El caso Maldonado y los muchos argentinos “derechos y humanos”

En pleno 2017 sobrecoge la sola idea de una desaparición forzosa, es cierto, pero que nadie se engañe: la ministra Patricia Bullrich viene tratando de tirar la pelota afuera del área y echando culpas a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Los multimedios hablan ahora del tema porque no pueden hacer otra cosa y recién comenzaron a ponerlo  en primera plana, a días de desconocerse el paradero de  Santiago Maldonado.

Carlos María Romero Sosa / Especial Para Con Nuestra América

Desde Buenos Aires, Argentina

Agosto, 11 de 2017: 17 y 30 horas. Plaza de Mayo. CABA.  Mientras por altavoz se leen las numerosas adhesiones a la marcha convocada por la aparición con vida de Santiago Maldonado -entre ellas la de Milagro Sala-, frente al edificio del Cabildo un grupo juvenil de estudiantes de la licenciatura de música autóctona, clásica y popular de América, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, ejecuta sus instrumentos nativos en oportuno acompañamiento. Próximo a esos jóvenes,  un cartel sostenido en alto por una pareja de cierta edad  reza en letras manuscritas: “Han vuelto.”

 Agosto 12 de 2017: 15 horas. En mi casa. CABA. O es que nunca se fueron del todo, me pregunto frente a la computadora, recordando el cartel. Y lo hago con la consiguiente preocupación despertada con sobresalto en este país donde el eterno retorno no es un mito sino una triste realidad. Un infernal escenario con el que tal vez no se contaba ya; y ello con más ingenuidad que con efectivas pruebas de amor sobre las virtudes de una democracia no efectivamente consolidada.   Porque mal que le pese salvando excepciones a la ciudadanía y a los que pretenden representarla, aunque no sea políticamente correcto decirlo, la recuperación democrática de 1983 con toda su epopeya cargada a hombros del doctor Alfonsín y su juicio a las Juntas, estuvo lejos de modificar la mentalidad autoritaria enraizada desde antiguo en buena parte de la sociedad que,  no por casualidad, votó en 2015 a la derecha cuando un eslogan del candidato, pronunciado entre globos amarillos, fue que iba a terminar con el “curro de los Derechos Humanos”. Y no se debió tampoco a obra del azar que La Nación desde un editorial le indicara al ingeniero Macri  pocos días antes de asumir la presidencia, que debía liberar a los genocidas presos. Por cierto un leitmotiv de la Tribuna de Doctrina como que se comenta  que a Néstor Kirchner le había recomendado al oído una mentada “pacificación”, José Claudio Escribano en 2003. Por fortuna y  aparte de las convicciones en materia de justicia de uno y otro mandatario,  el contexto internacional  no era década y media atrás, ni menos lo es ahora, el mismo del menemismo y ningún gobernante, en su sano juicio, puede desafiar al mundo civilizado con indultos como los que otorgó en su hora el hoy candidato mendicante a senador por La Rioja. 

En pleno 2017 sobrecoge la sola idea de una desaparición forzosa, es cierto, pero que nadie se engañe: la ministra Patricia Bullrich viene tratando de tirar la pelota afuera del área y echando culpas a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Los multimedios hablan ahora del tema porque no pueden hacer otra cosa y recién comenzaron a ponerlo  en primera plana, a días de desconocerse el paradero de Maldonado. E incluso, la importante marcha del 11 de agosto, cabe reconocerlo aunque nos duela, fue menos masiva que los cacerolazos a Cristina y la plaza del sí a Cambiemos de principio año.

Los malos antecedentes en la materia, muestran al Estado Argentino como uno de los precursores de ese crimen de lesa humanidad: así en 1930, la dictadura de Uriburu fusiló en Rosario al obrero de la construcción anarquista Joaquín Penina, después de secuestrarlo y su cadáver nunca apareció (el poeta rosarino Aldo Oliva dedicó un libro al tema). En 1936, ocurrió el caso de los anarquistas expropiadores, presumiblemente arrojados al Río de la Plata: Miguel Ángel Roscigna, Andrés Vázquez Paredes y Fernando Malvicini. En 1955 el tan resonante entonces del dirigente comunista doctor Juan Ingalinella ocurrido en Rosario. En 1962 el del trabajador metalúrgico peronista Felipe Vallese. En 1970 el del abogado laboralista Néstor Martins y su cliente Nildo Centeno. En marzo de 1976, aun bajo la presidencia  Isabel Martínez, el del ex gobernador de Salta Miguel Ragone. Y ni qué hablar del de los treinta mil detenidos-desaparecidos  de la última dictadura. Y todavía en 2006 del de Jorge Julio López, principal testigo contra el genocida Miguel Etchecolatz, al que el Estado no supo proteger.

Aunque no se trata de diluir culpas de los asesinos en el impreciso –o interesado rosario de la impunidad- del “fuimos todos responsables”, cabe preguntar cómo reaccionó la sociedad ante cada uno de esos casos y comprobar que la mayoría de sus miembros se encogió de hombros; sobre que la  noticia se desvaneció en los periódicos más temprano que tarde. Por de pronto, quién que vivió los años de plomo no retiene en la memoria la imagen de los automóviles con calcomanías anunciando en los 70´ y primeros 80´ del siglo pasado que los argentinos eran derechos y humanos y quién no escuchó susurrar el miserable “Por algo será”. 

                                                       

Agosto 13 de 2017: 12 horas. En mi casa. CABA. Escribo en las redes sociales: Santiago Maldonado debe aparecer YA, sano y salvo, aunque hasta ahora a casi dos semanas de no tener noticias de su paradero, no haya sido la lucha por develarlo una causa nacional. Si fue víctima de la Gendarmería y sus jerarquías taparon el hecho, esa fuerza de seguridad no merece que se la vincule con Martín Miguel de Güemes, por más que se alegará que las instituciones quedan y los hombres pasan. 

Por supuesto que resulta antipático  hacer las veces de aquel tábano del que hablaba Sócrates o pretenderlo. Pero vale la pena afrontar el anatema  y lo que venga detrás, si ello significa poner un grano de arena para el imprescindible examen de conciencia colectivo en el tema de los Derechos Humanos.