En Financiamiento de la política en Guatemala (16 de julio de 2015), Impunidad y redes ilícitas (agosto de 2019) y Guatemala: Un Estado capturado (28 de agosto de 2019), por ejemplo, la CICIG demostró cómo el financiamiento privado de la política promueve y se alimenta de la corrupción y ha derivado en la captura de la democracia, a tal punto que los partidos políticos, que deberían ser entidades ciudadanas portadoras de un proyecto ideológico y un proyecto político orientado al bien común, se han convertido en vehículos electorales para estructuras criminales que los utilizan para obtener posiciones de poder en las alcaldías, el congreso y el ejecutivo (CICIG, 28 de agosto de 2019).
A cuatro años de concluido el mandato de la CICIG, y justo cuando se desarrolla el controvertido proceso electoral de 2023, es válido preguntarse cómo el financiamiento de la política ha llevado a la captura de la democracia guatemalteca y cómo el intento de cooptación total de las instituciones guatemaltecas ha llevado al retroceso de muchos de los logros alcanzados y a la crisis política e institucional que actualmente vivimos.
1. El financiamiento de la política
Aunque la relación entre dinero y política era un tema que se venía discutiendo en Guatemala desde el inicio de la democratización en 1985, ya que existe la preocupación de que las mismas personas que concentran el poder económico concentren el poder político, y aunque el tema adquirió especial relevancia durante la negociación del acuerdo de paz sobre reformas constitucionales y régimen electoral firmado en 1996, no fue sino hasta la primera década del siglo XXI cuando el tema del financiamiento de la política adquirió otra dimensión. De hecho, algunas reformas y adiciones sobre este tema a la Ley Electoral y de Partidos Políticos tuvieron lugar en 2004 y 2006 y, en 2016, el Congreso de la República aprobó un conjunto de reformas a la ley que entre otros temas incluyó la regulación sobre financiamiento de partidos vigente hasta hoy (TSE, marzo de 2019, pp. 22-28).
El tema del financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos y sus candidatos sin duda preocupó a muchas personas en la región, tanto que en los primeros años del nuevo siglo comenzaron a realizarse importantes estudios sobre el tema: las fuentes de financiamiento de los partidos y sus efectos en la democracia (Urízar, 2008), el costo de la campaña electoral de 2011 (Acción Ciudadana, 2012) y el narcotráfico, la corrupción y los Estados (Garay, 2012), entre otros, dominaron la discusión regional. Pero en Guatemala, será el estudio sobre financiamiento político publicado por la CICIG en 2015 el que acote la discusión nacional.
En efecto, el libro aborda tres temas fundamentales: dinero y política, el sistema político guatemalteco y su financiamiento, y un modelo de análisis del financiamiento político en Guatemala. Además de ofrecer una definición instrumental del sistema político, entendido como un conjunto de interrelaciones objetivas entre instituciones, partidos, grupos de presión, grupos de interés, clases sociales, organizaciones nacionales e internacionales, e interrelaciones subjetivas, como normas, conciencias, tradiciones, culturas políticas, la formación de políticas y la toma de decisiones, todas ellas tendientes a una organización sistemática de la producción y reproducción del poder societal y el ejercicio de su distribución sobre la base del equilibrio, la CICIG recuerda que el estudio del sistema político permite comprender las formas en que en una sociedad se disputa, distribuye y ejerce el poder.
Cabe señalar, entonces, que los partidos políticos no son los únicos actores del sistema político guatemalteco: son centrales, desde luego, pero hay otros que también participan en la disputa y ejercicio del poder: grupos de poder económico, organizaciones sociales, grupos religiosos, entidades estatales, etc. Y, lo que es importante, todos los actores influyen de alguna manera en el proceso político y en los partidos políticos, y una de las formas más importantes de influencia es a través del financiamiento de la política, es decir, el financiamiento de partidos, candidatos y campañas electorales.
Así, con el fin de garantizar la aspiración democrática de igualdad política a la vez que se asegura la legalidad económica del sistema de partidos políticos, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en su artículo 21 sobre el control y fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas, regula el financiamiento público y privado de la política.
El financiamiento público, según la ley, puede ser directo o indirecto (CICIG, 2015, pp. 21-22). El financiamiento directo se calcula a razón del equivalente a dos dólares estadounidenses por cada voto válido obtenido en las elecciones presidenciales o de diputados por lista nacional y, según el artículo 21 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, tienen derecho a recibir este financiamiento los partidos que hayan obtenido al menos el 5% de los votos o una diputación al Congreso. El financiamiento indirecto está regulado en el artículo 20 de la ley, que establece el derecho de los partidos políticos a disponer de franquicias postales y telegráficas durante el período electoral, el uso gratuito de salas y otras instalaciones municipales, la utilización de postes y otros bienes de uso común situados en la vía pública para la colocación de propaganda electoral.
Por otro lado, es importante señalar que el artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos prohíbe el uso de recursos y bienes del Estado para propaganda electoral, así como la participación de funcionarios y empleados públicos en actividades electorales en horario laboral.
En cuanto al financiamiento privado, el Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que todos los ingresos por contribuciones y recaudaciones monetarias, así como las contribuciones no monetarias que reciban las organizaciones políticas individuales o jurídicas, deberán acreditarse mediante recibos impresos autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Además, se establece que ninguna persona podrá realizar aportes superiores al 10% del tope de gastos de campaña establecido en la Ley y, en caso de que una persona individual o jurídica aporte diez mil dólares o más, deberá presentar una declaración jurada en documento notarial sobre el origen de los recursos, según el artículo 15 del Reglamento. Por último, la ley prohíbe las donaciones anónimas y sólo permite recibir donaciones o aportaciones de personas individuales o jurídicas extranjeras si los recursos se destinan a la formación política de afiliados y simpatizantes.
A) Financiamiento político ilícito
Para presentar un panorama del financiamiento ilícito en la política guatemalteca, según el libro de la CICIG, es importante conocer los tipos de financistas que operan en los diferentes niveles de la política y considerar la existencia de redes de corrupción y estructuras criminales que, con base en posiciones políticas, saquean el erario público para financiar campañas electorales y el enriquecimiento personal de sus miembros. De hecho, la corrupción existe en los diferentes niveles de la política y este tipo de estructuras criminales está presente en todo el territorio nacional expresado en grupos que operan en municipios, distritos y a nivel nacional.
Pero previamente señalemos que, el 18 de octubre de 2018, el Congreso de la República aprobó reformar el artículo 407 “N” sobre financiamiento electoral ilícito y adicionó el artículo 407 “O” sobre financiamiento electoral no registrado, ambos del Código Penal, con base en la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 12 de febrero de 2018, dentro del expediente 2951-2017 que exhortó al Congreso de la República a reformar el delito de financiamiento electoral ilícito para distinguirlo del financiamiento no registrado o no reportado que se origina en fondos de origen lícito, y establecer penas distintas para ambos delitos que se ajusten a los principios de proporcionalidad, racionalidad y justicia y distingan las sanciones administrativas de las penales.
Esto, hay que decirlo, favoreció al presidente, diputados, empresarios y partidos políticos acusados de financiamiento electoral ilícito por aportes no registrados en la contabilidad partidaria o no reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante la campaña electoral de 2015, ya que el delito que se les imputaba desapareció (según el artículo 2 del Código Penal que establece que cuando existen dos normas penales, una vigente y otra derogada, que sancionen la misma acción, debe aplicarse la norma cuya pena sea más benigna) y no pudieron ser imputados por el delito de financiamiento electoral no registrado que se creó en 2018 debido al principio de irretroactividad de la ley.
También hay que decir que las negociaciones en el Congreso de la República lideradas desde 2017 por el diputado de la bancada del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Orlando Joaquín Blanco Lapola y el presidente Jimmy Morales Cabrera (2016-2020), ambos acusados de financiamiento electoral ilícito en diferentes casos y a punto de perder su inmunidad, originaron el “Pacto de Corruptos” que alió a políticos, empresarios y militares implicados en casos de corrupción, gracias a la cuestionable resolución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que, como dijimos, instó al Congreso de la República a reformar el artículo 407 “N” sobre financiamiento electoral ilícito.
Dicho esto, veamos ahora los tipos de financistas que operan en los distintos niveles de la política.
a) Las élites empresariales y el financiamiento ilícito de la política
Es un hecho casi generalizado que los nombres de las empresas o empresarios pertenecientes a las asociaciones empresariales que financian a los partidos y candidatos no aparecen en los informes presentados por los partidos al Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, se sabe que estos grupos tienden a financiar a los candidatos que lideran las encuestas y a aquellos con los que simpatizan por razones ideológicas o programáticas, generalmente a través de aportes monetarios, contribuciones en especie y contactos para ampliar la recaudación de fondos (CICIG, 2015, p. 45).
Sin embargo, por razones que van desde la falta de una cultura de transparencia en las donaciones políticas o el hecho de que en muchas ocasiones apoyan a varios candidatos en una misma contienda electoral, hasta que los recaudadores de los partidos y los candidatos prefieren no declarar los recursos recibidos, que generalmente se manejan de manera discrecional, estos grupos empresariales tienden a ocultar sus aportaciones. Así, por el simple hecho de no reportarlo y no entrar en la contabilidad formal de los partidos, este tipo de aportaciones se convierte en un ilícito.
Hay tres formas en que las élites empresariales financian a los partidos políticos. En primer lugar, cuando empresarios individuales o grupos empresariales aportan a determinados candidatos y/o partidos por intereses, afinidad ideológica o para obtener cierta seguridad ante posibles momentos de incertidumbre. En estos casos las donaciones no son reportadas a las autoridades electorales y los compromisos derivados de este intercambio no son transparentes. En segundo lugar, cuando las empresas nacionales o transnacionales “invierten” en diputados, líderes políticos y funcionarios a cambio de negocios, adjudicación de obras u otros compromisos. En este caso, el dinero del soborno se utiliza para el enriquecimiento personal de los políticos y para campañas electorales y, en tercer lugar, cuando los recaudadores/empresarios reciben aportes para campañas electorales sin reportarlos al TSE ni a la contabilidad de los partidos y, una vez en el gobierno, benefician a los financistas. En este caso, además de delitos electorales y enriquecimiento ilícito, hay tráfico de influencias.
En general, la mayoría de estas contribuciones no están documentadas ni son reconocidas por los partidos, sin embargo, el financiamiento de los partidos políticos por parte de las élites empresariales ha sido una constante.
Este tipo de apoyo, según la CICIG, pasa directamente de las élites empresariales a candidatos, partidos, recaudadores o diputados, y se traduce en influencia ideológica y programática, influencia en políticas económicas, posiciones en el Ejecutivo, posiciones en el Congreso, legislación y políticas favorables a sus intereses, distorsión de la democracia y del proceso económico y/o asignación de contratos públicos (CICIG, 2015, p. 46).
