviano el Estado no es algo dado en piedra, sino que es una relación dinámica y cambiante integrada por un conjunto de ámbitos que resultan de una lucha política plural. El Estado es, en ese sentido, un orden ampliado de batalla, es decir, un campo de lucha política que se despliega tanto a su interior como desde su exterior. Sobre todo, será siempre en última instancia una expresión de los diversos modos concretos de gobernanza que acontecen en la economía y la sociedad, y la situación estratégica de fuerzas que prevalezca entre éstos.
El proceso revolucionario boliviano nos invita a una nueva mirada del Estado, no desde la reproducción de la dominación del capital, con su centro real de mando en el mercado. En la alternativa se trata de mirar al Estado desde las múltiples contestaciones, desde la comunidad, que forjan una progresiva ruptura hacia un nuevo modo común de vida.
De ahí que cuando en febrero de 2009, el presidente Evo Morales Ayma presentó la recién promulgada Constitución Política del Estado Plurinacional, insistió que con ello daba comienzo a un proceso de confección de una serie de leyes orgánicas que harían falta para hacerla realidad, sobre todo en lo relativo a las ramas judicial y electoral, así como el sistema autonómico. El proceso culminó el mes pasado con la promulgación de cinco piezas normativas: la del Órgano Electoral Plurinacional, la del Régimen Electoral, la del Órgano Judicial, la del Tribunal Constitucional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. De esta manera se conformó el andamiaje político-jurídico del nuevo Estado Social de Derecho Plurinacional, Democrático y Comunitario.
Con las primeras dos, la creación del Órgano Electoral Plurinacional y el nuevo Régimen Electoral, nace una innovadora cuarta rama de gobierno para resguardar permanentemente la voluntad del soberano popular. De esta manera, se aspira a potenciar las tres modalidades interactuantes de la democracia que se recogen en el Artículo 11 de la Constitución Política:
1) Directa y participativa: por medio de referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, la consulta previa, entre otros;
2) Representativa: a través de la elección de representantes, entre otros;
3) Comunitaria: por medio de la elección o designación de autoridades o representantes comunitarios por aquellas normas y procedimientos determinados libremente por las múltiples naciones, pueblos y comunidades, indígenas y campesinas, entre otras. La nueva rama electoral operará con independencia de, pero también en coordinación y cooperación con las otras tres ramas: Ejecutiva, Legislativa y Judicial.
Por otra parte, con la tercera y cuarta de las leyes orgánicas nace una renovación descolonizadora y democratizadora del marco de administración de la justicia. Se establece el principio de la supremacía de la nueva ordenación constitucional. La justicia es ahora derecho no sólo formal sino que material de todos. Algunas de sus innovaciones más importantes son la creación del Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Agroindustrial, el Tribunal Conciliador, el Defensor del Litigante para la protección del ciudadano común. De particular interés es la elección directa de los magistrados a la Corte Suprema.
Finalmente, está la más polémica de las normativas habilitadoras: la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Ésta recoge los cuatro tipos de autonomías que integran la nueva arquitectura territorial del Estado: la departamental, la regional, la indígena y la municipal. Con motivo de su promulgación opinó García Linera que: “La Ley Marco de Autonomías marcará el paso de un Estado simple a uno complejo en el que las regiones administrarán su desarrollo con solidaridad y unidad nacional”. El vicepresidente boliviano reconoció que puede ser perfeccionada en el futuro conforme las experiencias en su aplicación y según convenga para el bienestar general del país.
Bolivia se propone construir en una década lo que a otros países les tomó más de cien años: un Estado con igualdad, descentralizado y desarrollado, en democracia y sin costos sociales altos, declaró García Linera en una reciente comparecencia en la sede en Santiago de Chile de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Puntualizó que si bien hay hoy en Bolivia un gobierno popular, indígena y de izquierda, ello no tiene por qué significar que se promueve “un Estado asfixiante” o una economía “poco prolija”.
Es por ello que Bolivia constituye hoy una de las socioeconomías más pujantes de Nuestra América. En los primeros cuatro años del gobierno actual, la economía boliviana ha crecido más que en las últimas tres décadas, con una tasa promedio de 5.2 por ciento. En el 2009, el crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) fue el más alto de la América indolatina, ascendiendo de 9 mil millones de dólares a $17 mil millones.
