Guatemala ha dejado de ser una democracia. Nunca tuvo una democracia de buena calidad después de los Acuerdos de Paz de 1996, pero aun así esa democracia de exigua calidad paulatinamente ha dejado de existir.
Carlos Figueroa Ibarra / Para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
Pero Guatemala ha dejado de ser una democracia. Nunca tuvo una democracia de buena calidad después de los Acuerdos de Paz de 1996, pero aun así esa democracia de exigua calidad paulatinamente ha dejado de existir. En su lugar de manera paulatina ha ido surgiendo una dictadura que como sucedía con las anteriores dictaduras militares, se ve embozada en el funcionamiento de las instituciones republicanas que esconden el verdadero eje vertebral del poder. En la época de las dictaduras militares y durante los primeros gobiernos civiles observados después de 1986, ese eje vertebral eran las fuerzas armadas. Esta situación fue menguando en los gobiernos siguientes hasta que llegó el momento en que éstas ocupan el lugar que tienen ahora: decisivas en su neutralidad para que la continuidad democrática siga su curso o se vea interrumpida, pero sin ser el poder que se ocultaba bajo el gobierno de turno.
Hoy el poder del Estado lo ejerce una coalición de intereses con diversos actores. Puede aventurarse la hipótesis que el eje vertebral por su poderío económico es la clase dominante guatemalteca, sintetizada en el llamado G-8 por considerarse que son ocho los grupos de poder económico más importantes del país. También puede mencionarse a otro grupo económico determinante y que estaría vinculado al primero por lazos ocultos, vergonzantes. Me refiero al crimen organizado, particularmente el narcotráfico, que extendería sus redes de poder a través del efecto corruptor que le otorga su poderío económico. Cabe también establecer la hipótesis de que las organizaciones locales del narcotráfico en Guatemala estarían asociadas a los diversos carteles de la droga en México, particularmente los más poderosos: el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación.
El narcotráfico extiende sus redes invisibles de poder estableciendo relaciones con la clase dominante en una actividad que le resulta esencial: el lavado de dinero. No es un fenómeno exclusivo de Guatemala sino es un hecho extendido y esencialmente necesario en todos los países en donde el narcotráfico se vuelve una actividad de menor o mayor importancia. En México, el triángulo norte de Centroamérica y buena parte del Caribe, el narcotráfico adquiere una importancia mayúscula por ser la puerta de entrada al mayor mercado de la droga en el mundo, los Estados Unidos.
El narcotráfico también extiende sus efectos corruptores a través del financiamiento de partidos políticos y con ello una buena parte de la clase política del país lo que incluye a funcionarios gubernamentales, del Poder Judicial, diputados, alcaldes etc., quedan entretejidos con ese poder oculto. Esto incluye también a actores políticos como los expresados en las organizaciones neofascistas que actúan en el país y que han sido sumamente beligerantes en el ejercicio de la guerra psicológica y la guerra judicial contra quienes se han opuesto al tinglado de intereses, que coloquialmente es llamado el Pacto de Corruptos.
En su ofensiva ideológica, el neoliberalismo ha presentado al Estado no solamente como esencialmente innecesario (la versión delirante de esta ideología es el llamado “anarcocapitalismo”) sino también como fuente de todos los males y corrupciones. Pero la corrupción es una calamidad que involucra por igual a empresarios, funcionarios estatales y grupos de presión ultraderechistas. Como sucede en el caso de Guatemala, el entrelazamiento de capitales lícitos con ilícitos, funcionarios corruptos y neofascistas se convierte en la manera en que funciona el capitalismo.
Esta es la verdadera trama del Pacto de Corruptos y allí radica la fortaleza que ha mostrado en el segundo semestre de 2023. Hasta ahora el Pacto de Corruptos ha resistido el más grande levantamiento popular observado en la historia reciente de Guatemala. También ha resistido las presiones de la Casa Blanca, la OEA, la Unión Europea y de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. Al parecer no ceja en los planes golpistas que buscan impedir que Bernardo Arévalo asuma la presidencia el próximo 14 de enero. La tibieza de la presión internacional y los férreos intereses compartidos del Pacto de Corruptos, explican cómo a pesar de verse estremecida no se ha derrumbado la fortaleza de la gobernanza criminal. El Pacto de Corruptos sigue envalentonado y pareciera importarle poco la crisis política que hemos observado.
En las redes sociales se anuncian varias señales que permiten vislumbrar el golpe de Estado en marcha: eliminar el derecho de antejuicio al Tribunal Supremo Electoral que ha reconocido el triunfo de Arévalo; eliminación del derecho de antejuicio del vicepresidente Guillermo Castillo para que no asuma la presidencia si el presidente Giammatei renuncia; aceptación por parte de la Corte Suprema de Justicia de un amparo que solicita desconocer los resultados electorales y desconocimiento de los mismos por parte de la Corte de Constitucionalidad; eliminación del derecho de antejuicio a Bernardo Arévalo y Karin Herrera para poder judicializarlos, encarcelarlos o exiliarlos; renuncia de Giammatei; nombramiento por parte del Congreso de un presidente sustituto quien ocuparía el cargo el tiempo necesario para hacer nuevas elecciones.
Estos son los planes golpistas. Todavía falta ver si tendrán éxito. Dependerá de la fuerza que tenga la nueva embestida popular contra el golpismo. También de una presión internacional que no sea solamente declarativa sino se vea acompañada de medidas que afecten los intereses empresariales. Acaso también dependa de que Bernardo Arévalo y Movimiento Semilla, sean más asertivos en su alianza con el vasto movimiento indígena y popular que su triunfo ha desencadenado.
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