Señalemos que, en el financiamiento privado de la política, el recaudador es un actor determinante, pues actúa en diferentes niveles de la competencia política (nacional, distrital, local) y moviliza fondos con élites empresariales, proveedores del Estado, donantes que prefieren el anonimato y estructuras criminales, dependiendo de sus contactos. A nivel nacional, especialmente en las campañas presidenciales, los recaudadores actúan con independencia de los partidos, movilizando recursos directamente para el candidato presidencial, que no siempre es informado de los nombres de los donantes ni de los importes de las aportaciones. Tampoco se establecen claramente los compromisos adquiridos con los financistas. Este alto grado de autonomía del recaudador le permite en muchos casos quedarse con parte de las donaciones y, durante un futuro ejercicio de gobierno, le da la posibilidad de influir en los gobernantes, lo que, de hecho, se presta al tráfico de influencias (CICIG, 2015, p. 47).
Este es el esquema diseñado por la CICIG sobre el recaudador y su papel en el financiamiento ilícito: por un lado, están los financistas, que pueden ser grupos empresariales, proveedores del Estado, donantes anónimos y/o estructuras criminales. En el medio está el recaudador que actúa como intermediario y, del otro lado, los candidatos y partidos políticos. Pero notemos que es precisamente aquí donde el recaudador puede discrecionalmente entregar la totalidad de las donaciones a los candidatos y partidos o reservar una parte para su enriquecimiento personal. Así, independientemente de la proporción de la donación destinada por el recaudador a los candidatos o partidos políticos, el resultado esperado es tener la posibilidad de influir en funcionarios, tráfico de influencias y hacer negocios con el Estado.
El caso emblemático de un recaudador que se enriquece y construye redes de tráfico de influencias, según la CICIG, es el de Gustavo Alejos Cámbara quien, tras ser financista y operador de Álvaro Colom Caballeros durante la campaña electoral de 2007, fue nombrado secretario privado de la Presidencia entre 2008 y 2012. De esta manera, logró ganar una importante influencia política y pudo convertirse en facilitador de negocios propios y ajenos. De hecho, Gustavo Alejos influyó en el nombramiento y destitución de funcionarios, benefició a empresas vinculadas a él con contratos públicos y logró que tanto su hermano como su padre fueran postulados como candidatos a diputados por la lista nacional y el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), respectivamente, por la UNE (CICIG, 2015, p. 47).
Veamos ahora cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en la financiación de la política y por qué parte de esta financiación es ilícita.
b) Los medios de comunicación y el financiamiento indirecto de la política
Aunque la información sobre los medios de comunicación y el financiamiento indirecto de la política no es abundante, la CICIG marca los primeros hitos para futuros estudios sobre el tema. Así tenemos que la relación entre política y medios de comunicación está mediada por tres tendencias: “la concentración de los medios de cobertura nacional (televisión y radio); la dispersión de los medios locales de comunicación (empresas de cable y radios); y el establecimiento de conglomerados de medios en torno a líderes políticos” (CICIG, 2015, p. 48).
Esto es importante tenerlo en cuenta porque los medios de comunicación pueden llevar a cabo una especie de financiamiento indirecto de la política al dar espacio a “infomerciales” disfrazados de noticias en noticieros de televisión y radio; posicionar a líderes políticos y vetar a otros en la cobertura informativa; y acordar tarifas diferenciadas por tiempo de transmisión.
Así, la CICIG identifica tres tipos de relación entre los medios de comunicación y la política. En primer lugar, cuando “el monopolio de la televisión abierta pacta con candidatos y/o líderes políticos costos especiales de publicidad, así como espacios gratuitos o créditos (incluyendo cobertura en los noticieros) con miras a mantener la concesión y la adjudicación de publicidad gubernamental. En este caso, se trata de aportes en especie que no son reportados en la contabilidad de los partidos” (CICIG, 2015, p. 48).
En segundo lugar, cuando “consorcios de medios de comunicación realizan aportes en especie a partidos y candidatos a cambio de pauta oficial, posiciones en el Legislativo y adjudicación de publicidad gubernamental” y, en tercer lugar, cuando “líderes políticos en el nivel nacional, distrital o local, constituyen redes de medios nacionales y locales que se alimentan de los recursos provenientes de la corrupción” (CICIG, 2015, p. 48).
Se puede decir, entonces, que la relación entre los medios de comunicación y el financiamiento ilícito de la política es compleja y en la mayoría de los casos, como hemos señalado, se realiza de manera indirecta. Así, los políticos obtienen beneficios que les permiten ser elegidos y en muchas ocasiones reelegidos, y el monopolio televisivo, además de mantener la concesión del Estado, obtiene beneficios a través de contratos con entidades públicas. De hecho, la relación entre los medios de comunicación y el financiamiento ilícito de la política se convierte en un círculo vicioso, ya que “ningún partido o líder político se atreve a desafiar al monopolio por temor a ser vetado y, a la vez, esta práctica consolida a dicho grupo” (CICIG, 2015, p. 49).
Sin embargo, el monopolio de la televisión abierta detentado durante varias décadas por el empresario guatemalteco de origen mexicano, Remigio Ángel González, fue criticado por algunos empresarios guatemaltecos propietarios de empresas de televisión por cable y de algunos medios escritos y radiales que, en el contexto de la lucha contra la corrupción de la CICIG, vieron la oportunidad de cuestionar la codiciada concesión estatal a favor, dijeron, de “un empresario mexicano”.
En efecto, la lucha de los propietarios de este segmento de los medios de comunicación por cancelar la concesión del monopolio de la televisión abierta tuvo lugar cuando se destaparon dos polémicos casos de corrupción. Por un lado, el caso de financiamiento ilícito del Partido Patriota (PP) por el que fue acusada y procesada penalmente Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González (Prensa Libre, 2 de junio de 2016). Por otro lado, el caso Plazas Fantasma por el que fue perseguido penalmente Luis Armando Rabbé Tejada, mano derecha de Ángel González, acusado de cometer tres delitos (abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción) cuando era presidente del Congreso de la República (MP, 5 de septiembre de 2016).
Los empresarios guatemaltecos, que sin duda ven en la concesión estatal del monopolio de la televisión abierta una oportunidad de expansión, aprovecharon la ocasión para cuestionar abiertamente la existencia de esa concesión. Pero, tras la salida forzada de la CICIG en 2019, Luis Rabbé obtuvo la suspensión definitiva de su extradición por parte de la justicia mexicana (Prensa Libre, 22 de octubre de 2021) y Alba Elvira Lorenzana Cardona obtuvo su absolución por parte de la justicia guatemalteca (Prensa Libre, 2 de agosto de 2022). Así, el monopolio de la televisión abierta, a pesar de la inconformidad de los empresarios guatemaltecos que anhelan su concesión, continúa en manos de Remigio Ángel González gracias al círculo vicioso que implica la relación entre los medios de comunicación y el financiamiento ilícito de la política.
c) Corrupción en el sector de las obras públicas
¿Cómo se explica que en Guatemala la mayor parte del financiamiento político sea ilícito y provenga en gran medida de la corrupción? ¿Por qué la obra pública es un foco de corrupción?
El estudio de la CICIG, que recoge una parte importante del conocimiento producido en Guatemala y otros países de América Latina sobre estos temas, es claro y breve en su respuesta: si en Guatemala la mayor parte del financiamiento de la política proviene de la corrupción, y en gran medida de la obra pública, es porque la interacción entre una serie de variables que incluyen las características del sistema político, un marco legal limitado, la debilidad institucional de las entidades encargadas de controlarlo, y un sistema presupuestario a través del cual fluyen los recursos públicos a diferentes entidades, con bajos niveles de control, discrecionalidad, falta de transparencia e influencia de actores políticos, produce corrupción (CICIG, 2015, p. 50).
De hecho, es el flujo de recursos para obra pública el que principalmente alimenta el financiamiento de la política y promueve el enriquecimiento ilícito de funcionarios y otras personas vinculadas a estos grupos, y el que en última instancia contribuye al empobrecimiento de la mayoría de la población guatemalteca, ya que los fondos públicos, y en algunos casos los recursos provenientes de préstamos internacionales, son desviados de sus fines previstos.
Ahora bien, “la corrupción en la contratación de obra pública opera en todos los niveles y abarca desde empresas transnacionales que pagan sobornos a diputados y otros funcionarios para la asignación de proyectos, hasta pequeñas constructoras municipales ligadas a alcaldes y/o diputados que mediante la manipulación del sistema de consejos de desarrollo y otros mecanismos de inversión pública se adjudican obras que, en muchos casos, están sobrevaluadas, no se realizan, o si se construyen no cumplen con estándares mínimos de calidad” (CICIG, 2015, p. 50).
Este es, según la CICIG, “el núcleo del financiamiento ilícito del sistema político y se basa en una amalgama de intereses que incluye a políticos, funcionarios, entidades públicas, empresarios, organismos no gubernamentales y grupos criminales” (CICIG, 2015, p. 50). La corrupción en el sector de la obra pública ha llegado a tal extremo que en los años en que se realizó el estudio, se estimaba que la mayor parte del financiamiento de la política provenía de estas redes de corrupción que, en rigor, constituyen estructuras criminales que han capturado las instituciones públicas para favorecer sus intereses.
En el ámbito de las obras públicas, existen tres tipos de financiamiento político ilícito: 1) Constructores agrupados en asociaciones; 2) Redes político-económicas ilícitas construidas en torno a diputados y/o alcaldes y; 3) Estructuras articuladas a partir de empresas constructoras. Su definición, estudio y ejemplos concretos basados en casos de corrupción bien documentados pueden encontrarse en el valioso estudio de la CICIG que estamos analizando. Debido a los límites que nos hemos impuesto en esta investigación, y por considerar que todos los detalles de estos tres tipos de financiamiento ilícito de la política pueden encontrarse en dicho trabajo, por ahora preferimos centrarnos en el tema que motivó nuestra investigación: la relación entre el crimen organizado, particularmente las estructuras del narcotráfico, y el financiamiento de la política.
d) Crimen organizado y financiamiento político
En realidad, la penetración de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico en la política y las instituciones públicas a través de la financiación de campañas electorales no es nueva. En 2015, de hecho, la CICIG inició la sección de su libro dedicada a este tema indicando que son muchas las voces que lo han señalado. Sin embargo, también indicó que son relativamente pocos los casos documentados. Entre otras razones, dijo, por la diversidad de relaciones que existen a nivel municipal, departamental y nacional, y porque las estructuras dedicadas al narcotráfico operan a través de redes que se transforman constantemente.
“En los últimos diez años”, señala la CICIG, “las estructuras del narcotráfico han cambiado rápidamente debido a la captura y extradición, así como a la muerte de la mayoría de líderes de los grandes grupos que operan en el país. Estos grupos se han dedicado sobre todo al transporte y almacenaje de la droga que pasa por el territorio nacional y la captura y/o muerte de sus principales líderes ha provocado que las organizaciones se fraccionen en grupos aún más pequeños que controlan algunas rutas y algunos territorios” (CICIG, 2015, p. 55).