Para el canciller boliviano David Choquehuanca, los avances sociales y económicos presentes y futuros hay que enmarcarlos dentro de un modelo de desarrollo centrado en la potenciación de los valores solidarios y las formas cooperadoras de producción social propias del eje del nuevo modo de vida que se construye: la comunidad. Insistió ante la recién celebrada Cumbre del ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) en Otávalo, Ecuador, que ésta es la única alternativa al “modelo de desarrollo implementado por la sociedad occidental”, basado en el mercado sujeto a los dictados del capital y la centralidad del lucro privado.
En un artículo titulado “Hacia la reconstrucción del vivir bien” dice Choquehuanca: “Bolivia plantea el Vivir Bien, no un vivir mejor a costa del otro, sino un Vivir Bien basado en la vivencia de nuestros pueblos. Vivir Bien es vivir en comunidad, en hermandad, y especialmente en complementariedad. Donde no haya explotados ni explotadores, donde no haya excluidos ni quienes excluyan, donde no haya marginados ni marginadores” (Sumak Kawsay, América Latina en Movimiento, Quito, febrero de 2010).
Sólo en la medida que impere en la práctica ese común vivir bien es que finalmente puede darse la verdadera democracia. Como bien señala Oscar Vega Camacho, otro de los destacados integrantes del grupo “Comuna”: “Apelar a este sentido y construcción de lo común, no es acaso el programa más democrático y dignificante para todas las formas y organizaciones de lo viviente. Y quizás, en este momento, la única con horizontes de futuro” (Los caminos para vvir bien, La Paz, 2009).

*El autor es Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico. Es, además, miembro de la Junta de Directores y colaborador permanente del semanario puertorriqueño “Claridad”.

Potosí, la tierra del “mineral del futuro” y la extrema pobreza

Potosí tiene el 50% de las reservas mundiales de litio, usado en celulares y computadoras. Pero la indigencia es del 60%.

Pablo Stefanoni / Clarín y Rebelion
(Fotografìa: manifestaciones sociales en Potosí / Telesur)
"Dignidad” era la palabra más escuchada ayer [12 de agosto] en la asamblea de organizaciones sociales y fuerzas vivas que mantiene paralizado y bloqueado a Potosí desde hace quince días por un conflicto de límites con Oruro y en demanda de proyectos productivos. Ayer se votó la propuesta de tomar físicamente la mina San Cristóbal, un megaproyecto en manos de la transnacional japonesa Sumitomo que produce plata, zinc y plomo en medio del auge de los precios internacionales. Y se discutía cómo negociar manteniendo la presión, antes de que la ciudad se ahogue a sí misma por el cerco. El gobierno dice que los potosinos están manipulados por grupos de derecha y los acercamientos fracasaron.
Bolivia vive un boom de la actividad minera, pero los potosinos denuncian que los beneficios no les llegan. En una pequeña asamblea improvisada ante este periodista, todos se quejan de haber sido la vaca lechera de Bolivia con sus minerales y hoy son el departamento con peores índices de desarrollo humano: más de seis de cada diez habitantes de este departamento del sudoeste boliviano están en la pobreza extrema y la tasa de mortalidad infantil es de 101 por cada mil niños nacidos vivos, según un informe del PNUD. Pocos creen que el litio –el nuevo recurso salvador de Bolivia– los salve a ellos.
El salar de Uyuni tiene cerca del 50% de las reservas mundiales de este mineral del futuro, que se usa para fabricar baterías de celulares y computadoras, y se utilizará también para las de autos eléctricos. Varios países ya pusieron el ojo en el litio boliviano. De hecho, Evo Morales viajará a fin de mes a Seúl, donde la estatal surcoreana Korea Sources Corporation (KORES) puso en marcha un proyecto sobre tecnología para procesarlo.
