Exclusión, guerra mediática y Wikileaks

Las transformaciones en el sistema de medios regional tienen lugar en escenarios de abiertas disputas políticas con los poderes políticos, económicos y fácticos dominantes, y de una permanente desestabilización antidemocrática, apoyada y financiado por el gobierno de los Estados Unidos a través de sus embajadas en América Latina.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

Los cables de Wikileaks confirman la complicidad
de las embajadas de EE.UU con los grandes medios
de comunicación de América Latina.

El Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el pasado 3 de mayo, se vio ensombrecido por las noticias de asesinatos de periodistas en México y Honduras, alcanzados por la violencia criminal de los poderes fácticos. También ese día, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador emitió un comunicado que arroja luz sobre otra de las dimensiones conflictivas del ejercicio del periodismo y el derecho a la comunicación en América Latina: la de la violencia ideológica, político-económica, y en buena medida estructural, que hace del sistema de medios latinoamericanos unos de los más concentrados y excluyentes de la diversidad cultural y social de nuestros pueblos.

Según la PDDH, en el sistema de medios salvadoreños “todavía hay niveles considerables de exclusión en cuanto al ejercicio periodístico y el acceso a los medios de comunicación”, especialmente en el sector comunitario, por lo que considera necesario “llevar a discusión la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, la creación de una institución rectora de las políticas de comunicación social y de una defensoría de lectores, radioescuchas y televidentes” (ContraPunto, 04-05-2012).

La de El Salvador no es una realidad distinta al resto de Centroamérica, cuyo panorama se caracteriza por la alta concentración de la propiedad de los medios en unos cuantos y poderosos grupos económicos transregionales (asociados a las viejas familias oligárquicas), la creciente penetración del capital extranjero, la elevada incidencia política del poder mediático –que en algunos casos define candidatos y hasta presidentes de la República- y una abrumadora influencia cultural, que no solo posiciona a conveniencia “los temas” posibles del debate público, sino que también moldea y reconstruye identidades en función de las grandes corrientes de la cultura global de masas, del consumo y los valores centrales del neoliberalismo. 

Como un signo de los tiempos y rutas diferenciadas en las que se mueven el norte y el sur de nuestra América, las recomendaciones de la Procuraduría salvadoreña, que bien podrían delinear una política pública de comunicación y acceso a los medios, son todavía una utopía en el contexto centroamericano, a diferencia de lo que ocurre en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil: allí, gracias a la presencia de gobiernos progresistas y nacional-populares, y a los espacios ganados por una más intensa participación de movimientos sociales, investigadores e intelectuales, las reformas legales y la reconstrucción de los sistemas de medios públicos -con presencia en prensa escrita, internet, radio y televisión- han permitido avances sustantivos en la democratización de lo que históricamente fue un latifundio mediático.

Por supuesto, estas transformaciones tienen lugar en escenarios de abiertas disputas políticas con los poderes políticos, económicos y fácticos dominantes, y de una permanente desestabilización antidemocrática, apoyada y financiado por el gobierno de los Estados Unidos a través de sus embajadas en América Latina.

Precisamente, Martín Becerra, investigador argentino del sistema de medios de comunicación, acaba de presentar en Buenos Aires, junto a Sebastián Lacunza, el libro “Wiki Media Leaks. La relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de WikiLeaks”, en el que analizan las relaciones de la diplomacia estadounidense con las élites política, económicas y mediáticas latinoamericanas.  En una entrevista concedida a la prensa, y a partir de un riguroso estudio de los documentos diplomáticos, Becerra explica que las embajadas  de Estados Unidos “tienen un comportamiento bastante similar cuando se trata de gobiernos que son francos adversarios o tienen una línea claramente enfrentada con Estados Unidos. Es el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Honduras cuando estaba (Manuel) Zelaya, antes del golpe de Estado. La regularidad del comportamiento estadounidense consiste en ser un articulador de la oposición a esos gobiernos que considera hostiles” (Página/12, 01-05-2012).

Aliadas con funcionarios de las agencias del gobierno norteamericano, las agresivas élites regionales fijaron como objetivos prioritarios de sus acciones a las revoluciones venezolana y ecuatoriana, convirtiéndolas en auténticos laboratorios de prueba y error de las tácticas de la llamada guerra de cuarta generación. Becerra, por ejemplo, sostiene que en estos dos países es claro “el reconocimiento de la embajada como articuladora y financiadora de ONG y medios de comunicación, así como columnistas y periodistas opositores a Correa y Chávez, que adoptaron posiciones golpistas. (…) En el caso venezolano, la embajada admite literalmente que hay flujo económico hacia ONG y medios de comunicación. En ningún otro país he visto eso” (Página/12, 01-05-2012).

¿Quién puede poner en duda, entonces, que existe una guerra mediática en curso en nuestra América? Quizás solo los abanderados del periodismo bienpensante y los ingenuos o desinformados, que todavía se niegan a ver las huellas que deja el paso del gigante de siete leguas en las botas.