Tal era la apreciación de la CICIG en 2015, sin embargo, hoy es válido cuestionar la validez de esa afirmación. Si bien es cierto que las organizaciones de narcotraficantes de finales del siglo XX y principios del siglo XXI fueron total o parcialmente desarticuladas tras la captura o muerte de sus líderes, y si bien es cierto que la desarticulación de estas organizaciones dio lugar a procesos de recomposición que derivaron en escisiones y en el surgimiento de pequeños grupos que continuaron controlando ciertas rutas y territorios, también es cierto que, en 2023, la perceptible generalización de la comercialización y tráfico de drogas en la sociedad guatemalteca evidencia la expansión del narcotráfico en Guatemala.
Pero, ¿por qué el crimen organizado, en particular el narcotráfico, decide entrar en política? ¿Qué les lleva a establecer vínculos con dirigentes políticos, candidatos y representantes electos? ¿Cómo explicar la penetración del narcotráfico en la política?
Según la CICIG, los vínculos con la política se deben a que estos grupos necesitan protección política, información y libertad de acción en las zonas donde operan y, para ello, las relaciones se establecen más con individuos que con partidos debido a la fluidez y volatilidad electoral. Así, “además de la búsqueda de protección, en las últimas dos décadas y en algunos lugares, las élites políticas locales y departamentales han establecido alianzas con grupos criminales para repartirse la asignación de obra pública” (CICIG, 2015, p. 56). Esto ha permitido el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y su entorno, al tiempo que facilita a los grupos criminales lavar el producto de sus actividades ilícitas y diversificar sus negocios, apropiándose también de recursos públicos. De esta forma, se financia la política y se obtiene protección y beneficios. Esto ha llevado a que se intensifique la relación con alcaldes, diputados y altos funcionarios del Ejecutivo.
Así, con base en fuentes secundarias e información de investigaciones realizadas por la CICIG, fue posible identificar cuatro formas distintas de relación entre grupos criminales y políticos: 1) Apoyo a candidatos presidenciales, generalmente de manera indirecta con financiamiento, logística y otros recursos a cambio de acceso, información y protección; 2) Financiamiento a candidatos a diputados y alcaldes; 3) Espacios de interrelación entre redes político-económicas ilícitas y estructuras criminales para la asignación de recursos para obra pública; y 4) Participación directa de miembros de grupos criminales como candidatos a cargos de elección popular (CICIG, 2015, p. 56).
¿Aumentó la financiación política por parte de las estructuras del narcotráfico después de 2015?
Los informes de la CICIG posteriores a 2015 no dan cuenta de este fenómeno. Sólo dan cuenta de los resultados del trabajo realizado en el tema “Narcotráfico y lavado de activos” (CICIG, septiembre de 2019, pp. 31-34) y de los esfuerzos conjuntos con el Tribunal Supremo Electoral para fortalecer esta institución (CICIG, septiembre de 2019, p. 65). Lamentablemente, la CICIG había sido expulsada por el gobierno de Jimmy Morales desde enero de 2019, su mandato terminaba el 3 de septiembre de 2019 y las elecciones de 2019 estaban en marcha. No hubo tiempo, entonces, para que la CICIG investigara lo sucedido. Sin embargo, dado el retroceso de muchos de los logros alcanzados por la CICIG entre 2007 y 2019, y dado el aumento del narcotráfico de los últimos años, es de suponer que el financiamiento ilícito de la política también ha aumentado.
2. Contexto posterior a la CICIG
Con la CICIG fuera de juego y con la alianza político-económico-militar de los corruptos victoriosa, el presidente Jimmy Morales, abanderado de los corruptos, concluyó su mandato en enero de 2020 tras un proceso electoral en el que ninguno de los 19 candidatos participantes alcanzó la mayoría necesaria en primera vuelta para definir al próximo Presidente de la República. De hecho, en la primera vuelta disputada el 16 de junio de 2019, con una participación del 61.84% de los ciudadanos empadronados (9.5% menos que en el proceso electoral de 2015), Sandra Torres, exprimera dama durante el gobierno de Álvaro Colom, postulada por el partido de tendencia socialdemócrata UNE, obtuvo sólo el 22.08% de los votos y el médico conservador Alejandro Giammattei, postulado por el partido de derecha Vamos por una Guatemala Diferente, sólo el 12.06%.
Así, Sandra Torres y Alejandro Giammattei se enfrentaron en una segunda vuelta electoral el 11 de agosto de 2019.
A) El triunfo de Alejandro Giammattei
Aunque Sandra Torres casi duplicó el porcentaje de votos obtenido por Alejandro Giammattei en la primera vuelta, y aunque Alejandro Giammattei no había logrado pasar a la segunda vuelta en ninguna de sus tres participaciones anteriores (2007, 2011, 2015), era difícil pronosticar la victoria de la candidata de la UNE, que había intentado presentarse sin éxito en 2011 y había sufrido una aplastante derrota ante el inesperado ganador Jimmy Morales en 2015: entre otras razones, carecía del carisma necesario para atraer a votantes de otros partidos, y tanto ella como la cúpula de la UNE se habían mostrado incapaces de llegar a acuerdos con otros actores de la sociedad en ocasiones anteriores. Prueba de ello es la tendencia reflejada en tres de las cuatro encuestas de segunda vuelta presidencial, en las que Alejandro Giammattei se alzó como ganador por un amplio margen (Dabroy, diciembre de 2019, p. 33).
En este contexto, hay que decirlo, ninguno de los candidatos participantes hizo de la lucha contra la corrupción y la impunidad su bandera política y electoral. Menos aún Sandra Torres y Alejandro Giammattei, quienes años antes habían sido procesados y encarcelados como resultado del trabajo investigativo del Ministerio Público (MP) y la CICIG: Sandra Torres, acusada de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, y Alejandro Giammattei, exdirector del Sistema Penitenciario entre 2005 y 2007, acusado junto con otros funcionarios de la ejecución extrajudicial de siete reos durante la llamada “Operación Pavo Real” de limpieza social.
Sin embargo, gracias a una campaña electoral centrada en la pobreza, la violencia, la crisis migratoria y la corrupción, y basada en los medios de comunicación convencionales (televisión, radio, periódicos) y en el uso de carteles y vallas publicitarias colocados en las principales calles y avenidas de las ciudades y pueblos, pero también en las carreteras y caminos rurales que los conectan, la disputa entre Sandra Torres y Alejandro Giammattei favoreció al obstinado médico conservador: 1,907,801 votos equivalentes al 57.95% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral frente a 1,384,112 equivalentes al 42.05%.
B) ¿Corrupción en el gobierno de Alejandro Giammattei?
El 14 de enero de 2020, en línea con sus promesas de campaña, Alejandro Giammattei creó la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC). Sin embargo, y aunque la CPCC formaba parte de la Política de Prevención y Combate a la Corrupción de su gobierno, los resultados obtenidos en casi cuatro años de trabajo han sido escasos, casi nulos, mientras que han sido muchas las acusaciones de corrupción en su contra. De hecho, en 2021, tras el inesperado traslado del jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público, Stuardo Campo, a la Fiscalía Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, se conoció que había más de 10 investigaciones a funcionarios y trabajadores del gobierno, entre ellas el caso “Corrupción en tiempos de pandemia” publicado el jueves 15 de abril de ese mismo año (La Hora, 17 de abril de 2021).
El exfiscal anticorrupción también mencionó el caso de la adquisición de pruebas de COVID-19 a la empresa Labymed, un caso vinculado al Ministerio de Salud y otro que involucra directamente a un “diputado oficialista”. Es el Ministerio de Comunicaciones, dijo Stuardo Campo, el que tiene más investigaciones abiertas en la Fiscalía Contra la Corrupción: el caso más conocido se refiere a la transferencia de 135 millones de quetzales de la Dirección General de Caminos con destino desconocido, en el que está implicado el exdirector de Caminos, Fredy Chojolán, nombrado bajo el gobierno de Giammattei, quien asegura que su firma fue falsificada.
A esto se suman las denuncias de corrupción que han llevado a la Fiscalía Contra la Corrupción a abrir una investigación sobre la compra de pruebas falsas de COVID-19 en la que está implicada la empresa Kron Científica e Industrial, S.A. y al menos dos investigaciones pendientes derivadas de pesquisas periodísticas (La Hora, 17 de abril de 2021) similares a la realizada por un periodista que denunció la compra de una finca y una carretera para la familia Giammattei por 58 millones de quetzales a finales de 2020 (Vox Populi, 26 de noviembre de 2020).
Si nos atenemos a otra investigación periodística, basada en la denuncia de una persona de confianza de Alejandro Giammattei, el ahora presidente negoció en julio de 2019, después de la primera vuelta electoral, con el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), José Luis Benito, la entrega de 20 millones de quetzales provenientes de sobornos a constructoras para financiar la segunda vuelta de su campaña electoral, a cambio de permanecer un año en el cargo y mantener operativa la estructura de corrupción en la obra pública de la administración de Jimmy Morales (El Faro, 14 de febrero de 2022). Según el denunciante, en las negociaciones participaron personas de confianza de Alejandro Giammattei, como Miguel Martínez y Giorgio Bruni, quien luego se convirtió en secretario privado del presidente.
Ahora bien, en octubre de 2020, Giorgio Bruni fue vinculado al caso de los 122 millones de quetzales en sobornos incautados en efectivo el 16 de octubre de 2020 por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en 22 maletas en una propiedad ubicada en Antigua Guatemala vinculada a José Luis Benito, preso desde el 21 de enero de 2022. Aunque Giorgio Bruni sólo estuvo en el cargo del 14 de enero al 18 de febrero de 2020, y aunque el gobierno de Alejandro Giammattei se distanció inmediatamente del caso, el allanamiento realizado por la FECI en una propiedad en la Zona 16 de la Ciudad de Guatemala vinculada a Giorgio Bruni el 19 de febrero de 2020, llevó a muchos a pensar que la negociación de los 20 millones de quetzales a la que se refiere el “Testigo A”, cuyo testimonio está resguardado en el Juzgado de Mayor Riesgo D, sí era cierta.
Las acusaciones más graves contra Alejandro Giammattei derivan también de una investigación realizada entre junio y julio de 2021 por el fiscal a cargo de la FECI, Juan Francisco Sandoval, sobre un soborno en efectivo que supuestamente pagaron al mandatario ejecutivos rusos de la transnacional minera Solway Investment Group en una alfombra enrollada para que autorizara la concesión de una importante extensión de terreno en la zona portuaria de Santo Tomás de Castilla, en la costa atlántica de Guatemala. Pero Juan Francisco Sandoval fue destituido el 23 de julio de 2021 y todos los casos de presunta corrupción de funcionarios públicos y del propio Presidente de la República han sido olvidados por el Ministerio Público, a pesar de las fuertes críticas de la ciudadanía y de los medios de comunicación independientes.
Veamos ahora en qué consiste la agenda regresiva de la alianza político-económico-militar antiCICIG.
