En los últimos 15 años,
luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche
recuperó 250 mil hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes. O
sea, pese a la represión, la criminalización y la difamación, los mapuche están
ganando.
Raúl Zibechi / LA JORNADA
“Esta es la nueva Campaña
del Desierto, pero no con la espada sino con la educación”, dijo Esteban
Bullrich, entonces ministro de Educación y Deportes al inaugurar un
hospital-escuela en septiembre del año pasado (goo.gl/JxD7Wl).
Más allá de la brutalidad de las palabras del actual candidato a senador que
compitió con Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires, la frase
desnuda lo que piensan los de arriba de los pueblos originarios.
La Campaña o Conquista
del Desierto fue un genocidio perpetrado por el Estado argentino entre 1878 y
1885, cuando arrebató grandes extensiones de territorio a los pueblos mapuche,
ranquel y tehuelche. Los indígenas derrotados por las fuerzas comandadas por
Julio Argentino Roca fueron deportados por la fuerza a campos de concentración,
exhibidos en museos o trasladados para servir como mano de obra forzada.
El objetivo de fondo, ese
que no se puede expresar en público pero es la fuerza motriz oscura de las
acciones, fue la expropiación de sus territorios para incorporar tierras al
mercado y expandir la república en zonas que, antes y ahora, son consideradas
como “desierto”, porque son espacios poco fértiles para la acumulación de
capital.
Los Bullrich (el
candidato macrista y su tía Patricia, actual ministra de Seguridad) forman
parte de una distinguida familia de la oligarquía argentina, que jugó un papel
directo en la Campaña del Desierto.
El historiador Osvaldo
Bayer mostró, con base en documentos de la Sociedad Rural, que entre 1876 y
1903 se otorgaron casi 42 millones de hectáreas a mil 800 familiares y
empresarios amigos del presidente Roca. Algunas familias, como la del ex
ministro de Economía de la última dictadura, Martínez de Hoz, obtuvieron gratis
2.5 millones de hectáreas.
Según un informe de la
BBC, una buena parte de esas tierras pertenecen actualmente a Benetton, que
posee casi un millón de hectáreas, siendo uno de los principales dueños de la
Patagonia, en conflicto permanente con las comunidades mapuche, ya que la
multinacional ocupa parte de sus territorios ancestrales (goo.gl/73JZTy).
El extractivismo es la
continuación de la Campaña del Desierto. Según el periodista Darío Aranda, de
los 40 proyectos mineros en estudios (en 2003), se avanzó hasta 800 proyectos
(en 2015); de 12 millones de hectáreas con soya transgénica se pasó a 22
millones en el mismo periodo. “Amnistía Internacional contabilizó un piso de
250 casos conflictivos, entre los que detectó un punto en común: detrás siempre
hay empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras) que actúan en
complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos” (goo.gl/71ckCG).
Los medios hacen un
trabajo sucio al vincular a los mapuche a las FARC, a grupos kurdos y a ETA,
sin prueba alguna, sólo apoyados en declaraciones del gobernador de Chubut, al
servicio del avance de la frontera extractiva. La ministra de Seguridad,
Bullrich, dio un paso más al señalar que los mapuches son un problema para la
seguridad nacional y acusarlos de “terroristas”, a la vez que asegura que
enarbolan un proyecto secesionista.
“No vamos a permitir una
república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina. Esa es la lógica que
están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica
anarquista”, dice quien en los setenta militaba en el entorno de la
organización armada Montoneros (goo.gl/yp2hfU).
Detrás de todo este
cacareo hay una realidad que es la que realmente molesta: en los últimos 15
años, luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche
recuperó 250 mil hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes,
asegura Aranda. O sea, pese a la represión, la criminalización y la difamación,
los mapuche están ganando.
El conflicto del Estado
con la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en la localidad de Cushamen,
provincia de Chubut, se intensificó en 2015 a raíz de la represión y
criminalización de sus líderes. El lonko Facundo Jones Huala, autoridad mapuche
de la comunidad, fue detenido el 28 de junio de este año, el mismo día en que
se reunieron los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, acusado por
los gobiernos de terrorismo, incendios, robos, amenazas e, incluso, haberle
“declarado la guerra a Chile y Argentina” (goo.gl/1khbBy).
El primero de agosto efectivos
de la Gendarmería Nacional allanaron y quemaron instalaciones de la comunidad.
En el marco de la represión desapareció el activista solidario Santiago
Maldonado, cuando no pudo cruzar un río junto a sus compañeros perseguidos por
los policías. Hasta ahora nada se sabe de su paradero, el gobierno se niega a
responder mientras arrecian las marchas y concentraciones exigiendo su
aparición con vida.
Hay tres hechos que
desesperan a los de arriba y explican la brutalidad represiva.
Uno, el pueblo mapuche sigue
vivo, no se rinde y recupera tierras, que es la base de su reconstrucción como
nación.
Dos, la campaña nacional
e internacional en su apoyo. Un centenar de organizaciones de pueblos
originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia y la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos, emitieron un comunicado titulado La
lucha indígena no es delito, donde dicen que “el Estado privilegia los
intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.
Tres, que los mapuche han
construido las más diversas organizaciones, entre ellas la Resistencia
Ancestral Mapuche (RAM), dedicada a recuperar tierras. Daniel Loncon,
integrante de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, dijo que entre los
mapuche “algunos prefieren la vía diplomática, pero también hemos sido testigos
de nuestros abuelos que se han muerto yendo de oficina en oficina buscando la
legitimación de sus tierras. El RAM en ese sentido es una expresión del pueblo
mapuche cansado de esta injusticia histórica, pero consciente de dónde está el
poderío económico que maneja todo esto. Porque la recuperación no se hizo a un
vecino, sino a una multinacional” (goo.gl/GEqKq9).
¡Marichiweu!
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