El 4 de abril de 1985 fueron asesinados
en Guatemala mi cuñada Rosario Godoy y mi sobrino, su hijo de apenas dos años
de edad, Augusto Rafael. Rosario había fundado, junto a un grupo de personas
guatemaltecas en su misma situación, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que buscaba
dar con el paradero de familiares detenidos-desaparecidos en Guatemala.
Rafael
Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica
La lucha del Grupo de Apoyo Mutuo por verdad y justicia continúa en Guatemala. |
“Apoyo mutuo” fue un concepto que ellas
mismas descubrieron casi por casualidad. La feroz censura y autocensura de los
medios de comunicación de aquellos tiempos, no permitía hacerse una idea de la
dimensión de la tragedia que estaba viviendo el país, en donde, a la postre,
hubo más de 40,000 desaparecidos.
Cada uno de los parientes que
ansiosamente buscaba a sus seres queridos lo hacía por su propia cuenta y
riesgo; y nunca mejor dicho “y riesgo”, porque en tal búsqueda exponían su propia
vida y la de sus allegados.
Rosario había perdido un año antes, el
15 de mayo de 1984, a su esposo, mi hermano, Carlos Ernesto Cuevas Molina, y se
había dado a la tarea de buscarlo, como tantos miles y miles de parientes en su
misma situación.
En una misa ofrecida en la Catedral
Metropolitana, Rosario conoció a otras mujeres y hombres en su misma situación,
de los que no tenía noticia hasta entonces. Al darse cuenta que no estaban
solos, ahí mismo, en la iglesia, iniciaron su trabajo conjunto y fundaron el
Grupo de Apoyo Mutuo.
Poco antes que fuera asesinada, mataron
a otro miembro del grupo, Héctor Gómez Calito, el 30 de marzo, y en su
entierro, que se transformó en expresión de repudio al régimen de Óscar Mejía
Víctores, Rosario se dirigió en un discurso improvisado a los presentes.
El 4 de abril de 1985 era Semana Santa.
Rosario salió con su hermano menor y mi sobrino de su casa para ir a hacer
algunas compras de comestibles y no volvió. Los tres fueron hallados con
evidentes señales de tortura en una pequeña carretera vecinal cercana a la
ciudad de Guatemala. El niño también había sido torturado salvajemente.
Óscar Mejía Víctores sigue hoy sin ser
juzgado por estos y muchos otros crímenes. Se ha escudado en problemas de salud
y ha contado con la complicidad de quienes apuestan por la impunidad. Cuando
puede, al igual que otros altos mandos militares de aquella época han hecho en
otras oportunidades, se solaza de lo hecho, seguros como están que la llamada
justicia guatemalteca no los tocará.
El asesinato de mi hermano Carlos
Ernesto el 15 de mayo de 1984, y el de Rosario y mi sobrino Carlos Rafael un
año después, forma parte de una interminable lista de ciudadanas y ciudadanos
guatemaltecos que fuimos atropellados, de distinta forma, incluyendo la muerte
como en el caso de ellos, por el régimen, y cuyos tentáculos se extienden hasta
nuestros días. Hoy, por ejemplo, hace todo lo posible por quitar a Claudia Paz
y Paz del cargo de Fiscal General de la nación, con el fin de evitar que el
otrora general Efraín Ríos Montt y sus pares, como Mejía Víctores, sean
juzgados. Facilita tal tarea que otro ex general este en la presidencia del
país en este momento, el tantas veces sindicado como partícipe y ejecutor
directo de la política de tierra arrasada en el área rural guatemalteca, Otto
Pérez Molina.
Vaya hoy nuestro recuerdo hacia ellos, que entregaron su vida. Vaya nuestro compromiso por seguir bregando por un mundo sin esas injusticias e inequidades que fue, a la postre, la causa por la cual murieron.
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