C) Agenda regresiva a favor de la corrupción y la impunidad
El expresidente Jimmy Morales es recordado por haber dedicado gran parte de su tiempo a acabar con la lucha contra la corrupción y la impunidad: lideró la alianza político-económico-militar de los corruptos y su gobierno inició el proceso de revertir los avances de esa lucha para retomar el control de las instituciones y dar continuidad al sistema de corrupción e impunidad. Evidentemente, esto ha tenido consecuencias en el Estado de Derecho y la justicia en Guatemala, y temas claves como la independencia del Ministerio Público y otras instituciones de justicia, el proceso de selección de las altas cortes, la seguridad de las personas y organizaciones que han luchado por el fortalecimiento de las instituciones del Estado y una mayor rendición de cuentas (WOLA, 8 de enero de 2020), comenzaron a sufrir los primeros embates de las acciones de actores corruptos que se benefician del sistema de impunidad.
Por supuesto, la contrarreforma legal de la alianza de los corruptos no sería posible sin el apoyo de una gran parte de los diputados del Congreso de la República.
a) El papel del Congreso de la República
En efecto, desde 2017, los diputados han impulsado una agenda regresiva de los logros de la CICIG que busca debilitar la lucha contra la corrupción mediante la reducción de penas y la modificación significativa de lo que constituye un delito de corrupción. Una de esas iniciativas, como dijimos, fue la reforma al artículo 407 “N” del Código Penal sobre financiamiento electoral ilícito, contenida en el Decreto 23-2018 del 18 de octubre de 2018, que benefició a políticos y financistas acusados de haber cometido ese delito durante la campaña electoral de 2015.
Además, según el Decreto 10-2019 del 12 de noviembre de 2019, o Ley de Aceptación de Cargos, que también reforma el Código Penal, los acusados de corrupción y crimen organizado por delitos de lavado de dinero y cohecho podrán ver reducidos sus cargos a la mitad si aceptan los cargos que se les imputan. Por otra parte, pocos días antes de finalizar el mandato de Jimmy Morales, los diputados intentaron aprobar el polémico proyecto de ley 5377, que pretendía reformar la Ley de Reconciliación Nacional para amnistiar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra interna. Sin embargo, el proyecto tocó las heridas de mucha gente y una gran movilización popular en torno al Congreso obligó a los diputados a archivarlo.
En este contexto, paradójicamente, bajo el liderazgo del diputado Álvaro Arzú Escobar, el Congreso creó una “comisión de la verdad” para “recabar y recibir información” sobre el trabajo de la CICIG a partir de los testimonios de los acusados de delitos de corrupción y de sus familiares. Sin embargo, la creciente indignación de la sociedad civil llevó a la fiscal general, Consuelo Porras, a solicitar a la Corte de Constitucionalidad la disolución de la comisión. Argumentando que corresponde al Ministerio Público, y no al Congreso de la República, evaluar la legitimidad de las investigaciones, la Fiscal General hizo respetar su fuero a los diputados. En realidad, con otro nombre, pero con el mismo objetivo, la comisión de la verdad de los corruptos siguió escuchando a los acusados de corrupción y a sus familiares en el Congreso de la República. Así, en enero de 2020, la comisión presidida por los exdiputados Juan Ramón Lau, Luis Hernández Azmitia y el diputado Manuel Conde Orellana, presentó el informe que señalaba que la CICIG había cometido violaciones a los derechos humanos de las personas procesadas en casos de alto impacto.
Este fue el inicio de la contrarreforma legal apoyada por los diputados interesados en mantener el sistema de corrupción e impunidad en Guatemala. Así, los congresistas han allanado el camino a los grupos criminales que buscan cooptar plenamente las instituciones guatemaltecas.
D) Cooptación y captura de las instituciones
Como vimos, Alejandro Giammattei cumplió su sueño de convertirse en Presidente de Guatemala. Sin embargo, las condiciones para su triunfo no eran las mejores: con sólo 17 de los 160 diputados del Congreso de la República, tendría grandes problemas para gobernar. Pero Giammattei demostró ser un hábil negociador del sistema vigente el mismo día de su investidura. Apoyado por Allan Rodríguez, un diputado astuto y sin escrúpulos del partido Vamos, logró forjar una alianza progubernamental formada por las bancadas de Vamos, UCN, Valor, FCN-Nación, Todos, VIVA, Humanista, Prosperidad Ciudadana, Unionista y Podemos, que le dio 69 votos, más 13 votos de las bancadas divididas de los partidos BIEN (4), Victoria (2), PAN (1) y UNE (6), lo que le dio el control del Congreso. De hecho, es Allan Rodríguez, mano derecha de Giammattei, el nuevo Presidente de la Junta Directiva del Congreso, quien hará el trabajo a partir de ahora.
Cabe destacar que la alianza política de Giammattei incluía las bancadas de los partidos cuestionados por corrupción, entre ellos la fracción de diputados de la UNE vinculada a Sandra Torres, el FCN-Nación liderado por el expresidente Jimmy Morales, el partido Unionista del clan Arzú liderado por Álvaro Arzú Escobar y Ricardo Quiñónez Lemus, el partido Todos liderado por Felipe Alejos, y el partido Unión del Cambio Nacional (UCN) de Mario Estrada.
Así, con el apoyo de la llamada “alianza oficialista” en el Congreso, se reanudó la cooptación y captura de las instituciones guatemaltecas.
a) Contraataque de los grupos antiCICIG e intentos de cooptación y captura de las instituciones del Estado
Mucho se ha hablado de la cooptación de las instituciones guatemaltecas desde que, el 2 de junio de 2016, el MP y la CICIG presentaron el caso de la cooptación del Estado e iniciaron el proceso de desmantelamiento de las estructuras criminales que lo han capturado. Se sabe, por ejemplo, que todos (o casi todos) los implicados en esos casos de corrupción fueron denunciados, procesados y encarcelados, y que algunos de ellos siguen en prisión mientras otros se han beneficiado de cuestionables fallos judiciales. Sin embargo, tras la salida forzada de la CICIG en 2019, poco se ha dicho sobre el contraataque de los grupos antiCICIG que desde 2017 ha derivado en el intento de cooptación y captura de las instituciones guatemaltecas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre cooptación y captura del Estado?
Esta es la pregunta que, en nuestra opinión, debe responderse antes de iniciar el debate, ya que hemos observado que el significado de cada término no está claro y a veces se habla de cooptación o captura indistintamente. Como no se trata de entrar en una discusión teórica sobre el tema, y porque es más fácil citar el texto de la CICIG para aclararlo, veamos qué dice la comisión internacional sobre la cooptación del Estado:
“Cuando el 16 de abril de 2015 se presentó el caso la Línea, se pensaba que se hacía frente a una estructura de corrupción que había tomado control de las aduanas para generarse beneficios económicos. Conforme avanzaron las diligencias judiciales —especialmente los allanamientos y las escuchas telefónicas— se detectó que en realidad se trataba de una organización criminal que llegaba hasta los entonces Presidente y Vicepresidenta del país.
Al hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes que el Partido Patriota asumiera el poder.
Algunos de estos nombres y empresas aparecieron en casos presentados por el MP y la CICIG como La Línea, la Terminal de Contenedores y el Caso del Lago de Amatitlán, y se tenía suficiente evidencia de participación en otras investigaciones en curso.
Derivado del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que lleva a la Presidencia de la República a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías.
Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del año 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015).
Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero —con apariencia de legalidad en muchos casos pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones.
Esta estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse con el poder a través de un partido político denominado Partido Patriota” (CICIG, 2 de junio de 2016). (Énfasis añadido).
Vemos que si la CICIG utilizó el concepto de cooptación del Estado para definir el proceso mediante el cual una estructura criminal tomó el poder a través de un partido político para enriquecerse ilícitamente, es porque la definición genérica de cooptación se refiere a llenar las vacantes que se producen dentro de una asociación mediante el voto de sus miembros. De hecho, la Real Academia Española (RAE) define la cooptación como la “Acción y efecto de cooptar” y el verbo cooptar como “Llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella”.
La cooptación del Estado define, por tanto, el trabajo realizado por la estructura criminal para obtener recursos durante la campaña electoral con el fin de ganar en las urnas las elecciones presidenciales y ocupar los más altos puestos de mando de la Presidencia de la República y, a partir de ahí, ocupar los espacios disponibles nombrando a personas vinculadas o pertenecientes a la estructura criminal en puestos claves de decisión pública para continuar con el saqueo de las instituciones y el enriquecimiento ilícito de sus miembros.
La captura del Estado es, pues, una consecuencia de la cooptación del Estado. Si la cooptación del Estado es un acto de ocupación, es decir, una invasión, un asalto o una conquista, la captura del Estado es hacerlo prisionero o apoderarse de él. De hecho, la RAE define captura como “Acción y efecto de capturar” y capturar como “Apresar o hacer prisionero a alguien” o “Aprehender, apoderarse de alguien o algo”.
Tenemos, pues, dos conceptos diferentes pero complementarios para explicar el fenómeno que afecta al Estado y por ende a la sociedad guatemalteca: al ser el Estado prisionero de una estructura criminal que lo conquistó a través de un partido político por la vía electoral utilizando el voto de los ciudadanos en beneficio de sus miembros, como sucede en algunas municipalidades y en algunos partidos políticos, el Estado está al servicio de esta estructura criminal y no de la sociedad en su conjunto. Esto, como se verá, ha afectado al sistema de justicia y ha distorsionado la democracia, ya que tanto el sistema de justicia como el sistema democrático han sido cooptados por estructuras criminales.
Pero veamos en qué ha consistido la cooptación y captura del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral.
Ministerio Público
Luego de ejecutar las primeras acciones contra la CICIG dirigidas a debilitar su trabajo, y de cambiar al Ministro de Gobernación, al Director de la Policía Nacional Civil y al Ministro de Relaciones Exteriores para retomar el control de instituciones clave, el presidente Jimmy Morales eligió a María Consuelo Porras Argueta para sustituir a Thelma Aldana como Fiscal General y jefa del Ministerio Público, quien terminaba su mandato el 16 de mayo de 2018. Así, el gobierno y sus aliados políticos, empresariales y militares se propusieron controlar el Ministerio Público en general y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en particular, que trabajaba directamente con la CICIG en casos de alto impacto.
Ciertamente, Consuelo Porras asumió el cargo de Fiscal General el 17 de mayo de 2018 en medio de las tensiones generadas por los casos de corrupción que involucran al propio presidente Jimmy Morales y sus familiares, y aunque al inicio de su gestión hizo todo lo posible por parecer imparcial, pronto quedó claro que los objetivos de Consuelo Porras no eran los mismos que los de Thelma Aldana, y que los enemigos de la CICIG intentaban retomar el control del Ministerio Público.