“Vivimos sin tecnología, sin agroindustria; aramos con bueyes, no hay ayuda”, resume Marco Cuenca Paco, ex líder del ayllu Kasa, ataviado con ropas tradicionales y un celular colgado al cuello. Forma parte de un grupo de originarios que llegaron a Potosí a “fortalecer las medidas de presión”. Sin embargo, la mayoría de los campesinos se mantienen bajo las direcciones oficialistas, y la rebelión potosina se siente más en la capital y en los pueblos. De hecho, ayer se quejaban de que en el sur fronterizo con Argentina los pobladores no se sumaron a los bloqueos. “Vivimos igual que en la colonia, tenemos zinc, cobre, uranio; ahora vienen los iraníes que quieren sacar esos recursos para su bomba atómica”, dice un dirigente de un pueblo ubicado a 20 km. de Potosí capital, donde “se explota la piedra caliza pero un magnate boliviano, hijo de un gringo, se queda con los beneficios”. “Bolivia nos debe”, “Esta protesta no es política”, “Acá Evo ganó con el 70% y ahora se olvida”, repiten los huelguistas.
Todos insisten en que son un pueblo de migrantes, sin oportunidades. Muchos fueron a Argentina, pero centenares de mendigas de la región minera del norte de Potosí ya cambiaron el paisaje de las grandes ciudades bolivianas con sus vestidos color ocre, como la tierra seca de donde salen por temporadas.
Otros campesinos decidieron apostar al narcotráfico o el contrabando.
“¿Y creen que el litio los puede ayudar?”, pregunta este cronista.
“Si lo entregan a las transnacionales ni un centavo va a quedar acá. Ese litio es nuestro”, responden varios casi al unísono. Y “nuestro” es potosino.
La psicología del saqueo, desde que la España colonial acuñaba sus monedas con oro de Potosí, moldea casi todas las opiniones. El emblemático Cerro Rico, incansable fuente de plata que hoy tambalea debido a la explotación descontrolada, sintetiza la sensación de crisis en medio de un boom que no todos pueden ver. Pero hoy se conformarían con un aeropuerto y algunas fábricas.

Chile: ¿patria de todos?

La existencia de una población indígena, sobre todo de mapuches, ha sido un “problema” desde la invasión de los conquistadores españoles hace más de 500 años. Incesantemente se les ha negado su condición de pueblo y procurado su integración al país creado por los invasores -pero siempre como parte de la clase explotada-, sea por la vía de las armas, de la ley, o por ambas.
Editorial de la revista Punto Final
La huelga de hambre que mantienen 31 presos políticos mapuches en las cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Temuco y Valdivia, exigiendo entre otros puntos la no aplicación de la ley N° 18.314 (o Ley Antiterrorista), que coarta las garantías constitucionales referidas al debido proceso y a la presunción de inocencia, nos lleva a preguntarnos si efectivamente Chile es la patria de todos o si hay algunos ciudadanos nacidos en este país que son tratados como indeseables, a los que hay que tolerar pero que ojalá no existieran.
En Chile, la existencia de una población indígena, sobre todo de mapuches, ha sido un “problema” desde la invasión de los conquistadores españoles hace más de 500 años. Incesantemente se les ha negado su condición de pueblo y procurado su integración al país creado por los invasores -pero siempre como parte de la clase explotada-, sea por la vía de las armas, de la ley, o por ambas.
No se trata de una patológica inclinación anti-mapuche de las autoridades del país. Se trató, desde Diego de Almagro hasta Sebastián Piñera, de la apropiación de sus tierras; de la típica voracidad capitalista para el enriquecimiento de los dueños de los medios de producción. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, en el marco del mercantilismo, la conquista de nuevas fuentes de riqueza y mercados se perpetró para acumular riquezas para el creciente Estado-nación europeo, una “economía al servicio del Príncipe”, como diría Adam Smith. Y se explotó a los habitantes originarios produciendo oro y plata para banqueros, comerciantes y mineros alemanes como Jakob Fugger, los Welser y otros, quienes financiaron el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo prestando dinero a la Corona española.
Tras la Independencia, en el caso de Chile, los criollos decidieron unificar el territorio nacional escindido por el país mapuche. En las Paces de Quilín, el 6 de enero de 1641, España había reconocido al pueblo mapuche su independencia y el territorio comprendido entre los ríos Bío Bío, por el norte, y Toltén por el sur, cinco millones de hectáreas que quedaban fuera de la Capitanía General de Chile. Según Bengoa, “tal condición no fue una ‘graciosa concesión’ de su majestad, sino que costó aproximadamente medio millón de muertos al pueblo mapuche”. Los negocios de la burguesía y los terratenientes criollos debían hacerse cruzando por mar entre los puertos de Talcahuano y Corral. El 2 de julio de 1852, Manuel Montt promulgó la ley que creó la provincia de Arauco, cuyos límites eran el Bío Bío y el Toltén. Fue el fin jurídico de la patria mapuche.
