A pesar del silencio de
los grandes medios de comunicación sobre los acontecimientos de los pequeños
países de Centroamérica, indudablemente son ellos los que sufren con mayor
violencia la dominación de Estados Unidos.
Ulises Noyola / ALAI
La administración de
Donald Trump deportó, en sus primeros cien días de gobierno, a 56,315
inmigrantes ilegales, cantidad que se encuentra por debajo de las deportaciones
realizadas por el ex presidente Barack Obama durante el mismo período en 2016[1]. A
diferencia del gobierno anterior, el arresto de inmigrantes ilegales para
proceder después con su deportación creció sustancialmente, lo cual allanó el
camino para la expulsión masiva de centroamericanos.
La deportación masiva de
inmigrantes centroamericanos, sin embargo, tiene el potencial de debilitar el
poderío de la industria estadounidense de alimentos, ya que no contaría con una
mano de obra sobreexplotada que continuamente necesita renovarse con cuadros
jóvenes por las condiciones inhumanas en sus lugares de trabajo. El conflicto
se ha resuelto hasta el momento por medio del otorgamiento de visas de trabajo
para el sector de la agricultura, pero evidentemente no alcanzarán a cubrir a
todos los trabajadores centroamericanos[2].
Si el número de deportaciones
adquiere una escala masiva en Estados Unidos en los próximos meses, los
gobiernos centroamericanos se verán obligados a recibir crecientemente a
migrantes ilegales en medio de una crisis humanitaria. Lo anterior se confirma
con la terrible situación económica de los países miembros del Triángulo del
Norte, que tienen los índices de pobreza extrema más elevados en América Latina[3].
La dura realidad de los
países del Triángulo del Norte es que dependen de las remesas enviadas por los
inmigrantes residentes en Estados Unidos, puesto que representan 10, 17 y 18%
del PIB de Guatemala, El Salvador y Honduras respectivamente[4]. La
reducción de las remesas recibidas por las familias centroamericanas
exacerbaría entonces el caos social caracterizado por la indigencia, la pobreza
y la violencia.
El margen de maniobra de
los países del Triángulo del Norte es extremadamente estrecho debido a la
reducida recaudación fiscal promedio (16% del PIB), que imposibilita
incrementar el gasto público para crear oportunidades de empleo para los
migrantes ilegales. La corrupción de las autoridades públicas que recaudan
principalmente sobre los impuestos indirectos, demuestra la imposibilidad de
recaudar más fondos por medio del mayor cobro sobre las ganancias del capital
trasnacional.
La corrupción política es
apoyada por Washington a través de los programas financiados por la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que promovió recientemente
los golpes de Estado de Manuel Zelaya en Honduras y Otto Pérez Molina en
Guatemala. En consecuencia, los gobiernos centroamericanos no pueden
implementar reformas económicas en beneficio de las mayorías sociales, mientras
sus instituciones políticas se encuentren bajo la tutela de Estados Unidos.
Además de la
insignificante recaudación fiscal, los gobiernos centroamericanos no pueden
reducir sustantivamente el enorme gasto militar a causa de las exigencias de
Washington que demanda la destinación de sus fondos al combate contra las redes
criminales. Por ejemplo, el gasto militar de Honduras y El Salvador está por
encima del 6% del PIB, cifra que supera el gasto militar como proporción del
PIB de todos los países latinoamericanos[5].
La doble cara de
Washington en sus fuertes demandas al gasto militar se refleja en su casi nula
aportación de 630 millones de dólares a la Alianza para la Prosperidad,
mientras que los países del Triángulo del Norte aportaron 2,900 millones de
dólares para la conformación del 80% del fondo en 2107[6]. Los países centroamericanos
se encuentran así aislados y desprotegidos para cambiar su penosa situación
económica ante el desinterés de Washington.
Adicionalmente, los
gobiernos centroamericanos ya son presionados por el presidente Donald Trump,
quien solicitó una disminución del 30% en la ayuda económica de la Alianza para
la Prosperidad correspondiente a 2018. La asistencia económica se reducirá a
460 millones de dólares y podría disminuir aún más próximamente, ya que la
continuidad del apoyo económico está condicionada a la cooperación de los
países centroamericanos en la deportación de los inmigrantes ilegales en
Estados Unidos.
Cabe destacar que más de
la mitad de la contribución estadounidense a la Alianza para la Prosperidad se
destina al fortalecimiento del aparato bélico de los países
centroamericanos a través de la Iniciativa de Seguridad Regional de
Centroamérica[7].
Esta estrategia solamente ha contribuido a militarizar todo el territorio
centroamericano a costa de aumentar la violencia, la represión y la persecución
de la población.
Asediados por las
masacres sociales y la terrible situación económica, los centroamericanos
siguen siendo obligados a abandonar su país de origen debido a las continuas
extorsiones, las amenazas de muerte y los altos índices de violencia. Dichos
factores mantienen a la región del Triángulo del Norte como el territorio más
violento de América Latina a pesar de la inexistencia de una guerra comparable
a los conflictos en Medio Oriente.
En contraste con el
fortalecimiento del aparato militar, el gobierno de Donald Trump no tomará
acciones decisivas para desarticular el tráfico de drogas que tiene como
destino a los consumidores estadounidenses. La región del Triángulo del Norte
seguirá teniendo una importancia geoestratégica para el narcotráfico, ya que
representa un importante corredor del tráfico de drogas entre América del Sur y
Estados Unidos.
La deportación de
migrantes ilegales, por consiguiente, beneficiará a las organizaciones
criminales trasnacionales como las maras, organización que se dedica al tráfico
de drogas, la venta ilícita de armas y la extorsión de personas y empresas
principalmente en Centroamérica. La razón por la cual sucederá esto es porque
los centroamericanos deportados engrosan las filas de las organizaciones criminales
trasnacionales con una mano de obra barata, con lo cual se acrecentará la
violencia en los países centroamericanos.
Lo más atroz vendrá para
los migrantes si se llegara a concretar la construcción del muro fronterizo
entre Estados Unidos y México, ya que la experiencia ha demostrado que la
construcción de muros únicamente promueve la creación de rutas más mortíferas y
riesgosas hacia los puntos de destino, con lo cual se engrandece el poder y la
influencia de los traficantes de personas[8].
A pesar del silencio de
los grandes medios de comunicación sobre los acontecimientos de los pequeños
países de Centroamérica, indudablemente son ellos los que sufren con mayor
violencia la dominación de Estados Unidos. Y el futuro que depara a los
centroamericanos dependerá fundamentalmente de la resistencia de los
movimientos sociales contra la política migratoria de Donald Trump.
Ulises Noyola Rodríguez es Colaborador del Centro de Investigación
sobre la Globalización.
NOTAS:
[1] The Washington Post. Immigration arrests
soar under Trump; sharpest spike seen for noncriminals. Fecha de publicación:
2017.
[2] New York Times. Los productores de California apoyaron a Trump,
pero ahora temen perder jornaleros. Fecha de publicación: 2017.
[3] CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina 2016. Fecha de
publicación: 2016.
[4] Inter-American Dialogue. El triángulo de la desesperación de
Centroamérica. Fecha de publicación: 2017.
[5] Banco Interamericano de Desarrollo. Los costos del crimen y de
la violencia. Fecha de publicación: 2017.
[6] Atlantic Council. Building a better future: A Blueprint for
Central America’s Northern Triangle. Fecha de publicación: 2017.
[7] Congressional Research Service. U.S. Strategy for Engagement in
Central America: Policy Issues for Congress. Fecha de publicación: 2017
[8] Amnistía Internacional. Enfrentando muros. Fecha de publicación:
2017.
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