De hecho, el desmantelamiento del Ministerio Público, que había logrado consolidarse durante la administración de Thelma Aldana tras varios años de trabajo conjunto con la CICIG, comenzó poco después de su nombramiento como Fiscal General: el 30 de agosto de 2019, Andrei González, exfiscal de la FECI que trabajó el caso Financiamiento Electoral Ilícito del Partido UNE y que había presentado acusaciones formales contra varios diputados, renunció y se exilió debido a las presiones y amenazas en su contra. Óscar Schaad, exjefe de la Fiscalía Contra Delitos Electorales, solicitó licencia temporal sin hacer públicas sus motivaciones y el 25 de octubre de 2019 partió al exilio. Omar Mejía, exfiscal de la FECI a cargo de las investigaciones de los casos Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo y Financiamiento Electoral Ilícito del Partido Unionista, denunció ante la prensa ataques mediáticos y el seguimiento de vehículos no identificados desde el día de la presentación pública de los casos y el 15 de enero de 2020 partió al exilio.
La salida de los primeros fiscales del Ministerio Público es representativa del proceso de cooptación que se estaba dando, y de la indiferencia de la Fiscal General ante lo que estaba sucediendo, pues tras el exilio de Thelma Aldana en 2019, el exilio de Andrei González, Óscar Schaad y Omar Mejía presagiaría el inicio de presiones, persecuciones y amenazas de grupos criminales contra fiscales y jueces comprometidos con la lucha contra la corrupción y la impunidad que llevarían al exilio a muchos de ellos. A tal punto que hoy más de 30 operadores de justicia anticorrupción han partido al exilio y en muchos casos han sido reemplazados por profesionales afines a los grupos de poder que han emprendido la reconquista de las principales instituciones del Estado.
Pero hay que decir que Rafael Curruchiche, el jefe de la FECI designado en el cargo por Consuelo Porras el 2 de agosto de 2021, tras la destitución de Juan Francisco Sandoval y la remoción de Carla Valenzuela del mismo cargo, ha jugado un papel decisivo en el proceso de cooptación y captura del Ministerio Público. De hecho, Rafael Curruchiche fue designado en el cargo con dos objetivos importantes: Proteger a Alejandro Giammattei (INFOBAE, 13 de mayo de 2023) y recuperar el control de la FECI (Plaza Pública, 25 de marzo de 2022).
Esto queda claro en la causa Alfombra Mágica iniciada por el exjefe de la FECI por el supuesto pago de sobornos a Alejandro Giammattei por parte de empresarios rusos. De hecho, el 18 de agosto de 2021, apenas dos semanas después de asumir el cargo, Rafael Curruchiche firmó un memorando dirigido a sus subalternos en las 11 agencias de la FECI en la capital y Quetzaltenango, con una simple instrucción: “Remitan a la brevedad posible informe sobre expedientes de investigación relacionados con reunión del presidente de la República con ciudadanos rusos” (INFOBAE, 13 de mayo de 2023). Insatisfecho con las respuestas de los fiscales a cargo de las delegaciones de la FECI, quienes dijeron no tener conocimiento de tales reuniones, el nuevo titular de la fiscalía contra la impunidad giró órdenes de aprehensión contra cuatro de ellos.
Desde entonces, y casi paralelamente a la criminalización de Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval (Prensa Libre, 3 de mayo de 2023), quienes se exiliaron en Estados Unidos en 2019 y el 25 de julio de 2021, respectivamente, grupos criminales han presionado, amenazado y hostigado a operadores de justicia como Erika Aifán (Voz de América, 21 de marzo de 2022) y Miguel Ángel Gálvez (WOLA, 15 de noviembre de 2022), exjueces de Mayor Riesgo, mientras que la FECI liderada por Rafael Curruchiche (RICIG, 19 de enero de 2022) o la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) presidida por Ricardo Méndez Ruiz (Plaza Pública, 25 de septiembre de 2022) los han criminalizado iniciando causas en su contra. De hecho, ante la imposibilidad de defenderse en una justicia cooptada, Aifán se exilió el 21 de marzo de 2022 y Gálvez hizo lo propio el 15 de noviembre de 2022.
Pero hay que decir que tanto Ricardo Méndez Ruiz como Rafael Curruchiche fueron sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. De hecho, Ricardo Méndez Ruiz está acusado de dilatar y obstruir procesos penales contra exmilitares que cometieron actos de violencia, acoso o intimidación, y Rafael Curruchiche está acusado de obstruir casos de alto impacto y de haber desmantelado la FECI. Como resultado, tanto el presidente de la Fundación contra el Terrorismo como el jefe de la FECI fueron incluidos en la lista de actores corruptos o antidemocráticos presentada al Congreso de Estados Unidos bajo la Sección 353 de la Ley de Mejora del Compromiso entre Estados Unidos y el Triángulo Norte a finales de 2020 (Murga Armas, enero-marzo de 2022), el 1 de julio de 2021 y el 20 de julio de 2022, respectivamente.
La captura del Ministerio Público se consolidó aún más tras la reelección de Consuelo Porras para un segundo mandato el 16 de mayo de 2022. En efecto, pese al rechazo social y a las sanciones de Estados Unidos en su contra, que el 20 de septiembre de 2021 la incluyó en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, la fiscal general presentó su expediente ante la Comisión de Postulación encargada de llevar adelante el proceso de elección, presidida por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Silvia Patricia Valdés Quezada, el 21 de febrero de 2022. De hecho, Porras obtuvo el puntaje más alto de los 25 aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General y jefe del Ministerio Público para el período 2022-2026, en un proceso de evaluación en el que sólo ella y el magistrado Néstor Guilebaldo obtuvieron un puntaje mayor a 75 puntos.
Pero después de diez rondas de votación, la fiscal general no fue incluida en la lista de los seis candidatos que la Comisión debía enviar al presidente para la elección final, debido a dos acusaciones en su contra: había sido sancionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y se le acusaba de un supuesto plagio de su tesis doctoral. Fue entonces cuando los abogados Erik Castillo y Maynor Caté interpusieron un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, y fue entonces cuando la CC, con base en el acta de la sesión del 22 y 23 de febrero en la que se aprobó que el puntaje mínimo de los candidatos debía ser de 75 puntos, otorgó una medida cautelar ordenando la inclusión del candidato con mayor puntaje en la lista de seis candidatos que se enviaría al presidente. Así, Consuelo Porras fue incluida en la lista de seis candidatos que la Comisión de Postulación debía entregar al presidente, y Alejandro Giammattei reeligió a Consuelo Porras basándose en su calidad profesional y los buenos resultados obtenidos durante el período 2018-2022, según manifestó.
También hay que decir que no todos los operadores de justicia involucrados en la lucha contra la corrupción y la impunidad pudieron exiliarse. Virginia Laparra Rivas, exjefa de la FECI en Quetzaltenango, fue detenida en la ciudad de Quetzaltenango el 23 de febrero de 2022 y juzgada por un tribunal de la ciudad de Guatemala por iniciar un proceso administrativo contra el exjuez de Mayor Riesgo Lesther Castellanos Rodas, acusado de corrupción. Privada de arresto domiciliario y tras aceptar cargos para reducir su pena y obtener su libertad, fue condenada a cuatro años de prisión por el delito de abuso continuado de autoridad el 16 de diciembre de 2022. Pero una segunda denuncia de Lesther Castellanos la mantiene en prisión: ahora el Ministerio Público, a través de la FECI, la acusa de haber divulgado información confidencial sobre un caso que investigaba en 2017 y que se tramitaba en el Juzgado de Mayor Riesgo E de Quetzaltenango a cargo de Lesther Castellanos. En realidad, Virginia Laparra, al igual que otros operadores de justicia anticorrupción, está pagando un alto precio por el trabajo que realizó en la FECI de Quetzaltenango entre 2016 y 2022. Por ello, el 28 de noviembre de 2022, Amnistía Internacional la nombró presa de conciencia y exige su liberación incondicional. Pero el caso de Virginia Laparra, como ha quedado claro, es una conspiración urdida por Lesther Castellanos, Rafael Curruchiche y Consuelo Porras.
Así que no se sabe hasta dónde llegarán los enemigos de la CICIG en su sed de venganza. Su última acción contra operadores de justicia anticorrupción tiene que ver con la detención, el 28 de agosto de 2023, de la abogada Claudia González Orellana, exmandataria de la CICIG y exdefensora de Juan Francisco Sandoval y Virginia Laparra. Claudia González, quien no era funcionaria pública, es acusada de abuso de autoridad con base en una denuncia interpuesta por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Aída Stalling Dávila, quien en 2017 fue acusada de tráfico de influencias por el MP y la CICIG por haber presionado al juez Carlos Ruano para que liberara a su hijo Otto Fernando Molina Stalling implicado en el caso de corrupción IGSS/PISA destapado por el MP y la CICIG el 20 de mayo de 2015. Capturada el 8 de febrero de 2017, la magistrada estuvo en prisión preventiva hasta agosto de 2018, cuando un juzgado le concedió arresto domiciliario. Cuatro años después, en el contexto posterior a la CICIG, su caso fue sobreseído por el juez Víctor Cruz (que también fue señalado de haber beneficiado a los implicados en el caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, una expresión de la captura del Estado) el 29 de junio de 2022 y, el 14 de septiembre de 2022, el pleno de magistrados de la CSJ acordó su reincorporación debido a que la FECI de Rafael Curruchiche “no impugnó la resolución que cerró el caso en el que era señalada” (Prensa Libre, 14 de septiembre de 2022). Así, pocos meses después de que la Corte Suprema de Justicia restituyera en su cargo a la magistrada Blanca Stalling, la Fiscalía de Asuntos Internos y la Policía Nacional Civil procedieron a detener a la exmandataria de la CICIG por abuso de autoridad. Sabiendo que la abogada Claudia González no puede ser acusada de abuso de autoridad porque no era funcionaria pública cuando fungió como exmandataria de la CICIG, se ordenó su detención para privarla de su libertad.
Así es la legalidad de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche. Su trabajo, de hecho, ha socavado el Estado de Derecho, ha violado los derechos humanos de muchas personas y, hasta la fecha, ha destruido una parte importante del legado de justicia de la CICIG. Algo similar ha ocurrido en la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Silvia Valdés.
Corte Suprema de Justicia
La captura de la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con el proceso de selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (OJ). Para entender lo que está sucediendo actualmente en las instituciones de justicia, es necesario conocer cómo se desarrolla el proceso de selección y los antecedentes de la manipulación de este proceso descubierta por la CICIG en 2014.
De acuerdo con la Ley de Comisiones de Postulación, aprobada el 2 de junio de 2009, los candidatos son postulados por una Comisión de Postulación integrada por los decanos de las facultades de derecho de las universidades del país, los magistrados de la CSJ y de la Corte de Apelaciones y representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Posteriormente, la Comisión preselecciona a 26 candidatos para la CSJ y 270 candidatos para las Salas de Apelaciones y elabora una lista que es enviada al Congreso de la República, el cual se encarga de elegir la lista de finalistas que ocuparán los cargos judiciales: 13 magistrados para la CSJ y 135 magistrados para las Salas de Apelaciones por un período de cinco años.