Diez años después, el Estado chileno penetró militarmente 200 kilómetros y fundó Angol. En 1878 levantó Traiguén. En 1881, Temuco y en 1883, Villarrica. José Bengoa dice: “A partir de la derrota militar de 1881 y la ocupación de Villarrica de 1883, cambió la sociedad mapuche internamente, como también su relación con el Estado y la sociedad chilena. La reducción territorial fue el elemento central y evidente del cambio ocurrido (…) A los mapuches se los sometió al rigor de la civilización; se les entregaron pequeñas mercedes de tierras, se los encerró en sus reducciones, se los obligó a transformarse en agricultores. El guerrero debió transformarse en ciudadano y el pastor de ganados en campesino, productor de subsistencia”. En los siglos XX y XXI, las empresas forestales, hidroeléctricas, mineras y gasíferas de los principales grupos económicos chilenos y transnacionales, que atentan contra el ambiente, la economía local y la cultura, amenazan lo que resta de tierra mapuche.
Hoy, mientras la reforma procesal penal rige para todos, a los imputados mapuches se les aplica la Ley Antiterrorista, que niega los principios garantistas y aumenta desproporcionadamente las penas. Según la periodista Lucía Sepúlveda, de la Comisión Etica contra la Tortura, hasta junio pasado había ciento seis mapuches encarcelados, condenados o procesados en relación con el llamado “conflicto mapuche”, casi el doble de hace un año. De ellos, según el abogado José Aylwin, del Observatorio Ciudadano, en la actualidad hay 58 procesados por Ley Antiterrorista (cinco condenados, 42 en prisión preventiva y 11 cumpliendo medidas cautelares).
La Ley Antiterrorista fue impuesta en 1984 por el dictador militar Augusto Pinochet para perseguir la resistencia a la tiranía. De acuerdo con esa ley, el delito de incendio puede considerarse atentado terrorista si su intención fuera “producir temor en la población o en una parte de ella”, aunque no constituya una amenaza directa contra la vida, la libertad o la integridad física de nadie. En virtud de esta ley, y con autorización del juez, el Ministerio Público puede ocultar a los imputados y a sus abogados defensores la identidad de testigos (para ello se suele usar pantallas, distorsión de la voz o capuchas). Ello viola la letra “e” del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratificado por Chile- que garantiza a toda persona acusada el derecho “a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo”.
La Ley Antiterrorista se aplicó durante los gobiernos de la Concertación -y se sigue aplicando en el gobierno de la derecha- para amparar a las fuerzas del Estado, que con violencia e impunidad han violentado a ancianos, niños y mujeres, y cobrado la vida de jóvenes como Alex Lemún, Johnny Cariqueo, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío. La mayoría de estos hechos fueron denunciados por el Dr. Rodolfo Stavenhagen, cuando era relator especial sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. No sólo la ONU, sino también la Comisión Pastoral Mapuche de la Zona Sur, de la Iglesia Católica, ante el asesinato de Jaime Mendoza Collío en agosto de 2009, declaró: “Como Iglesia hemos advertido nuestra preocupación por la progresiva criminalización de la demanda mapuche, reduciéndola a un asunto policial…”.
Los presos políticos mapuches actualmente en huelga de hambre exigen también el fin del doble juzgamiento. A varios se los está procesando en relación con un mismo hecho por la justicia militar y, paralelamente, por la justicia penal.
Recientes juicios orales han sobreseído a estos “terroristas”. El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco, por ejemplo, absolvió a Luis Sergio Tralcal Quidel (33) del cargo de incendio en un fundo de Forestal Mininco Crecex S. A. “No existe prueba alguna que establezca qué actos concretos de naturaleza ilícita habría ejecutado el acusado, con lo que no es posible imputarle participación criminosa alguna”, estableció el tribunal. Sin embargo, Tralcal estuvo once meses en prisión preventiva antes de ser declarado inocente.
La palabra “patria” viene del griego patrius y de la expresión latina terra patria, que significa “la tierra de los padres”. Ser mapuche es ser “gente de la tierra”. Si de patria se trata, Chile es la patria del pueblo mapuche. La paradoja es que estos hermanos son tratados por los descendientes de los invasores como si Chile no fuera la patria de todos.