La participación de la academia, según la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, parece servir a un proceso de selección más objetivo, sin embargo, debido al papel clave que juegan las cortes, en el pasado “las comisiones de postulación han sido infiltradas por representantes de universidades de cartón que llegan con agendas políticas específicas o acuerdos con actores corruptos” (WOLA, 8 de enero de 2020). De hecho, una investigación de la CICIG reveló que el empresario y operador político Roberto López Villatoro había creado una estructura paralela durante el proceso de selección de 2014 para influir en los miembros de la Comisión de Postulación y en los miembros del Congreso. Como resultado, Roberto López Villatoro fue capturado el 23 de febrero de 2018, acusado de regalar un lujoso apartamento al magistrado Giovanni Orellana Donis, quien también fue capturado ese día tras el levantamiento de su inmunidad, a cambio de influir en la elección de magistrados de la CSJ en el proceso de comisiones de postulación de 2014.
Más adelante, en 2019, también se descubrió que Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos (USAC), era otro operador político influyente en las comisiones de postulación, gracias a una importante influencia en el proceso con aliados en la USAC y el Colegio de Abogados (WOLA, 8 de enero de 2020). Según la FECI, Estuardo Gálvez estuvo en comunicación con Gustavo Alejos para acordar cómo se llevaría a cabo la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. Implicado en el caso Comisiones Paralelas 2020, se le notificó una orden de captura en un sanatorio privado de la capital el 26 de febrero de 2021. Gálvez fue acusado de formar parte de una red que operaba para acordar la lista de aspirantes a magistrados que, tras ser electos, devolverían favores a cambio (Prensa Libre, 27 de febrero de 2021).
Pero, ¿qué sucede actualmente con la Corte Suprema de Justicia y por qué se dice que ha sido capturada?
La crisis en la elección de cortes para el período 2019-2024 se inició cuando los miembros de la Comisión de Postulación encargada del proceso cometieron graves irregularidades que retrasaron la elección. De hecho, fue en este proceso que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad descubrió el caso Comisiones Paralelas 2020 que destapó una serie de negociaciones ilícitas y secretas que se llevaban a cabo para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones. De esta manera, en lugar de elegir a los mejores candidatos basándose en sus méritos profesionales y éticos, como exige la ley, se privilegiaron las negociaciones secretas y el tráfico de influencias. De hecho, la FECI descubrió que Gustavo Alejos coordinó la elección desde un sanatorio privado donde estuvo recluido por actos de corrupción. Allí se reunía secretamente con diputados, miembros de comisiones de postulación y candidatos a magistrados para obtener su elección a cambio de garantizar la impunidad de funcionarios y procesados por delitos de gran corrupción (Observatorio, 13 de octubre de 2023).
Ante la gravedad de los hechos, la fiscal general Consuelo Porras interpuso un amparo para impedir la elección de profesionales que no cumplieran con los méritos de idoneidad, honradez y honorabilidad establecidos en la Constitución Política de la República. Y, el 6 de mayo de 2020, la Corte de Constitucionalidad emitió una sentencia en la que estableció los criterios y procedimientos que debía seguir el Congreso para cumplir con la elección: el Congreso debía excluir de la elección a los candidatos que habían sido señalados por el Ministerio Público y los diputados debían votar de viva voz para elegir a los candidatos que cumplieran con los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad establecidos en la Constitución.
Así, el Congreso debía iniciar con la elección el 23 de junio de 2020, pero la Junta Directiva y los diputados de la alianza oficialista se han negado a cumplir la sentencia de la CC argumentando que no pueden excluir de la lista de aspirantes a las personas señaladas por la FECI porque eso violaría el principio de inocencia, y que los diputados no pueden realizar la votación de viva voz porque eso tomaría mucho tiempo. Ahora bien, la fiscal general no ha solicitado la debida ejecución de la sentencia de la CC para que los diputados cumplan con la elección, ni ha emprendido acciones legales contra los diputados por los posibles delitos de desobediencia, incumplimiento de deberes y violaciones a la Constitución (Observatorio, 13 de octubre de 2023).
En consecuencia, los magistrados elegidos en 2014, que deberían haber sido relevados en 2019, continúan indebidamente en sus funciones y han convertido las cortes en “cortes de facto”, al haber prolongado injustamente su mandato. De hecho, los magistrados cumplieron cuatro años de prolongación ilegítima de funciones el 23 de octubre de 2023.
Esto ha tenido un impacto negativo sobre la justicia y la democracia en el país. En efecto, la actual CSJ ha emitido resoluciones seriamente cuestionadas que favorecen a sectores económicos y funcionarios acusados de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, la CSJ tramitó solicitudes de antejuicio contra cuatro de los jueces más prominentes del país, los jueces Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul y Carlos Ruano. Pero, por otro lado, la CSJ ha rechazado todas las solicitudes de antejuicio contra la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana (Observatorio, 13 de octubre de 2023).
Cabe señalar que la imparcialidad de la CSJ en el proceso electoral 2023, así como la del MP y en algunos casos del Tribunal Supremo Electoral, ha sido fuertemente cuestionada: la exclusión del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que no pudo participar en las elecciones presidenciales debido a cuestionables decisiones judiciales, y el tortuoso camino que ha tenido que seguir el partido Movimiento Semilla para hacer valer su victoria en las elecciones presidenciales, han llevado a muchos a pensar que la CSJ está fallando a favor de los intereses del gobierno de Alejandro Giammattei, que se resiste a aceptar la derrota.
Por ello, al Observatorio de Independencia Judicial le preocupa el rol de la CSJ en la crisis electoral. “La CSJ debe resolver varios amparos presentados por el Tribunal Supremo Electoral, el Movimiento Semilla y otros partidos políticos, así como acciones de amparo presentadas por ciudadanos y representantes de la sociedad civil que piden que se respeten los resultados del proceso electoral y se ponga freno a los abusos de poder y los excesos del Ministerio Público y el juez Fredy Orellana. Sin embargo, existen serias dudas sobre la imparcialidad de la CSJ para resolver dichas acciones de amparo” (Observatorio, 13 de octubre de 2023).
Todo esto, hay que decirlo, se da en un contexto en el que cinco magistrados de la CSJ han sido sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos por obstruir sistemáticamente la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. En efecto, Blanca Aída Stalling Dávila, Manuel Duarte Barrera, Nester Vásquez Pimentel, Vitalina Orellana y Nery Oswaldo Medina, líderes de la captura de la CSJ, también forman parte de la Lista Engel.
Corte de Constitucionalidad
¿Por qué se dice que la Corte de Constitucionalidad ha sido cooptada? La Corte de Constitucionalidad del período 2016-2021, particularmente los magistrados Gloria Patricia Porras Escobar, Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Neftaly Aldana Herrera y José Francisco de Mata Vela, hicieron una labor de defensa del orden constitucional que, al menos en esos años, cambió la historia del país en muchos aspectos. A diferencia de los habituales fallos a favor de poderosos grupos económicos y políticos, nacionales o extranjeros, y en general de grupos conservadores que históricamente han visto al Estado como su botín, ellos defendieron la Constitución Política de la República de manera independiente, velando siempre por el bien común.
En efecto, como nunca antes, los magistrados Gloria Porras, Bonerge Mejía, Neftaly Aldana y José Francisco de Mata Vela asumieron una posición progresista sobre los derechos de los pueblos indígenas, específicamente sobre la obligatoriedad de la consulta previa para la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos, lo que molestó a las élites económicas acostumbradas a apropiárselos o entregarlos al capital transnacional por insignificantes regalías; protegieron los derechos de los trabajadores impidiendo la aprobación de salarios mínimos diferenciados y el trabajo a tiempo parcial; impidieron que el Congreso aprobara una amnistía general a favor de los responsables de atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno, por ser incompatible con las normas internacionales de derechos humanos que prohíben cualquier tipo de exoneración de responsabilidad por delitos graves; e impidieron la inscripción de Zury Ríos Sosa, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, como candidata a la presidencia de la República, por estar prohibida por el artículo 186, literal c, de la Constitución (Impunity watch, mayo de 2021).
Si a esto le sumamos que la CC de ese período jugó un papel clave en el sostenimiento de la lucha contra la corrupción y la impunidad, evitando por ejemplo la expulsión en 2017 del comisionado de la CICIG Iván Velásquez o en 2018 la del embajador sueco Anders Kompass, por su decidido apoyo a la CICIG, se hace más fácil entender por qué el poder económico y político buscó criminalizar a los magistrados de la CC y emprendió una fuerte campaña para desobedecer sus resoluciones, mientras los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS), su brazo represivo encubierto en tiempos de paz, los hostigaba y amenazaba para que cesaran su labor, cambiaran de enfoque o se fueran del país.
Particularmente ilustrativo en este sentido es el caso de la magistrada Gloria Porras: acosada durante años y con más de 20 solicitudes de antejuicio admitidas a trámite por la CSJ, la estrategia de desgaste en su contra llevada a cabo por personas de órganos estatales o vinculadas al crimen organizado, tuvo el resultado que esperaban el martes el 13 de abril: tras la maniobra legal que le impidió asumir un tercer mandato, decidió salir secretamente del país ese mismo día a la medianoche, antes de perder la inmunidad y quedar expuesta a una posible orden de captura. Desde entonces, la magistrada Gloria Porras, a quien el presidente del Congreso decidió no juramentar aduciendo un problema legal, se encuentra en Estados Unidos a la espera de un mejor momento para regresar a Guatemala.
Pero veamos cómo se desarrolló la cooptación de la Corte de Constitucionalidad durante el proceso de elección de magistrados en 2021.
- Proceso de elección de magistrados
En primer lugar, digamos que la CC está integrada por diez magistrados, cinco titulares y cinco suplentes, que deben ser designados para un período de cinco años por cinco órganos electorales: el Congreso de la República, el Presidente en Consejo de Ministros, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea del Colegio de Abogados y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos.
Digamos también que el proceso electoral se desarrolló entre enero y marzo de 2021 y que, de acuerdo con la Constitución Política, los cinco órganos electorales llevaron a cabo la elección dentro del plazo legal. Sin embargo, la elección estuvo llena de controversias y tuvo muchas críticas por parte de la sociedad civil y la comunidad internacional, debido a una serie de anomalías ocurridas durante el proceso electoral, que generaron dudas sobre la independencia y ética de la mayoría de las personas electas (Impunity watch, mayo de 2021).
En el Congreso de la República, por ejemplo, la elección se llevó a cabo de manera apresurada y sin evaluar los antecedentes de los aspirantes ni realizar entrevistas. Así, los diputados de la alianza oficialista eligieron a Dina Josefina Ochoa Escribá como magistrada titular y a Luis Rosales Marroquín como magistrado suplente. Pero los antecedentes de ambos generaban dudas: Dina Ochoa era magistrada de la CC designada en 2016 por el expresidente Jimmy Morales y ha sido fuertemente cuestionada por su afinidad con el exmandatario y el gobierno de Alejandro Giammattei. Además, sus resoluciones durante el período 2016-2021 casi siempre fueron contrarias a las de Gloria Porras, Bonerge Mejía, Neftaly Aldana y José Francisco de Mata Vela. De hecho, nunca apoyó el trabajo de la CICIG y siempre se opuso a las resoluciones a favor de los derechos de los pueblos indígenas o en contra de los proyectos mineros e hidroeléctricos. Por su parte, Luis Rosales fue diputado y miembro de la Junta Directiva del Congreso, fue abogado del exdictador Ríos Montt y es miembro del partido Valor de Zury Ríos, lo que constituye un serio impedimento para ser designado magistrado de la CC. Además, según la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la CC tiene la función de control constitucional sobre las leyes aprobadas por el Congreso y Luis Rosales, como exdiputado, tiene un serio conflicto de intereses para calificar el trabajo de sus excompañeros diputados (Impunity watch, mayo de 2021).
La elección del Presidente en Consejo de Ministros también fue muy controvertida. De hecho, fue el proceso más opaco y discrecional de elección de magistrados de la CC para el período 2021-2026: no hubo convocatoria pública ni participación ciudadana, pese a los reclamos de la sociedad civil y otros sectores sociales, y el presidente simplemente convocó a los ministros a una sesión el 10 de marzo, y en menos de una hora eligió a dos magistrados, sin evaluar a los aspirantes ni discutir sus perfiles (Impunity watch, mayo de 2021). Así, Alejandro Giammattei designó automáticamente a Leyla Susana Lemus Arriaga, entonces secretaria general de la Presidencia, propuesta por el ministro de Energía y Minas, como magistrada titular, y a Juan José Samayoa Villatoro, entonces en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, propuesto por el canciller Pedro Brolo, como magistrado suplente.
La Corte Suprema de Justicia también fue criticada por una anomalía en el proceso llevado a cabo: aunque cumplió con todos los requisitos legales de la convocatoria e incluyó condiciones adicionales a las establecidas por la ley para optar al cargo, una anomalía que generó dudas y críticas fue haber modificado los requisitos de la convocatoria unos días después: suprimió la constancia de no estar afiliado a ningún partido político, generando así muchas suspicacias sobre la intención de favorecer al candidato Roberto Molina Barreto quien fue candidato a la vicepresidencia por el partido Valor en las elecciones de 2019 y ocupó el cargo de magistrado de la CC para terminar el período de Neftaly Aldana quien cesó en el cargo por problemas de salud (Impunity watch, mayo de 2021).
En una votación pública que cumplió con todos los requisitos de ley, pero que se vio opacada por una anomalía en las condiciones para optar al cargo, finalmente se eligió a Roberto Molina Barreto como magistrado titular por mayoría de votos, y al juez de carrera Walter Paulino Jiménez Texaj, como magistrado suplente. Pero tengamos en cuenta que Molina Barreto fue magistrado de la CC en los períodos 2006-2011 y 2011-2016 y que, en 2013, votó a favor de la resolución que anuló la sentencia por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt. Por el contrario, Jiménez Texaj tiene dentro de su hoja de vida haber emitido una importante sentencia relacionada con el caso Choatalum mientras fue miembro del Tribunal de Chimaltenango, que condenó por primera vez el delito de desaparición forzada (Impunity watch, mayo de 2021).
Las elecciones en el Colegio de Abogados no fueron una excepción. Fue, de hecho, la elección de magistrados más polémica del proceso electoral 2021-2026 (Impunity watch, mayo de 2021). El 27 de enero, el CANG publicó en el diario oficial la convocatoria a todos sus agremiados para la elección de magistrado titular y suplente a celebrarse el 26 de febrero, indicando que en caso de ser necesaria una segunda vuelta, ésta se llevaría a cabo el 5 de marzo. Además, se indicaron los requisitos necesarios para acreditar la honorabilidad de los candidatos. Cabe señalar que el CANG no organizó ninguna actividad con sus miembros para presentar a los candidatos. En su lugar, los propios candidatos se promocionaron a través de las redes sociales, foros y reuniones.
Tal como estaba previsto, la elección se realizó el 26 de febrero. Sin embargo, el evento quedó opacado porque en la madrugada de ese día la FECI informó de las órdenes de captura en contra de dos de los candidatos más fuertes del CANG, Luis Fernando Ruiz y Estuardo Gálvez, a quienes se les sindicó de tráfico de influencias en el caso Comisiones Paralelas 2020. Además, la FECI anunció las órdenes de captura contra el rector de la USAC, Murphy Paiz, y Jaqueline Del’Aqua, esposa de Saúl Zenteno, otro de los candidatos más fuertes en las elecciones del CANG (Impunity watch, mayo de 2021).
Sin embargo, el Tribunal Electoral del CANG continuó con el proceso. El resultado, que sorprendió a muchos de los miembros del Colegio y al mundo político nacional que estaba a la expectativa de los resultados, fue que Néster Vásquez obtuvo el primer lugar de la elección de magistrado titular y Estuardo Gálvez el segundo. De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, ambos pasaron a segunda vuelta, pero Estuardo Gálvez se entregó a las autoridades el 1 de marzo y el 3 de marzo anunció su renuncia. Esto no sería problema para el CANG, “en vez de realizar una nueva elección, decidió que la segunda vuelta se realizaría entre Néster Vásquez y Francisco Rivas, quien quedó en tercera posición” (Impunity watch, mayo de 2021).
La segunda vuelta electoral para la magistratura suplente enfrentó a Patricia Gámez y Claudia Paniagua, pero “ocurrieron tantas anomalías en el conteo de los votos, incluyendo la(s) anulaciones masivas de votos para favorecer a la candidata Claudia Paniagua” (Impunity watch, mayo de 2021), que muchos abogados presentaron recursos y amparos que, varios meses después, el Tribunal Electoral no había resuelto. Tanto es así que pasaron varios meses sin que se anunciara oficialmente a los candidatos ganadores de esta polémica elección.
El Consejo Superior Universitario publicó su convocatoria el 29 de enero y recibió los expedientes de los candidatos del 1 al 6 de febrero. La convocatoria cumplió con todos los requisitos legales estableciendo que “los candidatos debían demostrar honradez y valores éticos, estar comprometidos con la vigencia del Estado de Derecho y los derechos humanos, tener méritos de proyección humana y especialmente no estar vinculados a intereses particulares relacionados con corrupción, narcotráfico, crimen organizado, fraude, evasión fiscal y otras malas prácticas que perjudiquen a la población guatemalteca” (Impunity watch, mayo de 2021). Se trataba, por tanto, de un llamamiento que iba más allá de lo normalmente requerido. Su enfoque, de hecho, se distanció de los grupos económicos, políticos y criminales que han capturado al Estado.
Como ninguno de los órganos electorales implicados en el proceso electoral, el CSU declaró que “la elección se realizaría de manera transparente, exhortó la participación ciudadana, invitó a los medios de comunicación a dar seguimiento a la elección y afirmó que le daría publicidad al proceso a fin de recibir objeciones debidamente fundamentadas” (Impunity watch, mayo de 2021). Así, después de una rigurosa revisión de los documentos de los 19 candidatos registrados, y vencido el plazo establecido para que la sociedad civil presentara objeciones contra los candidatos, con la posibilidad de que éstos presentaran pruebas en su defensa, realizó entrevistas con los candidatos y dos foros públicos en los que los candidatos pudieron presentar sus planes de trabajo. Se trató, por tanto, de un procedimiento verdaderamente democrático que cumplió con las expectativas de los estándares internacionales de transparencia y publicidad.
En este marco de participación democrática, el CSU realizó la elección el 4 de marzo de manera pública y los miembros del Consejo argumentaron su voto de viva voz. Tras varias rondas de votación, eligieron a Gloria Porras como magistrada titular y a Rony Eulalio López Contreras, cuya hoja de vida indicaba que había sido secretario del MP de 2018 a 2021, secretario de la CSJ y juez de la niñez por varios años, magistrado suplente.
Así, el Congreso aprobó el Decreto 3-2021 para la integración de la CC el 25 de marzo, con los nombres de ocho personas: Roberto Molina Barreto y Walter Jiménez por la CSJ, Leyla Lemus y Juan José Samayoa por el Ejecutivo, Dina Ochoa y Luis Rosales por el Congreso, Gloria Porras y Rony López por el CSU. Como vemos, los nombres de los magistrados designados por el CANG quedaron pendientes, debido a que no se habían resuelto las impugnaciones.
Pero el 13 de abril, en la ceremonia de juramentación, “el presidente del Congreso informó que Gloria Porras no sería juramentada porque la Sala Primera de Apelaciones había otorgado un amparo que suspendía su designación por parte del CSU” (Impunity watch, mayo de 2021). ¿Cómo explicar la exclusión de última hora de la magistrada Gloria Porras, a pesar de haber sido elegida en el proceso electoral más transparente y democrático de la elección de magistrados de la CC para el período 2021-2026? ¿Hubo una maniobra legal para impedir su juramentación?
El 9 de abril, la Sala Sexta de Apelaciones suspendió definitivamente un amparo concedido a favor del candidato a magistrado Erwin Rolando Rueda Masaya, quien lo interpuso porque el Consejo Superior Universitario le negó un recurso de reposición, por ser extemporáneo. “En su impugnación, el candidato argumentó que la votación debió ser secreta como lo establece el artículo 155 de la Ley de Amparo; y que la magistrada Gloria Porras no cuenta con experiencia docente como lo requiere el artículo 152 de la Ley de Amparo” (Impunity watch, mayo 2021). Pero hubo otro amparo provisional otorgado por la Sala Primera de Apelaciones al candidato Roberto Estuardo Morales Gómez el 12 de abril por la misma razón (La Hora, 22 de abril de 2021). Sin embargo, el CSU no tuvo conocimiento de ambos recursos hasta el 13 de abril, por lo que no pudo actuar antes de la juramentación en el Congreso para superar el obstáculo legal que impediría la toma de posesión de la magistrada designada Gloria Porras (Prensa Libre, 13 de abril de 2021).
Al respecto, es importante aclarar que si la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que el voto debe ser secreto, es porque los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que la aprobaron en enero de 1986, en medio de la represión y la violencia política propias del conflicto armado interno, consideraron que era conveniente crear esa salvaguarda para que el gobierno no presionara a los miembros del CSU por su voto. Pero hoy, 36 años después, esa salvaguarda dejó de tener sentido porque el contexto político ha cambiado y porque, además, en “los últimos años se ha desarrollado abundante jurisprudencia nacional e internacional sobre la publicidad y transparencia de los procesos de elección de jueces y magistrados” (Impunity watch, mayo 2021).
Por otro lado, los dos amparos concedidos por las salas de apelaciones a los dos candidatos por los mismos motivos sólo impugnaron la elección de la magistrada Gloria Porras y no la de Rony López, quien también fue elegido por el CSU de manera pública, en la misma sesión y por el mismo procedimiento. De hecho, el ahora magistrado suplente Rony López, persona de confianza de la fiscal general Consuelo Porras, fue juramentado por el Congreso ese mismo día.
Además, es importante decir que la magistrada Gloria Porras fue sistemáticamente atacada por el grupo de extrema derecha Guatemala Inmortal, que no estuvo de acuerdo con sus resoluciones independientes y presentó varias denuncias y solicitudes de antejuicio en su contra (Impunity watch, mayo 2021). Asimismo, este grupo presentó una denuncia contra los miembros del Consejo Superior Universitario que votaron a favor de la magistrada Gloria Porras y, como medida de presión, el Ministerio Público inició un proceso de investigación contra los miembros del CSU, probablemente para que revirtiera su decisión a favor de Gloria Porras.
Aunque el 13 de abril hubo reacciones de la sociedad civil en contra de esta artimaña legal, y aunque importantes funcionarios del gobierno de Estados Unidos y miembros del cuerpo diplomático se pronunciaron en contra de lo que estaba ocurriendo, la decisión de los opositores a la juramentación de la magistrada Gloria Porras ya estaba tomada. El descontento llegó a tal extremo que hasta el Relator de Independencia Judicial de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciaron en contra de esta arbitrariedad, pero a los grupos económicos y políticos que estuvieron detrás de la maniobra que Allan Rodríguez se encargó de coronar, poco les importa su opinión. Atrás quedaron los tiempos en que Estados Unidos imponía su voluntad. Lo que esos poderosos grupos económicos y políticos pretenden, por lo que se ve, es consolidar la captura del Estado para afianzar su poder, y en ese objetivo difícilmente van a ceder. Menos aún cuando desde 2017, año en que se acordó el “pacto de corruptos”, cuentan con el compromiso del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
Veamos finalmente cómo se desarrolló la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Tribunal Supremo Electoral
El martes 17 de marzo de 2020, a dos días de finalizar el mandato de los magistrados electos para el período 2014-2020, con la crisis sanitaria COVID-19 declarada, a puerta cerrada, sin presencia de la prensa y con un minuto de silencio en memoria de la primera persona fallecida por la pandemia, 150 de los 160 diputados que integran el pleno del Congreso de la República iniciaron la sesión en la que elegirán, de una lista de 20 candidatos seleccionados por la Comisión de Postulación, a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes para el período 2020-2026.
Pero digamos que la primera muerte causada por el COVID-19 y la crisis sanitaria generada por la pandemia no parecieron importar: después del demagógico minuto de silencio, los diputados leyeron durante hora y media dos proyectos de ley de reactivación económica, uno del partido VIVA y otro de la UNE. El objetivo declarado era eximirlos del dictamen, conocerlos en primer debate y luego acordar las modificaciones y enviarlos a la Comisión de Finanzas y Moneda presidida por el diputado Duay Antoni Martínez Salazar, del partido oficial.
También se habló de crear una comisión multipartidaria para conocer las iniciativas, hasta que algunos diputados desesperados empezaron a gritar que ya se había perdido el tiempo y que era mejor empezar a votar para elegir a los magistrados del TSE. Así, y de acuerdo a la negociación previa, los diputados de la alianza oficialista eligieron a los siguientes magistrados titulares: Mynor Custodio Franco Flores, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Blanca Odilia Alfaro Guerra, Irma Elizabeth Palencia Orellana y Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños.
A continuación, se inició la elección de los magistrados suplentes. Sin embargo, ninguno de los candidatos obtuvo los 107 votos necesarios para ser elegido. Esto provocó la molestia de los diputados de Valor y UNE que optaron por abandonar el hemiciclo, pues se sintieron traicionados porque no se habían cumplido los acuerdos alcanzados. Mientras la UNE apostó por Pablo Adolfo Leal Oliva, Valor lo hizo por Marco Antonio Cornejo Marroquín. Tras una airada discusión provocada por el incumplimiento de los acuerdos políticos, se reanudó la sesión y Cornejo Marroquín, del partido Valor, obtuvo 107 votos a favor, el mínimo requerido para ser elegido. Luego siguieron, con el mismo número de votos a favor, Marlon Josué Barahona Catalán, Ervin Gabriel Gómez Méndez, Noé Adalberto Ventura Loyo y Álvaro Ricardo Cordón Paredes.
Así, la junta directiva del Congreso programó la juramentación de los diez magistrados del TSE para la sesión del día siguiente, miércoles 18 de marzo de 2020, pero también aprovechó para “conocer la solicitud del presidente Alejandro Giammattei sobre la ampliación presupuestaria, el programa nacional de emergencia y recuperación económica, a causa de la pandemia ocasionada por el coronavirus” (Prensa Libre, 16 de marzo de 2020).
Pero, ¿quiénes son los nuevos magistrados del TSE?
Poco se sabe, en realidad, de la trayectoria de los magistrados: Mynor Franco fue magistrado de la CSJ; Ranulfo Rojas también fue magistrado de la CSJ; Blanca Alfaro fue alcaldesa de Masagua, Escuintla con el extinto Partido Patriota de Otto Pérez Molina de 2012 a 2016 y, en 2019, vio frustrado su deseo de ser candidata vicepresidencial con el partido Prosperidad Ciudadana porque Edwin Escobar, exalcalde de Villa Nueva, no obtuvo el finiquito que exige la ley para ser inscrito; Irma Palencia fue magistrada de la Corte de Apelaciones; y Gabriel Aguilera fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Jimmy Morales de septiembre de 2018 a enero de 2020.
El primer presidente del TSE, según las reformas aprobadas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en 2016, que asigna la presidencia por edad en orden descendente, fue el exmagistrado Mynor Franco.
Así fue la elección de los actuales magistrados del TSE, cuyo primer gran reto sería llevar a cabo la cancelación de los partidos FCN-Nación, PAN, UCN, VIVA y CREO, todos miembros de la alianza gobernante, por violación a las normas de financiamiento electoral. Sin embargo, el 20 de marzo de 2020, el mismo día de su toma de posesión y mientras dure el estado de calamidad decretado por la pandemia del COVID-19, dijeron, los magistrados ampliaron la Circular No. 03-2020, de fecha 16 de marzo de 2020, para suspender la entrega de informes de campaña y congelar los procesos de cancelación de los partidos políticos que estaban pendientes.
“EL PLENO DE MAGISTRADOS DISPONE: Dejar en suspenso a partir de la presente fecha el cómputo de los términos y plazos legales concedidos a las personas individuales y jurídicas y otras entidades públicas, los cuales se reanudarán a partir del día siguiente de la culminación de la vigencia del estado de calamidad, esta disposición es de efecto inmediato”. (TSE, 20 de marzo de 2020).
Ahora bien, el estado de calamidad terminó el 5 de octubre de 2020 y los cinco partidos que estaban en proceso de cancelación por violación de las normas de financiamiento electoral siguen vigentes. De hecho, los cinco partidos participaron en las elecciones generales de 2023.
Pero hubo otra acción importante de la nueva magistratura. El 20 de mayo de ese mismo año, “el TSE destituyó a ocho mandos medios, entre ellos el auditor Francisco Alonzo; el director Financiero, Armando Arroyo; el director del Instituto Electoral, Eddie Fernández; el Inspector General, Oscar Sagastume; además del Director Administrativo, Samuel Vargas; y la jefa de la Unidad del Voto en el Extranjero, Claudia Rojas. También renunció la jefa de la Unidad de Medios de Comunicación, Rosa Bolaños” (Plaza Pública, 20 de junio de 2020).
Además, hubo otros dos despidos que dejan claro el nuevo enfoque y objetivos del TSE: Leopoldo Guerra, un experimentado funcionario que trabajaba para la institución electoral desde 2007 y que estaba a cargo del Registro de Ciudadanos, y Giovani Rodríguez, jefe de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, fueron destituidos. Se trató, como vemos, de tomar el control de los cargos que tienen que ver con la cancelación y financiamiento de los partidos políticos.
Así, al igual que el MP de Consuelo Porras, Mynor Franco puso en marcha el desmantelamiento técnico e institucional del TSE. Ahora bien, los objetivos de la nueva magistratura del TSE apuntan directamente a relajar el control sobre las finanzas de los partidos políticos y mantener una relación más amigable con ellos (Plaza Pública, 20 de junio de 2020). Hasta qué punto estos cambios profesionales, técnicos e institucionales en el TSE obedecen a la voluntad de favorecer el financiamiento privado de la política, y en particular el financiamiento ilícito de la política que atacaba la CICIG, es la pregunta que surge.
Conclusión
Vemos que si en 2019 la CICIG afirmó que el Estado guatemalteco fue capturado, es porque doce años de trabajo conjunto con el MP le permitieron descubrir que estructuras criminales, en contubernio con poderosos grupos económicos, políticos y militares, mantienen el control total de las instituciones estatales. Vemos también que si en 2017 el gobierno de Jimmy Morales, en contubernio con la alianza político-económico-militar de los corruptos, impulsó una serie de acciones para retomar el control de las instituciones y acabar con la CICIG y sus aliados, es porque su lucha contra la corrupción y la impunidad había logrado importantes avances y ponía en riesgo el control total de la alianza criminal sobre las instituciones guatemaltecas. Si Jimmy Morales primero y Alejandro Giammattei después, en alianza con los diputados del Congreso de la República, impulsaron agresivos procesos de cooptación y captura de las instituciones estatales, que implicaron el desmantelamiento del Ministerio Público y la expulsión de la mayoría de actores anticorrupción mediante hostigamiento, amenazas o criminalización, es porque mantener el control de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral sólo es posible si se destruye el legado de doce años de trabajo conjunto de la CICIG y las instituciones de justicia, y si se elimina a la oposición.
Así, los procesos electorales que permiten la reproducción del sistema democrático guatemalteco cada cuatro, cinco o seis años (elección de presidente y vicepresidente de la República, de alcaldes y diputados; elección de Fiscal General y jefe del Ministerio Público; elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones; elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad; y elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral), y que se han llevado a cabo durante el gobierno de Alejandro Giammattei (elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, reelección del Fiscal General y jefe del Ministerio Público, y postergación de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones), han sido un objetivo estratégico de las estructuras criminales que, en contubernio con la alianza político-económico-militar de los corruptos, apoyan a candidatos y partidos políticos cuya agenda, métodos y objetivos de trabajo han sido previamente acordados para mantener la cooptación y/o captura de las instituciones y el sistema de corrupción e impunidad.
Si bien todos los procesos electorales que se han desarrollado durante el gobierno de Alejandro Giammattei muestran las tramas de los grupos de poder que buscan mantener el control de las instituciones a través de su cooptación, y aunque en algunos casos hemos visto que la cooptación de las instituciones se ha transformado en captura, es en las elecciones generales de 2023 cuando las tramas de los grupos que se disputan el control del Estado se complejizan. Tanto es así que las dinámicas que se generan alrededor de los partidos políticos y sus candidatos involucran al Ministerio Público, a todas las instituciones del sistema de justicia, a la Corte de Constitucionalidad y, por supuesto, al Tribunal Supremo Electoral.
Ahora bien, la cuestión que se plantea es saber qué está en juego en un controvertido proceso electoral cuyo resultado favoreció a un partido político que se encontraba a la cola de las encuestas antes de la primera vuelta de las elecciones, y cómo se despliegan las estrategias políticas de las estructuras criminales y grupos de poder económico, político y militar que se disputan el control del Estado en Guatemala.
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